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Quién es Julito, el narco señalado por el secuestro y asesinato de tres jóvenes

Julio Valverde, alias Pequeño J, está prófugo y señalado como quien ordenó matar a Lara, Brenda y Morena en un brutal ajuste de cuentas narco.

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Lo que tenés que saber

  • Lo acusan de ordenar el secuestro y asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela.
  • Se lo conoce como “Pequeño J” o “Julito”; tiene 23 años y sería de nacionalidad peruana.
  • La policía lo buscó sin éxito en Villa Zavaleta, donde habría sido visto antes del allanamiento.
  • Se sospecha que transmitió el crimen por redes privadas como mensaje mafioso.
  • La investigación es liderada por fiscalías especializadas en narcotráfico y crimen organizado.

Buscan a Pequeño J, acusado de ordenar el triple crimen en Florencio Varela

La investigación por el asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) apunta a un presunto narco de origen peruano apodado “Pequeño J”, también conocido en el ambiente delictivo como “Julito”. Lo acusan de haber dado la orden directa para el secuestro, tortura y asesinato de las tres jóvenes, en un caso que los fiscales consideran un crimen mafioso vinculado al narcotráfico.

El principal sospechoso fue identificado como Julio Valverde o Julio Noguera, tiene 23 años y no figura con documentación oficial en el expediente judicial. Sin embargo, existe una orden de captura activa y los investigadores lo describen como un delincuente violento y peligroso.

Allanan Villa Zavaleta tras seguir sus pasos

Durante las últimas horas, la Policía Bonaerense montó operativos en Villa Zavaleta, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, con la intención de capturarlo. Según testigos, había sido visto en una parrilla del barrio y también en un departamento ubicado en un tercer piso, lugar que abandonó minutos antes del allanamiento.

Junto con Pequeño J, también se investiga a otro presunto implicado, identificado como M.A.O., cuyo nombre aparece en otros tramos de la causa.

Sospechas de transmisión mafiosa y ajustes narcos

Una de las líneas investigativas plantea que el crimen de las tres chicas se originó por un presunto robo de dinero y cocaína, y que Pequeño J habría contratado sicarios para ejecutar el ajuste. También se analiza si el asesinato fue transmitido por redes sociales en un grupo privado, como advertencia dentro de un conflicto interno narco.

“La hipótesis principal de los investigadores es que contrató sicarios para llevar adelante un crimen premeditado, motivado por un supuesto robo de dinero y cocaína. Incluso, se sospecha que habría organizado la transmisión en vivo del asesinato a través de un grupo privado en redes sociales, para dejar un mensaje mafioso explícito.”

Una estructura difícil de penetrar

Algunos referentes de seguridad y fuerzas federales aseguran no tener registros previos de Pequeño J ni ubicarlo dentro de las redes más conocidas de la Villa Zavaleta o la 1-11-14. Tampoco lo vinculan directamente con Marco Antonio González, alias Marcos, otro narco peruano expulsado años atrás.

Pese a eso, las fuentes admiten que existen grupos narcos aún invisibilizados por el radar judicial, especialmente en zonas del conurbano. Por ese motivo, no se descarta que el centro de operaciones de Pequeño J esté vinculado a Florencio Varela y alrededores, donde ocurrió el crimen.

Intervención de fiscalías especializadas

El avance del caso cuenta con la intervención de la PROCUNAR, a cargo de Diego Iglesias, y de la fiscal Cecilia Amil, especializada en delitos vinculados al narcotráfico. Ambos organismos trabajan en conjunto con el fiscal Gastón Duplaá, que conduce la causa desde La Matanza.

Por el momento, no hay cargos judiciales sobre los cuatro detenidos en Florencio Varela, pero uno de ellos sería familiar de Pequeño J, lo que profundiza el foco sobre su posible rol como autor intelectual del crimen.

El caso, que generó impacto nacional, reúne elementos de violencia extrema, transmisión deliberada del horror y lógica mafiosa, dentro de una estructura narco todavía en investigación.

