Un abogado arrepentido que negoció su libertad dijo que el suspendido juez federal mendocino Walter Bento habría cobrado sobornos de hasta 250.000 dólares, al declarar en la segunda jornada del juicio oral y público contra el magistrado acusado de liderar una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de favores en las causas que instruía.

En medio de la lectura del requerimiento de la fiscalía, un escrito de más de 850 hojas, se revelaron detalles de pruebas del expediente, como por ejemplo la declaración del arrepentido abogado Martín Ríos, quien fue detenido a mediados de 2021 y recuperó su libertad gracias a un acuerdo de colaboración.

El letrado atestiguó entonces que gestionó una coima de 100.000 dólares, de los cuales 60.000 eran para Bento, 20.000 para él y los otros 20.000 para otro colega arrepentido en la causa, dijeron altas fuentes de la causa.

«En esos montos o más se negociaban las resoluciones que dictaba Bento», aseguraron las fuentes.

En la jornada de hoy se revelaron detalladas pruebas que comprometen al juez con el cobro de coimas, acusaciones, pruebas y calificación de las conductas a cada imputado.

Según la hipótesis de los fiscales, el juez cobraba coimas, la mayoría en dólares, a cambio de beneficios judiciales, que enriquecieron a toda su familia (esposa y dos hijos también procesados y con cargos suspendidos y cesanteados en la justicia provincial) con lujosas casas, autos e innumerables viajes al exterior.

Asimismo, hoy se ventiló que un empresario chino prófugo de la justicia que vivía en Mendoza quien, según la declaración del arrepentido, «habría pagado una suma de 250.000 dólares para mantenerse en la clandestinidad en concepto de sobornos y coimas».

Para la Fiscalía esto va a atado al incremento patrimonial de Bento y toda su familia, el cual no han podido justificar.

Miembros del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza comenzó el miércoles el proceso oral y público en el que son juzgadas otras 32 personas, entre las que se encuentran la esposa y dos hijos del magistrado, acusados también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio, según consignaron fuentes de la Procuración General de la Nación.

El Tribunal está compuesto por las juezas Gretel Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra, mientras fue designada como cuarta magistrada Carolina Prado.

Este equipo decidió omitir la lectura de la totalidad de los autos de elevación por acuerdo de todos, lo que adelantará el comienzo de otra etapa dentro del debate.

Bento fue suspendido por el Consejo de la Magistratura de la Nación a fines de mayo pasado, cuando se decidió someterlo a un proceso de destitución por presunto «mal desempeño». Aún no fue establecida la fecha de inicio del jury de enjuiciamiento.

La investigación demostró «la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento».

La acusación del Ministerio Público Fiscal indicó que esta asociación ilícita, liderada por Bento, tenía como organizadores a Diego Aliaga (fallecido) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba.

Además figuraban como miembros los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; el comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti y el acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso, de acuerdo con el expediente judicial.