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Libertad de prensa

La Policía Federal admite la agresión al camarógrafo de A24 y abre sumario interno

La fuerza habló de «forcejeo» pero las imágenes muestran violencia policial. El caso pasó al Juzgado Federal 8. Facundo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con lesiones.

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★ La Policía Federal anunció este jueves 27 de febrero que inició actuaciones administrativas para «evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente» tras la agresión a un camarógrafo de A24 durante la sesión del Senado por la Ley de Glaciares. La fuerza admitió que hubo un «forcejeo» con el trabajador de prensa, aunque las imágenes difundidas por diversos medios muestran claramente una agresión policial que derivó en la detención arbitraria de Facundo, el camarógrafo de 50 años que cubría las protestas en las afueras del Congreso.

Así lo informó la PFA en un comunicado, en el que consignó que «en virtud de los hechos de público conocimiento ocurridos en el día de la fecha en el ámbito del Congreso, 12 activistas de Greenpeace que irrumpieron en el edificio resultaron detenidos y posteriormente trasladados a un estacionamiento ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen».

La versión oficial del «forcejeo»

En esa circunstancia, según el comunicado policial, «se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos. En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas».

Durante ese intervalo, señaló la PFA, se produjo un «forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio». La caracterización del hecho como «forcejeo» contrasta con las imágenes que circularon en medios de comunicación, donde se observa claramente que efectivos policiales agreden físicamente al camarógrafo, lo someten y lo detienen mientras cumplía su tarea profesional.

Luego del hecho, Facundo fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Ramos Mejía para recibir la atención médica correspondiente. Según informó el servicio de emergencias, el trabajador presentaba «lesiones leves y efecto de gases». Su colega, Agustina Bilotti, fue asistida por efecto de gases sin traslado.

Intervención judicial

En razón de lo sucedido, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Pedro Martínez de Giorgi. La causa judicial permitirá determinar responsabilidades penales por la agresión a un trabajador de prensa en ejercicio de su profesión, un hecho que configura una clara violación a la libertad de prensa y al derecho a la información.

«Sin perjuicio de la prevención judicial labrada, se iniciaron actuaciones administrativas tendientes a evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente», completó la PFA en su comunicado. El sumario administrativo interno permitirá establecer si hubo incumplimiento de protocolos por parte de los efectivos policiales, aunque la experiencia indica que estos procesos suelen concluir sin sanciones efectivas o con medidas disciplinarias menores.

El patrón de la represión

Un camarógrafo del canal A24, que cubría los operativos en el Congreso por protestas contra la modificación de la Ley de Glaciares, fue agredido y detenido por personal de la Policía Federal, que luego lo liberó, y todo quedó registrado por las cámaras de diversos medios. Las imágenes documentan la violencia policial contra trabajadores de prensa y desmienten la narrativa oficial del «forcejeo» que sugiere una responsabilidad compartida en el incidente.

La agresión a Facundo se suma a un patrón sistemático de hostigamiento a la prensa que caracteriza la gestión de las fuerzas de seguridad bajo las directivas del oficialismo. Los trabajadores de prensa que cubren protestas sociales contra políticas del Gobierno enfrentan cada vez más restricciones, amenazas y agresiones físicas por parte de efectivos policiales que actúan con impunidad.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y ex ministra de Seguridad, fue consultada sobre la agresión y afirmó que «ella ya no es más Ministra de Seguridad Nacional». Sin embargo, confirmó que al policía implicado se le «inició un sumario» debido a que su conducta como efectivo «fue inadecuada». La respuesta de Bullrich evidencia un intento de desligarse de la responsabilidad política sobre políticas de seguridad que ella misma impulsó y que hoy se traducen en represión contra manifestantes y prensa.

Greenpeace y el derecho a la protesta

El contexto de la agresión al camarógrafo fueron las protestas contra la reforma de la Ley de Glaciares, que este jueves se debatió en el Senado. Los 12 activistas de Greenpeace detenidos saltaron la reja del Congreso y se sentaron en las escalinatas en una acción de desobediencia civil pacífica para visibilizar el rechazo a una norma que habilita la megaminería en zonas de ambiente periglacial actualmente protegidas como reservas estratégicas de agua dulce.

La respuesta del Estado a la protesta ambiental fue la represión policial, las detenciones masivas y la agresión a trabajadores de prensa. El derecho a la protesta y la libertad de prensa quedan subordinados a las prioridades de un Gobierno que impulsa una agenda extractivista sin consenso social ni consulta a las comunidades afectadas.

