DDHH
La pesadilla de Camila Müller, víctima del terrorismo de Morales
En medio de la protesta contra la reforma inconstitucional del gobernador Gerardo Morales en Jujuy, la docente de Ciencias Sociales y bailarina, Camila Müller, se convirtió en víctima de un ataque brutal por parte de desconocidos.
Camila Müller es una mujer valiente y apasionada por la enseñanza y la danza. Como docente de Ciencias Sociales, ha estado comprometida con su comunidad participando activamente en manifestaciones en contra de la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales en Jujuy.
Junto con sus compañeros, enfrentó las intimidaciones y amenazas que surgieron durante las protestas, pero nunca imaginó que se convertiría en el blanco de un ataque violento y espantoso.
El día del ataque
El 27 de junio, Camila comenzó a sentir que una camioneta blanca la seguía cuando se dirigía a su trabajo en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).
Preocupada, recordó que estas camionetas habían sido vistas durante la primera gran manifestación contra la reforma constitucional de Morales, donde personas fueron secuestradas.
Junto con sus compañeros, Camila notó el peligro inminente, pero no pudo evitar lo que estaba por venir.
La madrugada del 28 de junio, aproximadamente a la 1:40, Camila escuchó un golpe en la puerta de su casa. Sin sospechar lo que le aguardaba, abrió la puerta para enfrentar una pesadilla.
Un hombre con barbijo negro y capucha azul la atacó violentamente, cubriendo sus ojos y boca con su camiseta y asfixiándola repetidamente con un cinto o cable.
Una voz de mujer llenó la habitación con insultos y amenazas, despreciándola por sus ideales y su pasión por la danza. Después de aproximadamente 30 o 40 minutos, los atacantes se marcharon, dejando a Camila en estado de shock durante horas.
Aunque ella denunció el horrible incidente, hasta el momento la Justicia jujeña no dió ninguna respuesta significativa ni avanzó en la investigación.
Los elementos utilizados por los agresores, como los precintos y la camiseta con la que la ataron, siguen sin ser peritados.
Camila, quien ahora depende del apoyo constante de terapeutas para enfrentar el trauma, ha continuado asistiendo a las manifestaciones, pero nunca sola, consciente de que su vida cambió para siempre tras ese terrible ataque.
El compromiso con la justicia la llevó a ser víctima de una brutal agresión, dejando en evidencia la violencia y la impunidad que aún persisten la provincia de Morales tras 40 años de democracia.
Es imperativo que la Justicia jujeña abra una investigación exhaustiva para encontrar a los responsables y condenarlos. Camila merece una respuesta, y su lucha es un llamado a proteger y salvaguardar los derechos del pueblo jujeño en un contexto en el que la violencia y la impunidad amenazan la vida de aquellos que se atreven a alzar la voz.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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