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A 50 años del golpe, Milei rompió el consenso sobre el «Nunca Más» y el pacto democrático sobre el golpe

El Gobierno libertario convirtió la «teoría de los dos demonios» en política oficial de Estado. La abstención de LLA en el Senado y la designación de negacionistas en Derechos Humanos consolidan el quiebre del pacto democrático construido desde 1983 sobre el terrorismo de Estado.

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El Argentino Diario-Javier Milei.
Imagen ilustrativa generada por IA exclusivamente para esta nota.

★ La sesión del Senado del pasado miércoles 19 de marzo dejó al desnudo la ruptura del consenso democrático sobre la última dictadura cívico-militar. Por primera vez desde 2003, no fue posible acordar en el Congreso una declaración política sobre el 24 de marzo de 1976 que reflejara una base de consensos mínimos. La Libertad Avanza se abstuvo, y Patricia Bullrich intentó sin éxito imponer un texto que eliminaba toda referencia al terrorismo de Estado y a los juicios de lesa humanidad.

El quiebre marca el fin de un pacto de tolerancia cero a cualquier reivindicación del terrorismo de Estado que se había consolidado desde la llegada de Néstor Kirchner al poder en 2003. Con el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, la visión de la «Memoria Completa» y la «teoría de los dos demonios» se volvió la política oficial del Estado argentino.

El rechazo libertario al «Nunca Más»

El proyecto presentado por el senador Eduardo «Wado» de Pedro, integrante de H.I.J.O.S. e hijo de desaparecidos, destacaba «el valor del consenso democrático construido por la sociedad argentina a partir de 1983, expresado en el principio del Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los juicios de lesa humanidad y en la defensa irrestricta del Estado de Derecho».

La Libertad Avanza intentó primero boicotear la sesión dejándola sin quorum. Al fracasar esa maniobra, Bullrich propuso una redacción alternativa que incluía la «condena a cualquier tipo de violencia plasmado en el concepto del Nunca Más», con la implícita inclusión de los crímenes realizados por organizaciones guerrilleras.

El senador libertario Joaquín Benegas Lynch sentó la postura de su bloque: «Hubo un golpe de Estado como consecuencia de hechos terroristas por grupos guerrilleros que asesinaron inocentes y esa es la verdad completa y creo que nos tenemos que poner de acuerdo que no tiene que pasar más ninguna de las dos cosas. No podemos avalar el terrorismo guerrillero y no podemos avalar nunca más la fuerza del Estado contra los ciudadanos», subrayó el legislador.

De Pedro rechazó la modificación por considerarla un vaciamiento del sentido histórico de la conmemoración. El proyecto finalmente se aprobó con 49 votos afirmativos, mientras los 20 senadores de La Libertad Avanza se abstuvieron. El único libertario que votó a favor fue Luis Juez.

La construcción del consenso democrático

Desde 2002, una serie de leyes fueron consolidando el pacto social sobre la última dictadura. En agosto de ese año se consagró el 24 de marzo como «Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia» a través de la ley 25.633, que instauró una jornada de reflexión colectiva y crítica sobre la tragedia del golpe cívico militar.

Mediante esa norma, se dispuso que todos los establecimientos educativos incluyeran en los respectivos calendarios escolares jornadas alusivas al Día Nacional, con el objetivo de «consolidar la memoria colectiva de la sociedad, generar sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspiciar la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos».

En 2003, a instancias de un proyecto de la diputada de izquierda Patricia Walsh que recibió el apoyo del gobierno de Kirchner, se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que el gobierno de Raúl Alfonsín había impulsado en 1986 en medio de amenazas de golpe militar. Con esa decisión política terminó la impunidad de los genocidas y se reabrieron los juicios por crímenes de lesa humanidad.

El 20 de marzo de 2006, el Día Nacional de la Memoria pasó a ser feriado nacional inamovible a partir de la aprobación de la ley 26.085.

El primer intento de Macri y la resistencia social

En 2017, el gobierno de Mauricio Macri dictó un decreto declarando la movilidad del feriado, pero fue dejado sin efecto por la resistencia de la oposición. Ese año también hubo una multitudinaria marcha en contra del fallo que establecía la conmutación de la pena para genocidas, conocido como «dos por uno».

