Economía 💲
Podría subir más el gas
El Gobierno dice no tener plata para seguir financiando las compras. Preocupación entre las distribuidoras.
El pago de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), que llegan por barcos al puerto bonaerense de Escobar a un alto costo, le mete más presión a los aumentos de tarifas.
Es que los recientes incrementos solamente convalidaron los precios mayoristas que surgen de los contratos de las petroleras con producción nacional y las distribuidoras, formalizados con el Plan Gas.
Pero el Gobierno, en la Resolución 41/2024 de la Secretaría de Energía dictada a fines de marzo, no trasladó a los usuarios el costo estimado de las importaciones, que habitualmente es mayor que la producción local (más de US$ 10 por millón de BTU frente a US$ 4,43 en invierno, el período que va de mayo a septiembre).
De esta manera, si el Ministerio de Economía no se hace cargo de abonar la diferencia con subsidios, quedarían en riesgo los contratos económicos del sector.
Si bien no está en peligro el abastecimiento «físico» (es decir, habrá suficiente cantidad de moléculas de gas para todos), la duda es quién afrontará ese gasto adicional.
Este año serán 30 cargamentos de gas importado que llegarán entre abril y agosto, comprados por la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).
A principios de abril, Enarsa compró los primeros 10 cargos por 210 millones de dólares, a un costo promedio de US$9,99 por millón de BTU; y este martes realizó la segunda licitación, que adjudicará en las próximas horas, con un costo que sería apenas más alto.
Pero a diferencia de los años anteriores, cuando Enarsa se hacía cargo de casi todo ese costo, esta vez el Gobierno decidió licitar en el Mercado Electrónico de Gas (Megsa) todo el gas importado para las distribuidoras a un precio de US$12,90, que incluye la importación y el proceso de regasificación -convertir el gas en estado líquido de 161 grados bajo cero para calentarlo a su estado natural de 15 grados e inyectarlo en los gasoductos de alta presión-.
Las nuevas autoridades de Enarsa lo intentaron dos veces y el resultado fue igual: ambas licitaciones quedaron desiertas.
Ninguna distribuidora se presentó a comprar el gas, porque no tienen la seguridad de que el Gobierno le va a autorizar el traslado de ese costo a sus usuarios finales (pass through), que son los hogares, comercios y pequeñas industrias.
La Ley 24.076 (ley del gas), que regula al sector, establece que las distribuidoras tienen un «principio de neutralidad»: no pueden ganar ni perder dinero por el componente gas, que compran a las productoras y lo entregan a los usuarios.
El negocio de Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor y Gas NEA es regulado y tiene sus propias tarifas.
Estas empresas destinarán inversiones por $74.110 millones hasta el 31 de diciembre de 2024 para el mantenimiento y mejora de sus redes, como consecuencia del incremento de sus ingresos autorizado por el Gobierno.
Así las cosas, otra vez el camino se estrecha. En abril hubo un fuerte aumento del gas que supera el 650% interanual por la eliminación casi total de subsidios a los hogares N1 (ingresos altos), los comercios y las industrias, así como una quita parcial de la ayuda del Estado a los hogares N2 (ingresos bajos) y N3 (clase media).
En mayo habrá otro escalón superior, por la entrada en vigencia de los precios de invierno: el componente gas salta de US$2,89 a US$4,43 por millón de BTU en la zona de la Ciudad y el Gran Buenos Aires (GBA), donde tiene concesión Metrogas.
Pero si el conflicto económico por las importaciones se saldara en favor del traslado pleno a los usuarios, esos precios saltarían y generarían la necesidad de un incremento adicional de las tarifas.
Acá entra en juego la puesta en marcha el año pasado del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta, que ayuda a atenuar la cantidad de importaciones de combustibles líquidos y gas licuado, y a bajar el costo de abastecimiento local y los subsidios, al transportar producción -y trabajo- nacional con menores precios que el gas importado.
Las lluvias, del lado de la oferta de energía hidroeléctrica, y la caída de la demanda por la recesión son otras variables centrales.
Según un informe de la consultora Economía & Energía, en 2024 los hogares N1 pasarán a cubrir el 82% del costo del gas, frente a 63% el año pasado.
La relación se invierte para los N2 y N3, a 6% versus 7% y 23% versus 24%, respectivamente; o sea, este año los usuarios domiciliarios de clase media y baja tendrían proporcionalmente más subsidios.
En términos absolutos, los subsidios al gas natural caerían de 1.173 millones de dólares en 2023 a entre US$489 millones y US$986 millones, dependiendo el nivel de suba de tarifas que decida el Gobierno en los próximos meses, cuando termine de diseñar e implementar la Canasta Básica Energética.
Soberanía energética
Milei pone a la venta la columna vertebral del sistema eléctrico argentino
El Ejecutivo avanza en la privatización de CITELEC, controlante de la principal red de alta tensión del país, con tres grupos empresariales en carrera y amigos del poder entre los oferentes.
Transener: el Gobierno entrega la columna vertebral del sistema eléctrico
★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la precalificación técnica de los tres grupos empresariales que compiten por adquirir el paquete accionario que el Estado nacional posee en CITELEC S.A., la sociedad controlante de Transener, el principal operador de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país. Mañana martes, a las 10 horas, se abrirán los sobres económicos que definirán quién se queda con el activo.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 540/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El proceso se enmarca en el desmembramiento de Energía Argentina S.A. (ENARSA), la empresa estatal cuya privatización fue habilitada por la Ley 27.742 (conocida como Ley Bases) y el Decreto 286/2025, que autorizó la venta de sus activos por etapas.
