Sociedad
Murió un chico por incendio en Instituto de Menores de Pablo Nogués
Tras tres meses de agonía, se produjo el fallecimiento de un adolescente y desde la Comisión Provincial de la Memoria se denunció las graves condiciones de detención que padecen los menores en conflicto con la ley.
Un joven falleció, luego de tres meses de permanecer internado por las graves lesiones que le provocaron las quemaduras y la inhalación de humo tóxico durante un incendio en la celda del centro de recepción Pablo Nogués donde estaba alojado.
En la madrugada del 15 de julio, luego de reiterados reclamos no atendidos por las malas condiciones de detención, se inició un fuego que alcanzó los colchones y se produjo una humareda, que afectó a varios adolescentes.
Uno de ellos, de nombre Alex, junto a su compañero de celda, padecieron las mayores consecuencias, sin recibir la debida atención de los operadores de ese instituto de menores
“Las graves condiciones de detención, las torturas y el extremo régimen de vida en los centros cerrados para jóvenes producen muertes”, sentencian desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), quien tomó intervención en el caso de manera inmediata.
El chico fue internado en el Hospital Abete de Pablo Nogués, para luego ser derivados a un sanatorio privado ante la complejidad de su cuadro de salud. Luego de tres meses, se fue deteriorando, en varios días estuvo sedado e inconsciente
En ese contexto, “personal policial obstaculizó el vínculo con los padres y llegó a tenerlo esposado a la cama, motivando la presentación de un habeas corpus”, denunció la CPM, quien dio cuenta del fallecimiento de Alex, producido en los últimos días.
Además, consignaron que la defensa oficial pidió la libertad condicional o, subsidiariamente, el arresto domiciliario para el momento en que tenga el alta médica. Sin embargo, el fiscal Marcelo Tonelli solicitó se rechace la libertad y se traslade a la Unidad Penal Nro. 22 de Lisando Olmos, pese a los informes médicos desfavorables que daban cuenta de su gravísimo estado.
No obstante, la jueza le concedió la prisión domiciliaria y el fiscal insistió en su postura, que le fue rechazada. La CPM realizó la denuncia penal ante la Ayudantía Fiscal de Investigación de Delitos en Unidades Carcelarias e hizo distintas gestiones para evitar la cremación y garantizar las medidas de prueba necesarias.
“La muerte de Alex es la consecuencia de condiciones de encierro que violan los derechos humanos. Desde hace años, venimos denunciando el régimen de vida que padecen los jóvenes dentro de este dispositivo: aislamiento extremo que alcanza las 20 horas diarias de encierro en la celda, falta de acceso a internet para sus celulares, condiciones edilicias deplorables y escasez de insumos para higiene personal. Se suman además otras vulneraciones de derechos como malos tratos por parte del personal y requisas vejatorias a sus familiares”, se indicó.
Política 📢
Radiografía de la desesperación: el salto crítico de los suicidios en la era Milei
El suicidio ya es la primera causa de muerte violenta en Argentina. Con 4.249 muertes en 2024 y casi 12.000 intentos en los primeros diez meses de 2025, la crisis de salud mental se convirtió en la cara más silenciosa y brutal del ajuste libertario: el Estado que se retira deja a su paso una sociedad que implosiona.
Récord histórico de la era Milei: 4.249 suicidios en 2024 y casi 12.000 intentos en 2025
★ El malestar subjetivo en la Argentina dejó de ser una percepción difusa para convertirse en una estadística que alarma y que, sin embargo, no ocupa ningún lugar en la agenda del Gobierno de Javier Milei. Según el Boletín Epidemiológico Nacional publicado el 29 de diciembre de 2025 por el Ministerio de Salud de la Nación, hasta el 31 de octubre de ese año se habían registrado 11.799 intentos de suicidio en todo el país, lo que equivale a más de 33 personas por día que intentaron quitarse la vida. Una cifra que, según especialistas, subestima la realidad: los casos que no llegan al sistema de registro oficial son muchos más.
Ese mismo boletín, el último del año pasado, no fue casualidad en la elección de su portada: la imagen de un folleto con el lema «el suicidio se puede prevenir». Un recordatorio involuntariamente irónico de un Estado que simultáneamente vacía los recursos destinados a la prevención.
El récord que nadie festeja
El informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación confirma que durante 2024 se registraron 4.249 muertes por suicidio en todo el país, la cifra más alta de la que se tenga registro. Desde 2023, el suicidio superó a los siniestros viales y a los homicidios dolosos como la principal causa de muerte violenta en Argentina. En términos crudos, como contabilizó el medio Perfil, una persona se suicida cada dos horas en el país.
El registro de intentos, incorporado como notificación obligatoria al Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS) a partir de abril de 2023, arroja otro dato estructural: entre ese mes y octubre de 2025, se notificaron en total 22.249 episodios de tentativas de suicidio, un promedio de 24 por día. El propio boletín ministerial advierte que esa cifra «no puede ser tomada aún de manera representativa de la realidad», dado que refleja el proceso de implementación del registro y no la totalidad de los casos.
La franja etaria de mayor riesgo es la de jóvenes entre 15 y 24 años, donde el suicidio representa la segunda causa de muerte entre los 10 y los 19 años. En el grupo de 15 a 19 años, la tasa trepa a 12,7 por cada 100.000 habitantes, según el boletín. En cuanto al género, los varones concentran el 80% de los suicidios consumados, con una tasa de letalidad en los intentos de 10,8%, cinco veces mayor que en las mujeres, según datos del Boletín Oficial. Las mujeres, en cambio, registran el 61% de los intentos totales.
