El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la Licencia General N.° 60, que suspende temporalmente parte del régimen de sanciones financieras contra Venezuela para permitir transacciones vinculadas a las labores de socorro tras los terremotos del 24 de junio. La flexibilización estará vigente desde el 26 de junio hasta el 23 de octubre de 2026 y se suma a un paquete de asistencia de 150 millones de dólares anunciado por Washington, en un giro de las relaciones bilaterales que se produce a casi seis meses de la operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Una licencia de emergencia para un país bloqueado

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, formalizó la medida mediante la Licencia General N.° 60. El documento autoriza todas las transacciones relacionadas con los esfuerzos de socorro que, bajo el régimen ordinario de sanciones, estarían vedadas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR). La autorización rige hasta las 12:01 a.m. (hora del Este) del 23 de octubre de 2026.

La licencia contempla específicamente el procesamiento y la transferencia de fondos por parte de personas de terceros países hacia o desde Venezuela, siempre que esos recursos respalden las operaciones de socorro autorizadas. Las instituciones financieras estadounidenses podrán procesar pagos provenientes de países intermediarios, con la condición de que el dinero se destine efectivamente a las tareas de ayuda humanitaria. La medida complementa otra directriz ya vigente, que autoriza a organizaciones no gubernamentales a interactuar con el gobierno venezolano para llevar a cabo proyectos humanitarios orientados a satisfacer necesidades básicas.

Los límites de la flexibilización

La OFAC fue explícita en delimitar el alcance de la Licencia N.° 60: la medida no incluye el desbloqueo de ningún bien o activo congelado en el marco del régimen de sanciones vigente. Tampoco habilita transacciones prohibidas por otras órdenes ejecutivas estadounidenses, ni exime a las entidades financieras del cumplimiento de las demás leyes federales. En la práctica, Venezuela continúa excluida del sistema bancario estadounidense para cualquier operación que no esté expresamente contemplada en las autorizaciones del Departamento del Tesoro.

Desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, Estados Unidos emitió contadas licencias vinculadas al petróleo venezolano en coordinación con la presidenta interina, Delcy Rodríguez. La Licencia N.° 60 representa una excepción de carácter estrictamente humanitario dentro de un régimen de sanciones que, en lo sustancial, permanece inalterado.

150 millones de dólares y despliegue militar

En paralelo a la flexibilización financiera, el Departamento de Estado anunció un paquete de asistencia por 150 millones de dólares. De ese monto, 100 millones se asignarán a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), mientras que los 50 millones restantes se destinarán a financiar operaciones de ayuda sobre el terreno en las zonas afectadas.

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó además el despliegue de fuerzas militares para apoyar las operaciones de socorro, luego de que las autoridades interinas de Venezuela presentaran una solicitud formal de asistencia. El mayor general Kevin J. Jarrard encabezará esa misión. La intervención militar estadounidense en tareas de ayuda humanitaria en territorio venezolano contrasta con la profundidad del conflicto que generó la Operación Resolución Absoluta, el ataque del 3 de enero de 2026 que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

El contexto: una catástrofe sin precedentes y una relación bilateral transformada

Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio dejaron, según el último balance oficial difundido por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, 920 personas fallecidas, 3.360 heridos con distintos tipos de afectaciones y más de 50.000 personas desaparecidas, según estimaciones de la ONU, mientras los equipos de rescate nacionales e internacionales continúan trabajando entre los escombros. Se registran además más de 4.000 damnificados y al menos 2.927 familias afectadas directamente. La zona más castigada es el estado de La Guaira, con graves destrozos edilicios también en Caracas. La presidenta interina Delcy Rodríguez decretó la emergencia nacional.

El contexto político en el que se produce esta flexibilización es el de una Venezuela radicalmente transformada desde enero de 2026. Tras la Operación Resolución Absoluta, Rodríguez asumió como presidenta encargada, y el gobierno estadounidense reanudó operaciones en su embajada en Caracas el 30 de marzo. En mayo, la Asamblea Nacional venezolana conformó el Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos. La decisión de levantar parcialmente las sanciones en respuesta a la tragedia sísmica se inscribe en ese proceso de recomposición bilateral, aunque el régimen de sanciones estructurales permanece vigente y condicionará cualquier proceso de reconstrucción a largo plazo.

Puntos Clave

• La OFAC emitió la Licencia General N.° 60, que habilita transacciones para ayuda humanitaria desde el 26 de junio hasta el 23 de octubre de 2026.
• La medida no implica el desbloqueo de activos congelados ni flexibiliza el régimen de sanciones estructurales contra Venezuela.
• Estados Unidos anunció un paquete de asistencia de 150 millones de dólares (100M para OCHA, 50M para operaciones en terreno).
• El Comando Sur desplegó fuerzas militares para colaborar en las tareas de socorro, a pedido de las autoridades venezolanas.
• El balance oficial del doblete sísmico del 24 de junio asciende a 920 muertos, 3.360 heridos, más de 50.000 desaparecidos (ONU) y más de 4.000 damnificados.