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Judiciales ⚖️

La familia de Lucas González «no quiere venganza» y «desea un juicio justo»

A un mes del crimen del adolescente, el abogado de la familia hizo declaraciones.

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A un mes del crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue asesinado de un balazo por efectivos de una brigada de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas, la familia aseguró que «no quiere venganza ni tiene rencor» y solo «desea a los culpables un juicio justo», según dijo su abogado Gregorio Dalbón.

«La familia no quiere venganza ni tiene rencor. Desea a los culpables un juicio justo, precisamente el que no tuvo Lucas. Quiere a los que pusieron el arma y cambiaron la escena que cumplan la pena que estime el tribunal que los juzgue. Y por sobre todas las cosas no quiere ni un minuto a un inocente preso porque jamás olvidarán el dolor de esos chicos y de esos papás», dijo el letrado.

Dalbón sostuvo que ya pasó «un mes del asesinato a sangre fría de Lucas Gonzales y parece mentira que ya no pueda soñar, estudiar y meter goles para Barracas» porque «un trío de asesinos de profesión policías que ahora esperan la perpetua le pegaron dos tiros en la cabeza».

«Mientras corría uno para salvarse a los otros amigos los esposaron boca abajo horas. ‘Negro de mierda, Villero te tenemos que pegar un tiro en la cabeza’ les decían aplicando tortura psicológica de otros tiempos. Quisieron cambiar el hecho, obstruir a la investigación y lo lograron 24 horas», expresó el representante de la familia del adolescente. Dalbón recordó que «así fue que los chicos fueron a un Instituto de Menores y los asesinos a sus casas», por lo que criticó al juez Alejandro Rodolfo Cilleruelo.

«El Juez de Menores está a la espera de un juicio político que duermen sus pares en el Consejo de la Magistratura. Me pregunto ¿podrá dormir él? Dejó presos a los menores y libres a los criminales», afirmó. El abogado destacó el logro de «dar vuelta la versión de delincuentes a víctimas y los policías a la cárcel».

«¿podrá dormir él? Dejó presos a los menores y libres a los criminales», se pregunta Dalbón sobre el Juez

«Logramos observar en la reconstrucción como armaron la escena con un arma de cotillón, hay detenidos por el encubrimiento. Más no se le puede pedir a la justicia. Creo que el caso de Lucas al tener un control civil claro y concreto desde el Ministerio de Seguridad de CABA está esclarecido», resaltó.

Por último, Dalbón dijo que «ojalá pronto se eleve a juicio oral y las familias descansen». «Fue un mes muy duro. Trabajamos noche y día para esclarecer el hecho. Ahora deberá el juez (Martín) Del Viso decidir quién y qué responsabilidad le cupo a cada involucrado», concluyó.

El magistrado aún debe expedirse sobre el pedido de detención para otros ocho policías investigados por encubrimiento que fue efectuado hace una semana por el fiscal Leonel Gómez Barbella. En tanto, el pasado martes Del Viso procesó con prisión preventiva a los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, al subcomisario Roberto Inca, al inspector Héctor Cuevas y a las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, todos integrantes de la Comisaría Vecinal 4D.

A todos ellos los considera coautores de los delitos de «falsedad ideológica, falso testimonio y encubrimiento agravado en concurso ideal», a su vez en concurso real con «privación ilegal de la libertad agravada y porque en desempeño de un acto de servicio cometieron vejaciones contra las personas que se detuvieron» Además, a Miño, Fariña, Cuevas e Inca los procesó por falso testimonio ya que declararon como testigos en el sumario que inició la Policía Federal Argentina (PFA) una vez que se apartó a los de la Ciudad de la pesquisa.

La principal hipótesis que manejan los investigadores judiciales es que la escena del crimen fue adulterada por los efectivos porteños con intenciones de hacer pasar el caso de «gatillo fácil» como un enfrentamiento. Respecto del pedido de detención aun no resuelto para otros ochos policías, el mismo alcanza a un comisario inspector, un comisario, un subcomisario, dos principales, un oficial mayor, un oficial primero y un oficial.

