Conectate con El Argentino

Energía

Piden tarifazo de hasta 89% en tarifas de energía eléctrica

Las empresas transportadoras realizaron el pedido en el marco de la audiencia pública convocada por el ENRE, que realizará otra consulta el lunes 29 de enero.

Publicado hace

#

Las distribuidoras de energía eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) solicitaron este viernes incrementos que implican aumentos promedio en la tarifa final de hasta el 89%, sobre el que reclaman que se realicen actualizaciones «mensualmente y de forma automática».

Los pedidos fueron formulados en el marco de la audiencia pública virtual convocada para este viernes por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que realizará otra consulta el lunes 29 de enero para analizar las solicitudes de las empresas transportadoras de todo el país.

La audiencia pública comenzó con 1 hora y 45 minutos de retraso respecto del horario de la convocatoria (8:30), y tuvo un desarrollo accidentado «por problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad», dijo el interventor del ENRE, Darío Arrué.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, fue el primer expositor y remarcó la necesidad de aplicar una «readecuación de la estructura tarifaria de forma transitoria», en un plazo que no puede exceder el año en curso o la convocatoria a una revisión tarifaria quinquenal integral.

En ese sentido, abogó por una reasignación de los subsidios, en el marco de una «nueva conceptualización» para concentrarlos en los sectores socialmente más vulnerables.

«Cierta categoría de usuarios está convencida que paga la tarifa plena, pero es artificialmente plena, y creen que subsidian a otros usuarios, pero nada de eso es cierto y real», manifestó, al tiempo que criticó que luego de «dos décadas de disfuncionamiento energético» se haya generado una tarifa «carente de toda razonabilidad», con «un fomento del consumo sin control» que dejó al sistema «al borde del colapso».

Rodríguez Chirillo disertó junto con la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, quien delineó como «propuesta de cambio» la determinación de los ingresos totales del grupo conviviente y no sólo del usuario titular del servicio.

Para eso, remarcó la importancia de establecer una Canasta Básica Energética (CBE) que establezca los distintos tipos de requerimientos de consumo en las distintas zonas del país, «subsidiando situaciones de vulnerabilidad» en base a un diferencial entre el valor de la canasta y los ingresos familiares.

«Veo que la discusión se focaliza en los porcentajes de aumentos y se pierde de vista que el aumento de tarifas es una corrección de precios relativos», señaló, para agregar que «hay costos que deben ser pagados, el gobierno anterior decidió hacerlo con impuestos e inflación y este gobierno con tarifas que cubran los costos, para reducir el déficit fiscal».

Con ese criterio, Beljansky sostuvo que «los aumentos tarifarios, lejos de aumentar la inflación, la reducirán».

Por su parte, el representante de Edenor, Guido Hernández, solicitó un requerimiento anual de ingresos de $521.303 millones, lo que implica un incremento promedio del 89% en la factura para el 80% de los clientes de la compañía.

De esa forma, explicó, la factura promedio pasará a ser de $ 7.619, que representa un incremento diario de $ 246, que comparó con el precio de «medio alfajor».

Asimismo, para un 10% de consumos altos el promedio será de $33.771 y para el 10% restante, de mayores consumos, será de $68.425 en promedio, siempre respetando consumos similares a los que se venían registrando.

Como la participación del Valor Agregado de Distribución (VAD) es del 29% del total de la tarifa, «Edenor recibirá sólo $ 2.209 por factura promedio, el equivalente al costo de una botella de gaseosa», comparó Hernández.

Por su parte, Jorge Lemos, de Edesur, advirtió que la audiencia se convocó «sólo para analizar el impacto de la inflación en la remuneración» de la empresa «y no la conclusión de una revisión tarifaria», por lo que no dio precisiones sobre incrementos solicitados, pero remarcó que «es necesario contar con una adecuación sistemática y efectiva».

Al respecto, cuestionó que la región de AMBA tiene «una de las tarifas más bajas del país y no existe justificación técnica para este desbalance», además de recordar que «Edesur no recibe ningún tipo de subsidios (se concentran exclusivamente en la generación) y es correcto que así sea».

