Libertad de prensa
La Policía Federal admite la agresión al camarógrafo de A24 y abre sumario interno
La fuerza habló de «forcejeo» pero las imágenes muestran violencia policial. El caso pasó al Juzgado Federal 8. Facundo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con lesiones.
★ La Policía Federal anunció este jueves 27 de febrero que inició actuaciones administrativas para «evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente» tras la agresión a un camarógrafo de A24 durante la sesión del Senado por la Ley de Glaciares. La fuerza admitió que hubo un «forcejeo» con el trabajador de prensa, aunque las imágenes difundidas por diversos medios muestran claramente una agresión policial que derivó en la detención arbitraria de Facundo, el camarógrafo de 50 años que cubría las protestas en las afueras del Congreso.
Así lo informó la PFA en un comunicado, en el que consignó que «en virtud de los hechos de público conocimiento ocurridos en el día de la fecha en el ámbito del Congreso, 12 activistas de Greenpeace que irrumpieron en el edificio resultaron detenidos y posteriormente trasladados a un estacionamiento ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen».
La versión oficial del «forcejeo»
En esa circunstancia, según el comunicado policial, «se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos. En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas».
Durante ese intervalo, señaló la PFA, se produjo un «forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio». La caracterización del hecho como «forcejeo» contrasta con las imágenes que circularon en medios de comunicación, donde se observa claramente que efectivos policiales agreden físicamente al camarógrafo, lo someten y lo detienen mientras cumplía su tarea profesional.
Luego del hecho, Facundo fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Ramos Mejía para recibir la atención médica correspondiente. Según informó el servicio de emergencias, el trabajador presentaba «lesiones leves y efecto de gases». Su colega, Agustina Bilotti, fue asistida por efecto de gases sin traslado.
Intervención judicial
En razón de lo sucedido, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Pedro Martínez de Giorgi. La causa judicial permitirá determinar responsabilidades penales por la agresión a un trabajador de prensa en ejercicio de su profesión, un hecho que configura una clara violación a la libertad de prensa y al derecho a la información.
«Sin perjuicio de la prevención judicial labrada, se iniciaron actuaciones administrativas tendientes a evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente», completó la PFA en su comunicado. El sumario administrativo interno permitirá establecer si hubo incumplimiento de protocolos por parte de los efectivos policiales, aunque la experiencia indica que estos procesos suelen concluir sin sanciones efectivas o con medidas disciplinarias menores.
El patrón de la represión
Un camarógrafo del canal A24, que cubría los operativos en el Congreso por protestas contra la modificación de la Ley de Glaciares, fue agredido y detenido por personal de la Policía Federal, que luego lo liberó, y todo quedó registrado por las cámaras de diversos medios. Las imágenes documentan la violencia policial contra trabajadores de prensa y desmienten la narrativa oficial del «forcejeo» que sugiere una responsabilidad compartida en el incidente.
La agresión a Facundo se suma a un patrón sistemático de hostigamiento a la prensa que caracteriza la gestión de las fuerzas de seguridad bajo las directivas del oficialismo. Los trabajadores de prensa que cubren protestas sociales contra políticas del Gobierno enfrentan cada vez más restricciones, amenazas y agresiones físicas por parte de efectivos policiales que actúan con impunidad.
La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y ex ministra de Seguridad, fue consultada sobre la agresión y afirmó que «ella ya no es más Ministra de Seguridad Nacional». Sin embargo, confirmó que al policía implicado se le «inició un sumario» debido a que su conducta como efectivo «fue inadecuada». La respuesta de Bullrich evidencia un intento de desligarse de la responsabilidad política sobre políticas de seguridad que ella misma impulsó y que hoy se traducen en represión contra manifestantes y prensa.
Greenpeace y el derecho a la protesta
El contexto de la agresión al camarógrafo fueron las protestas contra la reforma de la Ley de Glaciares, que este jueves se debatió en el Senado. Los 12 activistas de Greenpeace detenidos saltaron la reja del Congreso y se sentaron en las escalinatas en una acción de desobediencia civil pacífica para visibilizar el rechazo a una norma que habilita la megaminería en zonas de ambiente periglacial actualmente protegidas como reservas estratégicas de agua dulce.
