Libertad de prensa
La Policía Federal admite la agresión al camarógrafo de A24 y abre sumario interno
La fuerza habló de «forcejeo» pero las imágenes muestran violencia policial. El caso pasó al Juzgado Federal 8. Facundo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con lesiones.
★ La Policía Federal anunció este jueves 27 de febrero que inició actuaciones administrativas para «evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente» tras la agresión a un camarógrafo de A24 durante la sesión del Senado por la Ley de Glaciares. La fuerza admitió que hubo un «forcejeo» con el trabajador de prensa, aunque las imágenes difundidas por diversos medios muestran claramente una agresión policial que derivó en la detención arbitraria de Facundo, el camarógrafo de 50 años que cubría las protestas en las afueras del Congreso.
Así lo informó la PFA en un comunicado, en el que consignó que «en virtud de los hechos de público conocimiento ocurridos en el día de la fecha en el ámbito del Congreso, 12 activistas de Greenpeace que irrumpieron en el edificio resultaron detenidos y posteriormente trasladados a un estacionamiento ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen».
La versión oficial del «forcejeo»
En esa circunstancia, según el comunicado policial, «se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos. En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas».
Durante ese intervalo, señaló la PFA, se produjo un «forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio». La caracterización del hecho como «forcejeo» contrasta con las imágenes que circularon en medios de comunicación, donde se observa claramente que efectivos policiales agreden físicamente al camarógrafo, lo someten y lo detienen mientras cumplía su tarea profesional.
Luego del hecho, Facundo fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Ramos Mejía para recibir la atención médica correspondiente. Según informó el servicio de emergencias, el trabajador presentaba «lesiones leves y efecto de gases». Su colega, Agustina Bilotti, fue asistida por efecto de gases sin traslado.
Intervención judicial
En razón de lo sucedido, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Pedro Martínez de Giorgi. La causa judicial permitirá determinar responsabilidades penales por la agresión a un trabajador de prensa en ejercicio de su profesión, un hecho que configura una clara violación a la libertad de prensa y al derecho a la información.
«Sin perjuicio de la prevención judicial labrada, se iniciaron actuaciones administrativas tendientes a evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente», completó la PFA en su comunicado. El sumario administrativo interno permitirá establecer si hubo incumplimiento de protocolos por parte de los efectivos policiales, aunque la experiencia indica que estos procesos suelen concluir sin sanciones efectivas o con medidas disciplinarias menores.
El patrón de la represión
Un camarógrafo del canal A24, que cubría los operativos en el Congreso por protestas contra la modificación de la Ley de Glaciares, fue agredido y detenido por personal de la Policía Federal, que luego lo liberó, y todo quedó registrado por las cámaras de diversos medios. Las imágenes documentan la violencia policial contra trabajadores de prensa y desmienten la narrativa oficial del «forcejeo» que sugiere una responsabilidad compartida en el incidente.
La agresión a Facundo se suma a un patrón sistemático de hostigamiento a la prensa que caracteriza la gestión de las fuerzas de seguridad bajo las directivas del oficialismo. Los trabajadores de prensa que cubren protestas sociales contra políticas del Gobierno enfrentan cada vez más restricciones, amenazas y agresiones físicas por parte de efectivos policiales que actúan con impunidad.
La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y ex ministra de Seguridad, fue consultada sobre la agresión y afirmó que «ella ya no es más Ministra de Seguridad Nacional». Sin embargo, confirmó que al policía implicado se le «inició un sumario» debido a que su conducta como efectivo «fue inadecuada». La respuesta de Bullrich evidencia un intento de desligarse de la responsabilidad política sobre políticas de seguridad que ella misma impulsó y que hoy se traducen en represión contra manifestantes y prensa.
Greenpeace y el derecho a la protesta
El contexto de la agresión al camarógrafo fueron las protestas contra la reforma de la Ley de Glaciares, que este jueves se debatió en el Senado. Los 12 activistas de Greenpeace detenidos saltaron la reja del Congreso y se sentaron en las escalinatas en una acción de desobediencia civil pacífica para visibilizar el rechazo a una norma que habilita la megaminería en zonas de ambiente periglacial actualmente protegidas como reservas estratégicas de agua dulce.
La respuesta del Estado a la protesta ambiental fue la represión policial, las detenciones masivas y la agresión a trabajadores de prensa. El derecho a la protesta y la libertad de prensa quedan subordinados a las prioridades de un Gobierno que impulsa una agenda extractivista sin consenso social ni consulta a las comunidades afectadas.
La apertura de actuaciones administrativas por parte de la Policía Federal es un reconocimiento tardío e insuficiente de que hubo violencia policial contra un trabajador de prensa. Sin embargo, la experiencia indica que estos sumarios internos rara vez derivan en sanciones efectivas. Mientras tanto, las imágenes de la agresión circulan en medios y redes sociales como testimonio de un hecho que no admite eufemismos: un camarógrafo fue agredido, detenido y herido por cumplir su trabajo.