Para finalizar, detalló que de cada $ 1.000 pesos que paga el usuario en la factura, Edesur recibe $ 270, y ese es «el único recurso con el que cuenta la empresa para desarrollar sus actividades».

Medio Ambiente 🌱

La Hidrovía quedó en manos de Jan De Nul: el negocio de los amigos de Caputo se concretó

El Gobierno nacional completó la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y adjudicó la concesión al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. La decisión se oficializó mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), publicada en el Boletín Oficial, a pesar de las advertencias de irregularidades formuladas por organismos del propio Estado.

Publicado hace

#

Jan De Nul opera el canal desde 1995. La concesión se extiende por 25 años, con posibilidad de prórroga de hasta cinco años adicionales. El contrato definitivo deberá firmarse en los próximos 30 días. Este diario alertó en febrero de 2025 que el proceso licitatorio registraba poca competencia y falta de transparencia: en la apertura de ofertas de aquel momento, solo una empresa había presentado propuesta.

Un proceso cuestionado desde el inicio

La licitación nunca estuvo exenta de polémicas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal alertando sobre irregularidades graves: ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas y cláusulas que exigen una garantía de diez millones de dólares para poder impugnar decisiones administrativas. Fue el tercer informe crítico sobre el proceso.

El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen para exigir la suspensión inmediata de la licitación. El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido cautelar, coincidiendo con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, y concluyó que no existían elementos suficientes para detener el proceso. El Gobierno siguió adelante.

La trama Neuss-Caputo-Servimagnus

El reparto del negocio no sorprende a quienes siguen la trama de poder del gobierno de Javier Milei. Este diario publicó en marzo de 2025 que los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, ligados al asesor presidencial Santiago Caputo, figuraban entre los principales beneficiarios de las privatizaciones del ciclo Milei. Los Neuss financian la Fundación Faro, que conduce Francisco Caputo, hermano de Santiago. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas de recaudación para La Libertad Avanza y, en febrero de 2025, aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria de cara a las elecciones de medio término.

El Grupo Neuss figura como probable subcontratista del dragado que ejecutará Jan De Nul. Servimagnus, el socio local del consorcio adjudicatario, pertenece a Ricardo Román, cuya familia integra el mapa de empresarios vinculados al entorno del Gobierno junto a los nombres de Gustavo Elías y Juan Ondarcuhu. El periodista Alejandro Bercovich describió el esquema: una vez firmado el contrato, Jan De Nul deberá subcontratar servicios a otras empresas para cumplir con las demandas del Estado, y ahí es donde ingresa el círculo de Caputo.

Como señaló el análisis de Jesús Rivero en El Argentino, la dimensión del negocio es también geopolítica. El congresista republicano Brian Mast, aliado de Donald Trump, envió una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una presunta «influencia maligna china» en la puja. Esa misma semana, Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, con el director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y con el embajador Alec Oxenford. El consorcio competidor DEME intentó instalar que Servimagnus tenía vínculos con capitales chinos a través de Agrofina; Jan De Nul y Servimagnus rechazaron esas acusaciones como «falsas y malintencionadas».

Las cifras de la entrega

Por la Hidrovía transita cerca del 80% de las exportaciones argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y derivados por año. Las proyecciones oficiales de la Anpyn estiman una facturación anual promedio cercana a los 628 millones de dólares para la concesionaria, con ingresos acumulados que podrían superar los 15.700 millones de dólares en 25 años. El esquema no contempla garantías ni aportes del Estado: es concesión por peaje y a riesgo empresario.

Las proyecciones prevén un crecimiento del tráfico internacional del 38,1% durante la concesión, del cabotaje un 28,2%, y del tramo Santa Fe-norte del país un 52,4%. La mayor parte de las inversiones se concentrará en los primeros siete años; la rentabilidad máxima llegaría recién a partir del año dieciséis.

El contrato está firmado en los papeles. Lo que queda por verse es cuánto de ese negocio estratégico termina en manos del círculo que rodea al poder, y cuánto le queda al país.

Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo