★ Jubilados y familiares de personas con discapacidad concretaron este miércoles una nueva protesta en el Congreso en reclamo de aumento de los ingresos en los haberes previsionales y las prestaciones para el sector de discapacidad. El Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo con un cordón policial destinado a evitar el corte de calle en las inmediaciones del Congreso.

La protesta se produce días después de que los mismos sectores se concentraran frente a Casa Rosada para exigir al Gobierno nacional que salde las deudas en el Programa Incluir Salud y en PAMI, que en muchos casos mantienen desde septiembre de 2025. En aquella oportunidad, Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA), había advertido que evaluaban realizar un acampe por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas oficiales.

El operativo de seguridad

El dispositivo policial montado para la protesta de este miércoles refleja la tensión creciente entre el Gobierno y los sectores movilizados. El cordón de seguridad buscó impedir que los manifestantes pudieran cortar la calle frente al Congreso, en una medida que replica el protocolo antipiquetes implementado por la gestión de Javier Milei desde el inicio de su mandato.

La presencia policial contrasta con la situación de vulnerabilidad de los sectores que protagonizan el reclamo. Tanto jubilados como familiares de personas con discapacidad enfrentan un escenario de deterioro económico marcado por la pérdida del poder adquisitivo de los haberes y la acumulación de deudas en prestaciones esenciales.

El reclamo de los jubilados

Los jubilados reclaman un aumento de los haberes previsionales en un contexto donde la movilidad jubilatoria implementada por el Gobierno de Milei resultó insuficiente para compensar la inflación acumulada. La protesta se enmarca además en la discusión parlamentaria sobre el sistema previsional, donde el oficialismo impulsa reformas que las organizaciones de jubilados consideran regresivas.

El reclamo se produce además en el marco de la Resolución 68/2026 de la ANSES, que habilitó un esquema de retiros voluntarios para personal del organismo, medida que generó preocupación en las organizaciones sindicales sobre la capacidad operativa del sistema de seguridad social.

Las deudas en programas de discapacidad

Los familiares de personas con discapacidad, prestadores y transportistas del área mantienen el reclamo por las deudas acumuladas en el Programa Incluir Salud y en PAMI. Según Macizo, en las reuniones con el nuevo interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y con autoridades de la superintendencia, la respuesta fue que «Economía no gira los fondos».

La situación se produce en un contexto de crisis institucional en el área de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que hasta su intervención en 2025 administraba el Programa Incluir Salud, se encuentra bajo investigación judicial por un presunto esquema de corrupción que involucra a funcionarios y empresarios del sector. En la causa ya hay 19 personas procesadas, entre ellas el ex director de la ANDIS Diego Spagnuolo, acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Mientras la Justicia avanza sobre el presunto esquema de corrupción que habría operado durante la gestión anterior, los familiares de personas con discapacidad y los prestadores enfrentan seis meses de deudas acumuladas sin que el Gobierno nacional concrete los giros de fondos necesarios para sostener las prestaciones.

El protocolo de seguridad frente a sectores vulnerables

El despliegue policial para contener una protesta de jubilados y familiares de personas con discapacidad plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de los operativos de seguridad implementados por el Gobierno. La advertencia de Macizo en la protesta anterior, «¿Reprimir y golpear a la gente con discapacidad que no está haciendo nada? Están todos locos», cobra relevancia frente al dispositivo montado este miércoles en el Congreso.

La combinación de deudas acumuladas, deterioro de haberes y operativos policiales para contener reclamos pacíficos configura un escenario de tensión social que el Gobierno deberá atender en un contexto donde los sectores movilizados amenazan con profundizar las medidas de protesta.

Puntos clave:

• Jubilados y familiares de personas con discapacidad protestaron frente al Congreso por aumento de haberes y pago de deudas acumuladas

• El Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo policial con cordón de seguridad para evitar cortes de calle

• Los manifestantes reclaman deudas en Programa Incluir Salud y PAMI acumuladas desde septiembre de 2025

• La protesta se produce mientras la ANDIS está bajo investigación judicial con 19 personas procesadas por corrupción

• Los sectores movilizados habían advertido que evalúan realizar un acampe por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas ★