Judiciales ⚖️
La familia de Lucas González «no quiere venganza» y «desea un juicio justo»
A un mes del crimen del adolescente, el abogado de la familia hizo declaraciones.
A un mes del crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue asesinado de un balazo por efectivos de una brigada de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas, la familia aseguró que «no quiere venganza ni tiene rencor» y solo «desea a los culpables un juicio justo», según dijo su abogado Gregorio Dalbón.
«La familia no quiere venganza ni tiene rencor. Desea a los culpables un juicio justo, precisamente el que no tuvo Lucas. Quiere a los que pusieron el arma y cambiaron la escena que cumplan la pena que estime el tribunal que los juzgue. Y por sobre todas las cosas no quiere ni un minuto a un inocente preso porque jamás olvidarán el dolor de esos chicos y de esos papás», dijo el letrado.
Dalbón sostuvo que ya pasó «un mes del asesinato a sangre fría de Lucas Gonzales y parece mentira que ya no pueda soñar, estudiar y meter goles para Barracas» porque «un trío de asesinos de profesión policías que ahora esperan la perpetua le pegaron dos tiros en la cabeza».
«Mientras corría uno para salvarse a los otros amigos los esposaron boca abajo horas. ‘Negro de mierda, Villero te tenemos que pegar un tiro en la cabeza’ les decían aplicando tortura psicológica de otros tiempos. Quisieron cambiar el hecho, obstruir a la investigación y lo lograron 24 horas», expresó el representante de la familia del adolescente. Dalbón recordó que «así fue que los chicos fueron a un Instituto de Menores y los asesinos a sus casas», por lo que criticó al juez Alejandro Rodolfo Cilleruelo.
TweetAunque lo busques no está.
— Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) December 18, 2021
Hoy hace un mes.
Lo único que queda es buscar Justicia.
Un fuerte abrazo a la familia. pic.twitter.com/5930VvoDQe
«El Juez de Menores está a la espera de un juicio político que duermen sus pares en el Consejo de la Magistratura. Me pregunto ¿podrá dormir él? Dejó presos a los menores y libres a los criminales», afirmó. El abogado destacó el logro de «dar vuelta la versión de delincuentes a víctimas y los policías a la cárcel».
«¿podrá dormir él? Dejó presos a los menores y libres a los criminales», se pregunta Dalbón sobre el Juez
«Logramos observar en la reconstrucción como armaron la escena con un arma de cotillón, hay detenidos por el encubrimiento. Más no se le puede pedir a la justicia. Creo que el caso de Lucas al tener un control civil claro y concreto desde el Ministerio de Seguridad de CABA está esclarecido», resaltó.
Por último, Dalbón dijo que «ojalá pronto se eleve a juicio oral y las familias descansen». «Fue un mes muy duro. Trabajamos noche y día para esclarecer el hecho. Ahora deberá el juez (Martín) Del Viso decidir quién y qué responsabilidad le cupo a cada involucrado», concluyó.
El magistrado aún debe expedirse sobre el pedido de detención para otros ocho policías investigados por encubrimiento que fue efectuado hace una semana por el fiscal Leonel Gómez Barbella. En tanto, el pasado martes Del Viso procesó con prisión preventiva a los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, al subcomisario Roberto Inca, al inspector Héctor Cuevas y a las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, todos integrantes de la Comisaría Vecinal 4D.
A todos ellos los considera coautores de los delitos de «falsedad ideológica, falso testimonio y encubrimiento agravado en concurso ideal», a su vez en concurso real con «privación ilegal de la libertad agravada y porque en desempeño de un acto de servicio cometieron vejaciones contra las personas que se detuvieron» Además, a Miño, Fariña, Cuevas e Inca los procesó por falso testimonio ya que declararon como testigos en el sumario que inició la Policía Federal Argentina (PFA) una vez que se apartó a los de la Ciudad de la pesquisa.
La principal hipótesis que manejan los investigadores judiciales es que la escena del crimen fue adulterada por los efectivos porteños con intenciones de hacer pasar el caso de «gatillo fácil» como un enfrentamiento. Respecto del pedido de detención aun no resuelto para otros ochos policías, el mismo alcanza a un comisario inspector, un comisario, un subcomisario, dos principales, un oficial mayor, un oficial primero y un oficial.