Producto de esa movilización histórica por su masividad inédita, el Congreso aprobó en un mismo día y en cuestión de pocas horas en ambas cámaras una ley que prohíbe la aplicación del «dos por uno» a los delitos de lesa humanidad.

Durante el gobierno del Frente de Todos se presentaron varios proyectos de ley «antinegacionistas», que apuntan a prevenir y sancionar las conductas y discursos públicos que niegan, minimizan, justifican, legitiman o reivindican los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en Argentina. También proponen la formación obligatoria en derechos humanos para funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado.

La visita de diputados libertarios a genocidas

A mediados de 2024 estalló una polémica cuando se conoció que un grupo de diputados de La Libertad Avanza visitó en el penal de Ezeiza a represores de la última dictadura cívico-militar condenados por delitos de lesa humanidad, entre quienes se encontraba Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Carlos Suárez Mason (h) y Adolfo Donda.

El plan fue impulsado por el diputado libertario Beltrán Benedit y contó con la participación de María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra y Rocío Bonacci (aunque esta última desistió de entrar al penal a último momento).

La visita, que se realizó con vehículos oficiales de la Cámara baja, había sido facilitada por el cura Javier Olivera Rabasi y tenía como objetivo compartir con los genocidas un proyecto para morigerar sus penas. La difusión pública de una foto en el penal de los diputados libertarios con los represores provocó fuertes cuestionamientos de la oposición, que intentaron sin éxito sancionar a los legisladores.

El negacionismo como política de Estado

Si persistía alguna duda sobre la postura oficial, el gobierno ratificó su visión con la difusión de un video grabado en la víspera del 24 de marzo del año pasado que llevaba la voz en off del presidente de la Fundación Faro, Agustín Laje, un personaje ultraconservador vinculado al ecosistema libertario que se dedica a dar la «batalla cultural» con millonarios aportes internacionales.

La designación de Bryan José Mayer, quien en 2023 calificó de «pro terrorista» a la película Argentina, 1985, como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos completa el panorama. Mayer se suma a la conducción de Joaquín Mogaburu, titular de la Subsecretaría y conocido por sus posiciones negacionistas sobre el número de desaparecidos.

El episodio del Senado deja en evidencia que, más allá de la visión del gobierno, existe una porción importante de la política que aún conserva anticuerpos para defenderse frente a una estrategia de banalización que intenta equiparar crímenes comunes con el terrorismo de Estado, como si las cargas de responsabilidad fueran simétricas.

Puntos Clave:

• La Libertad Avanza se abstuvo en el Senado en el proyecto de compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia, rompiendo el consenso construido desde 1983

• El gobierno de Milei convirtió la «teoría de los dos demonios» en política oficial de Estado, designando negacionistas en la Subsecretaría de Derechos Humanos

• Desde 2002, una serie de leyes consolidaron el pacto democrático: el 24 de marzo como feriado inamovible, la anulación de Obediencia Debida y Punto Final, y la prohibición del «dos por uno»

• En 2024, diputados libertarios visitaron en el penal de Ezeiza a represores condenados como Astiz, Guglielminetti y Donda, con vehículos oficiales del Congreso

• La Conferencia Episcopal advirtió sobre «una tendencia creciente al autoritarismo» en el documento difundido por el 50° aniversario del golpe ★

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Kissinger y el Plan Cóndor

A cincuenta años del golpe de Estado genocida cometido por las fuerzas armadas y su pata civil y eclesiástica, la desclasificación de cables diplomáticos realizada hace unos cuantos años atrás, permitió confirmar que los Estados Unidos pergeñaron un plan estratégico para el Cono Sur. Repaso histórico y contexto local y regional.

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El-Argentino-Diario-Murió Henry Kissinger: el ideológo del Plan Cóndor.

Por Jesús Rivero

Los documentos desclasificados nos permiten precisión a la hora de analizar el genocidio sistemático en los países del Cono Sur y especialmente en Argentina.

