Judiciales ⚖️
Once imputados y cuatro detenidas por pensiones apócrifas por discapacidad
Tras varios allanamientos, el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, ordenó la detención y trasladó a la cárcel a cuatro mujeres, quienes están sindicadas de liderar la asociación ilícita.
La Justicia Federal de San Rafael avanzó hoy en la investigación sobre la adulteración de cientos de certificados y el cobro ilegal de dinero a cambio de pensiones no contributivas por invalidez, en una causa en la que ya imputó a once personas.
Tras varios allanamientos, el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, ordenó la detención y trasladó a la cárcel a cuatro mujeres, quienes están sindicadas de liderar la asociación ilícita que se dedicaba a captar desempleados y cobrarles sumas desde 40.000 pesos a cambio de «pensiones truchas», en una maniobra de defraudación al Estado.
En tanto, otras siete personas se abstuvieron a declarar en las últimas horas, entre las cuales hay tres abogados, una empleada, dos traumatólogos y un psiquiatra.
«Se está investigando para determinar quiénes fueron las personas que accedieron a pensiones no contributivas con adulteración de la documentación y podrían ser imputados en la causa», dijo el fiscal federal Ignacio Sabás.
En declaraciones radiales a la emisora Fm Vibra, el fiscal indicó que «hay mucha documentación secuestrada que tenemos que analizar, asimismo se ha pedido el listado de pensiones otorgadas a la Agencia Nacional de Discapacidad que fue el emisor de la misma».
La líder de la asociación, ofrecía conseguir pensiones no contributivas del Estado Nacional a cambio de sumas que rondaba entre los 40.000 y 50.000 pesos por cliente.
Se trata de Norma Bravo, quien actuaba de gestora y contaba con la complicidad de varios médicos investigados, entre ellos dos conocidos traumatólogos y un psiquiatra de San Rafael; abogados y dos gestoras que se hacían pasar por agentes de Anses.
La mujer solía frecuentar una policlínica privada y el hospital Schestakow, ambos de San Rafael, organismos desde donde sus directivos aclararon hoy que no tienen relación con la modalidad delictiva, pero era en ambos establecimientos sanitarios donde se ofrecían este tipo de servicios, que según testigos, habían comenzado en marzo pasado.
La causa se inició como desprendimiento de otra que está investigando el fiscal federal Guillermo Marijuan, donde ya se había denunciado a Norma Bravo».
Judiciales ⚖️
Concejal libertario pagará $12 millones a una trabajadora por abuso sexual
El concejal Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido en una dependencia pública. Aunque pactó una indemnización de $12 millones en el fuero civil, la investigación penal continúa y podría llegar a juicio oral.
Lo que tenés que saber
- Un concejal de La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo económico con una denunciante.
- La compensación fue establecida en el marco de una causa civil.
- La investigación penal continúa abierta y sigue su curso judicial.
- La Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
- El expediente podría avanzar hacia una instancia de juicio oral.
Un acuerdo económico en paralelo a la investigación judicial
El concejal de San Isidro Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido dentro de una dependencia pública cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito del municipio.
Según trascendió, el entendimiento fue formalizado en el ámbito civil y contempla el pago de una indemnización de $12 millones a la denunciante. El acuerdo fue establecido de manera paralela a la causa penal que continúa en trámite.
La denuncia y las imágenes incorporadas al expediente
La denuncia fue presentada a fines de 2023 y está vinculada a un episodio registrado por cámaras de seguridad de una dependencia municipal.
De acuerdo con la acusación, las imágenes muestran el momento en que Montes ingresa a una oficina y mantiene un contacto físico con una trabajadora sin su consentimiento.
Tras el episodio, la mujer decidió acudir a la Justicia y promover las acciones correspondientes.
La causa penal continúa abierta
Más allá del acuerdo alcanzado en el fuero civil, especialistas recuerdan que este tipo de convenios no implica el cierre automático de una investigación penal.
En este caso, la causa continúa bajo la figura de abuso sexual y ya superó una instancia relevante luego de que la Justicia rechazara un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del edil.
La decisión permitió que el expediente siga avanzando dentro del proceso judicial.
Posible juicio oral durante este año
Según información vinculada al caso, la investigación se encuentra en una etapa avanzada y podría llegar a juicio oral durante el segundo semestre.
En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas por la fiscalía y los argumentos de las partes para determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.
Mientras tanto, la imputación permanece vigente y el proceso continúa bajo supervisión judicial.
Repercusiones políticas en San Isidro
El caso también generó repercusiones dentro del ámbito político local. Distintos sectores expresaron cuestionamientos respecto de la continuidad de Montes en el Concejo Deliberante mientras se desarrolla la investigación.
El edil sigue ejerciendo su banca y aguarda la evolución del expediente judicial, que podría convertirse en uno de los procesos de mayor impacto institucional en el distrito durante este año.
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