El vallado no es solo físico. También es político. Este miércoles, mientras comenzaban las audiencias por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el cerco de hierro que rodeó el Palacio Legislativo pareció funcionar como una metáfora demasiado evidente: adentro, un debate comprimido; afuera, una participación encapsulada.

La escena no fue novedosa, pero sí elocuente. Fuerzas federales en cada esquina, accesos restringidos, calles cortadas y una circulación ciudadana reducida al mínimo. El Congreso, ese espacio que la Constitución define como caja de resonancia de la voluntad popular, amaneció blindado frente a la misma sociedad que dice representar.

Audiencias públicas, pero no tanto

Más de 100.000 personas se habían inscripto para participar. El número, en cualquier democracia que se precie de tal, debería haber encendido alertas sobre la necesidad de ampliar canales de intervención. Ocurrió lo contrario.

Intervenciones limitadas a cuatro minutos.

Selección discrecional de oradores.

Participación efectiva reducida a una fracción ínfima.

El resultado fue una audiencia que, lejos de abrir el debate, lo administró. O, como denunciaron algunos legisladores, lo domesticó.

El diputado Maximiliano Ferraro fue directo: habló de “farsa”. No por el tema (la protección de los glaciares) sino por el procedimiento. La diputada Sabrina Selva apuntó en la misma dirección: participación “cercenada” y reglas cambiantes.

Escazú, en pausa

Entre las objeciones aparece una referencia incómoda para el oficialismo: el Acuerdo de Escazú. Ese tratado, celebrado en su momento como un avance regional en materia de democracia ambiental, establece el derecho a la participación efectiva en decisiones que afecten el ambiente.

La pregunta, entonces, no es jurídica sino política: ¿puede considerarse “participación” un mecanismo que deja afuera al 99,7% de quienes quisieron intervenir?

El método también es el mensaje

El apuro por avanzar hacia el dictamen (con una ley que ya tiene media sanción del Senado) contrasta con la densidad del tema en discusión. No se trata de cualquier norma: la Ley de Glaciares regula actividades extractivas en zonas sensibles y define límites a intereses económicos de peso.

En ese contexto, el formato elegido no aparece como un detalle técnico, sino como una señal. Cuando el tiempo se recorta, cuando la palabra se filtra y cuando el Congreso se rodea de vallas, el mensaje deja de ser neutro.

El riesgo no es solo ambiental. Es institucional.

Porque cuando la participación se convierte en trámite, y el debate en formalidad, lo que se erosiona no es una ley. Es algo bastante más profundo: la idea misma de que la democracia puede, y debe, ser algo más que una puesta en escena.