La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará este martes una jornada de visibilización en Plaza de Mayo para reclamar por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

La actividad se desarrollará frente al Ministerio de Economía, entre las 8 y la medianoche, y buscará mostrar a través de distintas propuestas el impacto concreto que tiene la universidad pública en la vida cotidiana, la salud, la investigación y la formación profesional.

Servicios gratuitos para la comunidad

Durante la jornada, la UBA ofrecerá atención gratuita en distintas especialidades, entre ellas odontología, óptica, veterinaria y clínica médica.

También habrá espacios de asesoramiento jurídico y contable, además de orientación psicológica.

La propuesta busca acercar a la comunidad parte de los servicios que habitualmente brindan las distintas facultades y mostrar el alcance de las actividades que desarrolla la universidad pública.

Clases magistrales y proyectos científicos

Los 13 decanos de las facultades de la UBA ofrecerán clases magistrales abiertas al público a lo largo de la jornada.

Además, la universidad exhibirá distintos proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico. Entre las iniciativas que podrán conocerse estará un auto de competición diseñado y construido por estudiantes y docentes.

Mientras se desarrolla la actividad en Plaza de Mayo, las distintas facultades de la UBA mantendrán sus clases con normalidad.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

El reclamo se produce en medio del conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno por la aplicación de la Ley 27.795, sancionada en 2025 luego de que el Congreso rechazara el veto del Poder Ejecutivo.

Posteriormente, el Gobierno promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, que suspendió su aplicación hasta determinar las fuentes de financiamiento. Las universidades cuestionaron la decisión y recurrieron a la Justicia.

En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar la ley, incluyendo la actualización de salarios y becas.

El Gobierno apeló la resolución, pero distintas instancias judiciales ratificaron la decisión.

La Justicia volvió a ordenar la ejecución de las partidas

El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado por el Estado y dejó firme la cautelar. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El conflicto continuó y el 1° de septiembre, Cormick dictó una nueva medida cautelar en una causa iniciada por la UBA. En esa resolución ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar “de forma inmediata” las partidas previstas por la ley para gastos de funcionamiento, salarios, becas e investigación.

Según señaló el magistrado, el impacto fiscal de esas disposiciones representa el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

La jornada de este martes busca, así, llevar el reclamo universitario al espacio público y mostrar qué significa en términos concretos sostener el sistema de educación, investigación y servicios que brinda la universidad pública.