La desclasificación de cables diplomáticos nos permite situar lo particular, en este caso Argentina, y la relación asimétrica con Estados Unidos. Es decir, como operó Estados Unidos a través de un plan estratégico y sistemático en el Cono Sur americano, llamado “Plan Cóndor”. No nos olvidemos que este genocidio sistemático es posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 como efecto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) para limitar el avance del Estado sobre los Derechos Civiles y Políticos y exigir que garantice y legitime los mismos.

La primera desclasificación de cables diplomáticos y entrega de documentos en el año 2002, luego la que prometió Obama cuando visitó Argentina en marzo de 2016, y las entregas por parte del Ejecutivo de Donald Trump con más de 43.000 fojas.

Luego de un tiempo prolongado de los hechos contar con la información de aquellas conversaciones y testimonios mantenidos entre altos cargos de los dos países, hace posible la reconstrucción de Verdad, Memoria y Justicia, para establecer como funcionó la máquina sistémica genocida  que por mucho tiempo negaron y ahora intentan repetir.

Hoy no es posible una regresión en nuestro pueblo en materia de derechos humanos, porque como planteo en la página 171 de mi libro Amor y Cólera, Una Apuesta Política: “en nuestra patria, en nuestro suelo, acontecieron hechos sin precedentes, por medio de esta herramienta política que es el amor. Se realizaron juicios que no se hicieron ni en Núremberg, ni en Grecia, ni en el Sudeste asiático post-segunda guerra mundial”. Verdad que se hizo Memoria y Justicia por medio de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, no fueron políticas explícitas de sus gobiernos, sino el medio, la expresión de un pueblo, sostenido por una historia, que hizo Justicia.

Esta introducción conceptual y molar nos permite y hace posible ir a lo particular del rol fundamental de Kissinger por medio de la desclasificación de los cables diplomáticos.

En primer lugar la Casa Blanca tras haber apoyado el golpe de Estado de Augusto Pinochet sobre Salvador Allende en Chile, género rechazo en muchos países del continente intento recomponer las relaciones con Latinoamérica. Nixon y Kissinger, quien en septiembre de 1973 fue nombrado secretario de Estado -aunque desde 1969 se desempeñaba  en el cargo estratégico de Consejero de Seguridad Nacional-, lanzaron un nuevo diálogo con la región.

Durante el gobierno de Isabel Perón la relación bilateral fue contradictoria. Desde la Casa Rosada se enviaron señales a Washington para mejorar la relación a la vez que se anunciaron ciertas políticas nacionalistas que afectaban importantes negocios estadounidenses. El Fondo Monetario Internacional y la banca estadounidense retuvieron créditos destinados a la Argentina que ya habían sido aprobados, hasta asfixiarla financieramente, en las semanas previa al golpe.

El punto de inflexión fue en marzo de 1976 cuando asume el mando Jorge Rafael Videla, se nombra como Ministro de Economía a José Martínez de Hoz, con fluidos vínculos con David Rockefeller -hermano menor del vicepresidente Nelson- y la banca estadounidense. El genocida proclamó rápidamente su alineamiento con Occidente y la lucha contra el comunismo, siguiendo la doctrina de Seguridad Nacional, el parecido con el presente, no es casualidad.

La figura de Kissinger es fundamental para comprender el rol de Estados Unidos, antes, durante y luego del golpe de Estado. Los documentos desclasificados arrojan más luz sobre el apoyo político-económico  de Kissinger a la dictadura incluso después de haber abandonado el Departamento de Estado y su particular al país en el mundial de 1978.

En 1969 cuando asume Nixon, intenta recomponer la relación con Latinoamérica y resolvió enviar al gobernador de New York y ex rival en la interna republicana  Nelson A. Rockefeller, a visitar los países de la región. El viaje abarcó veinte países de Latinoamérica, que género múltiples protestas recordando la dificultosa gira de Nixon en 1958.

