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Represión

Jubilados y familias de personas con discapacidad protestaron en el Congreso con fuerte despliegue policial

El Ministerio de Seguridad dispuso un cordón policial para evitar cortes de calle. Los manifestantes reclaman aumento de haberes previsionales y pago de deudas en prestaciones de discapacidad acumuladas desde septiembre de 2025.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.

★ Jubilados y familiares de personas con discapacidad concretaron este miércoles una nueva protesta en el Congreso en reclamo de aumento de los ingresos en los haberes previsionales y las prestaciones para el sector de discapacidad. El Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo con un cordón policial destinado a evitar el corte de calle en las inmediaciones del Congreso.

La protesta se produce días después de que los mismos sectores se concentraran frente a Casa Rosada para exigir al Gobierno nacional que salde las deudas en el Programa Incluir Salud y en PAMI, que en muchos casos mantienen desde septiembre de 2025. En aquella oportunidad, Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA), había advertido que evaluaban realizar un acampe por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas oficiales.

El operativo de seguridad

El dispositivo policial montado para la protesta de este miércoles refleja la tensión creciente entre el Gobierno y los sectores movilizados. El cordón de seguridad buscó impedir que los manifestantes pudieran cortar la calle frente al Congreso, en una medida que replica el protocolo antipiquetes implementado por la gestión de Javier Milei desde el inicio de su mandato.

La presencia policial contrasta con la situación de vulnerabilidad de los sectores que protagonizan el reclamo. Tanto jubilados como familiares de personas con discapacidad enfrentan un escenario de deterioro económico marcado por la pérdida del poder adquisitivo de los haberes y la acumulación de deudas en prestaciones esenciales.

El reclamo de los jubilados

Los jubilados reclaman un aumento de los haberes previsionales en un contexto donde la movilidad jubilatoria implementada por el Gobierno de Milei resultó insuficiente para compensar la inflación acumulada. La protesta se enmarca además en la discusión parlamentaria sobre el sistema previsional, donde el oficialismo impulsa reformas que las organizaciones de jubilados consideran regresivas.

El reclamo se produce además en el marco de la Resolución 68/2026 de la ANSES, que habilitó un esquema de retiros voluntarios para personal del organismo, medida que generó preocupación en las organizaciones sindicales sobre la capacidad operativa del sistema de seguridad social.

Las deudas en programas de discapacidad

Los familiares de personas con discapacidad, prestadores y transportistas del área mantienen el reclamo por las deudas acumuladas en el Programa Incluir Salud y en PAMI. Según Macizo, en las reuniones con el nuevo interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y con autoridades de la superintendencia, la respuesta fue que «Economía no gira los fondos».

La situación se produce en un contexto de crisis institucional en el área de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que hasta su intervención en 2025 administraba el Programa Incluir Salud, se encuentra bajo investigación judicial por un presunto esquema de corrupción que involucra a funcionarios y empresarios del sector. En la causa ya hay 19 personas procesadas, entre ellas el ex director de la ANDIS Diego Spagnuolo, acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Mientras la Justicia avanza sobre el presunto esquema de corrupción que habría operado durante la gestión anterior, los familiares de personas con discapacidad y los prestadores enfrentan seis meses de deudas acumuladas sin que el Gobierno nacional concrete los giros de fondos necesarios para sostener las prestaciones.

El protocolo de seguridad frente a sectores vulnerables

El despliegue policial para contener una protesta de jubilados y familiares de personas con discapacidad plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de los operativos de seguridad implementados por el Gobierno. La advertencia de Macizo en la protesta anterior, «¿Reprimir y golpear a la gente con discapacidad que no está haciendo nada? Están todos locos», cobra relevancia frente al dispositivo montado este miércoles en el Congreso.

La combinación de deudas acumuladas, deterioro de haberes y operativos policiales para contener reclamos pacíficos configura un escenario de tensión social que el Gobierno deberá atender en un contexto donde los sectores movilizados amenazan con profundizar las medidas de protesta.

