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Economía 💲

La actividad económica creció un 10 % en 2021

El 2021 cierra con una recuperación económica cercana al 10% y revierte tres años de caída.

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(Por Fabián Quintá) El nivel de actividad económica cerrará 2021 con una mejora del 10%, tras tres años consecutivos con registros negativos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que la Argentina «está viviendo un proceso de fuerte recuperación económica: la actividad económica está creciendo de una forma sólida. Esperamos que este año el PBI crezca alrededor de 10%, y el 4% para el próximo».

Por su parte, el presidente del Banco Central (BCRA) , Miguel Pesce, señaló que «Argentina siempre te sorprende. Este año pensábamos que íbamos a crecer el 7% y ahora calculamos que será el 9%, y algunos analistas (privados) lo ven en el 10%», al participar en los primeros días de diciembre en la Conferencia Industrial organizada por la UIA.

El «crecimiento» que destaca el oficialismo para los economistas ortodoxos y la oposición es apenas un «rebote». Más allá de las discusiones teóricas, lo cierto es que el Producto Bruto Interno (PBI) quebrará en 2021 tres años de caídas consecutivas: -2,5% en 2018; -2,2% en 2019 y -9,9% en el 2020, en medio de la primera ola de coronavirus y las medidas de aislamientos dispuestas para morigerar el avance del virus.

Uno de los factores que posibilitaron esta mejora fue el crecimiento en la economía brasileña

El sector fabril, por ejemplo, luego de haber perdido 7,5% en el 2020, acumulaba hasta octubre un crecimiento del 17%, si bien la variación interanual en ese mes subió 4,3%, por debajo de la tasa de dos dígitos que mostró entre febrero y septiembre. Uno de los factores que ayudó a esta recuperación fue el crecimiento del 4,4% de la economía brasileña, que impulsó una mayor demanda del sector automotriz, y también de maquinaria agrícola.

Algo similar ocurrió con el sector de la construcción, duramente golpeado en el 2020 con una merma del 19,5%, que también hasta octubre, última fecha registrada por el Indec, acumulaba un crecimiento del 37,9%, pero con un aumento interanual para ese mes de sólo el 8,3%, quebrando 12 meses de crecimiento a tasas de dos dígitos.

Otro factor fundamental resultó el sector agrícola. La campaña que se inició en plena pandemia y terminó a mediados de este año dejó 128 millones de toneladas. Toda esta gran cosecha, de la cual el 75% de la producción granaria se exporta, aprovechó los altos precios internacionales, algunos que no se veían desde mediados de los 2000, como los US$ 550 de la tonelada de soja, y esto le brindó un fuerte ingreso adicional a la economía argentina.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), hasta octubre la balanza comercial arrojó un superávit de US$ 13.940 millones, por encima de los US$ 12.600 millones de todo el 2020. Si en los diez primeros meses del año se hubiesen registrado los mismos precios de 2020 el saldo comercial habría tenido un superávit de US$ 6.579, por lo que el país registró una ganancia en los términos del intercambio de US$ 5.707 millones.

En cuanto al consumo masivo, la incorporación de más personas al mercado de trabajo a partir de mediados de año, una vez consolidado el esquema de vacunación contra la Covid 19, y la actualización de los salarios, permitió que las ventas vayan alcanzando los niveles pre-pandemia, según destacan diversos análisis privados. Todo esto se dio en marco en que el proceso inflacionario se acerca al 50%, por encima del 36% del 2020, cuando la actividad económica tuvo un importante parate por las medidas implementadas en medio de la pandemia.

El ministro Guzmán destacó que «es un objetivo central de la política económica atacar el problema inflacionario», y en este marco «consideramos que los acuerdos de precios e ingresos son un elemento necesario para que se pueda lograr una coordinación de las expectativas que permita reducir la persistencia del proceso inflacionario»

El ministro Guzmán destacó que «es un objetivo central de la política económica atacar el problema inflacionario»

El funcionario consideró que este incremento se debió al «fenómeno global» del aumento de los precios internacionales, en particular de los alimentos, aunque también reconoció la presión adicional de «factores monetarios». Guzmán también habló de las «restricciones externas» que enfrenta la economía argentina, y apuntó a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar los US$ 44.000 millones que el país le debe al organismo desde la gestión de Mauricio Macri.