Rockefeller elevó un informe tras su periplo, en el que recomendaba que su país disminuyera las restricciones a la ayuda exterior hacia la región y que les otorgará a los países latinoamericanos  preferencias especiales para acceder con sus exportaciones al mercado estadounidense. Más allá que Nixon prometió tener en cuenta las demandas planteadas por los gobiernos latinoamericanos emanadas del informe de Rockefeller y también las del National Security Study Memorandum N. 15 de Kissinger, en la práctica el apoyo económico hacia la región se redujo: en 1971, en apoyo fue sólo de 463 millones de dólares, 50% menos que el promedio de la década anterior. En el medio una crisis económica que llevo a la devaluación del dólar y a no poner en las prioridades a los países latinoamericanos.

Las relaciones con Washington se tensaron tras el triunfo del gran Héctor Cámpora, luego del golpe de Estado a Juan Perón, siete años de un gobierno de facto y 17 años de proscripción del movimiento. No se debe olvidar el discurso de asunción del “Tío”:

“La Organización de Estados Americanos sufre una profunda crisis. Lo que ocurre, en el fondo, es que no ha servido a los fines de la Liberación de Nuestros Pueblos, sino por el contrario ha contribuido a mantenerlos en la dependencia y el subdesarrollo. Surgido en los momentos álgidos de la guerra fría, ni siquiera se justifica ahora dentro de ese contexto, que debe considerarse totalmente superado por la nueva perspectiva internacional de la coexistencia pacífica y multipolarismo creciente. Todo indica como acabamos de señalar que los problemas latinoamericanos deben ser solucionados en nuestra propia sede’.  

En esa misma línea, en junio de 1973, en Lima, Argentina planteó que era necesario reestructurar la Organización de Estados Americanos, como efecto de que Estados Unidos había alentado la balcanización americana. El representante argentino Jorge Vázquez exigió la revisión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y pidió también la reincorporación de Cuba, expulsada una década atrás.

Además reconoció los derechos de Panamá sobre el canal interoceánico, ocupado por Estados Unidos desde principio de siglo. Esta posición antiimperialista género simpatías en los países latinoamericanos, lo que llevo al gobierno de Nixon a reaccionar. La respuesta de Washington llegó días más tarde, negando que Estados Unidos tuviera pretensiones hegemónicas denunciadas por Argentina. En septiembre de 1973 Argentina ingreso al Movimiento de países No Alineados, en el que planteó la reivindicación de Malvinas, crítico la doctrina estadounidense de Seguridad hemisferica y rompió el bloqueo económico que afectaba a Cuba desde hacía más de una década.  

El 12 de octubre de ese año, Juan Domingo Perón asume la su tercera presidencia. Si bien Perón sostuvo límites a los intereses estadounidenses- establecidos en la nueva ley de inversiones extranjeras- moderó la confrontación y planteó la necesidad de un entendimiento con Estados Unidos en función de su política de atracción de capitales de las potencias. Esta actitud diplomática equidistante moderada posibilitó el margen de maniobra externa (geopolítica). Nunca dejó de plantear diferencias con Washington pero en alianza con otros países latinoamericanos críticos respecto de la política de Estados Unidos, en temas como la reincorporación de Cuba o las cuestiones comerciales pendientes entre Estados Unidos y países de la región.

Profundizando las relaciones con Europa Occidental, a la vez  Perón pretendía mantener cierta autonomía respecto a Estados Unidos.

En lo que respecta al gobierno de Nixon intento morigerar la reacción antiestadounidense que se había profundizado con el golpe de Estado a Salvador Allende y prometió abordar el tema del canal de Panamá y revisar medidas comerciales que afectaban a los países latinoamericanos, en un contexto de crisis económica internacional. Una vez más se despegaba una fórmula represiva de “garrote y zanahoria”. La CIA participó del golpe en Chile y Uruguay. Meses después, la Casa Blanca prometía una nueva etapa en la relación con los países latinoamericanos. Lo hacia en un contexto de debilidad tras su retirada de Vietnam de la crisis económica y luego del estallido del escándalo de Watergate que terminaría con Nixon.

A partir de la renuncia de Nixon y la asunción de Gerard Ford quedó claro que el “diálogo” era una máscara, porque Ford justificaba las actividades de la CIA en los golpes de Estado he hirió de muerte el “dialogo’ cuando aprobó la Ley de Comercio Exterior “Trade Bill”.

