Seguridad social
El retorno de las AFJP: privatización encubierta, ahorro individual y vaciamiento jubilatorio
El Gobierno impulsa una reforma que reflota el espíritu de la década del 90; mientras se desfinancia el sistema público, el marketing financiero promete soluciones individuales para quienes puedan pagar.
★ En un contexto de asfixia para la clase pasiva y una crisis económica que erosiona los ingresos, el Poder Ejecutivo avanza con una reforma que busca reinstalar la lógica de la capitalización individual en el sistema previsional. La medida, que permite a los sectores de mayores ingresos derivar sus aportes a fondos administrados por entidades privadas, representa un retorno de facto a las AFJP, el modelo que fue reestatizado en 2008 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner para frenar el vaciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La falacia del ahorro en un mercado volátil
La narrativa oficial y el marketing de las aseguradoras de retiro, como Nación Retiro y diversos Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), promocionan la constitución de fondos propios con aportes mínimos que parten de los $5.000 mensuales. Sin embargo, estas proyecciones omiten el riesgo sistémico de la economía argentina y la transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia el sector financiero.
Según estimaciones del sector, un ahorro de 100 dólares mensuales durante 20 años podría alcanzar los 52.000 dólares si se invierte en activos internacionales como el índice S&P 500. Lo que no explican los promotores de estas «jubilaciones privadas» es que dicha rentabilidad está sujeta a la volatilidad de los mercados globales y a comisiones que suelen licuar el capital de los pequeños ahorristas; un esquema que ya demostró sus límites cuando el Estado tuvo que salir al rescate de los jubilados que quedaron en la indigencia tras el fracaso del sistema privado previo.
El desamparo como estrategia de venta
El discurso de las entidades financieras se apalanca en la insuficiencia de los haberes actuales. «La clave de un retiro sólido no reside únicamente en el monto invertido, sino en el aprovechamiento del horizonte temporal», declaró Damian Vlassich, referente de estrategias de inversión de IOL, reforzando la idea de que la previsión social es una responsabilidad individual y no un derecho garantizado por el Estado.
Esta lógica de «poner la plata a trabajar» ignora que la función primaria del sistema previsional es la solidaridad intergeneracional y la distribución del ingreso. Al fomentar el desvío de aportes de los salarios más altos hacia portafolios internacionales, se profundiza el desfinanciamiento del sistema público, dejando a los sectores más vulnerables a merced de un Estado ausente que prioriza el rendimiento financiero por sobre la justicia social.
Puntos clave:
- El Gobierno habilita mecanismos para que los altos ingresos opten por seguros de retiro privados.
- La reforma debilita la estructura solidaria de la ANSES al fomentar la capitalización individual.
- Las proyecciones de rentabilidad del 4% anual dependen de la estabilidad de mercados externos.
- El modelo reedita la lógica de las AFJP eliminadas por ley en 2008.
- El marketing bancario utiliza la crisis de los haberes actuales para captar nuevos clientes.
Represión
Jubilados y familias de personas con discapacidad protestaron en el Congreso con fuerte despliegue policial
El Ministerio de Seguridad dispuso un cordón policial para evitar cortes de calle. Los manifestantes reclaman aumento de haberes previsionales y pago de deudas en prestaciones de discapacidad acumuladas desde septiembre de 2025.
★ Jubilados y familiares de personas con discapacidad concretaron este miércoles una nueva protesta en el Congreso en reclamo de aumento de los ingresos en los haberes previsionales y las prestaciones para el sector de discapacidad. El Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo con un cordón policial destinado a evitar el corte de calle en las inmediaciones del Congreso.
La protesta se produce días después de que los mismos sectores se concentraran frente a Casa Rosada para exigir al Gobierno nacional que salde las deudas en el Programa Incluir Salud y en PAMI, que en muchos casos mantienen desde septiembre de 2025. En aquella oportunidad, Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA), había advertido que evaluaban realizar un acampe por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas oficiales.
El operativo de seguridad
El dispositivo policial montado para la protesta de este miércoles refleja la tensión creciente entre el Gobierno y los sectores movilizados. El cordón de seguridad buscó impedir que los manifestantes pudieran cortar la calle frente al Congreso, en una medida que replica el protocolo antipiquetes implementado por la gestión de Javier Milei desde el inicio de su mandato.
La presencia policial contrasta con la situación de vulnerabilidad de los sectores que protagonizan el reclamo. Tanto jubilados como familiares de personas con discapacidad enfrentan un escenario de deterioro económico marcado por la pérdida del poder adquisitivo de los haberes y la acumulación de deudas en prestaciones esenciales.
El reclamo de los jubilados
Los jubilados reclaman un aumento de los haberes previsionales en un contexto donde la movilidad jubilatoria implementada por el Gobierno de Milei resultó insuficiente para compensar la inflación acumulada. La protesta se enmarca además en la discusión parlamentaria sobre el sistema previsional, donde el oficialismo impulsa reformas que las organizaciones de jubilados consideran regresivas.
El reclamo se produce además en el marco de la Resolución 68/2026 de la ANSES, que habilitó un esquema de retiros voluntarios para personal del organismo, medida que generó preocupación en las organizaciones sindicales sobre la capacidad operativa del sistema de seguridad social.
Las deudas en programas de discapacidad
Los familiares de personas con discapacidad, prestadores y transportistas del área mantienen el reclamo por las deudas acumuladas en el Programa Incluir Salud y en PAMI. Según Macizo, en las reuniones con el nuevo interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y con autoridades de la superintendencia, la respuesta fue que «Economía no gira los fondos».
La situación se produce en un contexto de crisis institucional en el área de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que hasta su intervención en 2025 administraba el Programa Incluir Salud, se encuentra bajo investigación judicial por un presunto esquema de corrupción que involucra a funcionarios y empresarios del sector. En la causa ya hay 19 personas procesadas, entre ellas el ex director de la ANDIS Diego Spagnuolo, acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita.
Mientras la Justicia avanza sobre el presunto esquema de corrupción que habría operado durante la gestión anterior, los familiares de personas con discapacidad y los prestadores enfrentan seis meses de deudas acumuladas sin que el Gobierno nacional concrete los giros de fondos necesarios para sostener las prestaciones.
El protocolo de seguridad frente a sectores vulnerables
El despliegue policial para contener una protesta de jubilados y familiares de personas con discapacidad plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de los operativos de seguridad implementados por el Gobierno. La advertencia de Macizo en la protesta anterior, «¿Reprimir y golpear a la gente con discapacidad que no está haciendo nada? Están todos locos», cobra relevancia frente al dispositivo montado este miércoles en el Congreso.
La combinación de deudas acumuladas, deterioro de haberes y operativos policiales para contener reclamos pacíficos configura un escenario de tensión social que el Gobierno deberá atender en un contexto donde los sectores movilizados amenazan con profundizar las medidas de protesta.
Puntos clave:
• Jubilados y familiares de personas con discapacidad protestaron frente al Congreso por aumento de haberes y pago de deudas acumuladas
• El Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo policial con cordón de seguridad para evitar cortes de calle
• Los manifestantes reclaman deudas en Programa Incluir Salud y PAMI acumuladas desde septiembre de 2025
• La protesta se produce mientras la ANDIS está bajo investigación judicial con 19 personas procesadas por corrupción
• Los sectores movilizados habían advertido que evalúan realizar un acampe por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas ★
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