Judiciales ⚖️
Tensión judicial por “La Toretto”: cárcel común y acusaciones de inconstitucionalidad
La defensa denuncia que se está ignorando una orden firme de la Cámara de Casación.
El juez Claudio Bernard, del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, ordenó el traslado de Felicitas Alvite, conocida como “la Toretto”, desde la alcaidía de Melchor Romero a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. La joven está acusada de haber matado al motociclista Walter Armand durante una picada callejera en abril de 2023.
La decisión judicial se conoció en medio de una fuerte disputa legal. La defensa de Alvite sostiene que se está incumpliendo una orden previa de la Cámara de Casación, que había habilitado el cumplimiento de prisión domiciliaria mientras se desarrollaba el proceso judicial. Según el juez Bernard, el traslado respondió a que la joven ya llevaba más de seis meses alojada en una alcaidía, cuando ese tipo de detención tiene carácter transitorio y un plazo máximo estipulado.
Una medida cuestionada por la defensa
En un escrito reciente, los abogados de Alvite calificaron el traslado como “inconstitucional y violento” y acusaron al tribunal de “castigarla por adelantado” pese a que aún no recibió una condena. “Está en estado de inocencia”, subrayaron, y remarcaron que la negativa a aplicar la prisión domiciliaria “se basa en tecnicismos sin fundamento legal”.
El documento presentado por la defensa advierte que la detención en una cárcel común vulnera garantías establecidas en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos. También criticaron el accionar de la Cámara, que no hizo efectiva la resolución de Casación.
El caso
Felicitas Alvite fue detenida tras participar de una picada callejera en la que atropelló y mató al motociclista Walter Armand. El hecho ocurrió en las calles de La Plata, y el caso generó un fuerte repudio social. Desde entonces, su situación procesal se transformó en un eje de tensión entre el Poder Judicial y su defensa.
El reciente fallo reavivó el debate sobre el uso de las alcaidías y los límites de la prisión preventiva. La defensa insiste en que se debe respetar el fallo de Casación y permitir que Alvite cumpla la detención en su domicilio hasta que haya una sentencia firme.
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Casación otorgó a De Vido prisión domiciliaria por riesgo cardiaco
La decisión de la Casación no implica libertad, sino el traslado del lugar de cumplimiento de la pena: De Vido continuará condenado y bajo control judicial, aunque desde su domicilio particular.
De Vido deja Ezeiza: la Casación ordenó su prisión domiciliaria por riesgo cardíaco
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso que el exministro de Planificación Julio De Vido abandone la cárcel de Ezeiza y cumpla su condena por la tragedia de Once en detención domiciliaria. La decisión, adoptada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, revirtió el fallo previo del Tribunal Oral Federal que había rechazado idéntico pedido.
Un cuadro clínico que la justicia no pudo ignorar
El detonante del beneficio fue el infarto que De Vido sufrió el 1° de abril de 2026, oportunidad en la cual los médicos le colocaron un stent. Los informes médicos presentados ante la Casación alertaron sobre un «alto riesgo cardiovascular».
A esas afecciones se suman otras patologías preexistentes: diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial, un cuadro que, a juicio del tribunal, hace incompatible el encierro carcelario con las condiciones de salud del exfuncionario.
De Vido tiene 76 años y cumple condena por el delito de fraude al Estado como partícipe necesario de la tragedia de Once, el accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 que causó la muerte de 51 personas e hirió a casi 800.
La Casación revirtió al Tribunal Oral
El camino no fue sencillo. Antes de la resolución de Casación, el Tribunal Oral Federal había rechazado el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa del exfuncionario. La Cámara de Casación, integrada para este caso por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, anuló ese fallo y estableció el cumplimiento de la condena en el domicilio del exministro. Al mismo tiempo, le encomendó al juez de ejecución penal que mantenga un control periódico sobre De Vido durante el resto de la pena.
La causa Once estableció responsabilidades en la gestión de los contratos ferroviarios con la empresa TBA (Trenes de Buenos Aires), cuya falta de mantenimiento fue determinante en el siniestro. Su condena como partícipe necesario lo convirtió en uno de los exfuncionarios de más alto rango en ser condenado efectivamente a prisión.
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