Entre los 111 juristas que formaron parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en sus 161 años de historia, sólo tres fueron mujeres y las nominaciones que acaba de oficializar el Ejecutivo para cubrir los dos cargos vacantes, apuntan a conservar la uniformidad masculina que caracterizó al máximo tribunal en los últimos tres años. 

De esta forma, la Corte parece alejarse de la conformación que tuvo entre 2004 y 2014, cuando con las presencias de Elena Haigton de Nolasco y Carmen Argibay como Ministras, hubo dos mujeres entre los siete integrantes de la instancia superior del Poder Judicial argentino.    

Esta situación puso en alerta a diferentes organizaciones de mujeres en la Justicia, que expresaron su rechazo, como la Asociación de Mujeres Juezas y el Colectivo de Mujeres del Derecho.,

También sumaron sus voces de reprobación diferentes espacios feministas y de derechos humanos, como Amnistía Internacional, el Cels, ACIJ, ELA, Feim, CEJIL, Mujeres en Igualdad, GQual y Fundación Siglo 21 que sacaron comunicados de repudio.

Estas organizaciones sostienen que la decisión del presidente Javier Milei es contraria a tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional en Argentina, como la “Convención contra toda forma de discriminación contra la Mujer”, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Además, sostienen que la iniciativa oficial pasa por alto el artículo 37 de la Constitución y el decreto 222/2003 sobre la designación de las y los ministros de la Corte, que en su artículo 3 establece que “al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general del Máximo Tribunal con el propósito de posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.

La doctora en Derecho y docente de la UBA Marisa Herrera aseguró a Somos Télam que el decreto 222 “tuvo una aceptación unánime por parte de la comunidad jurídica” porque “se trataba de receptar reglas claras y a tono con la responsabilidad que implica un cargo como éste, en el marco de un sistema cuasi-vitalicio”. 

Y por eso, “entre los requisitos se encuentra la diversidad de género” en virtud del “pluralismo que debe atravesar a las instituciones en clave democrática, muy especialmente, a la Corte Federal”, remarcó Herrera.

“¿Cómo es posible erradicar la desigualdad de género para poder alcanzar sociedades realmente igualitarias si las máximas instancias de decisión son integradas en su totalidad por varones, es decir, cuando se silencia y ningunea a la mitad de la población que son mujeres? No se trata (en el caso de la Corte Suprema) de una subrepresentación, sino directamente, de su no representación con lo que ello significa en términos de calidad democrática y de beneficio para la sociedad en su conjunto”, observó la jurista.

Y agregó: “Sentencias emblemáticas de la Corte como el resonado caso FAL, Sisnero o decisiones de política judicial como la creación de la Oficina de Violencia de Género y la Oficina de la Mujer -por citar algunas- no son casualidad sino causalidad de un Máximo Tribunal integrado por mujeres, con vivencias personales y profesionales muy diferentes a la de los varones que no solo amplían y enriquecen las funciones de la Corte, sino que también las complejiza e interpela a la vez en clave de igualdad de géneros”.

La historia del máximo Tribunal

La Corte comenzó a funcionar en 1863 y su primera integrante mujer fue Margarita Argúas, una doctora en jurisprudencia y docente que fue designada en 1970 por el presidente de facto Roberto Levingston.

Pero la novedad no duraría mucho tiempo, porque Argúas renunció en 1973 y habría que esperar nada menos que 30 años para que se produjera un nuevo ingreso femenino, que, por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, fue por partida doble. 

Tras el juicio político a dos integrantes de la Corte menemista y la renuncia de otros tres para evitar ese proceso, el santacruceño propuso a Argibay y Highton de Nolasco para ocupar dos de los puestos vacantes.

Esta cuota de equidad que se había asegurado en la Corte durante una década, sufrió un retroceso en 2014 con el fallecimiento de Argibay y siete años después, con la renuncia de Highton. En 2021, el cuarto piso del Palacio de Tribunales volvió a ser un territorio sólo poblado por magistrados hombres.

En diálogo con Somos Télam, la exletrada de Argibay, Flora Acselrad, aseguró que la escasa presencia de mujeres en los 161 años de historia de la Corte “deja en claro que no se trata de una cuestión coyuntural”. 

“No es algo sólo de las preferencias de este nuevo Presidente, sino que se trata de una cuestión más compleja, estructural que requiere una reflexión más profunda. Se trata de la persistencia de los prejuicios y estereotipos en torno a las condiciones para acceder a esa instancia, donde las cualidades en torno a lo culturalmente asignado a lo masculino y su jerarquía, tienen preeminencia a la hora de pensar en la elección del candidato”, subrayó Acselrad.

La exfuncionaria judicial, autora del proyecto que devino en la Ley Micaela, afirmó también que “por eso una Corte sólo de varones, no solo deja afuera la diversidad y la experiencia diferencial que pueden aportar las mujeres, sino que reproduce los estereotipos que nuestro país, está obligado a erradicar”. 

