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«La Toretto» cumplirá prisión domiciliaria sin tobillera electrónica en La Plata

La medida excluye a Alvite de la lista de espera para dispositivos electrónicos.

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Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, cumplirá su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria en su residencia en La Plata, sin la obligación de portar una tobillera electrónica.

Decisión judicial y fundamentos

El abogado defensor, Flavio Gliemmo, explicó que la decisión fue adoptada por la Sala 3, que desarrolló nuevas pautas para los casos de prisión domiciliaria. Gliemmo señaló: “A partir de las nuevas pautas que desarrollaron la Sala 3 sobre la prisión domiciliaria, es que ahí va a dictaminar sentencia”.

El documento judicial argumentó que, debido a la ausencia de la tobillera electrónica, Alvite no deberá ingresar a la lista de espera para acceder al dispositivo. Además, el tribunal demostró que los ocho meses que la imputada lleva detenida resultaron un factor relevante en la resolución.

El texto agregó: “Resulta insoslayable que han transcurrido aproximadamente ocho meses desde la detención de la imputada, siendo que ese lapso se torna en otro baremo significativo a la hora de analizar la cuestión aquí deducida”.

Resolución del tribunal

El tribunal casatorio destacó que cualquier decisión contraria a la asignada sería “manifiestamente desacertada”. La sentencia también enfatizó la necesidad de actuar con urgencia y de manera eficiente: “En atención a las particularidades inherentes al caso, entiendo que corresponde, con la urgencia que el caso amerita y por cuestiones de economía procesal, ceñir mi voto en función a lo resuelto por el órgano superior”.

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Concejal libertario pagará $12 millones a una trabajadora por abuso sexual

El concejal Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido en una dependencia pública. Aunque pactó una indemnización de $12 millones en el fuero civil, la investigación penal continúa y podría llegar a juicio oral.

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Lo que tenés que saber

  • Un concejal de La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo económico con una denunciante.
  • La compensación fue establecida en el marco de una causa civil.
  • La investigación penal continúa abierta y sigue su curso judicial.
  • La Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
  • El expediente podría avanzar hacia una instancia de juicio oral.

Un acuerdo económico en paralelo a la investigación judicial

El concejal de San Isidro Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido dentro de una dependencia pública cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito del municipio.

Según trascendió, el entendimiento fue formalizado en el ámbito civil y contempla el pago de una indemnización de $12 millones a la denunciante. El acuerdo fue establecido de manera paralela a la causa penal que continúa en trámite.

La denuncia y las imágenes incorporadas al expediente

La denuncia fue presentada a fines de 2023 y está vinculada a un episodio registrado por cámaras de seguridad de una dependencia municipal.

De acuerdo con la acusación, las imágenes muestran el momento en que Montes ingresa a una oficina y mantiene un contacto físico con una trabajadora sin su consentimiento.

Tras el episodio, la mujer decidió acudir a la Justicia y promover las acciones correspondientes.

La causa penal continúa abierta

Más allá del acuerdo alcanzado en el fuero civil, especialistas recuerdan que este tipo de convenios no implica el cierre automático de una investigación penal.

En este caso, la causa continúa bajo la figura de abuso sexual y ya superó una instancia relevante luego de que la Justicia rechazara un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del edil.

La decisión permitió que el expediente siga avanzando dentro del proceso judicial.

Posible juicio oral durante este año

Según información vinculada al caso, la investigación se encuentra en una etapa avanzada y podría llegar a juicio oral durante el segundo semestre.

En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas por la fiscalía y los argumentos de las partes para determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.

Mientras tanto, la imputación permanece vigente y el proceso continúa bajo supervisión judicial.

Repercusiones políticas en San Isidro

El caso también generó repercusiones dentro del ámbito político local. Distintos sectores expresaron cuestionamientos respecto de la continuidad de Montes en el Concejo Deliberante mientras se desarrolla la investigación.

El edil sigue ejerciendo su banca y aguarda la evolución del expediente judicial, que podría convertirse en uno de los procesos de mayor impacto institucional en el distrito durante este año.

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