Puntos clave:
• La Policía Federal inició actuaciones administrativas y sumario interno tras agredir al camarógrafo Facundo de A24 durante protestas por la Ley de Glaciares
• La fuerza habló de «forcejeo» pero las imágenes muestran clara agresión policial con detención arbitraria del trabajador de prensa
• El caso pasó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Pedro Martínez de Giorgi
• Facundo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con lesiones leves y efecto de gases, su colega Agustina Bilotti fue asistida sin traslado
• La agresión se produjo mientras la PFA trasladaba a 12 activistas de Greenpeace detenidos tras ocupar las escalinatas del Congreso ★
Libertad de prensa
ADEPA documentó los ataques de Milei al periodismo y advirtió sobre su efecto en la democracia
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas presentó su Informe de Libertad de Prensa en la 64ª Asamblea General y cuestionó con dureza las agresiones sistemáticas del presidente y su entorno contra los periodistas. También alertó sobre el uso de contenidos periodísticos por parte de la inteligencia artificial sin compensación a sus creadores.
Alentar a estudiantes adolescentes a abuchear periodistas. Insinuar que los comunicadores roban. Amenazar con leyes que castiguen coberturas críticas. Esas son las conductas que ADEPA puso bajo la lupa en su Informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, presentado este viernes en la ciudad de San Miguel de Tucumán durante la última jornada de la 64ª Asamblea General de la entidad.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) elaboró un documento que repasa los episodios más graves de los últimos seis meses y emite una advertencia que va más allá de las disputas puntuales: cuando las agresiones al periodismo provienen de la máxima autoridad del Estado y se repiten de manera sistemática, el problema deja de ser una disputa entre individuos y se convierte en una amenaza estructural a la democracia.
El Presidente en el aula: un abucheo alentado desde el poder
Uno de los episodios más graves que documenta el informe ocurrió durante una exposición del presidente Javier Milei ante alumnos de cuarto y quinto año de la Escuela ORT de Buenos Aires. Después de leer un pasaje vinculado al mandamiento «no robarás», Milei afirmó: «Esto le vendría bien a los periodistas». Ante una primera reacción del alumnado, el mandatario los alentó: «Si quieren hacerlo más fuerte, se los voy a festejar». El resultado fue un abucheo colectivo contra los periodistas presentes, celebrado por el Presidente.
Para ADEPA, el hecho resulta especialmente grave porque se produjo ante menores de edad, en un establecimiento educativo y con la investidura presidencial comprometida. «El jefe del Estado no se limitó a cuestionar una cobertura o a discutir una información: incentivó a menores de edad a manifestar hostilidad hacia una actividad indispensable para la democracia», señaló la entidad en el documento.
Caputo y la amenaza de una ley para silenciar críticas
El otro episodio destacado es del 25 de agosto pasado, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó ante una publicación periodística que consideró falsa y afirmó que «la Justicia debería actuar» y que era necesaria «una ley que castigue este tipo de conductas».
ADEPA advirtió que una norma de ese tipo «podría otorgar a las autoridades un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión» y generaría «un fuerte efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de asuntos de interés público». La entidad subrayó que la crítica al periodismo es legítima y necesaria, pero que el agravio y la estigmatización, especialmente cuando provienen de quienes ejercen altas responsabilidades públicas, «deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio sobre el conjunto de la sociedad».
La asimetría del poder que convierte el insulto en política
El informe de ADEPA pone el foco en un elemento que suele invisibilizarse en el debate sobre los ataques al periodismo: la asimetría entre quien agrede y quien es agredido. Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal y se repite sistemáticamente, esa asimetría transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos.
«Cuando el periodismo es descalificado, hostigado o silenciado desde posiciones de poder, se debilita la confianza social en las fuentes verificadas», señaló la entidad. Y agregó: «Sin medios sostenibles, independientes y respetados, la sociedad queda más expuesta a la desinformación, la polarización y la incapacidad de arribar a los consensos que preservan una convivencia armónica».
Inteligencia artificial: el otro frente de la amenaza
Junto a la cuestión de los ataques políticos, ADEPA incluyó en su informe una alerta sobre las implicancias de la inteligencia artificial para el ecosistema mediático. La entidad sostuvo que «la utilización indiscriminada de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda, sin la debida compensación a sus creadores, amenaza la viabilidad económica de la prensa».
En ese sentido, ADEPA destacó «la necesidad de fortalecer la sustentabilidad de los medios, proteger la propiedad intelectual y construir nuevas reglas de equilibrio con las plataformas y los grandes actores tecnológicos, cuyo uso de contenidos periodísticos debe reconocer el valor del trabajo profesional que los produce». La entidad advirtió que estos desafíos deben abordarse como problemas estructurales para el futuro del periodismo, no como fenómenos aislados.
El documento cerró con una definición política que resume el espíritu de la Asamblea: «Defender la libertad de prensa implica también garantizar la existencia de redacciones sólidas, medios sostenibles y voces locales capaces de contribuir a una democracia plural».
Lo que tenés que saber
- ADEPA presentó su Informe de Libertad de Prensa en la 64ª Asamblea General realizada en San Miguel de Tucumán.
- La entidad cuestionó a Milei por alentar a alumnos de la Escuela ORT a abuchear a periodistas durante una exposición presidencial.
- También criticó al ministro Caputo por amenazar con una ley que castigue coberturas periodísticas que el Gobierno considere falsas.
- ADEPA alertó que los ataques sistemáticos desde el poder deterioran la confianza social en las fuentes verificadas y pueden generar un «efecto contagio».
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