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Sociedad

Absuelven a la jueza y a la asesora que otorgaron la tutela de Lucio Dupuy a sus asesinas

Absuelven a jueza y asesora que otorgaron tutela de Lucio Dupuy a asesinas. Familiares reaccionan con indignación. Jury absuelve a Pérez Ballester y Catán por mal desempeño. Caso conmociona: más de 110,000 firmas en Change.org exigen destitución de la jueza.

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(Por Juanjo Beascochea, especial para Télam) La jueza de Familia y la asesora de Niñas, Niños y Adolescentes que le otorgaron la tutela de Lucio Dupuy, asesinado en 2021 en La Pampa por su madre y la pareja de ésta, actualmente con prisión perpetua, fueron absueltas hoy por el jury al que llegaron acusadas por mal desempeño en sus funciones.

En un fallo que contó con cuatro votos a favor y uno en contra, el Tribunal de Enjuiciamiento de la Pampa absolvió y restituyó en sus cargos a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, titular del Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes 1; y a Elisa Catán, a cargo de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

La decisión del tribunal generó la reacción e insultos por parte de los familiares de Lucio, entre ellos Ramón Dupuy, abuelo de la víctima, quien se descompensó y, pese a que se negó a ser trasladado en una ambulancia a un centro médico, fue atendido por médicos en la sede de la Legislatura de La Pampa, donde se desarrollaron todas las audiencias.

«Asesina«, le gritaron los familiares del niño asesinado a la jueza Pérez Ballester desde las gradas superiores de la Legislatura, cuando ésta se retiraba junto a su abogada.

La lectura del veredicto comenzó pasadas las 12.30 y el tribunal leyó únicamente la parte resolutiva de su decisión.

El fallo fue por mayoría de cuatro de los cinco miembros: se inclinaron por la absolución el titular del jury y presidente del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi; la diputada María Andrea Valderrama Calvo y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio; mientras que la legisladora María Silvia Larreta votó en minoría por la destitución de ambas funcionarias.

Apenas se conoció la sentencia, la jueza se abrazó a su abogado y recibió el aplauso de sus familiares que la acompañaron desde las gradas, mientras que Catán no estuvo presente en el recinto durante la lectura del veredicto, pero también se escucharon gritos de alegría.

Desde el otro sector de la Legislatura, se hallaban unos diez familiares de Lucio, entre ellos su abuelo, quienes insultaron a los integrantes del tribunal, a la jueza absuelta y a los abogados que participaron de las defensas, a quienes también les arrojaron un vaso con agua.

El caso había causado conmoción en la sociedad, al punto que se crearon varias peticiones en la plataforma Change.org para que se condene a todos los responsables en el crimen de Lucio y que se destituya a la jueza, que registró más de 110.000 firmas (change.org/DestituyanALaJueza).

La magistrada y la asesora fueron juzgadas por su labor en la tramitación de los legajos por la tutela y el cuidado personal de Lucio, asesinado el 26 de noviembre de 2021 por su madre Magdalena Espósito Valenti y la pareja de esta, Abigail Páez.

El fiscal general Guillermo Sancho había pedido en su alegato del martes pasado la condena y destitución de ambas funcionarias, acusadas por mal desempeño, según el artículo 22 de la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento y se remitió a los incisos 2) y 3) que se refieren al «incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo» y de «incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo».

El procurador general adjunto había cuestionado a las dos funcionarias por «no haber escuchado a Lucio» cuando ya tenía 4 años y existían exposiciones y denuncias cruzadas entre la madre y el tío y destacó que el niño además presentaba indicadores de violencia y abuso sexual infantil.

En otro tramo del alegato, el fiscal destacó el testimonio de Leticia Hidalgo, la tía política que tenía la custodia de Lucio antes de que fuera restituido a su madre el 4 de noviembre de 2020 al afirmar que «fue conmovedor cuando expresó que nadie le daba respuestas, que todos le decían que la madre es la madre y que siempre tendría razón, y que estaba agotada de seguir luchando contra el sistema».

