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Familias del Garrahan marcharán contra el veto de Milei: “Nuestros hijos no pueden esperar más”

Padres y madres de pacientes se movilizarán este jueves frente al Congreso durante el debate en el Senado. La agrupación autoconvocada ‘Soy Garrahan’ pide rechazar el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica aprobada en ambas cámaras.

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⬛ Madres y padres de pacientes del Hospital Garrahan se manifestarán frente al Congreso de la Nación este jueves durante el debate en el Senado, donde se tratará el rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia Pediátrica. La movilización busca presionar a los legisladores para que reviertan la decisión de Javier Milei de vetar una norma que había sido aprobada por ambas cámaras legislativas.

Desde la agrupación autoconvocada ‘Soy Garrahan’, creada «en defensa del hospital», familiares de niños y niñas que se atendieron, se atienden o están internados en la institución solicitaron a la sociedad y a los medios de comunicación «que los acompañen» en esta convocatoria porque sus hijos «no pueden esperar más».

El grito desesperado de las familias

«El colectivo de madres y padres de pacientes y ex pacientes del Hospital Garrahan, volvemos a alzar la voz. Esta vez para convocar a toda la comunidad a acompañarnos en el repudio al veto del presidente Javier Milei de la Ley para declarar la Emergencia de la Salud Pediátrica (ya aprobada en ambas cámaras) y pedirles a los senadores que rechacen este veto. La vigencia de esta ley puede marcar un antes y un después para los miles de niños y niñas que dependen de este hospital», anunciaron mediante el comunicado que difundieron.

La urgencia del reclamo no es retórica: se trata de familias que ven cómo la salud de sus hijos peligra por la falta de recursos, insumos y personal que el ajuste libertario profundiza día a día. El veto presidencial a una ley que contaba con consenso parlamentario representa, para estas familias, una sentencia de muerte disfrazada de racionalidad fiscal.

Testimonios que interpelan la crueldad del ajuste

Durante las últimas semanas, las familias se organizaron «para contar lo que este hospital significa» en la vida de sus hijos e hijas. Para ello, recogieron «cientos de testimonios de varias familias», tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del resto del país, mostrando la importancia que tiene esta institución para la salud pediátrica de toda la Argentina.

Estos testimonios exponen la dimensión humana que las planillas de Excel del ministerio de Economía no pueden capturar: niños y niñas con enfermedades complejas que solo pueden ser tratadas en el Garrahan, familias que viajan cientos de kilómetros para acceder a la atención, padres y madres que ven cómo la excelencia médica se degrada por falta de presupuesto.

Un reclamo federal contra el ajuste porteño

La agrupación autoconvocada ‘Soy Garrahan’ está integrada por familias porteñas, del conurbano, Mar del Plata, Necochea, Resistencia (Chaco), Córdoba, Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Trelew (Chubut), Río Grande (Tierra del Fuego), entre otras ciudades. Todas participaron de las manifestaciones que se realizaron en defensa del hospital pediátrico.

Esta composición federal del reclamo desmiente el discurso oficial que intenta presentar la defensa de los hospitales públicos como un problema «porteño» o corporativo. El Garrahan es el pilar fundamental de toda la salud pediátrica argentina, y su desfinanciamiento afecta a niños y niñas de todo el país que no tienen alternativas de atención en sus lugares de origen.

«No vamos a parar hasta que nuestras infancias estén protegidas»

«Necesitamos que el Hospital siga funcionando tal como hasta ahora ya que de él depende, ni más ni menos, que el bienestar y la vida de nuestros hijos e hijas. El Garrahan es el pilar fundamental de toda la salud pediátrica argentina y este reclamo es tan federal como el hospital. El jueves vamos a participar de la vigilia de la sesión del Senado porque queremos un país donde el derecho a la salud se garantice, donde las infancias sean prioridad, donde hospitales sigan de pie, salvando vidas con calidad humana y excelencia médica. Somos madres, somos familias. Somos Garrahan. Y no vamos a parar hasta que nuestras infancias estén protegidas», concluyeron en su comunicado.

Esta última frase condensa la determinación de familias que no tienen margen para la especulación política: se trata literalmente de la vida o la muerte de sus hijos. La movilización del jueves será, entonces, mucho más que una protesta: será el grito de quienes no pueden permitirse la indiferencia ante un gobierno que sacrifica la salud infantil en el altar del ajuste fiscal.

El veto que expone las prioridades del gobierno

La decisión de Milei de vetar la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada por consenso en ambas cámaras, revela con crudeza las prioridades de un gobierno que encuentra recursos para pagar deuda externa pero no para garantizar la atención médica de niños y niñas enfermos.

