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Libertad de prensa

La Policía Federal admite la agresión al camarógrafo de A24 y abre sumario interno

La fuerza habló de «forcejeo» pero las imágenes muestran violencia policial. El caso pasó al Juzgado Federal 8. Facundo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con lesiones.

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★ La Policía Federal anunció este jueves 27 de febrero que inició actuaciones administrativas para «evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente» tras la agresión a un camarógrafo de A24 durante la sesión del Senado por la Ley de Glaciares. La fuerza admitió que hubo un «forcejeo» con el trabajador de prensa, aunque las imágenes difundidas por diversos medios muestran claramente una agresión policial que derivó en la detención arbitraria de Facundo, el camarógrafo de 50 años que cubría las protestas en las afueras del Congreso.

Así lo informó la PFA en un comunicado, en el que consignó que «en virtud de los hechos de público conocimiento ocurridos en el día de la fecha en el ámbito del Congreso, 12 activistas de Greenpeace que irrumpieron en el edificio resultaron detenidos y posteriormente trasladados a un estacionamiento ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen».

La versión oficial del «forcejeo»

En esa circunstancia, según el comunicado policial, «se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector donde se encontraban los detenidos. En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas».

Durante ese intervalo, señaló la PFA, se produjo un «forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad, en cuyo marco se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio». La caracterización del hecho como «forcejeo» contrasta con las imágenes que circularon en medios de comunicación, donde se observa claramente que efectivos policiales agreden físicamente al camarógrafo, lo someten y lo detienen mientras cumplía su tarea profesional.

Luego del hecho, Facundo fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Ramos Mejía para recibir la atención médica correspondiente. Según informó el servicio de emergencias, el trabajador presentaba «lesiones leves y efecto de gases». Su colega, Agustina Bilotti, fue asistida por efecto de gases sin traslado.

Intervención judicial

En razón de lo sucedido, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Pedro Martínez de Giorgi. La causa judicial permitirá determinar responsabilidades penales por la agresión a un trabajador de prensa en ejercicio de su profesión, un hecho que configura una clara violación a la libertad de prensa y al derecho a la información.

«Sin perjuicio de la prevención judicial labrada, se iniciaron actuaciones administrativas tendientes a evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente», completó la PFA en su comunicado. El sumario administrativo interno permitirá establecer si hubo incumplimiento de protocolos por parte de los efectivos policiales, aunque la experiencia indica que estos procesos suelen concluir sin sanciones efectivas o con medidas disciplinarias menores.

El patrón de la represión

Un camarógrafo del canal A24, que cubría los operativos en el Congreso por protestas contra la modificación de la Ley de Glaciares, fue agredido y detenido por personal de la Policía Federal, que luego lo liberó, y todo quedó registrado por las cámaras de diversos medios. Las imágenes documentan la violencia policial contra trabajadores de prensa y desmienten la narrativa oficial del «forcejeo» que sugiere una responsabilidad compartida en el incidente.

La agresión a Facundo se suma a un patrón sistemático de hostigamiento a la prensa que caracteriza la gestión de las fuerzas de seguridad bajo las directivas del oficialismo. Los trabajadores de prensa que cubren protestas sociales contra políticas del Gobierno enfrentan cada vez más restricciones, amenazas y agresiones físicas por parte de efectivos policiales que actúan con impunidad.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y ex ministra de Seguridad, fue consultada sobre la agresión y afirmó que «ella ya no es más Ministra de Seguridad Nacional». Sin embargo, confirmó que al policía implicado se le «inició un sumario» debido a que su conducta como efectivo «fue inadecuada». La respuesta de Bullrich evidencia un intento de desligarse de la responsabilidad política sobre políticas de seguridad que ella misma impulsó y que hoy se traducen en represión contra manifestantes y prensa.

Greenpeace y el derecho a la protesta

El contexto de la agresión al camarógrafo fueron las protestas contra la reforma de la Ley de Glaciares, que este jueves se debatió en el Senado. Los 12 activistas de Greenpeace detenidos saltaron la reja del Congreso y se sentaron en las escalinatas en una acción de desobediencia civil pacífica para visibilizar el rechazo a una norma que habilita la megaminería en zonas de ambiente periglacial actualmente protegidas como reservas estratégicas de agua dulce.

La respuesta del Estado a la protesta ambiental fue la represión policial, las detenciones masivas y la agresión a trabajadores de prensa. El derecho a la protesta y la libertad de prensa quedan subordinados a las prioridades de un Gobierno que impulsa una agenda extractivista sin consenso social ni consulta a las comunidades afectadas.