El jury había comenzado el 12 de diciembre y entre los primeros testigos declaró el padre de la víctima, quien aseguró que a él «jamás» lo citaron en ninguno de los dos expedientes por el cuidado personal de su hijo y que «nunca» imaginó que el nene era maltratado porque, sino, «hubiera hecho algo» al respecto.

Tras la exposición del abogado particular Pablo Rodríguez Salto (por Pérez Ballester), de la defensora general Carina Ganuza y la defensora oficial, Ana Carolina Díaz (por Catán), que pidieron la absolución de ambas acusadas, las dos funcionarias pronunciaron el martes último sus últimas palabras.

La jueza Pérez Ballester pidió que «al momento de resolver, tengan en consideración las circunstancias reales, la verdad de lo que pasó», mientras que Catán dijo que espera que el «jurado sea justo» por ellas y por Lucio y que espera que no haya «una cacería de brujas».

Lucio (5) fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2.300 de Santa Rosa, donde vivía con su madre y Páez.

El niño fue visto vivo por última vez a las 17.32 y entre esa hora y las 19.40 fue golpeado brutalmente, por lo que a las 21.30 fue llevado primero a un centro asistencial del barrio y luego al Hospital Evita, donde a las 21.45 se constató que ya estaba muerto.

Según determinó el tribunal de juicio al que fueron sometidas la madre de Lucio y su pareja, ambas participaron de la golpiza mortal al nene, quien recibió puñetazos, patadas y palazos, además de un pisotón en la espalda por parte de Páez, el cual le provocó lesiones internas y un edema cerebral.

El pasado 26 de septiembre, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) de Santa Rosa confirmó las condenas a prisión perpetua para Espósito Valenti y Páez por el homicidio de Lucio y le agregó a la primera de ellas, el delito de abuso sexual.

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CABA

Intendentes de más de 50 localidades firmaron acuerdo en la AMIA

Entre los presentes más destacados se encontraban Mauricio Davico, intendente de Gualeguaychú, Daniel Passerini, intendente de Córdoba; Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad ; y varios representantes comunales de la provincia de Buenos Aires.

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A 32 años del atentado terrorista contra la AMIA, más de 50 intendentes de 14 provincias argentinas se reunieron en la sede de la institución para reclamar justicia y firmar una declaración conjunta. El documento exige el fin de la impunidad que persiste desde 1994 y llama a fortalecer la lucha contra el antisemitismo en cada rincón del país. Según hizo saber el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, sostuvo que el ataque «no fue contra una colectividad, sino contra toda la República Argentina», mientras que el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, remarcó que el atentado «nos compete a todos los argentinos».

Más de 50 intendentes de 14 provincias argentinas se reunieron este miércoles en la sede de AMIA para reclamar justicia por el atentado terrorista que sufrió la institución el 18 de julio de 1994, a pocos días de cumplirse el 32° aniversario del ataque. El Encuentro Federal por la Memoria convocó a jefes comunales de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán, en lo que la organización definió como un gesto de federalización del reclamo.

Del encuentro también participaron el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien habló en representación del gobierno nacional en reemplazo de Diego Santilli, flamante Jefe de Gabinete de Ministros. Estuvieron presentes además el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, y los titulares de las comunidades judías de todo el país.

La declaración conjunta: el eje del encuentro
El centro de la jornada fue la firma de una declaración conjunta por parte de los más de 50 intendentes presentes, en la que reafirmaron su compromiso con el reclamo de justicia por el atentado, la preservación de la memoria de las 85 víctimas fatales, y la promoción de iniciativas para fortalecer la convivencia democrática, los derechos humanos y la educación en valores.

El documento también impulsa acciones concretas para prevenir y erradicar el antisemitismo, la xenofobia y toda forma de discriminación, y subraya que una Justicia independiente y eficaz es condición indispensable para consolidar una sociedad más justa.

«La impunidad no solo afecta a las víctimas y a sus familias. Hiere a toda la Argentina. Es tiempo de saldar esa deuda», planteó el ministro Mario Lugones, quien señaló que la causa AMIA es una prioridad para el gobierno nacional.

