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Judiciales ⚖️

Imputan a policías por Masacre de Villa Transradio

Por la mayor tragedia en una comisaría de la Policía bonaerense, en la que murieron diez detenidos en noviembre de 2018, se avanzó en la acusación a un grupo de efectivos por el delito de “estrago culposo”. Las irregularidades en la investigación, el encubrimiento y la lucha de los familiares de las víctimas para lograr que se haga justicia

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Después de cuatro años de una investigación, en la que se recusó al primer fiscal y transitó sin que hubiera acusados, la causa por la Masacre de Villa Transradio ya tiene a un jefe policial y cuatro efectivos imputados por el delito de “estrago doloso”, donde luego de un motín en la comisaría de esa localidad del partido de Esteban Echeverría murieron diez de los detenidos, al incendiarse los calabozos y no recibir asistencia.

Aquel episodio, ocurrido en horas de la noche del 15 de noviembre de 2018, constituye la mayor tragedia en una seccional de la Policía bonaerense, con el agravante que esa comisaría 3era. de Esteban Echeverría (ubicada en Camino de Cintura y calle Reteli) ya registraba seis clausuras previas por las condiciones de alojamiento de los presos y de todas maneras, continuaba funcionando.

Ahora, el fiscal Pablo Rossi (quien reemplazó en la causa al cuestionado fiscal Pablo Semisa, quien fuera recusado por las querellas por su irregular actuación) decidió imputar a un grupo de cinco policías, tanto por el “estrago doloso” que derivó en las muertes de diez de los detenidos, además del “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

Se trata del subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, los oficiales Emilio Adolfo Caña y Eric Alexander Blanco y el sargento Daniel Calderón, quienes fueron desafectados de la fuerza por decisión de la dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, pero nunca habían sido formalmente acusados y por ende, siempre estuvieron en libertad.

De acuerdo a lo indicado, la imputación representa un “quiebre” en el expediente, al apuntarse a una responsabilidad concreta de los policías en los hechos que derivaron en la denominada Masacre de Villa Transradio, tal como lo venían reclamando los familiares a lo largo de todo este tiempo, sin encontrar respuestas por parte de la investigación.

Además de la inacción del personal que se encontraba en la comisaría al momento de iniciarse la revuelta por las malas condiciones de alojamiento (había 27 detenidos en calabozos que solo tienen plazas para 8), hubo quema de colchones y un posterior incendio, que resultó una “trampa mortal” para las víctimas fatales, algunas de las cuales murieron a las pocas y otras, luego de varios días de agonía, ante las quemaduras sufridas, la intoxicación por el humo tóxico y las lesiones provocadas en ese hecho de violencia institucional.

“Todos murieron bajo custodia del Estado”, se afirma, en relación a los fallecimientos por el incendio en las celdas de esa seccional de Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Angel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Argüello.

“Las negligencias en la comisaría 3era. de Esteban Echeverría eran una constante, en siete años se le habían impuesto seis clausuras con órdenes judiciales, pero el hacinamiento y el maltrato policial hacia los detenidos continuaron hasta que sucedió la masacre”, denunciaron los familiares de los fallecidos, quienes manifestaron que “los calabozos no contaban con ventilación, ni iluminación adecuada, tampoco había agua, tampoco elementos de seguridad y se comprobó que los matafuegos estaban vencidos”.

Judiciales ⚖️

Denunciaron a Caputo y Bausili por el oro del Banco Central: investigan pérdidas por US$ 1.023 millones

Una presentación de Gregorio Dalbón apunta a esclarecer las operaciones financieras realizadas durante 2025 con las reservas de oro. El expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, mientras la acusación solicita investigar las decisiones y sus posibles consecuencias patrimoniales.

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El Argentino Diario-Luis Toto Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, fueron denunciados judicialmente por las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara resultados negativos por US$ 1.023 millones durante 2025.

La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La presentación busca que la Justicia determine cómo se tomaron las decisiones relacionadas con esas operaciones, quiénes intervinieron y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado argentino.

