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Sociedad

A 27 años del crimen de José Luis Cabezas

Familiares y colegas del reportero gráfico asesinado harán distintos homenajes para recordarlo, uno de ellos en la cava de General Madariaga, en la que se halló su cuerpo calcinado el 25 de enero de 1997.

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El fotógrafo José Luis Cabezas era asesinado hace 27 años en la localidad bonaerense de Pinamar, en un hecho perpetrado por una banda vinculada al empresario postal Alfredo Yabrán y que conmocionó a la opinión pública de una Argentina que, en el ocaso de los ´90, comenzaba a hacer vaivén en la disputa política entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde.

Un año antes de su asesinato, Cabezas había logrado fotografiar al enigmático empresario propietario de la empresa OCA, durante la cobertura de verano que realizaba junto al periodista Gabriel Michi para Noticias.

«Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Ni los servicios de inteligencia tienen una foto mía», era la frase que por entonces se le atribuía al dueño del emporio postal.

El homicidio fue cometido en el contexto de una dura disputa política que mantenían el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eduardo Duhalde, y Carlos Menem, que ocupaba la jefatura del Estado.

Ambos dirigentes rivalizaban por el liderazgo del Partido Justicialista (PJ) y la sucesión presidencial, en tiempos en que Menem, quien ejercía su segundo mandato, aspiraba a lograr un tercero frente a las aspiraciones del mandatario bonaerense, que pugnaba por llegar a la primera magistratura.

Al conocerse la noticia del asesinato de Cabezas, Duhalde afirmó que le habían «tirado un muerto» para trabar su postulación a la presidencia, y en consecuencia, la puja con Menem se profundizó con el avance de la investigación por el asesinato.

En 1996, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, había denunciado que Yabrán «lideraba una mafia enquistada en el poder», en una prolongada exposición ante la Cámara de Diputados.

En tanto, Duhalde consideraba que Yabrán era «sospechoso» del crimen de Cabezas, y Menem sostenía en cambio que el dueño de OCA era «sólo un empresario más».

La emblemática foto de Yabrán caminando en la playa fue publicada en la tapa de la revista Noticias en marzo de 1996, y la investigación judicial posterior determinó que el empresario tomó la revelación de su imagen como una afrenta que no estaba dispuesto a perdonar.

Después de la publicación, el fotógrafo y su pareja, Cristina Robledo, comenzaron a recibir amenazas telefónicas y un año después, un funcionario cercano a la gestión del entonces intendente de Pinamar, Blas Altieri, le confió a Cabezas que «gente de Yabrán» había indagado sobre la dirección donde se alojaría durante la cobertura de la temporada.

Un mes antes del crimen, el policía de la bonaerense Gustavo Prellezo, condenado como uno de los autores materiales del hecho, se reunió con Yabrán en Buenos Aires, en las oficinas que el empresario tenía en Carlos Pellegrini al 1100.

En esa reunión, ´Don Alfredo´ le confió que quería «pasar un verano tranquilo sin fotógrafos ni periodistas», según lo que el oficial declaró luego ante la Justicia.

Michi asegura que el objetivo «de máxima» que tenían ese verano él y Cabezas era entrevistar a Yabrán

En ese marco, el 24 de enero de 1997 ambos concurrieron a una fiesta que ofreció en su casa de Pinamar el empresario Oscar Andreani, donde llegaron en un Ford Fiesta de color blanco.

A las 4 de la madrugada el periodista se retiró y el fotógrafo lo hizo una hora después, en el vehículo en el que se desplazaban.

A la mañana siguiente, el cuerpo de Cabezas apareció adentro del Ford Fiesta quemado con alcohol metílico, en una cava de las afueras de Pinamar.

El cadáver tenía sus manos esposadas y dos proyectiles de un arma calibre 32 alojados en la cavidad craneana.

El asesinato del fotógrafo develó vínculos entre el gobierno, políticos y empresarios, y cinco meses después del crimen debió renunciar el entonces ministro de Justicia, Elías Hassan: el funcionario había mantenido más de cien contactos telefónicos con Yabrán, a quien le había otorgado el reparto de la correspondencia de la cartera a su cargo.

La cobertura del caso fue tema excluyente para todos los medios del país y la foto del reportero gráfico acompañada con la leyenda «No se olviden de Cabezas» se convirtió en un símbolo de la denuncia contra la impunidad que unió en un mismo reclamo a organizaciones gremiales y organismos de derechos humanos.

Tras varios meses de instrucción, el juez federal de Dolores, José Luis Macchi, procesó y dictó prisión preventiva en mayo de 1989 para Yabrán como instigador del crimen.

