Judiciales ⚖️

Causa Maradona: pidieron indagatorias y detenciones en el entorno de Morla

Investigan si a D10S le hicieron firmar contratos, cesión de derechos y otros tipos de documentos para apropiarse de sus marcas y sus bienes.

Publicado hace

4 años

20.12.2021

Maria P. Amoure

Dalma y Gianinna Maradona solicitaron que el exapoderado de su padre, Matías Morla, y varios miembros de su entorno sean indagados por «asociación ilícita, estafa y circunvención de incapaces» y que cuatro de ellos sean detenidos, en el marco de una causa por apropiación de bienes que investiga la justicia de La Plata, informaron este lunes fuentes judiciales.

Se trata de un escrito presentado por sus abogados, Federico Guntin y Marcelo Sverdlik Warschavsky, en esa causa que está a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15, y el juez de Garantías 3, Pablo Reale, ambos del departamento judicial La Plata.

Allí se investiga si al menos desde julio a principios de noviembre de 2020, cuando vivía en el country Campos de Roca de la localidad bonaerense de Brandsen, a Maradona le hicieron firmar contratos, cesión de derechos y otros tipos de documentos para apropiarse de sus marcas y sus bienes.

«Utilizaron el lugar donde se alojaban el ahora fallecido ex jugador de futbol, para cometer los actos delictivos. Prueba de ello es que se garantizaban la sublimación mental de Diego Armando Maradona para que en nada pudiera advertir aquello que acontecía con su patrimonio», señala el escrito.

Los letrados adhirieron al pedido de detención que hizo la fiscal -algo que ya fue rechazado por el juez-, de Morla, su hermana Vanesa Morla y su cuñado Maximiliano Pomargo en el marco de esta causa. Además, solicitaron cuatro nuevas detenciones, las de Hemán Prandi (apoderado de Maradona que solía hacer extracciones de sus cuentas bancarias), la escribana Sandra lampolsky, el psicólogo Carlos Díaz (también imputado en la causa de la muerte del «10») y el sobrino Jonathan Alejandro Espósito.

«Todos participan de una asociación ilícita. Hay intencionalidad organizativa para garantizar el despojo de la víctima, hecho este que formaba parte de una organización como tal que tenía delimitado claramente los roles de cada uno», explican Guntin y Sverdlik Warschavsky.

Los abogados explican que «la cabeza» de esa asociación ilícita estaba compuesta por los hermanos Morla y Pomargo, «ambos Morla de profesión abogados, es decir con un claro conocimiento de las leyes», que «la parte logística» estaba a cargo de «Maximiliano Trimarchi y la misma Vanesa Morla» y que en «la parte de vigilancia», quienes le reportaban todo a Pomargo, eran «Jony Espósito y Carlos «Charly» Ibáñez (Estos también lo medicaban, le daban alcohol y drogas)».

«Existió un acuerdo de voluntades direccionada de manera permanente, para despojar al Sr. Diego Armando Maradona de sus bienes, contratos, dineros, hasta concluir con su misma imagen», afirman los abogados de Dalma y Gianinna.

Sobre el final del escrito, los abogados solicitan una serie de medidas de prueba para la causa, entre ellas, el allanamiento al country Campos de Roca de Brandsen para secuestrar los registros de ingresos y egresos entre julio y diciembre de 2020, otro allanamiento al country donde viven Pomargo y Vanesa Morla (son pareja) y las declaraciones testimoniales de Jana Maradona, de la cocinera Romina Milagros «Monona» Rodríguez y el médico Leopoldo Luque (principal imputado en la causa de la muerte).

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Denuncia

Hackean el celular de Tomás Méndez en vivo: desde Crónica TV acusan a la SIDE y a la Federal

El conductor de «Duro de Callar» de Crónica TV denunció en pantalla que su teléfono fue intervenido y bloqueado remotamente mientras el programa estaba al aire. Apuntó directamente a organismos de inteligencia del Estado y advirtió: «Están censurando a Crónica».

Publicado hace

3 horas

21.04.2026

ElArgentino.ar

¿Milei espía periodistas? Hackearon el celular de Tomás Méndez en vivo en Crónica TV

★ El periodista Tomás Méndez, conductor del ciclo Duro de Callar por Crónica TV, realizó una grave denuncia pública durante una emisión reciente del programa: su teléfono celular fue hackeado e inutilizado en tiempo real mientras transmitía en vivo, en lo que calificó como un ataque deliberado de inteligencia estatal para silenciar el programa.