Del caso Estivill a la implosión sistémica
El fenómeno no es nuevo, pero su magnitud sí. El caso de Rodolfo Estivill, el jubilado de 91 años que en junio de 2017 se disparó en una oficina de ANSES en Mar del Plata antes de gritar «ya no aguanto más», sintetizó el impacto del ajuste previsional durante el gobierno de Mauricio Macri y conmovió al país. Aquel hecho individual, que simbolizó la desesperación ante un Estado que retaceaba lo que la gente había aportado toda su vida, encuentra hoy su versión sistémica y silenciosa.
Lo que entonces fue un acto visible de desesperación se multiplica ahora de manera invisible en miles de hogares donde la crisis económica funciona como detonante de patologías mentales preexistentes o latentes. Según investigaciones académicas relevadas por el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, los factores socioeconómicos, como la pérdida de empleo, la caída del salario real y la incertidumbre sobre el acceso a servicios básicos, constituyen condicionantes directos del malestar psíquico. Cuando esos factores se acentúan de manera simultánea y sostenida, el riesgo suicida aumenta de manera proporcional.
El desguace de la salud mental como política de Estado
El crecimiento exponencial de la demanda de atención colisiona de frente con el retiro sistemático del Estado como garante de salud pública. Los datos son contundentes y provienen de fuentes oficiales y de organismos independientes.
Según el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria publicado en marzo de 2026 sobre los dos primeros años de gestión libertaria, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud de la Nación cayó un 31% en términos reales entre 2023 y 2024. En 2025, el recorte se profundizó con una reducción adicional del 18,2% respecto al año anterior, según el análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Un programa financiado específicamente bajo la Ley de Salud Mental N° 26.657 sufrió una reducción del 34% en su presupuesto real para 2025, también de acuerdo a ese relevamiento.
El caso más emblemático del desguace es el Hospital Laura Bonaparte, el único establecimiento público especializado en salud mental y adicciones de nivel nacional: su presupuesto acumuló una caída del 46% entre 2023 y 2026, según la Fundación Soberanía Sanitaria. En octubre de 2024, por orden de la conducción del hospital, se cerraron la internación, la guardia interdisciplinaria y la demanda espontánea. Al mismo tiempo, el Gobierno anunció recortes de más de 700 millones de pesos para el presupuesto de 2025 de esa institución y la no renovación de contratos de gran parte de su personal, según datos de enero de 2025.
El ajuste no se limita a los centros especializados. Según informes del sindicato de salud FESPROSA, el desfinanciamiento de programas como el Remediar dejó a hospitales públicos de todo el país sin recursos para proveer psicofármacos, lo que incrementó la demanda sobre un sistema que ya no tiene capacidad de respuesta. En provincias como La Pampa y Catamarca se registraron paros de trabajadores de salud mental por condiciones laborales indignas y falta de profesionales.
El monitor del gasto primario de la consultora Analytica, relevado por teleSUR, confirmó que la inversión devengada en el Ministerio de Salud acumuló una caída del 9,8% en términos reales durante los primeros cinco meses de 2025 respecto al mismo período del año anterior, ubicando el gasto actual en salud por debajo de los niveles de la prepandemia.
La «privatización» del sufrimiento y la violencia hacia adentro
Los especialistas consultados por distintos medios nacionales coinciden en un diagnóstico que el Gobierno evita enunciar: el ajuste no solo destruye las redes de contención material, sino también las simbólicas. La narrativa del «mérito individual», la responsabilización de cada persona por su situación económica y el discurso de confrontación permanente desde el poder político generan lo que las ciencias sociales denominan anomia social, una pérdida del lazo colectivo que empuja el malestar hacia adentro en lugar de canalizarlo colectivamente.
Ese fenómeno de «implosión» tiene consecuencias medibles. Los datos de organismos de monitoreo de violencia de género muestran que en contextos de crisis económica aguda, la violencia machista y los femicidios tienden a recrudecerse. Las mujeres que pierden autonomía económica o acceso a programas sociales quedan más expuestas a sus agresores. Los varones que no pueden sostenerse en el rol de proveedor, en una cultura que todavía lo exige, suelen descargar esa frustración sobre los más vulnerables de su entorno inmediato o sobre sí mismos. El resultado es la retroalimentación entre suicidio, violencia intrafamiliar y desintegración del tejido social, todo en un contexto donde el Estado retrocede.
Según datos de la Universidad Católica Argentina (UCA) correspondientes al período 2024-2025, el malestar psicológico se duplica en los sectores que se encuentran por debajo de la línea de pobreza e indigencia, donde la lucha cotidiana por la supervivencia consume la energía necesaria para sostener vínculos sociales y buscar ayuda profesional.
Puntos clave
- El Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud registró 11.799 intentos de suicidio en los primeros diez meses de 2025, más de 33 por día.
- En 2024 se contabilizaron 4.249 muertes por suicidio, el récord histórico, convirtiendo al suicidio en la primera causa de muerte violenta del país, según el SNIC.
- El presupuesto del Ministerio de Salud cayó un 31% real entre 2023 y 2024 y un 18,2% adicional en 2025; el Hospital Laura Bonaparte acumuló un recorte del 46% entre 2023 y 2026.
- El programa de Ley de Salud Mental N° 26.657 sufrió una reducción del 34% en términos reales para 2025.
- Los jóvenes de 15 a 24 años concentran la mayor tasa de suicidios; los varones representan el 80% de los casos consumados.
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