En este contexto, las candidaturas formalizadas por el Ejecutivo “implican un gran retroceso en el cumplimiento de las obligaciones internacionales suscriptas por Argentina”. 

De esta forma, se puede “perder la oportunidad de la diversidad que supone la voz de una mujer en esos lugares”, fundamentó Acselrad, quien recordó “lo que en pocos años logró la gestión en el máximo tribunal la ministra Carmen Argibay”. 

Con una conformación enteramente masculina, “se desaprovecha el florecimiento intelectual de toda una generación de mujeres de nuestro país, que, desde los ámbitos jurídicos, académicos y hasta políticos, vienen preparándose para ocupar los lugares de mayor decisión judicial”.

A la pregunta de si basta con que sean mujeres para dotar de perspectiva de género a ese tribunal, la especialista concedió que “no se trata de una condición hormonal sino de formación lo que nos asegura una mirada comprometida con la desigualdad estructural derivada de la condición de género”. 

“En cuanto a los candidatos, entiendo que más allá de su posición respecto de temas específicos, ambos tienen mucha formación, y por lo tanto comprenden perfectamente y conocen las obligaciones asumidas por nuestro país en materia de igualdad”, apuntó en relación al decreto 222 los tratados suscriptos por Argentina.

En ese sentido, Acselrad puntualizó que “más allá del honor y reconocimiento que puede significar una propuesta para integrar el Máximo Tribunal de justicia del país, ambos pueden tomar sus propias decisiones y son responsables de la aceptación o no de una designación que claramente contraría los mandatos constitucionales”.

“En este punto, solo quiero recordar que, cuando Néstor Kirchner llamó a Carmen María Argibay para ofrecerle el cargo de Ministra, ella le advirtió que no podía hacerlo porque aún no había terminado su función en el Tribunal Internacional para la ExYugoslavia, y no quería hacer quedar mal a nuestro país, dejando el juicio por una ambición personal. Como sabemos, el entonces Presidente le dijo que la esperaría y por eso Highton asumió antes que ella. El ejemplo, creo que es bastante explicativo, de que, para Carmen Argibay, primero estaba su país”, observó.

Por su parte, Herrera destacó además que “el último informe país que emitió en 2016 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)” -que es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención del mismo nombre-, “se recomienda al Estado argentino la aprobación de varios proyectos de ley que en ese momento se encontraban a estudio del Congreso de la Nación relacionados con la paridad de género”.

“En particular, que pidió que se aprueben los proyectos de ley que establecen la paridad de género en el poder ejecutivo, en el Tribunal Supremo y en los cargos electivos. Por lo tanto, el CEDAW estaría recomendando a Argentina adoptar la paridad de género en la Corte Federal, postura contraria a la que adopta el gobierno nacional violándose un principio constitucional-convencional clave como lo es el de progresividad y no regresividad de los derechos”, dijo.

En un comunicado emitido el miércoles por la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina esta organización instó a “la postulación de una mujer como candidata a suplir la vacancia en el cargo de Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como un paso crítico hacia el cumplimiento efectivo de los mandatos de progreso social y equidad de género”.

“A lo largo de su historia, la Corte Suprema de Justicia de la nación ha tenido 108 jueces varones, y solo tres fueron mujeres. Esto representa un desalentador 2,7% de participación femenina en el máximo tribunal de la Nación. Es hora de garantizar una representación equitativa en la más alta instancia de justicia del país. Más mujeres más justicia. Juntas somos más”, dijeron en sus redes sociales al momento de difundir el comunicado.

El Colectivo de Mujeres del Derecho también emitió un comunicado para manifestar “su enérgico rechazo a que las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean cubiertas con varones” con los lemas #UnaMujerEnLaCorteSuprema #SinMujeresNoHayJusticia.

“Exigimos que las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean cubiertas por mujeres; máxime en un país que cuenta con grandes juezas, académicas y expertas jurídicas. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo Nacional debe nominar mujeres para cubrir esos cargos, so pena de incurrir en responsabilidad internacional”, dijeron.

Por su parte, las organizaciones Amnistía, ELA, Feim, Cels, ACIJ, CEJIL, Mujeres en Igualdad, GQual, Fundación Siglo 21 realizaron un pronunciamiento conjunto para reclamar “Queremos juezas con perspectiva de género en la Corte!” porque “el Estado está en deuda con la igualdad de género en la Justicia”.

“El poder judicial está compuesto por 130.880 personas, de las cuales el 57% son mujeres. Sin embargo, hay 1 mujer cada 2 varones en el nivel máximo de autoridad; y 46% son mujeres en el cargo de magistratura, procurador/a, Fiscal o Defensor/a”, dijeron 

“Esto da cuenta de que el “techo de cristal” aparece para las mujeres en el nivel de la Magistratura, y más aún, en el máximo nivel de autoridad”, concluyeron.