Puntos clave:

• Jubilados y familiares de personas con discapacidad protestaron frente al Congreso por aumento de haberes y pago de deudas acumuladas

• El Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo policial con cordón de seguridad para evitar cortes de calle

• Los manifestantes reclaman deudas en Programa Incluir Salud y PAMI acumuladas desde septiembre de 2025

• La protesta se produce mientras la ANDIS está bajo investigación judicial con 19 personas procesadas por corrupción

• Los sectores movilizados habían advertido que evalúan realizar un acampe por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas ★

Legislativo

Glaciares en llamas: LLA intenta entregarle la cordillera a las mineras en medio de protestas y represión

Sesión caliente en el recinto y represión policial afuera del Congreso, con una oposición que intentó, sin éxito, abordar la interpelación de Manuel Adorni, quien está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y maniobras de corrupción.

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Votan por las mineras, reprimen al pueblo: la sesión de los glaciares en Diputados

★ La Cámara de Diputados sesionó este miércoles para tratar la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno de Javier Milei, en una jornada que combinó debate encendido en el recinto, represión policial afuera del Congreso y una oposición que intentó, sin éxito, forzar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salpicado por múltiples escándalos de corrupción.

Qué está en juego: el agua como recurso estratégico

La reforma a la Ley 26.639, vigente desde 2010, busca habilitar la actividad minera en áreas periglaciares bajo criterios que el oficialismo define como «técnicos». El punto central es que la protección dejaría de abarcar a todo el ambiente periglacial y pasaría a concentrarse en los cuerpos de hielo o geoformas con función hídrica efectiva y relevante, acotando la tutela ambiental.

Bajo el nuevo esquema, la protección de un área periglacial dejará de ser absoluta para depender de su función técnica: si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación. Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.

Lo que también está en juego es el Inventario Nacional de Glaciares. Mientras los gobernadores lo critican por considerarlo desactualizado, los sectores ambientalistas y técnicos sostienen que el registro ha sufrido por falta de financiamiento crónico, pero sigue siendo la base científica esencial para proteger las 39 cuencas hidrográficas que alimentan los glaciares argentinos.

El lobby minero: inversiones, RIGI y gobernadores aliados

El proyecto no llegó solo al recinto. Impulsado por el Gobierno Nacional y un bloque de gobernadores aliados, pretende captar inversiones millonarias bajo el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La reforma cuenta con el respaldo explícito de los mandatarios de Catamarca (Raúl Jalil), San Juan (Marcelo Orrego), Salta (Gustavo Sáenz) y Mendoza (Alfredo Cornejo).

El Gobierno nacional y las provincias mineras esperan que, una vez aprobada esta reforma, se destraben alrededor de 20.000 millones de dólares en inversiones. Entre los proyectos beneficiados figura el yacimiento Taca-Taca, un proyecto de cobre de la canadiense First Quantum Minerals considerado entre los diez más grandes del mundo sin explotar, con una inversión inicial estimada en 4.200 millones de dólares, según reveló la propia empresa y la Corporación Financiera Internacional (IFC).

El secretario de Minería, Luis Lucero, fue el principal vocero oficial en las comisiones. Fue interpelado por haber ejercido como abogado de una larga lista de empresas mineras, ante lo cual se defendió valorando su experiencia y negando conflicto de intereses.

La ciencia dice que no

La comunidad científica argentina se pronunció masivamente en contra. La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales publicó un comunicado alertando sobre las consecuencias en el acceso al agua. En la misma línea, el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía de la UBA y distintas redes científicas pidieron a los diputados que no aprueben la ley.

El propio IANIGLA indicó que los glaciares de escombro pueden contener entre un 35% y un 70% de hielo en su interior y, en los Andes Áridos, aportar entre el 25% y el 50% del caudal de los ríos en años de sequía, cuando la demanda es más alta y las precipitaciones no alcanzan.

Varios especialistas señalaron que un debate que debería tener la evidencia científica como columna vertebral descansó, en cambio, sobre un conjunto de argumentos productivos y políticos. Un grupo de expertos en geología, ambiente y clima denunció además que fue desplazado antes de poder exponer en la audiencia pública.