La respuesta del Estado a la protesta ambiental fue la represión policial, las detenciones masivas y la agresión a trabajadores de prensa. El derecho a la protesta y la libertad de prensa quedan subordinados a las prioridades de un Gobierno que impulsa una agenda extractivista sin consenso social ni consulta a las comunidades afectadas.
La apertura de actuaciones administrativas por parte de la Policía Federal es un reconocimiento tardío e insuficiente de que hubo violencia policial contra un trabajador de prensa. Sin embargo, la experiencia indica que estos sumarios internos rara vez derivan en sanciones efectivas. Mientras tanto, las imágenes de la agresión circulan en medios y redes sociales como testimonio de un hecho que no admite eufemismos: un camarógrafo fue agredido, detenido y herido por cumplir su trabajo.
Puntos clave:
• La Policía Federal inició actuaciones administrativas y sumario interno tras agredir al camarógrafo Facundo de A24 durante protestas por la Ley de Glaciares
• La fuerza habló de «forcejeo» pero las imágenes muestran clara agresión policial con detención arbitraria del trabajador de prensa
• El caso pasó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Pedro Martínez de Giorgi
• Facundo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con lesiones leves y efecto de gases, su colega Agustina Bilotti fue asistida sin traslado
• La agresión se produjo mientras la PFA trasladaba a 12 activistas de Greenpeace detenidos tras ocupar las escalinatas del Congreso ★
Libertad de prensa
Milei llamó “mierda humana” a Novaresio y ADEPA le recordó el límite
La entidad de editores rechazó una nueva serie de agravios presidenciales en X contra nueve periodistas de La Nación, Clarín, Infobae, TN, A24 y C5N. Recordó que quien gobierna puede replicar, incluso con dureza, pero no insultar.
“Alguien debería explicarle a la MIERDA HUMANA de MIERDANECIO que un RT no te hace autor del tweet”. Así, en mayúsculas y desde su cuenta de X, el Presidente de la Nación se dirigió a un periodista. La respuesta institucional llegó un día después: para la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, quien gobierna tiene derecho a responder a la crítica, pero el insulto erosiona el debate democrático.
ADEPA difundió este martes un comunicado en el que lamentó y rechazó «una nueva serie de agravios proferidos por el presidente Javier Milei contra periodistas, columnistas y directivos de medios de comunicación a través de publicaciones en la red social X». El caso más resonante fue el de Luis Novaresio, conductor del canal A24, pero la entidad registró ataques contra otros ocho profesionales de la prensa en los últimos días.
Cómo empezó el cruce
El episodio arrancó el lunes, cuando Novaresio analizó en su programa de A24 unas declaraciones del canciller Pablo Quirno sobre el resultado de la primera vuelta en Brasil, en la que se impuso Flávio Bolsonaro, el candidato que respalda Milei. Mientras un columnista repasaba los dichos en los que el canciller celebró los triunfos de la derecha en la región, el conductor lanzó: «¿Tanto le piden Dr. Quirno? ¿Tanta obsecuencia le piden Dr. Quirno?».
Quirno le contestó en X: «No soy Doctor. No se peleen con los datos. Abrazo». Ya en el cierre del programa, Novaresio invitó al canciller a su espacio y aludió a los insultos de un posteo que el funcionario había compartido. Con ironía, sostuvo que «cuando uno retuitea hace propio lo que retuitea».
Ahí entró en escena el Presidente. «Alguien debería explicarle a la MIERDA HUMANA de MIERDANECIO que un RT no te hace autor del tweet. El imbécil se supone que es abogado y debería saber que el RT trabaja como cita. Si de lo que estudió el idiota no sabe, qué se puede esperar del resto de los temas», publicó. En otro mensaje, al citar el posteo de Quirno, escribió: «ATENDIENDO A LA MIERDA HUMANA DE MANDRILESIO Y SU DESPRECIO POR LA REALIDAD. PRIMERO LOS DATOS, ESTÚPIDO. CIAO!». El asesor presidencial Santiago Caputo también se sumó a los cuestionamientos contra el conductor.