La apertura de actuaciones administrativas por parte de la Policía Federal es un reconocimiento tardío e insuficiente de que hubo violencia policial contra un trabajador de prensa. Sin embargo, la experiencia indica que estos sumarios internos rara vez derivan en sanciones efectivas. Mientras tanto, las imágenes de la agresión circulan en medios y redes sociales como testimonio de un hecho que no admite eufemismos: un camarógrafo fue agredido, detenido y herido por cumplir su trabajo.

Puntos clave:

• La Policía Federal inició actuaciones administrativas y sumario interno tras agredir al camarógrafo Facundo de A24 durante protestas por la Ley de Glaciares

• La fuerza habló de «forcejeo» pero las imágenes muestran clara agresión policial con detención arbitraria del trabajador de prensa

• El caso pasó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Marcelo Pedro Martínez de Giorgi

• Facundo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con lesiones leves y efecto de gases, su colega Agustina Bilotti fue asistida sin traslado

• La agresión se produjo mientras la PFA trasladaba a 12 activistas de Greenpeace detenidos tras ocupar las escalinatas del Congreso ★

Chaco

Zdero y la mordaza prensa: un periodista preso siete horas por preguntar sobre la falta de agua

Fernando Ojeda, cronista de TV Local, fue detenido en Margarita Belén tras una consulta que incomodó al gobernador radical. La policía justificó el arresto con acusaciones de desorden, mientras el jefe de la fuerza y el juez de paz ensayaron versiones contradictorias.

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El Argentino Diario-Chaco-Leandro Zdero.

Margarita Belén se convirtió en el escenario de un grave atropello a la libertad de expresión que sacudió a la provincia del Chaco. El periodista Fernando Ojeda, trabajador del medio TV Local, terminó detenido de forma arbitraria luego de intentar realizar una consulta al gobernador Leandro Zdero. El cronista permaneció privado de su libertad durante siete horas bajo una acusación de «promover desorden» que despertó el repudio inmediato de sus colegas y de organismos de prensa locales.

El incidente ocurrió durante una visita oficial del mandatario radical al Club San Martín. Según registros fílmicos que circularon con rapidez, Ojeda se acercó al gobernador para consultarle sobre las deficiencias en el suministro de agua potable en la zona. Ante la pregunta, Zdero evitó dar una respuesta técnica o política y optó por descalificar al trabajador al tildarlo de militante kirchnerista antes de continuar su camino. Minutos después, efectivos policiales procedieron a la aprehensión del joven.

Versiones cruzadas y abusos de poder

La Policía del Chaco emitió un comunicado donde intentó justificar el arresto con el argumento de que el ciudadano buscó «violar el perímetro de seguridad» y que intentó fugarse. Sin embargo, el jefe de la fuerza, Fernando Romero, brindó una explicación distinta en contacto con los medios. Romero negó que el arresto estuviera vinculado a la labor de prensa o a la seguridad de Zdero y afirmó que se debió a un supuesto «entredicho» e insultos hacia el personal de seguridad a cien metros del club.

El Juez de Paz de Margarita Belén, José Luis Pontón, reconoció ante el portal Litigio que no tomó contacto directo con el cronista ni constató su estado de salud antes de ratificar el procedimiento. Pontón admitió que su decisión se basó exclusivamente en la versión policial y afirmó que no tuvo constancia de que el episodio ocurrió durante una cobertura periodística, un dato que pone de manifiesto la precariedad legal del proceso.

El uso de figuras comodín contra la prensa

El caso generó una fuerte alerta en el arco periodístico regional debido al uso de figuras contravencionales que funcionan como herramientas de disciplinamiento. La creación de conceptos como la violación de perímetros para restringir el acceso de los trabajadores a los funcionarios públicos representa un antecedente peligroso para el ejercicio de la profesión en la provincia.

Finalmente, Pontón ordenó la libertad de Ojeda a la una de la madrugada al considerar que no existían motivos para mantener una prisión preventiva. La prensa local confirmó que el hecho despertó la solidaridad de diversos sectores que exigen garantías para que preguntar no sea motivo de detención en el Chaco de Zdero.

Puntos clave

  • Un periodista de TV Local fue detenido siete horas en Margarita Belén.
  • El gobernador Leandro Zdero lo calificó de «militante» ante una consulta sobre el agua.
  • La policía y el juez de paz brindaron versiones contradictorias sobre el arresto.
  • Denuncian el uso de figuras contravencionales para cercenar la libertad de prensa.
  • El trabajador fue liberado durante la madrugada sin cargos claros.

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