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Santa Fe

San Jorge: destrozó la oficina de la luz con un pico porque no le tomaron el reclamo

El agresor destrozó vidrios y computadoras en plena oficina de atención al público. La empresa rechazó el reclamo porque el servicio no estaba a su nombre. El fiscal analiza las cámaras y evalúa imputaciones por daños y amenazas.

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Un hombre fue detenido este lunes en la ciudad santafesina de San Jorge luego de ingresar armado con un pico a una oficina de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y causar destrozos. El episodio ocurrió pasadas las 10 de la mañana, cuando el sujeto —cuyo nombre no trascendió— ingresó al edificio ubicado en la esquina de San Luis y Rivadavia y arremetió contra el vidrio de blindex, computadoras y mobiliario, generando una situación de pánico entre empleados y clientes.

Testigos aseguraron que “la gente salió corriendo del lugar” y que el atacante “estaba fuera de sí”. Personal administrativo intentó contener la situación hasta que llegaron efectivos de la Unidad Regional XVIII, quienes concretaron la detención. No se registraron heridos, pero sí daños materiales considerables.

Según la información difundida por medios locales y confirmada por fuentes judiciales, el agresor habría acudido a la oficina para reclamar por la supuesta quema de un artefacto eléctrico. Sin embargo, al no figurar como titular del suministro, desde la EPE le solicitaron realizar el trámite correspondiente. Esa negativa habría detonado la reacción violenta.

Un reclamo recurrente y un sistema con fisuras

Aunque el hecho adquirió ribetes extremos, la escena no es del todo aislada. Usuarios del servicio eléctrico en distintas localidades de Santa Fe vienen manifestando reclamos por electrodomésticos dañados a raíz de cortes, subas de tensión o apagones no notificados. En muchos casos, la falta de información, la burocracia para hacer reclamos o el hecho de que los servicios estén a nombre de propietarios anteriores impide una resolución formal del conflicto.

Desde la EPE recordaron que “las gestiones por daños deben ser realizadas por el titular del servicio y cumplir con los requisitos administrativos establecidos”, entre ellos, presentar una denuncia y una evaluación técnica del artefacto afectado. En este caso, esa condición no se cumplió.

El episodio, sin embargo, vuelve a poner en discusión el acceso desigual a derechos básicos en zonas del interior, donde las empresas públicas o concesionadas no siempre ofrecen mecanismos claros de atención al cliente, ni protocolos eficaces para resolver reclamos. “No se justifica la violencia, pero tampoco puede ignorarse el hartazgo de quienes se sienten desamparados por el sistema”, comentó un referente vecinal de San Jorge consultado por la prensa.

Avanza la causa judicial y se evalúan cargos

El fiscal de turno, Diego Rodríguez y Barros, quedó a cargo de la investigación. Tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y recibir las primeras declaraciones, la Fiscalía imputará al detenido por los delitos de daños agravados y amenazas, aunque no se descarta que se incorporen otros cargos si se confirma que hubo riesgo para la integridad física de las personas presentes.

Fuentes de la causa aseguraron que el acusado “no tenía antecedentes penales”, aunque la evaluación psiquiátrica será clave para determinar su imputabilidad y estado al momento de los hechos. Por el momento, permanece detenido y podría ser trasladado a una unidad penitenciaria en las próximas horas.

En paralelo, la EPE inició un relevamiento de los daños para evaluar el costo de reparación y eventual reclamo judicial. Por ahora, la oficina de atención permanece cerrada.

Santa Fe

El derecho a la educación desde el encierro: Gino C. no regresará a las aulas en San Cristóbal

El ministro de Educación santafesino, José Goity, confirmó que el adolescente acusado por el crimen de Ian Cabrera tendrá una escolaridad virtual desde su lugar de detención. La medida responde a la presión de las familias y expone la incapacidad estatal para gestionar la reinserción en un contexto de violencia extrema.

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Gino C. no vuelve a las aulas: tres el crimen de Ian Cabrera, su atacante accederá a la educación pero aislado

★ Este miércoles, el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, aseguró que Gino C., el adolescente de 15 años que el pasado 30 de marzo asesinó a su compañero Ian Cabrera en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno», no asistirá a clases presenciales en dicha institución. El funcionario realizó estas declaraciones durante un acto oficial en el Museo de la Constitución, buscando calmar el clima de temor e incertidumbre que manifestaron las familias de la comunidad educativa ante las versiones de un posible retorno del joven al establecimiento de San Cristóbal.

La virtualidad como respuesta al conflicto

“No hay condiciones para que este joven esté en un establecimiento educativo, y eso no va a pasar”, sentenció Goity, quien diferenció el derecho a la educación de la obligatoriedad de la presencialidad física en los edificios escolares. Según precisó el funcionario, el joven, que permanece alojado en un centro juvenil tras haber sido declarado no punible por su edad bajo la legislación vigente al momento del hecho, recibirá educación de forma virtual desde su lugar de alojamiento.

Esta modalidad busca dar cumplimiento formal a las garantías educativas sin alterar el frágil clima social en San Cristóbal. El ministro subrayó que el sistema debe garantizar la formación de todos los jóvenes de la provincia, pero aclaró que “tenemos chicos y chicas que no están en condiciones de ser escolarizados” en el sentido tradicional, sugiriendo que la seguridad comunitaria y la situación procesal del menor prevalecen sobre cualquier intento de revinculación presencial inmediata.

Un sistema que llega tarde

El caso de San Cristóbal, calificado por el propio ministro como un hecho que “nos atravesó como sociedad”, puso en evidencia las fallas en las redes de contención estatales. El propio Goity reconoció tras el crimen que el agresor atravesaba una “problemática intrafamiliar importante”, dato que ya figuraba en los registros oficiales pero que no activó ninguna alerta temprana antes de que el adolescente ingresara al colegio con una escopeta oculta en su mochila.

La tragedia, que acabó con la vida de Ian Cabrera (de apenas 13 años) e hirió a otros ocho estudiantes, desató además una ola de amenazas escolares en más de doce provincias argentinas, muchas de ellas vinculadas a la subcultura digital True Crime Community (TCC). Mientras el Gobierno provincial apuesta ahora a la educación remota para el acusado, la discusión de fondo sobre la falta de equipos de salud mental y protocolos de detección de crisis en las escuelas públicas santafesinas permanece en un segundo plano.

El laberinto de la imputabilidad

La situación de Gino C. reavivó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Si bien el Congreso Nacional aprobó la Ley 27.801 (que reduce la edad mínima a 14 años), la norma establece un plazo de 180 días para su entrada en vigencia plena, lo que dejó al agresor fuera del alcance de la justicia penal juvenil al momento del ataque.

Ante la imposibilidad de una condena penal, la exclusión del sistema presencial aparece como la única herramienta de respuesta rápida que el Estado ha podido articular frente a la demanda de justicia de una comunidad que despidió a Ian entre velas y carteles, denunciando que las instituciones fallaron mucho antes del primer disparo.

Puntos clave:

  • El ministro José Goity confirmó que Gino C. no regresará a clases presenciales en la Escuela 40 de San Cristóbal.
  • El adolescente recibirá clases de manera virtual desde el centro juvenil donde se encuentra alojado.
  • Las autoridades educativas distinguieron entre el «derecho a ser educado» y la asistencia física a un establecimiento.
  • El agresor permanece bajo un régimen de no punibilidad debido a que la Ley 27.801 aún no estaba vigente al momento del crimen.
  • El Gobierno santafesino admitió fallas en la detección previa de la problemática familiar del joven acusado.
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