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Judiciales ⚖️

Lo condenaron a perpetua, pasó 13 años preso y lo liberaron porque era inocente

La Justicia determinó que se trató de una «causa armada». Había sido condenado a 50 años de prisión en 2008 por un homicidio.

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Fue una pesadilla terrible. En los últimos años no pude dormir más de 5 horas». Con esa frase, Martín Muñoz (42) sintetiza los 13 años y 6 meses que pasó privado de su libertad, al ser condenado a 50 años de prisión por un homicidio que tuvo lugar en 2008, hasta que la Justicia determinó que se trató de una «causa armada», lo absolvió y ordenó su inmediata libertad.

La exoneración de Muñoz fue ordenada el pasado 9 de marzo por la Sala I del Tribunal de Casación Bonaerense, a cargo de Mario Eduardo Kohan, María Florencia Budiño y Daniel Gustavo Amerise, quienes decidieron absolverlo por el delito de «homicidio en ocasión de robo», por el cual había sido condenado en 2010.

«Lo primero que hice después de que me liberaron fue ir a la casa de mi mamá. Fue una fiesta. Porque después de 13 años y medio se terminó la pesadilla. Pude conocer a mi nieta de 2 años que es hermosa», exclamó a Télam el hombre de 42 años absuelto.

Según el fallo, al que tuvo acceso esta agencia, los jueces indicaron que «no es posible asegurar, con el grado de certeza que esta instancia requiere, que el aquí encausado haya participado del homicidio», ya que la investigación se basó en torno a rumores y especulaciones que «no encontraron correlato en prueba o indicio alguno».

De esta forma, los magistrados decidieron revocar la sentencia del tribunal oral, a la vez que consideraron que no se efectuó un señalamiento contundente respecto del inculpado, sino que las testigos del hecho se limitaron a mencionar que poseía «similares características a uno de los sospechosos» y que sus testimonios se «vieron contaminados a lo largo del proceso».

El hecho por el cual Muñoz fue detenido tuvo lugar el 14 de junio de 2008, cuando cuatro hombres asaltaron con armas de fuego el autoservicio «La Perlita», ubicado en la localidad bonaerense de Moreno, y posteriormente asesinaron a balazos al dueño del local, Juan Carlos Miranda, quien se había resistido al robo.

Días posteriores al crimen, testigos de identidad reservada -a los que se llegó en virtud de «tareas de inteligencia» no aclaradas- indicaron que Muñoz había sido partícipe del robo, por lo que fue convocado a una rueda de reconocimiento en la que no contó con asistencia letrada.

Allí, una de las testigos, que inicialmente no recordaba a ninguno de los asaltantes, señaló que Muñoz «era parecido» a uno de los delincuentes que había participado del robo.

Meses después, otra de las testigos -que anteriormente no lo había identificado- señaló a Muñoz en una segunda rueda de reconocimiento, pero le sindicó un rol distinto en el asalto.

De esa forma, Muñoz quedó detenido el 4 de septiembre de 2008. Dos años después, sin ninguna otra prueba contundente, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 del Departamento Judicial Mercedes lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de «robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio ‘criminis causae'».

«Sufrí mucha angustia. Fue una locura. Era pensar todos los días lo mismo, caminaba por arriba de las paredes. Me mantuvo en pie la certeza de mi inocencia y seguir viendo a mi familia», relató Martín, al recordar el momento en el que fue sentenciado a 50 años de prisión.

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Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

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El Argentino Diario-Karina Milei.

Lo que tenés que saber

  • Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
  • El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
  • La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
  • Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
  • Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
  • Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
  • También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.

Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.

La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.

El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.

Las irregularidades señaladas en la licitación

Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.

La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.

Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.

Señalamientos sobre el rol de la administración

La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.

En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.

También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.

Pedido judicial y medidas solicitadas

La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.

También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.

La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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