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Banco Nación se mostró a favor de la declaración del «cramdown» para Vicentin

Esta instancia debe contemplar el funcionamiento a pleno de la compañía: «Que genere empleo y que, además, genere alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado», aseguraron autoridades de la institución bancaria.

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El presidente del Banco Nación (BNA), Eduardo Hecker, se mostró a favor de que la Corte Suprema de Santa Fe declare el cramdown (mecanismo de última instancia de la quiebra) sobre la empresa Vicentin, luego de que el máximo tribunal provincial se abriera a una intervención más profunda por parte de sus acreedores en la cancelación de su deuda.

En ese sentido, el BNA tiene una posición privilegiada entre lo acreedores de la empresa, ya que tiene US$ 300 millones de los casi US$ 1.600 millones que la cerealera dejó sin pagar a principios de 2020, entre quienes se destacan otros bancos públicos y extranjeros, además de productores de Santa Fe.

«A partir de la decisión de la Corte Suprema provincial, en la actualidad se abre una etapa -que probablemente sea la del cramdown-, y en esta etapa se debe realizar una nueva propuesta que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público y privado. Esta instancia debe contemplar el funcionamiento a pleno de la compañía; que genere empleo y que además genere alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado», aseguró Hecker en declaraciones a la prensa.

Hecker advirtió que si el juez Fabián Lorenzini homologaba la propuesta que la empresa había presentado, se abría una «posibilidad inminente de que haya un desguace de la compañía, al tiempo que distintos sectores quedarían sin destino, además de convertirse en una amenaza al empleo de los que hoy están trabajando».

«Es imprescindible evitar el fraude. La propuesta de Vicentin implica convalidar el fraude y una quita del 80 por ciento en valor presente neto de los créditos que tiene el Banco Nación y un daño al patrimonio colectivo. Teniendo en cuenta que el Banco Nación es de toda la sociedad y, por lo tanto, convalidar esa alternativa es un atentado al patrimonio colectivo», subrayó Hecker.

Por último, el funcionario recordó que el banco «manifestó su oposición a la propuesta y realizó todos los esfuerzos necesarios para evitar la extranjerización; el desguace de la compañía y la pérdida de puestos de trabajo».

Otra de los entidades acreedoras de Vicentin es el Banco Provincia, que también rechazó la propuesta de reestructuración presentada por la empresa «por considerarla insatisfactoria para los intereses de la banca pública».

Vicentin SAIC entró en default en diciembre de 2019 con más de 1.727 acreedores comerciales y financieros -agricultores, bancos privados y públicos e inversores extranjeros- a quienes dejó impago cerca de US$ 1.600 millones, lo que derivó en el concurso preventivo que ahora deberá dirimir la Corte Suprema santafecina.

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San Luis: comenzaron nuevas pericias dónde desapareció Guadalupe

La niña desapareció el 14 de junio de 2021, a las 19:30 horas, cuando jugaba en la puerta de su casa en el barrio 544 Viviendas, en el sur de la ciudad de San Luis, junto a sus primos y primas.

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Un grupo de expertos e integrantes del sistema federal de búsqueda de personas (Sifebu) comenzaron este martes las tareas de reconstrucción de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, la niña vista por última vez el 14 de junio del 2021 en un barrio de la ciudad capital de San Luis.

Según la resolución emitida por el fiscal federal, Cristian Rachid, “la medida tiene como objetivo contribuir al esclarecimiento del hecho y a la adopción de nuevas diligencias probatorias tendientes a dilucidar aquellos puntos que surjan durante su desarrollo”.

Por ello un equipo de Gendarmería Nacional comenzó este martes trabajos de peritajes y mediciones en el barrio 544 Viviendas, en la zona sur de esta capital, donde desapareció el 14 de junio del año pasado la niña junto a integrantes del Sistema Federal de Búsqueda de personas desaparecidas (Sifebu) del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Las tareas de mediciones comenzaron en la denominada “zona cero”, el lugar donde se vio por última vez a Guadalupe y se extendieron hasta unas cuatro cuadras de ese punto y acompañaron a los expertos personal de la Fiscalía Federal, a cargo de Cristian Rachid.

Las nuevas medidas fueron decididas el 14 de junio último, al cumplirse un año de la desaparición de la pequeña por los fiscales federales de San Luis, Rachid y Leonel Gómez Barbella, y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, integrantes del equipo fiscal.

Ese día unas 3.000 personas, entre familiares de Guadalupe Belén Lucero y organizaciones sociales, marcharon por el centro puntano, al cumplirse un año de la desaparición de la niña, cuando se encontraba jugando en el barrio 544 Viviendas en San Luis, y reclamaron la renuncia del Ministro de Seguridad local, Luciano Anastasi y de la cúpula policial de San Luis.

La investigación, que se tramita desde diciembre pasado en el fuero federal, comenzó a tener las primeras intervenciones a fines de abril, cuando cerca de 100 gendarmes hicieron nuevos rastrillajes en la provincia, en un predio de 60 hectáreas, por pedido del fiscal de la causa, Cristian Rachid, de los cuales no surgieron elementos que puedan dar con el paradero de Guadalupe.

Guadalupe desapareció el 14 de junio de 2021, a las 19:30 horas, cuando jugaba en la puerta de su casa en el barrio 544 Viviendas, en el sur de la ciudad de San Luis, junto a sus primos y primas.

La niña es de tez trigueña y al momento de su desaparición tenía el cabello lacio por debajo de los hombros y un lunar en la mejilla izquierda.

Los distintos operativos de búsqueda generaron una gran movilización en San Luis: diferentes fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, comenzaron a intervenir conforme pasaron los días.

Bomberos de la Policía y Prefectura Naval Argentina rastrillaron 18 lagos y perilagos de la provincia, usaron perros, georradares y un vehículo operado a distancia por control remoto que se sumergía.

Se rastrilló un total de 1.500 sectores, se tomaron más de 900 declaraciones y hubo 465 allanamientos en distintas zonas de la ciudad y provincias como Mendoza, Córdoba, Neuquén, Rio Negro, La Pampa y Salta.

Además, se secuestraron y peritaron más de 100 celulares y se analizaron más de 150 dispositivos electrónicos portátiles con la intervención de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos, y se revisaron 3.000 horas de filmación de 113 cámaras de la zona, públicas y privadas.

El propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, y diferentes ministros del gabinete nacional, recibieron y manifestaron públicamente el apoyo a la familia de Guadalupe.

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