Judiciales ⚖️
Funcionaria de la Ciudad es la primera civil investigada en el caso Lucas
Se trata de una abogada del Ministerio de Justicia y sospechan que «brindó ‘ayuda o asesoramiento legal’ al resto de los encausados policías para poder realizar los hechos ilícitos ocultando cualquier extremo que permita que sean descubiertos».
Una abogada de la División Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, que estuvo en el lugar donde tres efectivos atacaron a balazos a Lucas González y a sus tres amigos en el barrio de Barracas el pasado 17 de noviembre, es la primera civil investigada por su presunta participación en el encubrimiento del hecho, ya que para el fiscal su permanencia allí coincidió con el momento en el que se adulteró la escena y además «no estaba asignada al procedimiento».
«No se entiende la causa por la que una funcionaria de la División de Asuntos Internos y Contenciosos de la Policía de la Ciudad con una experiencia de casi 4 años y medio (…) y avezada en leyes del derecho, y específicamente en materia del derecho penal (se desempeña en División Asuntos Penales), se presente en el lugar y permanezca durante el tiempo que lo hizo durante la serie de conductas ilícitas que se llevaban a cabo allí», consideró el fiscal de Instrucción Leonel Gómez Barbella al pedir la detención e indagatoria de la letrada.
No obstante, el juez de la causa, Martín Del Viso, no hizo por el momento lugar a la petición respecto de la letrada -ni de otros cinco policías a quienes el fiscal también pidió indagar-, por entender que «luce prematuro e impide, además, efectuar una correcta imposición de los hechos en todo su eventual alcance típico», de acuerdo al la resolución a la que también accedió esta agencia.
Según la fiscalía, la abogada fue situada entre las 10.30 y 11 en Perdriel y Alvarado por testigos que la identificaron como una mujer «rubia», «vestida de civil y con pollera» que estaba junto a «un hombre de camisa blanca» que «observaba permanentemente» el interior del auto Volkswagen Suran de los adolescentes que había sido baleado e «iba y venía todo el tiempo» y «daba vueltas alrededor» del vehículo.
«La actividad desplegada por la imputada conllevó a modificar, ocultar y falsificar elementos de prueba con el consecuente aseguro de la continuidad de la ejecución de los delitos realizados a partir del arribo del automotor de los adolescentes», consideró el representante del Ministerio Público Fiscal.
Al pedir su detención, Gómez Barbella hizo constar que «la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad informó que la abogada se encontraba de guardia de ‘asistencia letrada inmediata'» aunque «no estaba asignada al procedimiento». El fiscal destacó además que mientras ella estaba en el lugar, dos de los amigos de Lucas «permanecían esposados en el suelo» y «les fue ‘plantada’ el arma de cotillón» en el auto.
«Frente a ello, fácil es concluir que al rodado en cuestión no se encontraba resguardado de cualquier otra persona ajena al procedimiento, porque claro está, la abogada referenciada se trataba de una funcionaria justamente que por sus propias actividades no debería permanecer en el sitio. En tal sentido, su presencia únicamente se justifica en brindarles ‘ayuda o asesoramiento legal’ al resto de los encausados policías para poder realizar los hechos ilícitos ocultando cualquier extremo que permita que sean descubiertos y ante su amparo se permitieron semejantes sucesos», escribió el fiscal.
Para el Ministerio Público, «el fraguado de actuaciones policiales», «el sufrimiento infundido» a los amigos de Lucas, «la utilización de testigos policías falsos mediante esos testimonios guionados en el sumario labrado por la Policía Federal Argentina» y «las maniobras encubridoras desplegadas», «forman parte de la matriz y ‘modus operandi’ evidenciado en la pesquisa de la que la abogada evidentemente no fue ajena».
Debido a que el juez no hizo lugar por el momento que sea indagada, Gómez Barbella continuará reuniendo pruebas en busca de sustentar con más elementos su acusación y volver a pedir el arresto de esa imputada y de otros cinco policías a quienes también pidió interrogar en el marco de la causa, dijeron los voceros consultados.
Judiciales ⚖️
Denunciaron a Caputo y Bausili por el oro del Banco Central: investigan pérdidas por US$ 1.023 millones
Una presentación de Gregorio Dalbón apunta a esclarecer las operaciones financieras realizadas durante 2025 con las reservas de oro. El expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, mientras la acusación solicita investigar las decisiones y sus posibles consecuencias patrimoniales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, fueron denunciados judicialmente por las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón luego de que la Auditoría General de la Nación (AGN) informara resultados negativos por US$ 1.023 millones durante 2025.