«Nadie puede considerar que Argentina tenga la capacidad de amortizar los vencimientos con el FMI en los plazos en los cuales fueron acordados en el programa Stand By de 2018 (por eso) lo que necesitamos como Estado Nación es lograr el mayor apoyo posible de la comunidad internacional para estar lo más fuertes posible» y acceder a un refinanciamiento sostenible, indicó.

Desregulación

Sturzenegger irá al Senado a explicar porqué Milei quiere entregar tierras a extranjeros

El ministro de Desregulación expondrá este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que elimina los topes a la compra de tierras por extranjeros, incorpora un mecanismo de desalojo «sumarísimo» y desmantela los artículos centrales de la Ley de Manejo del Fuego. El combo consolida una política territorial que ya tiene antecedentes: más de 13 millones de hectáreas argentinas están hoy en manos extranjeras, según un relevamiento del CONICET y la UBA.

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El Argentino Diario-Javier Milei-Federico Sturzenegger.

Sturzenegger en el Senado: tierras sin límites, desalojos exprés y el fin de la protección contra incendios especulativos

★ El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado para exponer el proyecto de ley denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, informaron fuentes del oficialismo. El plenario estará presidido por los senadores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Marquez.

La iniciativa fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y todos los ministros del gabinete, y concentra cuatro ejes: el refuerzo de garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, la reforma del sistema de desalojo, la eliminación de los límites para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales, y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

No es un proyecto aislado. Es el paso legislativo de una política que el Gobierno de Milei viene ejecutando desde el primer día, y que este medio viene documentando en detalle desde diciembre de 2025.

El mecanismo «sumarísimo»: más velocidad, menos garantías

Sobre el régimen expropiatorio, el proyecto establece un procedimiento «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, en el que la acreditación del título de propiedad es el único requisito para obtener la devolución del bien. El texto oficial asegura que se preservan «las garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas», aunque el objetivo declarado es acortar drásticamente los tiempos que actualmente permiten a los ocupantes de un inmueble defender su situación ante la justicia.

Los críticos de la iniciativa advierten que la celeridad del mecanismo puede convertirse en una herramienta de presión contra inquilinos, comunidades indígenas con posesión histórica de tierras o familias que residen en inmuebles cuya titulación está en disputa judicial.

Tierras: el mapa que el CONICET dibujó antes de que Milei avance

El eje más sensible del proyecto es la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa busca derogar los topes establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fijó que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras bajo propiedad extranjera y que ninguna persona física o jurídica extranjera puede tener más del 30% de una misma zona.

El argumento oficial, reproducido en el texto firmado por Milei y todos sus ministros, sostiene que esos límites «implicaron una limitación irrazonable» que «condicionó y desincentivó la inversión internacional» en el sector agropecuario. El Gobierno propone reemplazarlos por controles focalizados exclusivamente en adquisiciones de Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos.

Los datos, sin embargo, cuentan otra historia. Un mapa interactivo elaborado por el Observatorio de Tierras de la UBA y el CONICET, construido a partir de pedidos de acceso a la información pública al Registro Nacional de Tierras Rurales, reveló en enero de 2026 que 13 millones de hectáreas —el equivalente a la superficie de Inglaterra, cerca del 5% del territorio nacional— ya están en manos de firmas o estados extranjeros.

Según ese relevamiento, 36 departamentos ya exceden el límite del 15% fijado por la ley que Milei quiere eliminar. Cuatro casos superan el 50% de extranjerización: Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta. Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas, seguido de Italia y España; entre esos tres países concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada.

«No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa», advirtió el historiador Matías Oberlin, becario del CONICET e integrante del Observatorio, en declaraciones a medios nacionales en enero pasado.

Los puntos rojos del mapa coinciden con zonas de alto valor estratégico: acuíferos, minerales críticos, litio, corredores logísticos sobre el río Paraná y áreas de frontera. El caso Joe Lewis en el Lago Escondido, Río Negro, con sus 11.000 hectáreas en zona de seguridad fronteriza, un aeropuerto privado sin radares y el bloqueo sistemático del acceso público a un lago de dominio constitucional, fue documentado por este medio como el paradigma de lo que ocurre cuando no hay controles efectivos.