Por su parte, Jorge Macri destacó la capacidad de AMIA para convocar a representantes de todo el arco político en una misma causa, y advirtió sobre el resurgimiento de los discursos de odio cuando se deterioran valores como el respeto y la solidaridad.

Armoza: «El atentado a la AMIA nos compete a todos los argentinos»
El presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, destacó la participación de intendentes de todo el país en el Encuentro Federal por la Memoria y afirmó que el objetivo es que el mensaje del atentado trascienda fronteras y fortalezca el compromiso de toda la sociedad.

«Queremos crear un espacio de encuentro para que los intendentes entiendan y transmitan lo que significó el atentado a la AMIA. Debemos construir una sociedad mejor y darle sentido a que esas muertes no hayan sido en vano», expresó.

Passerini: «El atentado a la AMIA fue contra todos los argentinos y la herida sigue abierta»
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, se refirió a la importancia del Encuentro Federal por la Memoria y sostuvo que el ataque «no fue contra una colectividad, sino contra toda la República Argentina».

«Fue el atentado terrorista más grave de la historia del país y, lamentablemente, sigue impune», afirmó Passerini, quien valoró el trabajo realizado por AMIA y DAIA para federalizar la conmemoración con la participación de intendentes de distintas provincias.

El jefe comunal cordobés remarcó que la presencia de representantes de todo el país «le da una trascendencia muy fuerte al encuentro» y aseguró que «la Argentina necesita más federalismo» para afrontar sus desafíos.

Passerini señaló además que desde Córdoba se llevan adelante políticas públicas para combatir el antisemitismo, la xenofobia y toda forma de discriminación, con programas educativos sobre el Holocausto y el terrorismo de Estado. «El mejor legado que puede dejar una tragedia como esta es que el dolor sirva para que en la Argentina no vuelva a pasar nunca más», expresó.

Consultado sobre el rol de la institución, el intendente destacó que la AMIA es «una institución que trabaja con un profundo espíritu mutual y solidario», que brinda asistencia tanto a integrantes de la comunidad judía como a personas ajenas a la colectividad. «La AMIA trabaja con transparencia y cercanía a la gente. Es un ejemplo del compromiso social que desarrolla desde hace décadas», concluyó.

Homenaje a las 85 víctimas
Antes de la firma, se realizó un homenaje a las 85 víctimas fatales del atentado, con un minuto de silencio, el encendido de 85 velas y una plegaria a cargo del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra. Del encendido participaron familiares de víctimas -Hugo Basiglio (hijo de Hugo Basiglio), Marina Degtiar (hermana de Cristian Degtiar) y Marcelo Alguea (hermano de Silvana Alguea)- junto al presidente de DAIA, Mauro Berenstein, y el presidente del Vaad Hakehilot de AMIA, Marcos Cohen.

Como cierre, los jefes comunales recibieron una serigrafía del artista Martín Ron, autor de «El muro de la memoria», obra emplazada en el edificio de Pasteur 633. El encuentro se enmarca en las actividades organizadas por AMIA durante el Mes de la Memoria

Autoridades presentes


Del Encuentro Federal por la Memoria también participaron el embajador de Argentina en Israel, Axel Wanisch; el embajador de Israel en la República Argentina, Eyal Selá; Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores de la provincia de Buenos Aires; Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales de CABA; Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación; Gabino Tapia, ministro de Justicia de CABA; Mariano Lomolina, subsecretario de Relaciones Institucionales de CABA; Jorge Stokland, director nacional del Registro Nacional de Cultos; Gonzalo Adrián, director general de Instrucción de la Policía Federal Argentina; Pilar Bosca Chillida, directora general de Cultos de la CABA; Juano Torreiro, director de Culto de la provincia de Buenos Aires; María Teresa Bertotto, subdirectora adjunta de la secretaría de Coordinación de la Procuración General de la Nación; y Natasha Steimberg, directora general de Derechos Humanos de CABA.

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