El planteo se apoya en el informe sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. Las cifras consignadas corresponden a resultados negativos asociados con determinadas operaciones financieras y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidades penales.

Qué dice el informe de la AGN sobre el oro del Banco Central

El informe de la Auditoría General de la Nación identificó resultados negativos por US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales durante 2025. Según los datos difundidos, el monto equivale a $1.469.155 millones.

El detalle presentado distingue dos componentes principales:

  • US$ 960,2 millones: resultados negativos correspondientes a opciones financieras.
  • US$ 62,8 millones: montos asociados con el pago de primas.

La información constituye el punto de partida de la denuncia impulsada por Dalbón, quien reclama esclarecer las condiciones en las que se realizaron las operaciones y las decisiones que determinaron sus resultados.

El objetivo de la presentación es que se analice la documentación correspondiente y se establezca si las operaciones respondieron a una justificación económica adecuada, qué riesgos involucraron y qué mecanismos de control se aplicaron.

Qué pidió Gregorio Dalbón en la denuncia contra Caputo y Bausili

En su presentación, el abogado planteó la necesidad de identificar a los funcionarios y responsables que participaron en el diseño, la autorización y la ejecución de las operaciones financieras.

Dalbón sostuvo: “1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra”.

A partir de ese planteo, solicitó que la investigación determine distintos aspectos de las operaciones:

  • Quiénes tomaron las decisiones y quiénes las autorizaron.
  • Qué actores diseñaron las estrategias financieras.
  • Con qué contrapartes se realizaron las operaciones.
  • Cuál fue la justificación económica de cada decisión.
  • Qué riesgos financieros se asumieron.
  • Qué controles se aplicaron durante el proceso.
  • Si las operaciones ocasionaron un perjuicio patrimonial al Estado argentino.

La denuncia procura establecer esos elementos a partir de la documentación disponible y de las medidas que disponga la Justicia. La existencia de resultados contables negativos no implica, por sí misma, que se encuentre acreditada una conducta delictiva.

La causa quedó en manos de Ariel Lijo y Gerardo Pollicita

La presentación quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita tendrá intervención en el expediente.

En esta primera etapa, Dalbón buscó formalizar la denuncia, individualizar a las autoridades judiciales intervinientes y establecer el marco procesal para avanzar con el análisis de la documentación y las posibles responsabilidades.

El avance de la investigación dependerá de las medidas que adopten los funcionarios judiciales y de los elementos que se incorporen a la causa.

Entre los puntos planteados figura la necesidad de reconstruir el circuito de decisiones que condujo a las operaciones financieras y examinar los controles que existieron durante su implementación.

Cuándo ampliarán la denuncia por las operaciones con el oro

Dalbón anunció que ampliará la denuncia el martes 13 de octubre ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita. Según adelantó, incorporará nueva documentación y solicitará las declaraciones indagatorias que correspondan.

El abogado también anticipó que requerirá medidas urgentes para preservar pruebas vinculadas con las operaciones investigadas.

Al explicar ese pedido, advirtió: «Si existe riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación, entorpecimiento de la investigación o cualquier conducta destinada a frustrar la averiguación de la verdad, pediremos que la Justicia actúe inmediatamente con todas las herramientas que le otorga la ley».

La ampliación buscará profundizar la documentación presentada inicialmente y avanzar sobre las decisiones que rodearon las operaciones con el oro del Banco Central.

Qué falta esclarecer sobre las operaciones del Banco Central

La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cómo se estructuraron las operaciones financieras, quiénes participaron en su autorización y ejecución, qué fundamentos económicos las respaldaron y cuáles fueron sus consecuencias patrimoniales.

También deberá examinarse el alcance de los resultados negativos registrados por la AGN y su relación con las decisiones adoptadas durante el ejercicio 2025.

Por ahora, la presentación de Dalbón constituye una denuncia judicial y los señalamientos deberán ser evaluados en el marco del expediente. La eventual existencia de responsabilidades individuales dependerá de los elementos que se incorporen y de las conclusiones a las que llegue la Justicia.

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