Según las pruebas reunidas por Gómez Barbella, a estos efectivos se les atribuye «haber hecho insertar datos falsos en las actuaciones labradas» por la PFA, como así también las «privaciones ilegales de la libertad» a los tres sobrevivientes y la «alteración» de los rastros y pruebas».

A su vez, hay otros tres policías porteños, Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi, que también fueron procesados con prisión preventiva por el «homicidio calificado» de Lucas, luego de que el juez Del Viso, a pedido del fiscal Gómez Barbella, consideró que procedieron de forma «arbitraria, irracional e ilegal» y que luego «urdieron una trama para tergiversar los hechos».

El crimen sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando Lucas y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y se detuvieron en un kiosco situado en Iriarte y Luna, para comprar un jugo.

Tras ello fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar. De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.

Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impacto en la cabeza de Lucas, quien tras ser atendido de urgencia en un hospital porteño fue trasladado y murió horas después en el hospital «El Cruce» de Florencio Varela. En la autopsia se determinó que el mismo joven presentaba una herida de surco de proyectil en un pómulo, también disparado por la policía.

Energía

El regulador abre la puerta: ENReGE autoriza el traspaso de Transener a manos privadas

Con la Resolución 130/2026, el ente regulador dio luz verde para que ENARSA transfiera su participación en CITELEC al consorcio Edison-Genneia. El Estado completa así su salida definitiva de la columna vertebral del sistema eléctrico nacional.

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La red eléctrica, paso a paso en manos privadas: el regulador cierra el círculo de la privatización de Transener.

El regulador energético del gobierno de Javier Milei le puso la firma final a la privatización de Transener. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 130/2026, mediante la cual autorizó formalmente a la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) a transferir la totalidad de su participación accionaria en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC) al consorcio integrado por Edison Transmisión y Genneia. El monto acordado, de US$356.174.811, había superado el piso de referencia fijado por el Ejecutivo, que rondaba los US$206 millones.

El trámite regulatorio era la última condición suspensiva que restaba cumplir para el cierre definitivo de la operación. El contrato de compraventa había sido suscripto el 11 de junio por la firma Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), constituida específicamente para este proceso por ambas empresas en partes iguales, tras la adjudicación formal dispuesta mediante la Resolución 673/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo a mediados de mayo.

Qué compra el consorcio y qué queda en manos del Estado

Lo que adquirieron Edison Transmisión y Genneia no son los activos físicos de la red: las líneas de alta tensión y las estaciones transformadoras pertenecen al Estado nacional y se mantendrán bajo la concesión que Transener S.A. opera hasta el año 2088. Lo que se transfiere es el 50% del capital social de CITELEC, la sociedad que ejerce el control de Transener y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA), que cubre otros 6.228 kilómetros de red en territorio bonaerense.

El consorcio se convierte así en accionista co-controlante de CITELEC junto a Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin, que retiene el otro 50% y no participó de la licitación. En conjunto, las tres empresas, Edison, Genneia y Pampa Energía, controlarán la gestión de Transener, que administra aproximadamente el 85% de la red de alta tensión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.400 kilómetros de líneas de extra alta tensión.

El regulador despeja los reparos: integración vertical y poder de mercado

En el texto oficial, el ENReGE reconoció que los nuevos accionistas ya poseen activos en los segmentos de generación y distribución, lo que podría configurar una integración vertical vedada por la Ley 24.065, el marco regulatorio eléctrico vigente. Sin embargo, el organismo dictaminó que no existe transgresión legal, argumentando que la tenencia del 50%, compartida con Pampa Energía, no otorga a ninguno de ellos la condición de accionista mayoritario o controlante unilateral.

