El fiscal federal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, solicitó la elevación a juicio parcial contra siete imputados por integrar o liderar una organización criminal dedicada a extorsionar a hombres a través de aplicaciones de citas. Los presuntos cabecillas enfrentan además el cargo de instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, el joven granadero de 21 años que se quitó la vida en diciembre de 2025 dentro de la Quinta Presidencial de Olivos.

El pedido fue presentado ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro. La acusación involucra a tres hombres detenidos en cárceles bonaerenses y a cuatro mujeres que colaboraban desde el exterior de los establecimientos penitenciarios. El proceso corre de manera parcial porque la investigación sobre otros episodios de extorsión continúa abierta.

Una «pyme del delito» operada desde la cárcel

Según la acusación fiscal, T.M.F., de 23 años, y M.J.D.A., de 25, lideraban la organización desde la Unidad N°36 del Servicio Penitenciario Bonaerense en Magdalena. Un tercer hombre, K.M.S.P., de 28 años, participaba como miembro desde la misma unidad hasta su traslado a la Unidad N°26 de Lisandro Olmos. Las cuatro mujeres imputadas, de entre 23 y 36 años, cumplían funciones logísticas: aportaron cuentas de billeteras virtuales propias o de familiares para canalizar el dinero extorsionado, y facilitaron chips telefónicos para que los detenidos pudieran realizar llamadas desde los penales.

El modus operandi consistía en crear perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, entre ellas Evermatch, para contactar a potenciales víctimas y luego trasladar la conversación a WhatsApp. Una vez establecido el vínculo, la organización desplegaba el denominado «audio del terror»: una persona que se hacía pasar por la madre de la supuesta joven afirmaba que se trataba de una menor de edad y amenazaba con formular una denuncia penal. Acto seguido, otro integrante usurpaba la identidad de un efectivo real de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para exigir transferencias de dinero bajo el pretexto de «solucionar» el problema legal ficticio.

El caso Rodrigo Gómez: la carta que abrió la investigación

La causa se inició el 16 de diciembre de 2025, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, en una garita de la residencia presidencial donde prestaba funciones de custodia como integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. El joven se quitó la vida con su arma reglamentaria y dejó una carta en la que explicó los motivos de su decisión. Esa carta, que mencionaba explícitamente su ingreso a una aplicación de citas, fue la clave que orientó la pesquisa.

La investigación, realizada en conjunto con la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, permitió reconstruir que Gómez había transferido $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago el 15 de diciembre de 2025, un día antes de su muerte, víctima de la extorsión. La Cámara Federal de San Martín confirmó en mayo de 2026 el procesamiento con prisión preventiva de los seis integrantes de la banda y rechazó las apelaciones de las defensas, ratificando las acusaciones por asociación ilícita, extorsión reiterada e instigación al suicidio.

Tres hechos de extorsión comprobados

Además del caso de Gómez, la fiscalía acreditó otros dos episodios concretos de extorsión. El 26 de diciembre de 2025, una segunda víctima realizó una transferencia de $15.000 a una cuenta vinculada con una de las imputadas. Entre el 22 y el 28 del mismo mes, una tercera víctima depositó un total de $116.000 en cuentas pertenecientes a dos de las acusadas. Estos tres hechos son los que conforman el pedido de elevación a juicio parcial, sin perjuicio de otros episodios que la fiscalía continúa investigando.

Los cargos y la implicancia penal

El fiscal Iuspa solicitó que los dos presuntos jefes sean juzgados por asociación ilícita agravada en carácter de cabecillas, coautoría en tres hechos de extorsión e instigación al suicidio, delito tipificado en el artículo 83 del Código Penal con una pena prevista de 1 a 4 años de prisión. Para los cinco restantes requirió que respondan como miembros de asociación ilícita agravada y coautores de los hechos de extorsión acreditados. La investigación, consigna el documento publicado en el portal Fiscales.gob.ar, continuará sobre otros hechos no comprendidos en este requerimiento parcial.

Puntos clave

• El fiscal federal Federico Iuspa solicitó elevar a juicio parcial la causa contra siete integrantes de una asociación ilícita que extorsionaba a hombres mediante perfiles falsos en aplicaciones de citas.
• Los dos presuntos jefes operaban desde la Unidad N°36 del Servicio Penitenciario Bonaerense en Magdalena y enfrentan además el cargo de instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez.
• Gómez, de 21 años, transfirió $1.413.000 el día previo a su muerte y dejó una carta que dio inicio a la investigación.
• La Cámara Federal de San Martín confirmó en mayo de 2026 el procesamiento con prisión preventiva de los seis integrantes identificados hasta entonces.
• La investigación sigue abierta sobre otros episodios de extorsión no incluidos en el pedido de elevación a juicio parcial.