«Es la primera vez que me pasa. No puedo usar más el teléfono», afirmó Méndez frente a las cámaras, mostrando el dispositivo bloqueado a la audiencia. Según describió, la intrusión comenzó el fin de semana previo a la emisión, cuando agentes no identificados habrían extraído información de su equipo. El punto crítico ocurrió durante la transmisión en vivo, cuando el sistema operativo y aplicaciones como WhatsApp se cerraron o bloquearon de forma remota, dejando el celular totalmente inutilizable.

Señalamientos directos a la SIDE y la Policía Federal

Méndez no dudó en identificar a los responsables. «Creo que hay gente capacitada en el Estado que está manipulando los teléfonos celulares», sostuvo, y señaló específicamente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a la Policía Federal Argentina como posibles autores de la maniobra. Para el conductor, se trata de un desvío inadmisible de funciones institucionales: «No hay narcotraficantes que tengan que ir a seguir que nos están censurando a nosotros, un programa de tele».

La denuncia tomó una dimensión más amplia cuando Méndez extendió los alcances del ataque más allá de su persona: «Están censurando el programa, están censurando a Crónica y nos están censurando a nosotros». El periodista cuestionó además qué horizonte pretende el oficialismo para la prensa argentina: «¿Qué pretenden que se transforme la televisión en repetidores de lo que el Estado quiere que se diga?».

Una SIDE que puso la mira en la prensa crítica

La denuncia de Méndez no emerge en el vacío. En mayo de 2025, La Nación reveló el contenido del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento secreto de 170 páginas elaborado por la cúpula de la SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert, que abre la puerta al espionaje sobre periodistas, economistas, académicos y cualquier ciudadano que cuestione las políticas del gobierno de Javier Milei. Según ese documento, la SIDE tiene facultades para recabar información sobre quienes «erosionen la confianza» en los funcionarios o generen «pérdida de confianza» en las políticas económicas oficiales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que ese plan incorpora hipótesis de conflicto que incluyen a quienes «cuestionen la política económica en la opinión pública», e incluso a quienes «organicen protestas», quienes podrían ser catalogados como una amenaza a la gobernabilidad. La reforma del sistema de inteligencia impulsada por el gobierno mediante el DNU 614, señaló el CELS, «debilita cualquier tipo de control sobre las actividades de inteligencia» y habilita «el uso de fondos reservados para financiar grupos de propaganda oficial en redes».

El antecedente no es menor: en mayo de 2025, el periodista Hugo Alconada Mon denunció haber sufrido diez intentos de hackeo a su cuenta de WhatsApp en pocas horas, justo después de revelar en La Nación los contenidos del Plan de Inteligencia. El patrón que describe Méndez guarda una llamativa similitud con aquel episodio.

Un patrón de acoso que escala

La denuncia de Méndez se inscribe en una escalada sostenida de hostigamiento oficial contra la prensa crítica. A principios de abril de 2026, el gobierno bloqueó las acreditaciones de periodistas de al menos cinco medios, entre ellos El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada, impidiéndoles el ingreso a la Casa Rosada mediante la inhabilitación de sus registros biométricos. La medida fue calificada como «preventiva» por voceros oficiales, que la justificaron en una supuesta vinculación de esos medios con una red de desinformación financiada por el espionaje ruso.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y legisladores de la oposición repudiaron la medida. El periodista Santiago O’Donnell definió la quita de acreditaciones como «un acto cínico y peligroso de censura que el periodismo debería repudiar y combatir sin grieta».

Democracia y vigilancia tecnológica

Con visible indignación pero sin amedrentarse, Méndez trazó una distinción que considera fundamental: aunque el presidente Milei ha atacado verbalmente al programa en reiteradas oportunidades, eso forma parte del «debate democrático». El hackeo, en cambio, constituye para el conductor una «enfermedad» y una forma de violencia que supera cualquier crítica política legítima.

«Tanto miedo le tienen a la información, a los datos, a los periodistas», sentenció Méndez, quien defendió la pluralidad de voces de su espacio y cerró su descargo con una declaración de principios: «Vamos a seguir. ¿Qué se creen, que no vamos a seguir?».

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que el decreto de reforma de inteligencia impulsado por el gobierno «habilita prácticas que remiten a los períodos más oscuros de la historia argentina», entre ellas el «espionaje político» y la «ausencia de controles efectivos sobre los organismos de inteligencia». Organismos que, según la denuncia de Méndez, ya habrían actuado contra su programa en horario de máxima audiencia.