Para neutralizar los riesgos de abuso de posición dominante, el ENReGE destacó tres ejes regulatorios: el libre acceso al uso indiscriminado de la capacidad de transporte; las tarifas reguladas por el propio ente, que impiden cargos discriminatorios; y las ampliaciones controladas, ya que cualquier extensión de la red requiere audiencia pública y aprobación estatal, bajo el marco del Decreto 921/25.

Quiénes son los nuevos socios de la red eléctrica

Genneia es la principal generadora de energías renovables del país, con una capacidad instalada superior a los 1.580 MW distribuidos en ocho parques eólicos y seis solares. Su principal accionista es el banquero Jorge Brito, quien asumió la conducción de la empresa en enero de 2026. La familia Brito ocupa el puesto 13 entre las 50 mayores fortunas de Argentina, según estimaciones de Forbes. Edison Transmisión, por su parte, es el brazo especializado en transporte eléctrico de Edison Energía, empresa encabezada por los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes están vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, según informó el portal El Litoral. Entre los socios del fondo Inverlat, que integra el grupo Edison, figuran Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai. Completan la estructura los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan.

No es dato menor que Edison Energía ya operaba desde enero de 2026 las represas hidroeléctricas del Comahue, adjudicadas en una licitación previa que ingresó aproximadamente US$700 millones al Tesoro nacional. La adquisición de CITELEC representa su segunda apuesta en la infraestructura eléctrica del país en menos de un año.

Una red envejecida y sin obligación de inversión

El desafío que hereda el consorcio es de magnitud: Transener no incorporó obras de alcance nacional desde 2017 y el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil, según datos relevados por el portal especializado Shale24. La paradoja es que el nuevo accionista no tendrá obligación de expandir la red. Las ampliaciones responden al Decreto 921/25, que las licita como concesión de obra independiente, lo que supone que el crecimiento de la capacidad de transporte dependerá de decisiones futuras del Estado, no de los nuevos socios privados.

La insuficiencia de la red de alta tensión es hoy uno de los principales cuellos de botella para nuevas inversiones en generación, tanto en energías renovables como en la expansión vinculada a Vaca Muerta y a los proyectos mineros de cobre y litio. Buena parte de las futuras inversiones en generación dependerán de la capacidad de transportar esa energía hacia los centros de consumo, lo que convierte a Transener en un activo estratégico cuya gestión privada no elimina la necesidad de regulación estatal efectiva.

La Ley Bases como habilitante y el segundo paso de ENARSA

La venta se realizó bajo los lineamientos de la Ley Bases (27.742) y el Decreto 286/2025, que establecieron el marco legal para la desinversión de activos estatales. La participación en CITELEC era el segundo gran movimiento de este proceso para ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue. Con la autorización del ENReGE, se cumple la última condición suspensiva del contrato y queda habilitado el cierre formal de la transacción.

El origen de la participación estatal en CITELEC remite a la salida de Petrobras de sus activos energéticos en Argentina. Tras ese retiro, ENARSA ocupó esa posición y pasó a compartir el control de la sociedad con Pampa Energía, otorgando al Estado influencia sobre una de las empresas más importantes de la infraestructura energética nacional. La administración libertaria decidió desandar ese camino.

Puntos clave

  • El ENReGE emitió la Resolución 130/2026 que autoriza la transferencia del 50% de CITELEC al consorcio Edison-Genneia por US$356.174.811.
  • La operación convierte a Edison Transmisión y Genneia en accionistas co-controlantes de Transener junto a Pampa Energía, completando la salida del Estado de la red troncal de energía eléctrica.
  • Genneia es controlada por el banquero Jorge Brito; Edison Transmisión está conducida por los hermanos Neuss, vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo.
  • Transener opera el 85% de la red de alta tensión del SADI; el 35% de sus instalaciones se encuentra al final de su vida útil y el consorcio no tendrá obligación de expandir la red.
  • La operación se encuadra en la Ley Bases (27.742) y es el segundo gran paso de la desinversión de ENARSA, tras la privatización de las represas del Comahue.
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