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Ahora Del Río acusa a su hermano y a su amante e insiste en pedir su libertad

La defensa del principal sospechoso siguió incriminando personas de su entorno, y alega que todos «lo odian» y por eso declararon en su contra.

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La defensa de Martín Del Río, detenido por el presunto parricidio de Vicente López, pidió su liberación al considerar que la data de la muerte estimada en las autopsias no coincide con el momento en el que para los fiscales se cometió el doble crimen, cuestionó a los testigos que lo identificaron como el «caminante encapuchado» de los videos y pidió que investiguen como posibles autores del hecho al hermano y la amante de su cliente.

La presentación fue realizada por la abogada del imputado, Mónica Chirivin, ante el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, a quien le reclama el «cese de la detención» de Del Río (47).

«No existen en la actualidad elementos concretos y precisos que ubiquen al Martín Santiago Del Río en la escena del crimen«, dice la letrada en uno de los primeros párrafos del escrito de 25 páginas.

Uno de los puntos clave que cuestiona la defensa es la diferencia que existe entre la franja horaria en la que para los fiscales fiscales Alejandro Musso, Martín Gómez y Marcela Semería mataron a José Enrique Del Río (74) y su esposa María Mercedes Alonso (72), y la data de muerte establecida en las respectivas autopsias, que indica que los crímenes se cometieron la madrugada del día del hallazgo -25 de agosto-, cuando Del Río estaba con su familia en su casa del country Nordelta.

«Es quizás la operación de autopsia llevada a cabo sobre los cuerpos de los fallecidos la prueba más importante que desincrimina a Martín Santiago Del Río», sostiene la abogada.

En la imputación, los fiscales acusaron a Del Río de haber cometido el crimen «entre las 17.33 y las 18.30 del 24 de agosto, cuando el llamado «caminante encapuchado» quedó filmado llegando y retirándose a metros de la casa de las víctimas.

Pero la abogada transcribe los protocolos que presentó el médico legista que hizo las autopsias, Martín Adrián Fernández, quien en ambos casos calculó el intervalo postmortem de 12 a 18 horas previas al análisis en la morgue, que en el caso de Alonso se hizo a las 17.30 del 25 de agosto y en el de Del Río padre, a las 19 del mismo día.

Chirivin sostiene que tomando el extremo máximo de 18 horas que informa el forense, la muerte de Alonso «se habría producido en horario posterior a las 23.30» del miércoles 24 de agosto y la de Del Río luego de «la 1 del día 25 de agosto».

«Esta prueba es contundente, precisa y determinante para poder afirmar que el Martín Santiago Del Río, no es el autor material del hecho, no se encuentra probado que el mismo estuvo en la casa de sus padres el día 24 de agosto de 2022 en el horario de las 17.33 y 18.30 y mucho menos que sus padres hayan fallecido en dicha franja horaria», subraya Chirivin.

En otro tramo del escrito, la defensora cuestionó a todos los testigos que reconocieron por su forma de caminar a Del Río como el sospechoso que desde Núñez a Vicente López quedó filmado con buzo con capucha y barbijo llegando y retirándose de las inmediaciones de la casa del doble crimen.

«Este ‘caminante misterioso’ ha sido plantado para inculpar a Del Río y derivar la investigación hacia su persona», afirma la letrada.

Y remarcó que las cuatro personas que lo reconocieron en los videos –su hermano Diego Del Río, su suegro Miguel Sánchez, el exfutbolista Fabricio Fuentes con el que tenía problemas comerciales y la mujer con la que tuvo una relación extramatrimonial-, son personas «enemigas», que «lo odian» y que «no poseen la objetividad necesaria para que sus declaraciones testimoniales sean valoradas en esta investigación penal».

Además, fundamentó que de la observación de los videos del sospechoso encapuchado «no se observa que ingrese ni que salga de la casa de la calle Melo en donde acontecieron los homicidios» y que se puede ver que el mismo «no utiliza anteojos», como los que tiene.

A su vez, en los tramos finales del escrito, la abogada sugiere que la fiscalía de Vicente López investigue como posibles autores del crimen a dos personas del círculo íntimo de su cliente.

En primer término, al hermano mayor, Diego Del Río, sobre quien reveló que se halló «una huella» dactilar suya «en el vidrio del espejo del baño» de la casa de sus padres.

Pero además, pidió que se investigue a la agente inmobiliaria con la que Del Río tenía una relación extramatrimonial y que, según la defensa, lo «extorsionaba» con pedidos de dinero «constantes» para no revelarle a su esposa el vínculo que tenían.

