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La vacunación pediátrica es clave de cara al inicio de las clases

La aprobación por parte de la Anmat del compuesto de Pfizer-BioNTech y la adquisición de 5 millones de dosis de su versión pediátrica por parte del Gobierno nacional es central en la campaña de inmunización de niños y niñas antes del comienzo del ciclo lectivo.

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Las vacunación pediátrica contra el coronavirus es segura, colabora con la disminución de la circulación del virus, baja el riesgo de contraer la enfermedad y de desarrollar síntomas graves que deriven en internación y evita secuelas pos Covid como las del síndrome inflamatorio multisistémico (SIM), por lo que especialistas y autoridades sanitarias consideran que es una herramienta clave de cara al inicio del ciclo lectivo.

La aprobación por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech y la adquisición de 5 millones de dosis de su versión pediátrica por parte del Gobierno Nacional anunciada esta semana, colaborarán con la campaña de inmunización de niños y niñas que se realiza desde octubre.

El inmunizante de Pfizer se sumará al de Sinopharm que se utiliza hasta ahora para la población pediátrica.

Según cifras oficiales, el 77,4 por ciento de la población entre 3 y 17 años tienen por lo menos una dosis de vacuna contra el coronavirus, mientras que, de ellos, completaron el esquema de inoculación el 46 por ciento de hasta 11 años y el 67,1 de entre 12 y 17.

En este escenario, especialistas y funcionarios defendieron la vacunación pediátrica argumentando cinco ejes fundamentales: las vacunas son seguras; evitan la posibilidad de contraer la enfermedad y, de hacerlo, bajan notablemente la chance de que se generen síntomas graves que deriven en internación o muerte; disminuyen la circulación del virus en la población general y la de desarrollar síndrome inflamatorio multisistémico y resultan claves para garantizar un ciclo lectivo presencial.

Con respecto a la Sinopharm, Rosa Bologna, jefa del servicio de Epidemiología e Infectología del Hospital Garrahan, señaló que «es segura» y que «se trata de una vacuna de la que ya se han aplicado a millones de dosis en nuestro país y a nivel mundial».

En niños se aplicó en China, Emiratos Árabes Unidos y El Salvador, aseguró la especialista y dijo que «los estudios de investigación de fase 3 que se están haciendo en esos países mostraron que es segura y produce bien anticuerpos o defensas contra Covid».

En tanto, tras la reciente aprobación de una versión pediátrica de la vacuna del Pfizer, el jefe del Departamento de Medicina del Hospital Ricardo Gutiérrez y asesor del Gobierno, Eduardo López, explicó a Télam que en los adultos se aplican «30 microgramos y en los chicos 10» y resaltó que hay «trabajos publicados» que muestran «una eficacia del 90% para prevenir la enfermedad».

«Es una vacuna cuyos efectos adversos son muy pocos, muy raros y con muy buena evolución», sostuvo, y destacó que «tenemos una herramienta más para poder utilizar en pediatría».

En cuanto a la circulación del virus, la pediatra Nora Schenone aseguró que «es fundamental» detenerla «y el virus circula entre los no vacunados. Si bien en los vacunados también hay circulación es mucho menor. Así ha pasado con el sarampión, la polio, la gripe, con lo cual a la larga se terminará vacunando a todo el mundo».

En el mismo sentido, la médica Lourdes Arruvito, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (Inbirs), indicó que «los niños son una población que está muy indefensa frente al virus y en la medida que se avance con la vacunación en el resto de la población se transforman en el blanco del virus».

Fue lo que ocurrió con la extensión de la variante Delta en Estados Unidos y el Reino Unido, donde se dispararon los casos y las hospitalizaciones de los menores de 12 años porque no estaba aprobada en ese momento la vacuna para ellos.

La jefa del servicio de Epidemiología del Hospital Gutiérrez, Ángela Gentile, consideró, por su parte, que «es clave la vacunación en los chicos, primero porque el riesgo no es cero como ya lo sabemos perfectamente bien, especialmente cuando tienen comorbilidades, pero incluso en chicos sanos inmunocompetentes hay cuadros clínicos de riesgo, síndrome inflamatorio multisistémico».

En este sentido, Arruvito explicó que «en los niños sin comorbilidades también hay un beneficio» en la vacunación ya que «si bien es verdad que la mayoría transitan la infección de forma asintomática o con cuadros leves, aún en estos casos pueden quedar secuelas».

Asimismo, apuntó que el esquema completo de vacunación «es una forma de prevenir el síndrome inflamatorio multisistémico pos Covid, una respuesta inflamatoria exacerbada que se presenta en niñas y niños sin enfermedades de base 8 a 10 semanas después de haber tenido la infección y que por lo general genera necesidad de cuidados intensivos «.

El pasado 7 de enero, el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Pablo Moreno, sostuvo que «en la medida en que los grupos de adultos están siendo vacunados los chicos están siendo más afectados» y agregó que «aunque en la gran mayoría son casos leves y los internados que hay son niños con enfermedades preexistentes, no hay que olvidar que el riesgo siempre existe».

«Además de los efectos que buscamos sobre los niños que se mencionaron antes, con su vacunación se aporta a la inmunidad colectiva y a evitar la transmisión intra hogar, especialmente de las personas mayores y de los inmunocomprometidos que desarrollan una respuesta menor frente a la vacuna», sostuvo Bologna.

Por su parte, Gabriela Cerruti, portavoz del Gobierno nacional, afirmó ayer que la prioridad del Ejecutivo «es que niños, niñas y jóvenes en edad escolar tengan el esquema completo para cuando empiecen las clases» para que «eso permita tener un ciclo lectivo fructífero».