Lo que dijo ADEPA
«ADEPA lamenta tener que volver a destacar algo que ha sostenido desde siempre. Quien gobierna, y es objeto de crítica, o considera que la información de un acto de gobierno es errónea, incorrecta o incluso pueda evaluarla como sesgada, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano de nuestra república: ejercer su crítica, aclaración o desmentida, incluso en tono enérgico y vehemente», señaló la entidad.
Y marcó la diferencia: «Lo que erosiona el debate público y el diálogo democrático son el insulto y el agravio, que afectan no sólo al destinatario identificado, sino al conjunto del cuerpo social». Para cerrar, recordó que «la libertad de expresión protege especialmente la circulación de opiniones sobre quienes ejercen el poder» y que «la réplica ha sido concebida para responder pero no para avalar los ataques personales».
El comunicado enumeró a los destinatarios de los agravios presidenciales de los últimos días: Fernán Saguier, Carlos Pagni, Jorge Liotti y Joaquín Morales Solá, de La Nación; María Eugenia Duffard, de Infobae; Jesica Bossi, de TN y Clarín; Luis Novaresio, de A24; Eduardo van der Kooy, de Clarín; y Gustavo Sylvestre, de C5N. Son nueve periodistas de seis medios distintos, con líneas editoriales muy diferentes entre sí: el blanco no es un medio, es la prensa que no aplaude.
Novaresio eligió no contestar
El conductor evitó responder en los mismos términos. En su columna del programa De boca en boca, por Radio 2 de Rosario, reflexionó: «La escasez de ideas para una pelea y la falta de respeto es terrible. No me quiero hacer el interesante y todo esto, pero no tengo ningún comentario para hacer». Y explicó su criterio: «Yo habitualmente he tomado una posición que es que cuando hay algo muy personal o algo que se dice exclusivamente a mí, no me gusta refutar».
Un patrón, no un exabrupto
No es la primera vez que Novaresio queda en la mira presidencial. En febrero de este año, Milei ya lo había atacado en X con el apodo «Ensobraresio» y lo acusó de mentir. Y hace pocos días, el mandatario trató de «zurda inmunda» y «basura corrupta» a María Eugenia Duffard tras una entrevista que la periodista le hizo a Máximo Kirchner, lo que llevó a la exdiputada Elisa Carrió a denunciarlo penalmente por abuso de autoridad y a pedir la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).
En septiembre, durante su 64ª Asamblea General en San Miguel de Tucumán, ADEPA presentó su Informe de Libertad de Prensa, que documentó entre otros episodios una exposición de Milei ante alumnos de la Escuela ORT en la que el Presidente alentó un abucheo colectivo contra los periodistas presentes. «El jefe del Estado no se limitó a cuestionar una cobertura o a discutir una información: incentivó a menores de edad a manifestar hostilidad hacia una actividad indispensable para la democracia», señaló entonces la entidad.
El contexto suma otra señal de alarma. El proyecto oficial de «Defensa de la Soberanía Nacional», que se debate en Diputados, propone penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta o con financiamiento extranjero, busquen «manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva». El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió que esa figura «presenta un riesgo cierto para el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión». Un gobierno que insulta a los periodistas desde la cuenta presidencial impulsa al mismo tiempo penas de prisión por campañas de desinformación, con una figura que las entidades del periodismo consideran ambigua.
Lo que tenés que saber:
- Milei insultó en X a Luis Novaresio, conductor de A24, tras sus críticas al canciller Pablo Quirno.
- ADEPA rechazó una nueva serie de agravios presidenciales contra nueve periodistas de La Nación, Infobae, TN, Clarín, A24 y C5N.
- La entidad sostuvo que quien gobierna puede criticar, aclarar o desmentir, pero que el insulto y el agravio erosionan el debate democrático.
- Novaresio evitó responder: «No tengo ningún comentario para hacer», dijo en Radio 2.
- Hace pocos días, Elisa Carrió denunció penalmente a Milei por sus insultos a la periodista María Eugenia Duffard.
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