Las audiencias públicas solo permitieron exponer a unos 200 oradores presenciales y 200 virtuales de los 100.000 inscriptos, lo que generó el repudio de organizaciones ambientalistas y bloques opositores.

La oposición en el recinto: voces contra la entrega

La diputada kirchnerista Sabrina Selva abrió el debate con dardos directos: «El debate propuesto por el gobierno de Milei respecto de la reforma de la Ley de Glaciares es tan deshonesto como su gobierno, tan mentiroso como su relato, tan injustificado como las propiedades de Adorni».

La diputada rionegrina Adriana Serquis fue aún más contundente: «Van a terminar votando a favor de 6 mineras y en contra de todo un pueblo». Y denunció que, según el dictamen de mayoría, más del 99% de los inscriptos no pudo exponer y más del 95% de los expositores rechazó firmemente el proyecto.

El ex ministro de Educación Nicolás Trotta anticipó su voto negativo: «Yo estoy a favor de una minería sostenible, que no implique un retroceso de una ley que surgió a partir del consenso de toda la sociedad. No se van a generar más inversiones poniendo en riesgo nuestro ambiente».

Represión afuera: un detenido en Av. de Mayo y 9 de Julio

Mientras se debatía en el recinto, la protesta popular fue respondida con represión en las calles. Una persona fue detenida en medio de los incidentes registrados esta tarde entre militantes y la Policía en las inmediaciones del Congreso. El hecho se registró en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde efectivos de la Policía de la Ciudad intentaban dispersar a los manifestantes para que permanecieran en los alrededores del Congreso.

El episodio Adorni: la oposición intentó la interpelación y el oficialismo la bloqueó

En el arranque de la sesión, la oposición intentó instalar otro tema que sacude al Gobierno. A través de una moción de apartamiento de reglamento, la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca planteó la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado. La iniciativa recibió más votos positivos que negativos (124 a 118), pero la oposición necesitaba las tres cuartas partes de los presentes para incluirla en el temario.

Penacca apuntó al «misterio de la calle Miró»: el departamento de lujo que Adorni compró en Caballito por 230.000 dólares, a partir de un supuesto préstamo de 200.000 dólares de dos jubiladas que, según la escritura, fueron las vendedoras. «Una de ellas dijo no conocerlo a Adorni pero parece que es muy solidaria e igual le prestó 200 mil dólares», ironizó la legisladora.

El diputado radical bonaerense Pablo Juliano agregó que «el 90% de los argentinos no se come el caramelito» de las explicaciones del funcionario, y advirtió que el Congreso no puede convertirse en cómplice de una situación que «no tiene explicación porque no la hay».

Contexto: una ley con historia

La Ley de Glaciares tiene una historia de resistencia política. La discusión no pasa solo por minería contra ambiente: lo que está en juego es quién define qué áreas deben quedar bajo resguardo, con qué criterios técnicos y hasta dónde pueden intervenir las provincias en una ley de presupuestos mínimos que hoy protege glaciares y ambiente periglacial en todo el territorio argentino.

Con la media sanción del Senado ya obtenida el 26 de febrero, La Libertad Avanza contaba con 94 votos propios y el respaldo de 11 diputados de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo, unos 21 de Fuerzas del Cambio y al menos entre 2 y 4 de Provincias Unidas. Los números, al momento del cierre de esta edición, favorecían al oficialismo.

Puntos clave:

  • El oficialismo impulsó en Diputados la reforma de la Ley de Glaciares para habilitar la minería en zonas periglaciares que no demuestren función hídrica comprobable.
  • La Academia Nacional de Ciencias, la UBA y el IANIGLA se pronunciaron en contra, alertando sobre el riesgo hídrico para 39 cuencas.
  • Se esperan inversiones por 20.000 millones de dólares si la reforma se aprueba, en el marco del RIGI.
  • Una persona fue detenida en los incidentes entre manifestantes y la Policía de la Ciudad frente al Congreso.
  • La oposición intentó interpelar a Adorni por corrupción: obtuvo más votos a favor que en contra (124 a 118), pero no alcanzó la mayoría calificada necesaria.

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