Después de cuatro años de una investigación, en la que se recusó al primer fiscal y transitó sin que hubiera acusados, la causa por la Masacre de Villa Transradio ya tiene a un jefe policial y cuatro efectivos imputados por el delito de “estrago doloso”, donde luego de un motín en la comisaría de esa localidad del partido de Esteban Echeverría murieron diez de los detenidos, al incendiarse los calabozos y no recibir asistencia.

Aquel episodio, ocurrido en horas de la noche del 15 de noviembre de 2018, constituye la mayor tragedia en una seccional de la Policía bonaerense, con el agravante que esa comisaría 3era. de Esteban Echeverría (ubicada en Camino de Cintura y calle Reteli) ya registraba seis clausuras previas por las condiciones de alojamiento de los presos y de todas maneras, continuaba funcionando.

Ahora, el fiscal Pablo Rossi (quien reemplazó en la causa al cuestionado fiscal Pablo Semisa, quien fuera recusado por las querellas por su irregular actuación) decidió imputar a un grupo de cinco policías, tanto por el “estrago doloso” que derivó en las muertes de diez de los detenidos, además del “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

Se trata del subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, los oficiales Emilio Adolfo Caña y Eric Alexander Blanco y el sargento Daniel Calderón, quienes fueron desafectados de la fuerza por decisión de la dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, pero nunca habían sido formalmente acusados y por ende, siempre estuvieron en libertad.

De acuerdo a lo indicado, la imputación representa un “quiebre” en el expediente, al apuntarse a una responsabilidad concreta de los policías en los hechos que derivaron en la denominada Masacre de Villa Transradio, tal como lo venían reclamando los familiares a lo largo de todo este tiempo, sin encontrar respuestas por parte de la investigación.

Además de la inacción del personal que se encontraba en la comisaría al momento de iniciarse la revuelta por las malas condiciones de alojamiento (había 27 detenidos en calabozos que solo tienen plazas para 8), hubo quema de colchones y un posterior incendio, que resultó una “trampa mortal” para las víctimas fatales, algunas de las cuales murieron a las pocas y otras, luego de varios días de agonía, ante las quemaduras sufridas, la intoxicación por el humo tóxico y las lesiones provocadas en ese hecho de violencia institucional.

“Todos murieron bajo custodia del Estado”, se afirma, en relación a los fallecimientos por el incendio en las celdas de esa seccional de Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Angel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Argüello.

“Las negligencias en la comisaría 3era. de Esteban Echeverría eran una constante, en siete años se le habían impuesto seis clausuras con órdenes judiciales, pero el hacinamiento y el maltrato policial hacia los detenidos continuaron hasta que sucedió la masacre”, denunciaron los familiares de los fallecidos, quienes manifestaron que “los calabozos no contaban con ventilación, ni iluminación adecuada, tampoco había agua, tampoco elementos de seguridad y se comprobó que los matafuegos estaban vencidos”.