Judiciales ⚖️
Abogado arrepentido dijo que el juez Bento cobraba hasta 250.000 dólares de coima
Se revelaron detalles de pruebas del expediente, como por ejemplo la declaración del arrepentido abogado Martín Ríos.
Un abogado arrepentido que negoció su libertad dijo que el suspendido juez federal mendocino Walter Bento habría cobrado sobornos de hasta 250.000 dólares, al declarar en la segunda jornada del juicio oral y público contra el magistrado acusado de liderar una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de favores en las causas que instruía.
En medio de la lectura del requerimiento de la fiscalía, un escrito de más de 850 hojas, se revelaron detalles de pruebas del expediente, como por ejemplo la declaración del arrepentido abogado Martín Ríos, quien fue detenido a mediados de 2021 y recuperó su libertad gracias a un acuerdo de colaboración.
El letrado atestiguó entonces que gestionó una coima de 100.000 dólares, de los cuales 60.000 eran para Bento, 20.000 para él y los otros 20.000 para otro colega arrepentido en la causa, dijeron altas fuentes de la causa.
«En esos montos o más se negociaban las resoluciones que dictaba Bento», aseguraron las fuentes.
En la jornada de hoy se revelaron detalladas pruebas que comprometen al juez con el cobro de coimas, acusaciones, pruebas y calificación de las conductas a cada imputado.
Según la hipótesis de los fiscales, el juez cobraba coimas, la mayoría en dólares, a cambio de beneficios judiciales, que enriquecieron a toda su familia (esposa y dos hijos también procesados y con cargos suspendidos y cesanteados en la justicia provincial) con lujosas casas, autos e innumerables viajes al exterior.
Asimismo, hoy se ventiló que un empresario chino prófugo de la justicia que vivía en Mendoza quien, según la declaración del arrepentido, «habría pagado una suma de 250.000 dólares para mantenerse en la clandestinidad en concepto de sobornos y coimas».
Para la Fiscalía esto va a atado al incremento patrimonial de Bento y toda su familia, el cual no han podido justificar.
Miembros del Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza comenzó el miércoles el proceso oral y público en el que son juzgadas otras 32 personas, entre las que se encuentran la esposa y dos hijos del magistrado, acusados también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio, según consignaron fuentes de la Procuración General de la Nación.
El Tribunal está compuesto por las juezas Gretel Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra, mientras fue designada como cuarta magistrada Carolina Prado.
Este equipo decidió omitir la lectura de la totalidad de los autos de elevación por acuerdo de todos, lo que adelantará el comienzo de otra etapa dentro del debate.
Bento fue suspendido por el Consejo de la Magistratura de la Nación a fines de mayo pasado, cuando se decidió someterlo a un proceso de destitución por presunto «mal desempeño». Aún no fue establecida la fecha de inicio del jury de enjuiciamiento.
La investigación demostró «la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento».
La acusación del Ministerio Público Fiscal indicó que esta asociación ilícita, liderada por Bento, tenía como organizadores a Diego Aliaga (fallecido) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba.
Además figuraban como miembros los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; el comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti y el acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso, de acuerdo con el expediente judicial.
Denuncia
Talerico, lapidaria contra Adorni: “La sociedad solo puede corregir esto con el voto”
La exvicepresidenta de la UIF cuestionó los controles del sistema antilavado, habló de señales de alerta ignoradas en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete y apuntó contra la complicidad del entorno político. Su diagnóstico es lapidario: la Justicia no alcanza; el voto es el único correctivo real.
Talerico, dura por la causa Adorni: «La sociedad solo puede corregir esto con el voto»
★ La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, lanzó este sábado una batería de críticas contra el manejo de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni. En diálogo con el programa Dicen que Dicen, por Radio Rivadavia, la especialista en lavado de activos y financiamiento del terrorismo advirtió que el caso presenta irregularidades que debieron haber activado las alertas del sistema financiero mucho antes de que interviniera la Justicia.
«Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos»
Talerico apuntó directamente al rol de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la UIF: escribanos, bancos e inmobiliarias. «Acá tenemos operaciones con dudoso origen de fondos», afirmó, y cuestionó la actuación de quienes debían informar ante este tipo de situaciones, especialmente tratándose de personas políticamente expuestas (PEP), categoría que incluye a funcionarios de alto rango como Adorni.
La exfuncionaria fue categórica al evaluar los esquemas de compra y financiación que la Justicia investiga. «Eso no existe, simplemente no cierra», sostuvo en referencia a los valores y condiciones declaradas en las operaciones vinculadas al funcionario y su entorno, y subrayó que no hace falta un análisis técnico sofisticado para detectar esas inconsistencias.
Como informó este medio en reiteradas ocasiones, la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita se centra en la adquisición de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, financiada en un 87% mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres, jubiladas y empleadas públicas, con ingresos que no guardan relación con las sumas prestadas. La Justicia ya allanó tres inmobiliarias vinculadas a la operación y ordenó el levantamiento del secreto bancario del funcionario para investigar también el pago de vuelos privados al exterior.
«Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza»
Talerico no se limitó a la dimensión técnica del caso. Apuntó contra la falta de controles con una frase que resume el problema estructural: «Que entre bomberos no se pisan la manguera en política no tengas ninguna duda, y es una vergüenza». La expresión alude a la protección mutua entre funcionarios del mismo espacio político como obstáculo real para el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.
La especialista advirtió que este tipo de situaciones no solo pone en riesgo la credibilidad del caso individual, sino que profundiza la desconfianza institucional en los organismos encargados de velar por la transparencia pública.
El escepticismo sobre la Justicia y el peso del voto
En el cierre de su intervención, Talerico expresó un escepticismo marcado sobre la capacidad del sistema judicial para resolver el caso de manera satisfactoria. «La sociedad solo puede corregir esto con el voto», sentenció, y encuadró la lucha contra la corrupción como uno de los desafíos estructurales más persistentes de la Argentina.
La frase cobra particular relevancia en un contexto de año electoral, con Adorni como figura visible del Gobierno de Javier Milei y con una causa judicial que no deja de sumar elementos. La semana pasada, incluso el biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, había pedido públicamente su renuncia, mientras que este sábado la senadora Carolina Losada intentó defenderlo en la mesa de Juana Viale y terminó reconociendo que la situación «complicó al Gobierno».
Puntos clave:
- La exvicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, cuestionó la actuación de escribanos, bancos e inmobiliarias obligados a reportar operaciones sospechosas en el caso Adorni.
- Afirmó que los esquemas de compra y financiación investigados «simplemente no cierran» y no requieren análisis técnico complejo para detectar inconsistencias.
- Denunció la complicidad política entre funcionarios del mismo espacio: «Que entre bomberos no se pisan la manguera, y es una vergüenza».
- Expresó escepticismo sobre la Justicia y advirtió que «la sociedad solo puede corregir esto con el voto».
- El caso acumula allanamientos a inmobiliarias, levantamiento del secreto bancario, declaración de la escribana y la investigación de vuelos privados al exterior.
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