Tras permanecer algunos días en condición de prófugo, el empresario postal se suicidó en un campo de su propiedad ubicado en Entre Ríos, donde cuando permanecía oculto.

Prellezo, quien estaba al servicio de Yabrán, y un grupo de delincuentes conocidos como «Los Horneros», fue quien encabezó la autoría material del crimen.

El expolicía bonaerense fue condenado a reclusión perpetua en febrero de 2002, pero sólo pasó tras las rejas 13 años pese a que la sentencia fue ratificada en las máximas instancias judiciales de la provincia y del país.

Los otros condenados por el asesinato fueron el expolicía Aníbal Luna (condenado a prisión perpetua y en libertad condicional desde 2017); el exjefe de Seguridad de Yabrán, Gregorio Ríos (condenado a perpetua como instigador del hecho y en libertad condicional desde 2008); y el comisario Mario «La Liebre» Gómez (condenado por liberar la zona en la que ocurrió el crimen, recuperó la libertad en 2006 tras una decisión de la Cámara de Casación bonaerense).

Además fue sentenciado el policía Sergio Cammaratta, quien murió en el penal de Dolores en 2015, sindicado por la Justicia como responsable de haberle hecho «un seguimiento» a Cabezas cuando trabajaba en Pinamar en el verano de 1997.

De la banda «Los Horneros», reclutados por Prellezo, fueron desvinculados de la causa José Luis Auge (que recibió condena en el juicio que se hizo en 2004 pero quedó en libertad cuatro años más tarde); y Sergio Gustavo González (sentenciado a prisión perpetua recibió una reducción de la condena y salió de la cárcel en 2006, aunque tiene una causa por drogas radicada en los tribunales de CABA).

Por su parte, también de la banda de «Los Horneros», fue desvinculado de la causa Horacio Braga (quedó en libertad condicional diez años después del crimen, y a mediados de 2018 cumplió su condena con la Justicia), mientras que Miguel Retana, sentenciado a prisión perpetua en 2000, murió por una afección originada por el SIDA en la cárcel un año después.

Los actos para recordar a José Luis Cabezas

Familiares y colegas de José Luis Cabezas harán distintos homenajes para recordarlo, uno de ellos en la cava de General Madariaga en la que se halló su cuerpo calcinado el 25 de enero de 1997.

El primer acto previsto se realizará a las 11 en el Monolito colocado en su memoria frente a la Terminal de ómnibus de Pinamar.

En simultáneo, en la sede de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), situada en Venezuela 1433, se recordará al reportero gráfico en un acto que llevarán a cabo sus colegas.

La misma iniciativa se desarrollará también a las 11 en la plaza San Martín, de la ciudad de La Plata, convocada por el Sindicato de Prensa Bonaerense (Siprebo).

En tanto a las 19, sus familiares y allegados planean homenajearlo mediante un acto en la cava de General Madariaga, ubicada a la altura del kilómetro 385 de la ruta provincial 11, donde fue hallado asesinado hace 27 años.

Al respecto, y en diálogo con Télam, la hermana de José Luis, Gladys Cabezas, dijo que, en ambos homenajes, como todos los años, «van a estar los colegas, los amigos y los familiares».

«Como hace 27 años vamos a plantar un árbol», en su memoria, contó la hermana del fotoperiodista, quien volvió a recordarlo como «un tipo bueno» que «podía hacer todo bien».

«Ya sabemos las diferencias entre lo bueno y lo malo, cuando vos sos bueno, podés hacer todo bien y él hacía todo bien, no merecía estar muerto, pero bueno, pasó», agregó.

«Tenemos que recordarlo y creo que es el momento justo para pedir a la Justicia, que por favor empiecen a trabajar», exhortó Gladys, quien pidió que no «haya más José Luis Cabezas» y que se termine con «las condenas ‘exprés'», ya si las penas se cumplieran «Umma hoy no estaría muerta», dijo en referencia a la niña de 9 años, hija de un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asesinada el pasado lunes por delincuentes en Lomas de Zamora.

Cabezas fue hallado asesinado el 25 de enero de 1997 y el primer juicio por asesinato se realizó en enero de 2000 en los Tribunales de Dolores y finalizó con las condenas a prisión perpetua del policía Gustavo Prellezo, del custodio del empresario Alfredo Yabrán, Gustavo Ríos; de los policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta y de los integrantes de la banda «Los Horneros» Horacio Anselmo Braga, Sergio Gustavo González, Miguel Retana y José Luis Auge.

Pero en septiembre de 2003, el Tribunal de Casación bonaerense redujo las penas impuestas en base a la denominada la ley del «2×1» entonces vigente, que computaba doble el tiempo en prisión que habían pasado los acusados previo a ser sentenciados.