La causa quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita. La presentación busca que la Justicia determine cómo se tomaron las decisiones relacionadas con esas operaciones, quiénes intervinieron y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado argentino.
El planteo se apoya en el informe sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. Las cifras consignadas corresponden a resultados negativos asociados con determinadas operaciones financieras y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidades penales.
Qué dice el informe de la AGN sobre el oro del Banco Central
El informe de la Auditoría General de la Nación identificó resultados negativos por US$ 1.023 millones en operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales durante 2025. Según los datos difundidos, el monto equivale a $1.469.155 millones.
El detalle presentado distingue dos componentes principales:
- US$ 960,2 millones: resultados negativos correspondientes a opciones financieras.
- US$ 62,8 millones: montos asociados con el pago de primas.
La información constituye el punto de partida de la denuncia impulsada por Dalbón, quien reclama esclarecer las condiciones en las que se realizaron las operaciones y las decisiones que determinaron sus resultados.
El objetivo de la presentación es que se analice la documentación correspondiente y se establezca si las operaciones respondieron a una justificación económica adecuada, qué riesgos involucraron y qué mecanismos de control se aplicaron.
Qué pidió Gregorio Dalbón en la denuncia contra Caputo y Bausili
En su presentación, el abogado planteó la necesidad de identificar a los funcionarios y responsables que participaron en el diseño, la autorización y la ejecución de las operaciones financieras.
Dalbón sostuvo: “1.023 millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra”.
A partir de ese planteo, solicitó que la investigación determine distintos aspectos de las operaciones:
- Quiénes tomaron las decisiones y quiénes las autorizaron.
- Qué actores diseñaron las estrategias financieras.
- Con qué contrapartes se realizaron las operaciones.
- Cuál fue la justificación económica de cada decisión.
- Qué riesgos financieros se asumieron.
- Qué controles se aplicaron durante el proceso.
- Si las operaciones ocasionaron un perjuicio patrimonial al Estado argentino.
La denuncia procura establecer esos elementos a partir de la documentación disponible y de las medidas que disponga la Justicia. La existencia de resultados contables negativos no implica, por sí misma, que se encuentre acreditada una conducta delictiva.
La causa quedó en manos de Ariel Lijo y Gerardo Pollicita
La presentación quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita tendrá intervención en el expediente.
En esta primera etapa, Dalbón buscó formalizar la denuncia, individualizar a las autoridades judiciales intervinientes y establecer el marco procesal para avanzar con el análisis de la documentación y las posibles responsabilidades.
El avance de la investigación dependerá de las medidas que adopten los funcionarios judiciales y de los elementos que se incorporen a la causa.
Entre los puntos planteados figura la necesidad de reconstruir el circuito de decisiones que condujo a las operaciones financieras y examinar los controles que existieron durante su implementación.
Cuándo ampliarán la denuncia por las operaciones con el oro
Dalbón anunció que ampliará la denuncia el martes 13 de octubre ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita. Según adelantó, incorporará nueva documentación y solicitará las declaraciones indagatorias que correspondan.
El abogado también anticipó que requerirá medidas urgentes para preservar pruebas vinculadas con las operaciones investigadas.
Al explicar ese pedido, advirtió: «Si existe riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación, entorpecimiento de la investigación o cualquier conducta destinada a frustrar la averiguación de la verdad, pediremos que la Justicia actúe inmediatamente con todas las herramientas que le otorga la ley».
La ampliación buscará profundizar la documentación presentada inicialmente y avanzar sobre las decisiones que rodearon las operaciones con el oro del Banco Central.
Qué falta esclarecer sobre las operaciones del Banco Central
La investigación deberá determinar, entre otros aspectos, cómo se estructuraron las operaciones financieras, quiénes participaron en su autorización y ejecución, qué fundamentos económicos las respaldaron y cuáles fueron sus consecuencias patrimoniales.
También deberá examinarse el alcance de los resultados negativos registrados por la AGN y su relación con las decisiones adoptadas durante el ejercicio 2025.
Por ahora, la presentación de Dalbón constituye una denuncia judicial y los señalamientos deberán ser evaluados en el marco del expediente. La eventual existencia de responsabilidades individuales dependerá de los elementos que se incorporen y de las conclusiones a las que llegue la Justicia.
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