Un hombre fue detenido este lunes en la ciudad santafesina de San Jorge luego de ingresar armado con un pico a una oficina de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y causar destrozos. El episodio ocurrió pasadas las 10 de la mañana, cuando el sujeto —cuyo nombre no trascendió— ingresó al edificio ubicado en la esquina de San Luis y Rivadavia y arremetió contra el vidrio de blindex, computadoras y mobiliario, generando una situación de pánico entre empleados y clientes.

Testigos aseguraron que “la gente salió corriendo del lugar” y que el atacante “estaba fuera de sí”. Personal administrativo intentó contener la situación hasta que llegaron efectivos de la Unidad Regional XVIII, quienes concretaron la detención. No se registraron heridos, pero sí daños materiales considerables.

Según la información difundida por medios locales y confirmada por fuentes judiciales, el agresor habría acudido a la oficina para reclamar por la supuesta quema de un artefacto eléctrico. Sin embargo, al no figurar como titular del suministro, desde la EPE le solicitaron realizar el trámite correspondiente. Esa negativa habría detonado la reacción violenta.

Un reclamo recurrente y un sistema con fisuras

Aunque el hecho adquirió ribetes extremos, la escena no es del todo aislada. Usuarios del servicio eléctrico en distintas localidades de Santa Fe vienen manifestando reclamos por electrodomésticos dañados a raíz de cortes, subas de tensión o apagones no notificados. En muchos casos, la falta de información, la burocracia para hacer reclamos o el hecho de que los servicios estén a nombre de propietarios anteriores impide una resolución formal del conflicto.

Desde la EPE recordaron que “las gestiones por daños deben ser realizadas por el titular del servicio y cumplir con los requisitos administrativos establecidos”, entre ellos, presentar una denuncia y una evaluación técnica del artefacto afectado. En este caso, esa condición no se cumplió.

El episodio, sin embargo, vuelve a poner en discusión el acceso desigual a derechos básicos en zonas del interior, donde las empresas públicas o concesionadas no siempre ofrecen mecanismos claros de atención al cliente, ni protocolos eficaces para resolver reclamos. “No se justifica la violencia, pero tampoco puede ignorarse el hartazgo de quienes se sienten desamparados por el sistema”, comentó un referente vecinal de San Jorge consultado por la prensa.

Avanza la causa judicial y se evalúan cargos

El fiscal de turno, Diego Rodríguez y Barros, quedó a cargo de la investigación. Tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y recibir las primeras declaraciones, la Fiscalía imputará al detenido por los delitos de daños agravados y amenazas, aunque no se descarta que se incorporen otros cargos si se confirma que hubo riesgo para la integridad física de las personas presentes.

Fuentes de la causa aseguraron que el acusado “no tenía antecedentes penales”, aunque la evaluación psiquiátrica será clave para determinar su imputabilidad y estado al momento de los hechos. Por el momento, permanece detenido y podría ser trasladado a una unidad penitenciaria en las próximas horas.

En paralelo, la EPE inició un relevamiento de los daños para evaluar el costo de reparación y eventual reclamo judicial. Por ahora, la oficina de atención permanece cerrada.