El investigador del CONICET Facundo Martín sintetizó el argumento central contra la reforma: «La decisión tiene que ver más con una cuestión discursiva, de publicidad, de hacer gestos hacia las corporaciones internacionales. La ley no estaba obstaculizando las inversiones.»

Manejo del Fuego: el negocio que se habilita cuando los bosques arden

El proyecto también elimina los artículos centrales de la Ley 27.604, modificación a la Ley de Manejo del Fuego impulsada en 2020 por el diputado Máximo Kirchner. Esa norma prohibía, en caso de incendio, vender o modificar el uso de humedales, bosques nativos y áreas protegidas por 60 años, y el de zonas agrícolas incendiadas por 30 años.

El argumento oficial, reproducido por el jefe de Gabinete Adorni en conferencia de prensa, sostiene que esas restricciones «son irrazonables y afectan el ejercicio del derecho de propiedad» y que «se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida.»

El planteo enfrenta datos concretos. Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios en Argentina son producto de la actividad humana. La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, fue contundente cuando el Gobierno anunció la medida en diciembre de 2025: la única actividad que se «desincentiva» con la ley vigente «es la de prender fuego» como mecanismo para «expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario.»

«Muchas veces, estas quemas son causadas de forma intencional por emprendimientos inmobiliarios para después hacerse de estas tierras a precios muy por debajo del valor de mercado», explicó Vilar en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas al momento del anuncio oficial.

Este medio alertó en diciembre pasado sobre el combo peligroso que representa la combinación de ambas reformas: sin restricciones post-incendio y sin límites a la compra por extranjeros, el circuito es casi perfecto. Se incendia, se compra barato, se cambia el uso del suelo, y el comprador puede ser cualquier corporación multinacional sin ningún tope legal.

El dato presupuestario completa el cuadro. Según la Oficina de Presupuesto Nacional, durante el primer trimestre de 2024 el Gobierno no ejecutó un solo peso de los fondos asignados al combate de incendios. El presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego tuvo una caída del 67% en términos reales respecto a los años anteriores.

El historial de Sturzenegger: desregulación como ideología

La presentación de este miércoles no es la primera incursión legislativa de Sturzenegger en el Congreso. La semana pasada, el ministro reingresó el proyecto denominado «Hojarasca», que propone derogar decenas de normas bajo el argumento de que son obsoletas o burocráticas, pero que mezcla leyes genuinamente anacrónicas con normativas de alto contenido político, como la que limita la extranjerización de medios de comunicación (Ley 25.750) o la que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos (Ley 26.688). El proyecto había perdido estado parlamentario en 2024 sin llegar siquiera a tener dictamen de comisión.

El patrón se repite: presentaciones sucesivas de iniciativas que erosionan el rol regulador del Estado, el control sobre recursos estratégicos y las protecciones ambientales, enmarcadas siempre en el lenguaje de la libertad y la modernización.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado inician formalmente este miércoles el debate. El peronismo ya anticipó su rechazo. El PRO acompaña. Y el mapa del CONICET, con sus 13 millones de hectáreas ya en manos extranjeras y sus 36 departamentos en rojo, sigue disponible públicamente para quien quiera mirar los datos antes de votar.

Puntos clave

  • El ministro Sturzenegger expondrá este miércoles en el Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye desalojos exprés, eliminación de límites a la compra de tierras por extranjeros y reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
  • El proyecto elimina los topes de la Ley 26.737 de 2011, que establecía que no más del 15% del territorio nacional puede estar en manos extranjeras, conservando controles solo para compras de Estados soberanos.
  • Un relevamiento del CONICET y la UBA publicado en enero de 2026 reveló que 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras y que 36 departamentos exceden el límite legal vigente.
  • La eliminación de las restricciones post-incendio de la Ley 27.604 habilita el cambio de uso de humedales y bosques nativos incendiados, una combinación que organizaciones ambientalistas advierten que favorece la especulación inmobiliaria mediante incendios intencionales.
  • El Gobierno no ejecutó fondos para el combate de incendios en el primer trimestre de 2024 y recortó el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego un 67% en términos reales.

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