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Energía

Piden tarifazo de hasta 89% en tarifas de energía eléctrica

Las empresas transportadoras realizaron el pedido en el marco de la audiencia pública convocada por el ENRE, que realizará otra consulta el lunes 29 de enero.

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Las distribuidoras de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) solicitaron este viernes incrementos que implican aumentos promedio en la tarifa final de hasta el 89%, sobre el que reclaman que se realicen actualizaciones «mensualmente y de forma automática».

Los pedidos fueron formulados en el marco de la audiencia pública virtual convocada para este viernes por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que realizará otra consulta el lunes 29 de enero para analizar las solicitudes de las empresas transportadoras de todo el país.

La audiencia pública comenzó con 1 hora y 45 minutos de retraso respecto del horario de la convocatoria (8:30), y tuvo un desarrollo accidentado «por problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad», dijo el interventor del ENRE, Darío Arrué.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, fue el primer expositor y remarcó la necesidad de aplicar una «readecuación de la estructura tarifaria de forma transitoria», en un plazo que no puede exceder el año en curso o la convocatoria a una revisión tarifaria quinquenal integral.

En ese sentido, abogó por una reasignación de los subsidios, en el marco de una «nueva conceptualización» para concentrarlos en los sectores socialmente más vulnerables.

«Cierta categoría de usuarios está convencida que paga la tarifa plena, pero es artificialmente plena, y creen que subsidian a otros usuarios, pero nada de eso es cierto y real», manifestó, al tiempo que criticó que luego de «dos décadas de disfuncionamiento energético» se haya generado una tarifa «carente de toda razonabilidad», con «un fomento del consumo sin control» que dejó al sistema «al borde del colapso».

Rodríguez Chirillo disertó junto con la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, quien delineó como «propuesta de cambio» la determinación de los ingresos totales del grupo conviviente y no sólo del usuario titular del servicio.

Para eso, remarcó la importancia de establecer una Canasta Básica Energética (CBE) que establezca los distintos tipos de requerimientos de consumo en las distintas zonas del país, «subsidiando situaciones de vulnerabilidad» en base a un diferencial entre el valor de la canasta y los ingresos familiares.

«Veo que la discusión se focaliza en los porcentajes de aumentos y se pierde de vista que el aumento de tarifas es una corrección de precios relativos», señaló, para agregar que «hay costos que deben ser pagados, el gobierno anterior decidió hacerlo con impuestos e inflación y este gobierno con tarifas que cubran los costos, para reducir el déficit fiscal».

Con ese criterio, Beljansky sostuvo que «los aumentos tarifarios, lejos de aumentar la inflación, la reducirán».

Por su parte, el representante de Edenor, Guido Hernández, solicitó un requerimiento anual de ingresos de $521.303 millones, lo que implica un incremento promedio del 89% en la factura para el 80% de los clientes de la compañía.

De esa forma, explicó, la factura promedio pasará a ser de $ 7.619, que representa un incremento diario de $ 246, que comparó con el precio de «medio alfajor».

Asimismo, para un 10% de consumos altos el promedio será de $33.771 y para el 10% restante, de mayores consumos, será de $68.425 en promedio, siempre respetando consumos similares a los que se venían registrando.

Como la participación del Valor Agregado de Distribución (VAD) es del 29% del total de la tarifa, «Edenor recibirá sólo $ 2.209 por factura promedio, el equivalente al costo de una botella de gaseosa», comparó Hernández.

Por su parte, Jorge Lemos, de Edesur, advirtió que la audiencia se convocó «sólo para analizar el impacto de la inflación en la remuneración» de la empresa «y no la conclusión de una revisión tarifaria», por lo que no dio precisiones sobre incrementos solicitados, pero remarcó que «es necesario contar con una adecuación sistemática y efectiva».

Al respecto, cuestionó que la región de AMBA tiene «una de las tarifas más bajas del país y no existe justificación técnica para este desbalance», además de recordar que «Edesur no recibe ningún tipo de subsidios (se concentran exclusivamente en la generación) y es correcto que así sea».

Para finalizar, detalló que de cada $ 1.000 pesos que paga el usuario en la factura, Edesur recibe $ 270, y ese es «el único recurso con el que cuenta la empresa para desarrollar sus actividades».

Desregulación

El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica

La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.

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La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener

★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.

Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.

Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales

Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.

Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.

La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).

La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.

Los socios del poder detrás del consorcio ganador

La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.

Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.

El marco legal y la lógica del desguace

El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.

La obra que se canceló y el proyecto que no llegó

Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.

Puntos clave

  • El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
  • Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
  • El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
  • Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
  • No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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