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Dos Adorni, dos causas: tras ser imputado, levantaron el secreto fiscal del hermano del vocero

El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó la imputación de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del actual Jefe de Gabinete, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se originó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

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El cerco judicial se amplía: imputan y levantan el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni

El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, diputado provincial bonaerense y hermano del Jefe de Gabinete, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se suma al expediente que ya pesa sobre Manuel Adorni ante la justicia federal, configurando un panorama judicial sin precedentes para una de las figuras más visibles del gobierno de Javier Milei.

La nueva causa: Francisco Adorni en la mira judicial

Este miércoles, el fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó la imputación de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del actual Jefe de Gabinete, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se originó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien alertó sobre presuntas inconsistencias en el patrimonio declarado por el legislador bonaerense.

Al día siguiente, el juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a las veinte medidas de prueba solicitadas por Marijuan y dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado, habilitando el acceso a la documentación del ARCA (ex AFIP) y ordenando la remisión a la fiscalía de un informe completo del sistema EFISCO, que incluye las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA de Francisco Adorni.

Lo que investiga la Justicia

Según la información disponible en la causa, los puntos centrales de la investigación son tres: un crédito hipotecario de $60 millones que habría sido cancelado en el plazo inusualmente breve de doce meses; la adquisición del 50% de un vehículo sin justificación patrimonial clara; y un incremento patrimonial del 84% en el transcurso de un año, cifra que los investigadores consideran incompatible con los ingresos declarados por el diputado provincial.

Las veinte medidas de prueba dispuestas por Casanello apuntan a reconstruir de forma integral el patrimonio y el flujo de fondos de Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad, lo que supone un rastreo exhaustivo de sus movimientos financieros durante el período que coincide, parcialmente, con el ascenso político de su hermano Manuel.

El expediente que ya pesa sobre Manuel Adorni

La imputación de Francisco Adorni no se produce en el vacío. Desde hace semanas, el propio Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación paralela ante la justicia federal, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, por un patrimonio bajo sospecha que ya supera los 840.000 dólares.

En ese expediente se investigan, entre otros hechos, la compra de un departamento en el barrio de Caballito por 230.000 dólares con una modalidad de pago que incluyó una deuda con dos jubiladas cuyos hijos son socios de una desarrolladora inmobiliaria, y refacciones de lujo en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que ascendieron a 245.000 dólares abonados íntegramente en efectivo y sin factura, según la declaración testimonial del contratista Matías Tabar. Entre las mejoras contratadas figuran una pileta con cascada, un quincho con parrilla valuada en 15.000 dólares y baños con jacuzzi.

Además, se indaga el uso del avión presidencial para trasladar a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, a Nueva York, y la posible vinculación del entorno de Adorni con la denominada Causa $Libra, una estructura de presunto lavado de dinero y movimientos financieros off-shore. En ese marco, la diputada Marcela Pagano, la misma legisladora que denunció a Francisco Adorni, también solicitó la detención de Manuel Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia.

Una familia bajo la lupa del Poder Judicial

La apertura simultánea de causas contra ambos hermanos configura una situación inédita en la historia reciente del gabinete nacional. Lo que comenzó como una investigación sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete se extiende ahora al núcleo familiar más próximo, con dos jueces federales y dos fiscales actuando en expedientes que, aunque formalmente separados, comparten protagonistas, denunciantes y contextos.

La decisión del juez Casanello de levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, apenas un día después de su imputación, indica que la investigación avanza con celeridad y que la Justicia considera que existe mérito suficiente para profundizar el escrutinio sobre los movimientos financieros del diputado bonaerense.

Puntos clave:

  • El fiscal Marijuan imputó a Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del Jefe de Gabinete, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
  • El juez Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario y habilitó veinte medidas de prueba.
  • Se investiga un crédito hipotecario de $60 millones cancelado en doce meses y un incremento patrimonial del 84% en un año.
  • Manuel Adorni enfrenta una causa paralela ante el juez Lijo por un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares.
  • La diputada Marcela Pagano es la denunciante en ambas causas y también solicitó la detención del Jefe de Gabinete.
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