Con ese objetivo el Gobierno puso a disposición de las jurisdicciones una serie de herramientas para facilitar el regreso a las aulas previsto para el 2 de marzo en la mayoría de las provincias.

En tanto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, mantuvo reuniones en los últimos días con miembros de la SAP para analizar la estrategia de vacunación contra el coronavirus para niños, niñas y adolescentes ante el comienzo de clases.

Los asistentes a la reunión convinieron en encarar un abordaje específico por provincias durante enero y febrero para llegar con las «mejores coberturas al inicio del año escolar» con todas las vacunas incluidas en el calendario oficial.

«Argentina tiene stock de vacunas que se pueden coadministrar», dijo Vizzotti, y agregó que se debe «avanzar antes del inicio escolar con todos los controles de los niños y niñas, y la puesta al día de las vacunas del calendario, además de la vacuna contra la Covid-19, en función de la edad que tenga para iniciar y completar los esquemas de vacunación».

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PAMI al límite: el Gobierno niega la crisis pero clínicas suspenden turnos y amenazan con frenar cirugías

El sistema de salud que atiende a casi 7,3 millones de jubilados y pensionados en Argentina está al borde del colapso. Las cámaras de prestadores privados suspendieron la asignación de turnos en consultorios externos de todas las especialidades y amenazan con paralizar cirugías programadas, mientras el Gobierno libertario insiste en que «el cronograma de pagos se viene cumpliendo».

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PAMI suspende turnos en todo el país: prestadores denuncian un atraso arancelario del 102%

La contradicción es flagrante: por un lado, las instituciones privadas denuncian un atraso arancelario del 102% y advierten que no pueden afrontar insumos ni salarios; por el otro, el oficialismo responde con aumentos del 1,9% para junio y 1,9% para julio, por debajo incluso de la última medición de inflación del INDEC. La brecha entre el discurso oficial y la realidad hospitalaria no podría ser más amplia.

El Gobierno dice que todo está bien

Fuentes del Gobierno libertario aseguraron que el PAMI «no tiene deuda acumulada con Clínicas y Sanatorios a nivel nacional» y que «lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes». El mensaje fue reforzado desde Casa Rosada, que confirmó los aumentos del 1,9% para junio y julio, y anticipó que volverán a convocar a los prestadores «para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario».

La frase «estrés presupuestario» dice más de lo que pretende ocultar. Se trata del eufemismo oficial para describir lo que el propio sistema de salud padece como una crisis estructural, directamente vinculada al ajuste fiscal impuesto por las metas del acuerdo con el FMI.

Lo que dicen los prestadores: 102% de atraso y colapso inminente

La Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) comunicó la suspensión del otorgamiento de nuevos turnos en consultorios externos de todas las especialidades y advirtió que las próximas medidas incluirán la paralización de cirugías y procedimientos programados no urgentes, manteniendo únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas.

«Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales«, advirtió CAPRESS en un documento público. «Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario que esta situación genera en los afiliados al PAMI», completaron.

Los números que el sector expone son contundentes: desde diciembre de 2023, los aranceles abonados por el PAMI a los prestadores aumentaron apenas un 130%, mientras que en el mismo período la inflación acumulada superó el 300%. Para equiparar ambas variables, los prestadores estiman que haría falta una recomposición de al menos el 75%; el Gobierno ofrece menos de un cuarto de eso.

La crisis lleva meses: desde Patagonia hasta todo el país

La situación no es nueva ni está circunscripta a una región. En febrero de 2026, más de 30 clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa ya habían suspendido prestaciones programadas y ambulatorias, luego de una nota enviada al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, en la que advertían que sin soluciones concretas la interrupción de servicios sería inevitable. El problema se repite: primero fue una advertencia; ahora es una medida de fuerza generalizada.

«No cubrimos costos y las brechas son insalvables», declaró Andrés Sabalette, administrador del Sanatorio Juan XXIII de Río Negro, según consignó el portal Noti-Río.

Los prestadores privados aportan más de la mitad de las camas de internación en todo el país, lo que convierte esta crisis en una amenaza directa para la capacidad del sistema sanitario argentino de responder a las necesidades de la tercera edad.

Un antecedente que el Gobierno ignoró: el fallo judicial de mayo

Esta crisis no irrumpió en el vacío. En mayo de 2026, este medio ya cubrió cómo un juez federal ordenó al PAMI y a Incluir Salud regularizar pagos a prestadores de discapacidad en 72 horas, calificando al Estado de «en mora» y advirtiendo sobre el «riesgo inminente» para las personas con discapacidad. El Gobierno apeló esa cautelar en lugar de cumplirla. El patrón se repite: la respuesta judicial; la respuesta oficial, una apelación.

Además, el propio Ejecutivo debió emitir Letras del Tesoro (LECAP) por $580.000 millones para asistir al PAMI en el marco de esa misma crisis, una medida que la propia normativa exige reembolsar dentro del mismo ejercicio fiscal.

El ajuste y los jubilados: un costo que siempre pagan los mismos

Para los trabajadores del sector, el reclamo de los prestadores es apenas la superficie de una crisis más profunda. Desde SUTEPA respaldaron las medidas de los prestadores y señalaron que el personal de planta y los profesionales de cabecera fueron los principales damnificados del ajuste económico en el sector de la salud.

El cuadro se enmarca en una política deliberada: el recorte del gasto primario acumulado desde 2023, que en el área de salud y seguridad social implicó reducciones de más del 60% en términos reales, según el diagnóstico del Foro Economía y Trabajo. Los jubilados que dependen del PAMI son, en ese contexto, los eslabones más débiles de una cadena de ajuste que los aprieta desde varios frentes simultáneamente: la erosión del poder adquisitivo de sus haberes, el encarecimiento de los servicios públicos, y ahora la amenaza de perder acceso a los turnos médicos.

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