«Podría tener interés en esas muertes ya que podría pensar que Martín Del Río heredaría mucho dinero y tendrían la posibilidad de beneficiarse con el mismo, siendo una hipótesis que debe ser investigada, no debiéndonos olvidar que esta señora habría intentado quitarse la vida, escribiendo cartas a sus hijos y exmarido. ¿Por qué razón haría una cosa así si no tiene nada que ocultar en relación al crimen?», se preguntó Chirivin.

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Dos Adorni, dos causas: tras ser imputado, levantaron el secreto fiscal del hermano del vocero

El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó la imputación de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del actual Jefe de Gabinete, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se originó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

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El cerco judicial se amplía: imputan y levantan el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni

El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, diputado provincial bonaerense y hermano del Jefe de Gabinete, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se suma al expediente que ya pesa sobre Manuel Adorni ante la justicia federal, configurando un panorama judicial sin precedentes para una de las figuras más visibles del gobierno de Javier Milei.

La nueva causa: Francisco Adorni en la mira judicial

Este miércoles, el fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó la imputación de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del actual Jefe de Gabinete, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se originó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien alertó sobre presuntas inconsistencias en el patrimonio declarado por el legislador bonaerense.

Al día siguiente, el juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a las veinte medidas de prueba solicitadas por Marijuan y dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado, habilitando el acceso a la documentación del ARCA (ex AFIP) y ordenando la remisión a la fiscalía de un informe completo del sistema EFISCO, que incluye las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA de Francisco Adorni.

Lo que investiga la Justicia

Según la información disponible en la causa, los puntos centrales de la investigación son tres: un crédito hipotecario de $60 millones que habría sido cancelado en el plazo inusualmente breve de doce meses; la adquisición del 50% de un vehículo sin justificación patrimonial clara; y un incremento patrimonial del 84% en el transcurso de un año, cifra que los investigadores consideran incompatible con los ingresos declarados por el diputado provincial.

Las veinte medidas de prueba dispuestas por Casanello apuntan a reconstruir de forma integral el patrimonio y el flujo de fondos de Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad, lo que supone un rastreo exhaustivo de sus movimientos financieros durante el período que coincide, parcialmente, con el ascenso político de su hermano Manuel.

El expediente que ya pesa sobre Manuel Adorni

La imputación de Francisco Adorni no se produce en el vacío. Desde hace semanas, el propio Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación paralela ante la justicia federal, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, por un patrimonio bajo sospecha que ya supera los 840.000 dólares.

En ese expediente se investigan, entre otros hechos, la compra de un departamento en el barrio de Caballito por 230.000 dólares con una modalidad de pago que incluyó una deuda con dos jubiladas cuyos hijos son socios de una desarrolladora inmobiliaria, y refacciones de lujo en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que ascendieron a 245.000 dólares abonados íntegramente en efectivo y sin factura, según la declaración testimonial del contratista Matías Tabar. Entre las mejoras contratadas figuran una pileta con cascada, un quincho con parrilla valuada en 15.000 dólares y baños con jacuzzi.

Además, se indaga el uso del avión presidencial para trasladar a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, a Nueva York, y la posible vinculación del entorno de Adorni con la denominada Causa $Libra, una estructura de presunto lavado de dinero y movimientos financieros off-shore. En ese marco, la diputada Marcela Pagano, la misma legisladora que denunció a Francisco Adorni, también solicitó la detención de Manuel Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia.

Una familia bajo la lupa del Poder Judicial

La apertura simultánea de causas contra ambos hermanos configura una situación inédita en la historia reciente del gabinete nacional. Lo que comenzó como una investigación sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete se extiende ahora al núcleo familiar más próximo, con dos jueces federales y dos fiscales actuando en expedientes que, aunque formalmente separados, comparten protagonistas, denunciantes y contextos.

La decisión del juez Casanello de levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, apenas un día después de su imputación, indica que la investigación avanza con celeridad y que la Justicia considera que existe mérito suficiente para profundizar el escrutinio sobre los movimientos financieros del diputado bonaerense.

Puntos clave:

  • El fiscal Marijuan imputó a Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del Jefe de Gabinete, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
  • El juez Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario y habilitó veinte medidas de prueba.
  • Se investiga un crédito hipotecario de $60 millones cancelado en doce meses y un incremento patrimonial del 84% en un año.
  • Manuel Adorni enfrenta una causa paralela ante el juez Lijo por un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares.
  • La diputada Marcela Pagano es la denunciante en ambas causas y también solicitó la detención del Jefe de Gabinete.
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