Judiciales ⚖️
Gil Lavedra apuntó contra la nueva Corte de Milei
El jurista destacó «En la Argentina hay mujeres juristas excelentes tanto en la Capital como en el interior del país, pero no una, sino muchas”.
El abogado y ex juez Ricardo Gil Lavedra criticó que no se haya “observado” el criterio de “la igualdad real de oportunidades entre los hombres y las mujeres” a la hora de proponer nuevos candidatos para integrar la Corte Suprema, siendo éste uno de los “organismos donde se toman decisiones importantes”.
En declaraciones a Radio Metro, recordó que el último informe que realizó la Oficina de la Mujer de la propia Corte Suprema reflejó que “en los cargos directivos” del ente “el 70% eran varones”.
Actualmente, la Corte está integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda; Elena Highton de Nolasco se retiró en el Gobierno de Alberto Fernández.
Hoy se proponen dos nuevos nombres (uno en lugar de Highton de Nolasco y otro por Juan Carlos Maqueda, quien confirmó su retiro): Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
Con respecto a la falta de perspectiva de género a la hora de no incorporar a ninguna jueza, Gil Lavedra recordó que “la Constitución tiene dos normas que establecen la necesidad de acciones positivas para lograr una igualdad real de oportunidades entre ambos sexos: El artículo 37, para los cargos electivos y partidarios, y el 75 para la participación de sectores discriminados donde está la mujer, sin lugar a dudas”.
Para reafirmar su postura, destacó que “si bien no hay una norma explícita para el nombramiento de los jueces de la Corte, el decreto Nro. 222, que regula el propio Poder Ejecutivoq, dice que debe observar la perspectiva de género y federalismo”.
«En la Argentina hay mujeres juristas excelentes tanto en la Capital como en el interior del país, pero no una, sino muchas”, declaró.
Otro aniversario de Memoria, Verdad y Justicia
El próximo domingo 24 será el primer aniversario donde se conmemora el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, bajo un Gobierno que defiende explícitamente a militares que han sido condenados por crímenes de Lesa Humanidad.
Días atrás, el ministro de Defensa, Luis Petri, se sacó fotos con la activista Cecilia Pando y varias esposas de condenados, que le solicitan su liberación al Gobierno.
Por este tema, Gil Lavedra también fue consultado, ya que integró el Tribunal del Juicio a las Juntas que condenó por crímenes de Lesa Humanidad a muchos de los represores de la última dictadura argentina.
«No me parece adecuado que el ministro Petri se haya sacado esa foto”, aseveró. Posteriormente recordó que «esto no fue una guerra, fue una salvajada inadmisible, una violación grosera y masiva de los Derechos Humanos y elementales; no quiere decir que no haya habido crímenes por parte de organizaciones que deberían haber sido juzgados de manera justa, pero eso no le resta nada a lo que pasó en Argentina”.
Para finalizar, afirmó que ve como “una mala señal” la demostración de “intolerancia a la opinión ajena” por parte de seguidores de La Libertad Avanza y que “los discursos de mucha violencia” no son buenos para la “cultura democrática”.
Judiciales ⚖️
Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos
La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.
Lo que tenés que saber
- Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
- El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
- La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
- Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
- Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
- Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
- También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.
Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos
La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.
La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.
El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.
Las irregularidades señaladas en la licitación
Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.
La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.
Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.
Señalamientos sobre el rol de la administración
La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.
En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.
También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.
Pedido judicial y medidas solicitadas
La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.
También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.
La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.
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