El veto presidencial se suma a una serie de medidas que sistemáticamente desfinancian el sistema de salud pública: recortes presupuestarios, falta de insumos, deterioro salarial del personal de salud, desabastecimiento de medicamentos. El resultado es un sistema que colapsa mientras el gobierno celebra el «equilibrio fiscal» como si fuera un fin en sí mismo, sin importar el costo social que implica.

El Senado ante la disyuntiva moral

Este jueves, los senadores deberán decidir si convalidan el veto presidencial o si escuchan el clamor de las familias que defienden el derecho a la salud de sus hijos. La sesión no será un debate técnico sobre partidas presupuestarias sino una definición política sobre qué tipo de país queremos: uno donde las infancias sean prioridad o uno donde el ajuste se imponga por sobre cualquier consideración humana.

La presencia de las familias del Garrahan frente al Congreso operará como recordatorio concreto de lo que está en juego. No se trata de números abstractos sino de niños y niñas reales, con nombres y apellidos, cuyas vidas dependen de que el sistema de salud pública funcione.

La movilización del jueves será también una interpelación a la sociedad: ¿vamos a permitir que el ajuste libertario destruya uno de los mejores hospitales pediátricos de América Latina? ¿O vamos a defender el derecho a la salud como un valor irrenunciable de la civilización?

Las familias del Garrahan ya decidieron de qué lado están. Ahora falta que el resto de la sociedad y, sobre todo, los legisladores, asuman su responsabilidad histórica.

Puntos clave:

  • Familias del Garrahan se movilizarán este jueves frente al Congreso durante el debate en el Senado
  • Reclaman que se rechace el veto de Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica aprobada en ambas cámaras
  • La agrupación ‘Soy Garrahan’ reúne familias de todo el país, evidenciando el carácter federal del reclamo
  • Recolectaron «cientos de testimonios» sobre la importancia del hospital para la salud de sus hijos
  • Advierten que «nuestros hijos no pueden esperar más» ante el deterioro por falta de presupuesto

Política 📢

El rostro de la motosierra: 9.400 personas en situación de calle tras el ajuste libertario

El primer relevamiento federal del Ministerio de Capital Humano admitió la existencia de casi 10.000 personas sin techo en 19 provincias. La cifra desnuda el impacto del modelo de exclusión y la ‘motosierra’ sobre los sectores más vulnerables en medio de una crisis económica asfixiante.

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El Argentino Diario-Gente en situación de calle-Sin techo.

Llevado a cabo en un contexto de asfixia social sin precedentes, el Ministerio de Capital Humano difundió este viernes los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle. El informe oficial, procesado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, contabilizó un total de 9.421 personas viviendo a la intemperie en 19 provincias del país. Sin embargo, la frialdad de la estadística no logra ocultar la causa estructural de esta tragedia: un modelo económico obsesionado con el ajuste fiscal que ha empujado a miles de argentinos a los márgenes de la subsistencia.

El relevamiento, que alcanzó a 7.894 entrevistas efectivas, revela que el 83% de la población afectada son varones y un alarmante 92% tiene más de 18 años. El dato más crudo, no obstante, reside en la cronicidad de la exclusión: el 32% de los censados lleva más de dos años viviendo en la calle, lo que evidencia que la profundización del plan de «motosierra» de Javier Milei no ha hecho más que cristalizar trayectorias de abandono estatal que se tornan irreversibles ante la falta de políticas de contención.

La falacia de la «estrategia integral»

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello intentaron presentar el operativo como un «cambio de paradigma» que pasa del asistencialismo a la planificación. Pero para las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos, la realidad es diametralmente opuesta. Mientras el Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención primaria a las provincias y municipios en junio pasado, el retiro de la Nación en el financiamiento de comedores y paradores ha dejado a los gobiernos locales sin recursos frente a una demanda que crece al ritmo de una inflación acumulada que devoró el poder adquisitivo de los sectores informales.

De acuerdo a datos previos del IDECBA, solo en la Ciudad de Buenos Aires la población en situación de calle aumentó un 27% en el último año. Este incremento coincide quirúrgicamente con la implementación de las medidas de desregulación y devaluación que caracterizan al modelo libertario. El propio informe oficial admite que el 53% de los censados realiza alguna actividad laboral, lo que confirma un fenómeno inédito y doloroso de la era Milei: tener un empleo ya no es garantía de tener un techo, ante el costo prohibitivo de los alquileres y el desplome del salario real.

Puntos clave:

  • * El Ministerio de Capital Humano contabilizó 9.421 personas en situación de calle en 19 provincias argentinas.
  • * Un 32% de la población afectada lleva más de dos años viviendo en espacios públicos o refugios precarios.
  • * El 53% de los censados realiza actividades laborales, evidenciando que el empleo informal no evita la indigencia.
  • * El Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención social a las provincias en junio pasado.
  • * Organizaciones sociales denuncian un subregistro masivo frente a censos populares que triplican las cifras oficiales.

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