Luego del suceso trágico de la muerte de Perón y la asunción de Isabel Perón caracterizado por un proceso caótico e inestable, su paso fue una transición para que la banca estadounidense y el Fondo Monetario Internacional retuvieran los créditos ya otorgados a Argentina para alentar a los sectores golpistas. Más allá de ciertas prevenciones de diplomáticos estadounidenses y del Capitolio en 1975, Kissinger impulso a las fuerzas militares a efectuar el golpe de Estado.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 produjo un giro en la relación con Estados Unidos. No hubo intervención de la CIA pero si apoyo económico, militar y diplomático, es decir político. El anuncio del Plan económico de Martínez de Hoz, el 2 de abril, llevo a la administración Ford a otorgar ayuda económica a la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla. El ministro de Economía, era una garantía para los intereses de Estados Unidos. Y, el gobierno de facto una garantía para el genocidio. Estas fuerzas garantizaban el orden por medio de la doctrina anticomunista, que alentaba Kissinger. La Junta Militar era un resguardo para los interses de Estados Unidos, garantizaban su impunidad.

Dos días después del golpe de Estado se juntaron Kissinger y William Rogers subsecretario de Estado y debatieron sobre Argentina y la postura que debía tomar la Casa Blanca. Mientras Rogers anunciaba que se derramada mucha sangre, Kissinger dijo que el gobierno militar necesitaba el estímulo y apoyo estadounidense

Así, desde Washington, medios de comunicación emitieron discursos favorables de la administración Ford hacia el “nuevo’ gobierno militar. Un cable de la capital estadounidense difundía el saludo del Fondo Monetario Internacional hacia el gobierno de facto y el posible desembolso de 300 millones de dólares. Al mismo momento que el gobierno de Ford recomendó el envío de a los militares de 49 millones de dólares en concepto de “asistencia militar’. Desde la óptica de la administración Ford la política de Martínez de Hoz era una garantía para el aumento del capital estadounidense y Videla al mando una garantía de Seguridad a sus intereses.

Muchos afirman que no hubo política de intromisión, si la hubo encubierta en un relato de Kissinger planteando la “preocupación” por la violación a los Derechos humanos, pero un discurso que en la práctica avalada y apoyaba  el golpe de Estado, ya conocido por el Departamento de Estado.

La primera reunión entre los dos jefes de Cancillería se produjo en Santiago de Chile en 1976. En 2004 se desclasificaron las 13 páginas del memorandum de ese diálogo, en la que el secretario de Estado le dijo al a su par argentino: “Estamos siguiendo de cerca los eventos en Argentina. Esperamos que al nuevo gobierno tenga éxito. Vamos a hacer lo posible para que tenga éxito. Entendemos que deben ustedes adoptar una posición de autoridad. Si existieren cosas que deben ser hechas, deberán hacerla”.

El 7 de octubre, Kissinger y Guzzetti se reunieron de nuevo en el hotel Waldorf Astoria de Nueva York, en la volvió a manifestar su apoyo. Guzzetti salió exaltado de la reunión por el apoyo de Kissinger. El enviado de Videla transmitió esto al mismo y este a la Junta Militar. Esta luz verde dio pie a la impunidad del terrorismo de Estado.

Poco tiempo antes de la reunión con Guzzetti en New York, Kissinger enviaba a Hill directivas sobre el Plan Cóndor.

Henry Kissinger envío instrucciones a su embajador en Argentina a través de un telegrama  secreto que lleva como título “Plan Cóndor”. El 23 de agosto de 1976, Kissinger le pide al embajador Robert Hill que hable con Videla y que  enuncie que Estados Unidos se encuentra preparado para intercambiar información sobre la actividad “terrorista’ en cualquier lugar del mundo. El telegrama secreto contiene también instrucciones secretas para sus representantes en en Santiago de Chile, Asunción, La Paz y Montevideo. Este cable confirma la participación explícita y sistemática de Estados Unidos en el plan terrorista y genocida.

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