Ana llegó en ayunas, con turno y con una decisión tomada. No buscaba asesoramiento ni contención extra: ya había pasado por todo eso. Quería acceder a una práctica garantizada por la ley. Sin embargo, en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, el recorrido no fue médico sino político, ideológico y, según su relato, también religioso.

La escena no es aislada. Según denuncias relevadas por Amnistía Internacional Argentina, en ese municipio del norte bonaerense se repiten mecanismos de dilación, desinformación y presión emocional que operan como barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Un derecho que no puede ser vulnerado

Desde la sanción de la Ley 27.610 en 2020, cualquier persona gestante tiene derecho a acceder a un aborto hasta la semana 14, en un plazo máximo de diez días y sin necesidad de justificar su decisión. El sistema de salud debe garantizarlo.

Pero en San Isidro (como en muchos otros lugares de nuestro país), ese derecho aparece condicionado.

• Pacientes denuncian derivaciones a consultorios sin identificación.
• Relatan haber sido atendidas por personas ajenas al sistema de salud.
• Describen intentos de disuasión, con argumentos morales y sin sustento científico.
• Señalan demoras que pueden extenderse hasta un mes.

La práctica existe y es LEGAL. El acceso, no siempre.

“Consejerías” que operan como filtro

Ana fue derivada a una “consejería” antes de ingresar al quirófano. Allí, según contó, la atendieron dos mujeres sin identificación profesional. Le hicieron preguntas personales, pusieron en duda su decisión y le sugirieron continuar el embarazo.

El patrón se repite en otros testimonios:

• Ofrecimiento de ropa de bebé o asistencia material.
• Discursos sobre supuestos riesgos psicológicos del aborto.
• Intervenciones religiosas, como la entrega de imágenes.
• Ingreso de terceros durante la consulta.

“Son prácticas coercitivas que vulneran la autonomía”, explicó Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía.

El protocolo que contradice la ley

Profesionales de la salud del propio municipio revelaron la existencia de un protocolo interno que ordena el circuito de atención. El documento establece:

• Derivación obligatoria al Hospital Materno Infantil.
• Centralización de la entrega de medicación.
• Múltiples instancias de consejería previas y posteriores.

El problema no es la existencia de acompañamiento, sino su carácter obligatorio.

La ley nacional es clara:

• La consejería es opcional.
• El consentimiento informado es suficiente.
• No puede haber interferencias ni juicios de valor.

“El protocolo transforma derechos en requisitos”, advirtió el abogado Agustín Nacarato. “Cada paso suma una instancia de presión o demora”.

Política, ideología y gestión

Las denuncias se intensificaron tras cambios en la conducción política del área de Salud. El actual secretario, Pablo de la Torre, tiene una trayectoria pública de militancia contra el aborto legal.

En 2018, durante el debate en el Congreso, habló de un supuesto “síndrome posaborto”, una afirmación desmentida por organismos internacionales como la OMS.

Hoy, desde la gestión, impulsa dispositivos como las “maternidades vulnerables”, cuestionadas por organizaciones de derechos humanos por su rol disuasivo.

El municipio sostiene que cumple con la ley y que brinda “acompañamiento integral”. No respondió en detalle sobre el protocolo denunciado.

Ajuste nacional y discurso antiderechos

El contexto también pesa. Según informes de Amnistía:

• En 2025 se triplicaron las denuncias por obstáculos.
• Se redujo la distribución de misoprostol en un 40%.
• Se registró una caída del 10% en las prácticas realizadas.

El Gobierno nacional delega la responsabilidad en provincias y prestadores. En la práctica, eso abre la puerta a interpretaciones restrictivas.

Más violencia contra las mujeres y disidencias

Ana finalmente accedió a la intervención. Pero lo que recuerda no es el procedimiento médico, sino la escena previa: una hora de presión, una virgen sobre la mesa, una decisión puesta en duda.

“Era evidente que querían cambiar mi decisión”, dijo.

La violencia no fue física. No hubo gritos. Pero operó igual: sobre el tiempo, la culpa, la intimidad.

Antes de irse, aceptó un turno psicológico para poder salir de ahí. Después, buscó a su médica y pidió avanzar.

Días más tarde, se tatuó una virgen. No como símbolo de fe, sino como marca de lo que vivió.

Lo que está en juego

El caso de San Isidro no discute la legalidad del aborto. Discute algo más profundo: quién controla el acceso a un derecho y bajo qué condiciones.

Cuando el sistema de salud deja de garantizar y empieza a condicionar, el derecho se vuelve negociable. Y en esa negociación, siempre pierden las mismas.

Desde el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires brindan información de acceso: https://www2.ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar/IVE/