Fue así que los «Horneros», con excepción de Retana que murió en la cárcel, fueron beneficiados con morigeraciones de la prisión.

En 2007, Braga y Auge violaron las condiciones de prisión domiciliaria y por orden de la Justicia volvieron a ser detenidos, aunque tiempo después volvieron a ser excarcelados.

A su vez, en un segundo juicio por el caso, realizado en 2002, fue condenado a reclusión perpetua el comisario de Pinamar Alberto «La Liebre» Gómez por liberar la zona para que se pueda consumar el crimen del reportero gráfico.

CABA

Armado en el baño: allanaron a un chico que posó con un revolver en su escuela de Balvanera

Un menor de 16 años fue imputado por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego luego de que circularan fotos suyas en el grupo de WhatsApp del curso. El caso suma un nuevo episodio a la ola de violencia escolar que sacude a la Ciudad de Buenos Aires.

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Revólver en el baño: allanaron a un adolescente que posó con un arma en su escuela de Balvanera

★ Un adolescente de 16 años fue allanado e imputado esta semana luego de que se viralizaran fotografías en las que aparecía posando con un revólver en el baño de la Escuela de Comercio N°5 «José de San Martín», ubicada en el barrio porteño de Balvanera. El caso llegó a la Justicia gracias a la denuncia de un padre que detectó las imágenes en el grupo de WhatsApp del curso.

El episodio se inscribe en una serie de situaciones de violencia escolar que desde hace semanas mantienen en alerta a las autoridades educativas y judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, y que este medio viene cubriendo desde el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el pasado 30 de marzo.

Una foto en el grupo de WhatsApp disparó la causa

El detonante del proceso judicial fue una fotografía enviada por el adolescente al grupo de WhatsApp escolar identificado como «3-1», conformado por estudiantes del mismo establecimiento. La imagen, enviada con la función de visualización única, mostraba al menor junto a otros dos compañeros empuñando el arma en el baño del colegio, con la leyenda «La chispa está en 3ro 1ra».

Un padre que integra el grupo realizó capturas de pantalla de los intercambios y los presentó como prueba ante las autoridades. La denuncia llegó a la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, a cargo del fiscal Mauro Tereszko.

Allanamiento en la madrugada y secuestro de dispositivos

Con la autorización de la jueza Alicia Baridón Gómez, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1, el allanamiento al domicilio del adolescente en Balvanera se realizó en la madrugada del miércoles. Intervinieron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad.

En el operativo se secuestraron el teléfono celular del menor, una computadora portátil y un disco rígido, entre otros elementos considerados de interés para la investigación.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informó que el adolescente fue imputado por los delitos de intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego, cargos que en conjunto contemplan una pena máxima de siete años de prisión. Además, el joven ya registraba una investigación previa por robo en el fuero de responsabilidad penal juvenil.

El protocolo que no alcanza

El caso se suma a una extensa cadena de episodios de amenazas y violencia en escuelas porteñas. Como informó este medio en reiteradas oportunidades, las amenazas de tiroteos se extendieron durante las últimas semanas a cientos de establecimientos en al menos doce provincias argentinas, con frases casi idénticas circulando por las mismas redes de mensajería.

El Gobierno de la Ciudad aplica desde el año pasado el «Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes», cuyo alcance real para desactivar estas situaciones sigue siendo objeto de debate.

El fiscal general Martín López Zavaleta explicó en una conferencia de prensa realizada el lunes en la sede del Gobierno de la Ciudad que se implementó «un esquema de coordinación inmediata con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el área de acceso a la Justicia y de Política Criminal junto con las fiscalías intervinientes». El funcionario agregó que «la identificación y eventual responsabilización de los autores de estos hechos permite avanzar en cada caso concreto y cumple una función preventiva porque desalienta la reiteración de estas conductas».

La respuesta oficial apela así a la disuasión punitiva como principal herramienta ante un fenómeno que las propias autoridades reconocen como extendido y en crecimiento, sin que hasta el momento se haya anunciado ninguna política de fondo orientada a las causas estructurales que alimentan la violencia en las aulas.

Puntos clave

  • Un adolescente de 16 años fue allanado e imputado por posar con un revólver en el baño de la Escuela de Comercio N°5 «José de San Martín», en Balvanera.
  • Las fotos circularon por el grupo de WhatsApp del curso; un padre realizó la denuncia con capturas de pantalla.
  • En el allanamiento se secuestraron un celular, una notebook y un disco rígido.
  • El menor fue imputado por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego (pena máxima: 7 años), y ya tenía una causa previa por robo.
  • El caso se suma a la ola de violencia escolar que desde semanas afecta a la Ciudad y al país.

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