El juez Claudio Bernard, del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, ordenó el traslado de Felicitas Alvite, conocida como “la Toretto”, desde la alcaidía de Melchor Romero a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. La joven está acusada de haber matado al motociclista Walter Armand durante una picada callejera en abril de 2023.

La decisión judicial se conoció en medio de una fuerte disputa legal. La defensa de Alvite sostiene que se está incumpliendo una orden previa de la Cámara de Casación, que había habilitado el cumplimiento de prisión domiciliaria mientras se desarrollaba el proceso judicial. Según el juez Bernard, el traslado respondió a que la joven ya llevaba más de seis meses alojada en una alcaidía, cuando ese tipo de detención tiene carácter transitorio y un plazo máximo estipulado.

Una medida cuestionada por la defensa

En un escrito reciente, los abogados de Alvite calificaron el traslado como “inconstitucional y violento” y acusaron al tribunal de “castigarla por adelantado” pese a que aún no recibió una condena. “Está en estado de inocencia”, subrayaron, y remarcaron que la negativa a aplicar la prisión domiciliaria “se basa en tecnicismos sin fundamento legal”.

El documento presentado por la defensa advierte que la detención en una cárcel común vulnera garantías establecidas en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos. También criticaron el accionar de la Cámara, que no hizo efectiva la resolución de Casación.

El caso

Felicitas Alvite fue detenida tras participar de una picada callejera en la que atropelló y mató al motociclista Walter Armand. El hecho ocurrió en las calles de La Plata, y el caso generó un fuerte repudio social. Desde entonces, su situación procesal se transformó en un eje de tensión entre el Poder Judicial y su defensa.

El reciente fallo reavivó el debate sobre el uso de las alcaidías y los límites de la prisión preventiva. La defensa insiste en que se debe respetar el fallo de Casación y permitir que Alvite cumpla la detención en su domicilio hasta que haya una sentencia firme.