La apertura de actuaciones administrativas por parte de la Policía Federal es un reconocimiento tardío e insuficiente de que hubo violencia policial contra un trabajador de prensa. Sin embargo, la experiencia indica que estos sumarios internos rara vez derivan en sanciones efectivas. Mientras tanto, las imágenes de la agresión circulan en medios y redes sociales como testimonio de un hecho que no admite eufemismos: un camarógrafo fue agredido, detenido y herido por cumplir su trabajo.

Puntos clave:

• La Policía Federal inició actuaciones administrativas y sumario interno tras agredir al camarógrafo Facundo de A24 durante protestas por la Ley de Glaciares

• La fuerza habló de «forcejeo» pero las imágenes muestran clara agresión policial con detención arbitraria del trabajador de prensa

• El caso pasó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Pedro Martínez de Giorgi

• Facundo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con lesiones leves y efecto de gases, su colega Agustina Bilotti fue asistida sin traslado

• La agresión se produjo mientras la PFA trasladaba a 12 activistas de Greenpeace detenidos tras ocupar las escalinatas del Congreso ★

Libertad de prensa

El Gobierno impuso nuevas normas y restricciones a la prensa dentro de Casa Rosada

Tras diez días de clausura, el Ejecutivo reabrió la sala de periodistas bajo un estricto régimen de confinamiento. Vidrios esmerilados y prohibición de circular por áreas comunes marcan el nuevo protocolo de la Casa Militar.

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El Gobierno blindó la Rosada y restringe la libertad de prensa

La Casa Rosada dejó de ser un ámbito de trabajo periodístico para transformarse en un búnker de acceso restringido. Luego de mantener las puertas cerradas durante diez días, el Gobierno nacional habilitó este lunes el reingreso de los acreditados, aunque bajo condiciones que anulan la posibilidad de fiscalizar el movimiento de los funcionarios públicos. La medida, diseñada por la Casa Militar, impuso un nuevo protocolo de seguridad que elimina la circulación por sectores históricos y de uso común del Palacio de Gobierno.

Un laberinto de vidrios esmerilados y restricciones

La nueva disposición, confirmada por fuentes oficiales del organismo de seguridad presidencial, alteró incluso el modo de ingreso al edificio. Los trabajadores de prensa ya no pudieron utilizar el acceso por Balcarce 24 con huella biométrica, sino que fueron derivados a Balcarce 78, donde se les exigió DNI y credencial en mano. Una vez en el interior, el panorama resultó distópico: el Gobierno ordenó esmerilar todos los vidrios de los pasillos internos que dan al Patio de Palmeras, impidiendo cualquier registro visual de lo que sucede en el corazón de la sede gubernamental.

La restricción es total sobre áreas de tránsito histórico. El Patio de Palmeras, el balcón del primer piso y el Patio de Malvinas quedaron inhabilitados para la prensa. Esta decisión impide que los periodistas puedan divisar el Salón de los Bustos, punto neurálgico donde se registran habitualmente los ingresos y egresos de ministros y secretarios de Estado. La circulación quedó limitada exclusivamente a la sala de prensa, sanitarios y cafeterías, cercenando el derecho a la búsqueda de información en los pasillos del ala Oeste, donde se encuentran los despachos de Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.

Antecedentes de persecución y censura

El endurecimiento del control ocurrió tras un informe del canal TN que utilizó dispositivos tecnológicos de grabación en áreas comunes. La respuesta oficial, comandada por el coronel mayor Sebastián Ibáñez, fue una denuncia penal contra el periodista y la producción. En sintonía, la Secretaría de Comunicación y Prensa, bajo la órbita de Javier Lanari, ejecutó la baja de la acreditación del cronista involucrado antes de extender la clausura a todo el cuerpo de prensa acreditado.

Estas limitaciones, que no fueron informadas al momento de la renovación anual de las acreditaciones, se dan en un contexto de extrema sensibilidad política. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien brindó su primera conferencia de prensa tras el parate, enfrenta una investigación judicial por enriquecimiento ilícito. El blindaje del edificio gubernamental parece buscar, más que una protección de la seguridad nacional, un resguardo ante el asedio de las preguntas sobre las inconsistencias patrimoniales del funcionario y el uso de recursos públicos para fines personales.

Puntos clave:

  • El Gobierno rehabilitó la sala de prensa tras diez días de clausura arbitraria.
  • Se prohibió el acceso al Patio de Palmeras, balcón del primer piso y pasillos del ala Oeste.
  • La Casa Militar ordenó esmerilar los vidrios para evitar que se vea el ingreso de funcionarios.
  • El ingreso se modificó a Balcarce 78, eliminando el sistema biométrico para periodistas.
  • La medida ocurre mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es investigado por la Justicia Federal.

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