DDHH
Caamaño destacó la elaboración de una guía sobre la ex-Side para investigar los crímenes de la última dictadura
La interventora de la AFI remarcó que «uno de los mandatos del Presidente fue aportar toda la información disponible al proceso de Memoria, Verdad y Justicia».
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, destacó este viernes el trabajo conjunto realizado por el Estado y organismos de derechos humanos para lograr la «Guía de requerimientos del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal sobre el Fondo Documental ex-SIDE» aprobada hoy como una nueva «herramienta» para las causas judiciales en la que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Caamaño sostuvo que «esta Guía es producto del trabajo sobre los archivos producidos por la ex-SIDE durante el terrorismo de Estado, que iniciamos apenas asumimos la Intervención dispuesta por el presidente de la Nación, Alberto Fernández».
«Básicamente, nos dimos cuenta de que los juzgados federales y los tribunales orales que nos solicitaban información para los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad no contaban con la información sobre qué tipo de documentación y qué criterios de búsqueda tenemos disponibles para hacer más eficientes los pedidos y las respuestas», explicó.
En este sentido, la funcionaria destacó que «uno de los mandatos del Presidente fue aportar toda la información disponible al proceso de Memoria, Verdad y Justicia».
«Sanear los sótanos de la democracia no solamente implicaba detener las prácticas ilegales que se cometieron recientemente, sino también avanzar en reconstruir el rol de los servicios de inteligencia en el plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición y robo de identidades de niños y niñas nacidas en cautiverio», aseguró, y del mismo modo señaló que «los procesos judiciales por estos delitos suelen encontrarse con un agujero negro cuando aparecen agentes de inteligencia».
La Resolución 25/2022 lleva la firma de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y la guía fue elaborada por la «Mesa Conjunta sobre Documentación de Inteligencia vinculada a las violaciones a los Derechos Humanos».
Esa instancia fue creada el año pasado mediante la Resolución 467/21 con la finalidad de «aportar criterios comunes para el abordaje y análisis del fondo documental hallado en el Organismo que permita contribuir con las investigaciones vinculadas a los procesos de ‘Memoria, Verdad y Justicia'».
Se trata de un indicativo que tiene como propósito facilitar la búsqueda de información en el acervo de documentación, a fin de optimizar la calidad de las respuestas elaboradas por la AFI, propiciando «una herramienta de utilidad para la investigación judicial», indicó el texto publicado hoy en el Boletín Oficial.
En tanto, «la guía tiene carácter preliminar» y «público pudiendo trascender el ámbito oficial en los términos del artículo 16 bis de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520», y en el anexo la guía presenta «recomendaciones generales y específicas» sobre el modo en que se debe solicitar la información.
Entre las generales consta «realizar los pedidos de la manera mas detallada posible, en caso de no contar con datos precisos, aportar información de contexto, y de ser posible incluir información sobre el objeto procesal de la causa, ya que permitirá realizar búsquedas más amplias y exhaustivas así como incorporar una leyenda» que ampliarlas.
Entre las recomendaciones específicas se detallan cuestiones vinculadas a «los imputados, y a las víctimas así como a organizaciones y otras personas físicas».
DDHH
«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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