Legislativo
Adorni va al Congreso y el oficialismo intenta blindarlo por los escándalos de corrupción
El miércoles 29 de abril, el jefe de Gabinete comparecerá ante Diputados en una sesión minuciosamente armada por el entorno de Karina Milei. La oposición preparó una estrategia coordinada para interrogarlo sobre enriquecimiento ilícito, el caso $LIBRA y ANDIS. Milei estará en el palco.
Adorni en el Congreso: el oficialismo blindó la sesión para contener el escándalo
★ El miércoles 29 de abril, Manuel Adorni se presentará por primera vez ante la Cámara de Diputados para rendir su informe de gestión como jefe de Gabinete. Pero la sesión no será un trámite constitucional rutinario: la convierte en una prueba de fuego judicial y política el hecho de que Adorni enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, con allanamientos, secretos bancarios levantados y al menos cuatro acreedoras de identidad cuestionada que financiaron la compra de su departamento en Caballito.
El formato de la jornada fue negociado entre el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Levitt, y el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán, en una reunión realizada esta semana en el salón Delia Parodi del Palacio Legislativo. El resultado: un cronograma milimétrico que el oficialismo diseñó para minimizar el daño.
La arquitectura del control
La sesión arrancará a las 10.30 horas con una exposición inicial de Adorni de aproximadamente una hora, que según su entorno será «seria y principalmente técnica». A continuación se abrirá el turno de preguntas, dividido en tres tandas: primero los nueve bloques menores (50 minutos en total); luego los interbloques Innovación Federal (11 minutos), Unidos (20 minutos) y Fuerzas del Cambio (20 minutos); y por último Unión por la Patria con 68 minutos. Cada legislador tendrá un máximo de cinco minutos, el mínimo fijado por reglamento, convertido en techo. Después de cada tanda, Adorni dispondrá de 20 minutos para agrupar y responder las preguntas recibidas.
El cierre estará a cargo de Gabriel Bornoroni, titular del bloque de La Libertad Avanza, en un discurso que se presume breve y sin interpelación al ministro. El bloque oficialista tiene asignados 70 minutos, pero según fuentes parlamentarias, es poco probable que los use más allá de algún respaldo político.
Una decisión llamativa: no habrá reunión previa de Labor Parlamentaria. Desde el entorno del presidente de la Cámara, Martín Menem, justificaron la medida señalando que «la sesión informativa del jefe de Gabinete es una actividad normada por reglamento». La oposición ya anticipó cuestionamientos.
El informe verbal será complementado con un documento escrito que Jefatura de Gabinete enviará en los próximos días, con respuesta a las aproximadamente 2.000 preguntas consolidadas que presentaron los bloques opositores. Originalmente superaban las 4.800, pero muchas fueron fusionadas por repetición.
Milei atado al mástil
El presidente Javier Milei confirmó que estará en el palco junto a todo su gabinete. «Sí, claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete», declaró en diálogo con Neura. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también estará presente y, según trascendidos, es la principal articuladora del operativo político que rodea la presentación.
El gesto presidencial busca transmitir cohesión, pero en el propio entorno libertario admiten que la jornada «no va a ayudar al Gobierno». Fuentes oficialista revelaron su escenario ideal: que algún legislador opositor «se zarpe» y Adorni pueda retirarse molesto, como hizo su antecesor Guillermo Francos en el Senado el 26 de junio de 2025, cuando abandonó abruptamente la sesión tras ser tildado de «mentiroso» por la senadora Cristina López.
La estrategia de la oposición
La oposición, en cambio, diseñó su propia táctica para evitar que Adorni eluda las preguntas o que el oficialismo fuerce un cierre abrupto. Según explicó un legislador opositor, la estrategia consiste en dosificar la presión: «70% preguntas económicas y de gestión, y el 30% sobre su patrimonio y el origen de los bienes». Las consultas sobre ANDIS, $LIBRA y los ingresos del funcionario serán distribuidas en distintas tandas y distintos bloques para que no resulte sencillo chicanearlo o ignorarlas.
«Lo que también tenemos que evitar es el escándalo, que no salgan diciendo que el kirchnerismo la pudrió como siempre. El motivo de esto es que exponga Adorni y que Milei, que va a estar mirando, también lo escuche», graficó el mismo legislador. Los bloques de Coalición Cívica, radicalismo y socialismo apuntan a ser los más confrontativos en materia patrimonial. El bloque de Unión por la Patria priorizará economía, salud y empleo.
La causa que no se puede disimular
Lo que el operativo oficialista no puede borrar es la acumulación de hechos judiciales que rodean al funcionario. Desde que El Argentino Diario comenzó a cubrir la causa por enriquecimiento ilícito, los hitos se sucedieron a un ritmo sostenido: la declaración de la escribana Adriana Nechevenko de Schuster ante el fiscal Pollicita; los allanamientos en tres inmobiliarias vinculadas al departamento de Caballito; el levantamiento del secreto bancario para investigar vuelos privados a Nueva York y Punta del Este; y la revelación de que el amigo de Adorni, Pablo Martín Feijoo, declaró ante la Justicia que el funcionario le debe otros 65.000 dólares no documentados por refacciones que costeó de su bolsillo.
Adorni también figura como uno de los dieciséis imputados en la querella del abogado Martín Romeo por el fraude con la criptomoneda $LIBRA, donde se lo señala como «legitimador» del esquema, en base a registros del iPhone del intermediario Mauricio Novelli analizados por la DATIP (División de Análisis Tecnológico e Investigación de Delitos Informáticos de la PFA).
La fiscal Alejandra Mangano pidió el archivo de la causa por el viaje de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el avión presidencial a los Estados Unidos. El juez Daniel Rafecas hizo lugar al pedido esta semana. Fue el único alivio judicial del funcionario en las últimas semanas.
Adorni no brinda conferencias de prensa desde hace un mes, cuando compareció ante los periodistas acreditados en Casa Rosada y no respondió nada sobre las propiedades que adquirió y no declaró. El miércoles, no tendrá esa opción.
Puntos clave
- La sesión del 29 de abril comenzará a las 10.30 horas, durará al menos seis horas y no tendrá reunión previa de Labor Parlamentaria, según lo pactado entre el oficialismo y la presidencia de la Cámara.
- El formato, negociado por Levitt y Pagán, limita a cinco minutos el turno de cada legislador y da a Adorni 20 minutos de respuesta por tanda.
- Milei confirmó su presencia en el palco junto a todo su gabinete como respaldo explícito al funcionario investigado.
- La oposición distribuirá estratégicamente las preguntas sobre patrimonio, $LIBRA y ANDIS para evitar que Adorni se retire como lo hizo Francos en el Senado.
- La causa por enriquecimiento ilícito acumula allanamientos, secreto bancario levantado y una deuda no documentada de 65.000 dólares revelada por un testigo ante el fiscal Pollicita.
Legislativo
El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.
Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.
El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.
Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan
El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».
En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.
La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía
El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.
El superávit como escudo político
La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.
Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.
Lo que tenés que saber:
- La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
- El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
- El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
- Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
- El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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