Lo que se pone en juego no es un activo cualquiera. Transener opera más de 20.000 kilómetros de líneas de alta y media tensión y más de 160 estaciones transformadoras que cubren el 85% del sistema eléctrico nacional, conectando los centros de generación con los de consumo en un trayecto que se extiende 3.700 kilómetros de norte a sur. Una disponibilidad operativa superior al 99,7% y concesiones de hasta 95 años completan el perfil de lo que el propio documento de ENARSA para la venta califica sin eufemismos como «monopolios naturales regulados».
Los tres grupos en carrera y sus vínculos con el poder
Las tres propuestas que superaron la evaluación del «Sobre N°1», presentadas el pasado 14 de abril a través de la plataforma CONTRAT.AR, son las siguientes.
El primer oferente es el consorcio conformado por Genneia y el Grupo Edison Transmisión, que se presenta en forma conjunta. Detrás de Genneia está Jorge Brito, dueño del Banco Macro y presidente de esa compañía energética. El Grupo Edison, por su parte, reúne a los hermanos Patricio y Juan Neuss, señalados públicamente como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, junto a los socios del fondo Inverlat, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli y Guillermo Stanley, además de Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro, y los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan.
El consorcio llega a esta licitación con un historial de adquisiciones energéticas recientes que incluye el control de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), las Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y la generadora hidroeléctrica CEMPSA en Mendoza.
El segundo oferente es Edenor, la distribuidora eléctrica del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires, que pertenece a los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, tres figuras con larga trayectoria en los negocios ligados al Estado.
El tercero es Central Puerto S.A., la principal compañía privada de generación eléctrica del país, cuyos accionistas están encabezados por Guillermo Reca.
El proceso fue supervisado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que descartó impugnaciones y validó la solvencia de los interesados. No se presentaron objeciones al dictamen de preselección.
Un monopolio natural que pasa a manos privadas
CITELEC posee el 52,65% del capital accionario de Transener, incluyendo la totalidad de las acciones clase A, que otorgan el control efectivo de la compañía. Quien adquiera ese paquete pasará a ser accionista co-controlante de CITELEC junto a Pampa Energía, la empresa dirigida por Marcelo Mindlin, y también tomará las riendas de Transener Internacional Ltda. (con operaciones en Brasil) y TRANSBA S.A., responsable del transporte troncal en la provincia de Buenos Aires.
El precio base de la licitación fue establecido en 206 millones de dólares. El resultado de la apertura de sobres se publicará en el sistema CONTRAT.AR y en el portal del Banco Mundial.
La operación no es aislada, es parte de un proceso de desinversión más amplio que ya incluyó la venta de las principales represas hidroeléctricas del Comahue, con la que el Gobierno ingresó 700 millones de dólares a las reservas internacionales. ENARSA también controla participaciones en otras empresas del sector: el 80% de Enarsa Patagonia y de Vientos de la Patagonia, el 50% de UTE Escobar, el 65% de Termoeléctrica Manuel Belgrano y el 68,8% de Termoeléctrica José de San Martín, entre otras.
El Estado se retira de la energía estratégica
La privatización de Transener se inscribe en una lógica más amplia que este medio ya documentó en coberturas anteriores sobre el desguace del sector público energético: la venta de AySA, la licitación de la Hidrovía y el retiro del Estado de la importación de gas natural licuado (GNL) configuran un patrón sistemático de transferencia de activos estratégicos al sector privado bajo el argumento de la eficiencia y la reducción del déficit fiscal.
La urgencia financiera es concreta. El Gobierno enfrenta vencimientos en moneda extranjera por cerca de 9.000 millones de dólares hasta fin de 2026, con un pago de 4.200 millones de dólares a bonistas previsto para julio. En ese contexto, la venta de activos estratégicos como Transener opera como variable de ajuste, al igual que la privatización de AySA que este medio analizó en abril, financiada con el mismo argumento de cubrir compromisos de deuda contraídos con el FMI y el Banco Mundial.
Lo que el Gobierno llama «transformación del sector energético» es, en los hechos, la entrega de monopolios naturales regulados, que operan con concesiones de hasta 95 años, a grupos empresariales con vínculos directos con el entorno del poder. La red que transporta la electricidad de 46 millones de argentinos pasará, en las próximas horas, a manos privadas. El Estado, que financió su construcción y mantuvo su operación durante décadas, recibirá a cambio 206 millones de dólares de precio base, o lo que sea que ofrezcan mañana a las 10.
Puntos clave
- El Gobierno publicó la Resolución 540/2026 con la precalificación técnica de tres grupos para comprar el 50% de CITELEC, controlante de Transener.
- Los oferentes son el consorcio Genneia-Grupo Edison (con figuras cercanas al asesor Santiago Caputo), Edenor y Central Puerto.
- La apertura de los sobres económicos está prevista para el martes 28 de abril a las 10 horas en la plataforma CONTRAT.AR.
- El precio base de la licitación es de 206 millones de dólares; el ganador controlará más de 20.000 km de líneas de alta tensión y el 85% del sistema eléctrico nacional.
- La venta es parte del desmembramiento de ENARSA habilitado por la Ley Bases, en un contexto de urgencia fiscal por vencimientos de deuda de 9.000 millones de dólares hasta fin de año.
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