Según las pruebas reunidas por Gómez Barbella, a estos efectivos se les atribuye «haber hecho insertar datos falsos en las actuaciones labradas» por la PFA, como así también las «privaciones ilegales de la libertad» a los tres sobrevivientes y la «alteración» de los rastros y pruebas».
A su vez, hay otros tres policías porteños, Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi, que también fueron procesados con prisión preventiva por el «homicidio calificado» de Lucas, luego de que el juez Del Viso, a pedido del fiscal Gómez Barbella, consideró que procedieron de forma «arbitraria, irracional e ilegal» y que luego «urdieron una trama para tergiversar los hechos».
El crimen sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando Lucas y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y se detuvieron en un kiosco situado en Iriarte y Luna, para comprar un jugo.
Tras ello fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar. De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.
Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impacto en la cabeza de Lucas, quien tras ser atendido de urgencia en un hospital porteño fue trasladado y murió horas después en el hospital «El Cruce» de Florencio Varela. En la autopsia se determinó que el mismo joven presentaba una herida de surco de proyectil en un pómulo, también disparado por la policía.
Investigación 🔎
La inmobiliaria confirmó que el depto de Adorni vale $110.000 más de lo declarado
Los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación declararon este lunes ante la Justicia y certificaron que el inmueble en Caballito se ofrecía a US$ 340.000, mientras que el jefe de Gabinete lo escrituró por US$ 230.000.
Caso Adorni: la brecha de US$ 110.000 entre el precio real y el declarado complica al jefe de Gabinete
★ El caso Adorni sumó este lunes un nuevo capítulo de peso en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita y tiene a cargo el juez Ariel Lijo. La martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, titulares de la inmobiliaria que participó en la operación del departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, declararon en Comodoro Py y ratificaron que el inmueble tenía un valor de mercado US$ 110.000 mayor al precio oficialmente escriturado por el jefe de Gabinete.
El precio que no cierra
Rucci y Trimarchi confirmaron ante el fiscal Pollicita que el departamento, ubicado en un edificio del barrio de Caballito, se ofrecía originalmente a US$ 340.000. Sin embargo, la operación por la cual Manuel Adorni adquirió el inmueble se escrituró por US$ 230.000, una diferencia de 110.000 dólares que la Justicia busca explicar.
Los declarantes también confirmaron que la propiedad había sido remodelada, circunstancia que elevaba su valor en el mercado y refuerza la hipótesis fiscal de que el precio declarado no refleja el valor real de la transacción.
La modalidad «inusual» que llamó la atención
Uno de los puntos que más peso adquirió en la declaración fue la calificación de Rucci sobre la forma de pago. La martillera describió como un hecho «poco frecuente» que Adorni adquiriera el departamento en 12 cuotas sin interés, dado que se trata de una modalidad inusual en el sector inmobiliario argentino.
Rucci también aclaró que no estuvo involucrada en la hipoteca vinculada a la transacción, aunque señaló que le ofreció la posibilidad de vender el inmueble al hijo de una de las mujeres relacionadas con la compra-venta, Pablo Feijoo. Según declaró, la respuesta de Feijoo fue que «ya tenía un interesado».
Feijoo, el nexo entre las partes
Según las actuaciones judiciales hasta el momento, Pablo Feijoo habría sido quien articuló los contactos entre todas las partes de la operación: su madre, otra jubilada y el propio Adorni. La transacción quedó escriturada en US$ 230.000, con la particularidad de que US$ 30.000 se pagaron en efectivo y US$ 200.000 en cuotas sin interés, con vencimiento en noviembre de este año.
Este miércoles 22 de abril, Feijoo deberá presentarse en Comodoro Py ante el fiscal Pollicita. La citación incluye la obligación de poner a disposición su celular y todos los comprobantes de gastos vinculados a la propiedad y a la transacción.
La agenda judicial que viene
La causa tiene marcados varios hitos en los próximos días. El viernes 25 será el turno de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que compró la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. La ronda de declaraciones cerrará el 27 de abril con Juan Cosentino, responsable de vender esa propiedad del barrio privado al matrimonio Adorni-Angeletti.
Como informó este medio en entregas anteriores, la causa también examina los vuelos privados al exterior financiados por terceros, el levantamiento del secreto bancario y fiscal del matrimonio, y los vínculos entre la compra-venta y figuras del entorno del Gobierno nacional.
Puntos clave
- La inmobiliaria que intervino en la operación confirmó que el departamento de Caballito se ofrecía a US$ 340.000, unos US$ 110.000 más que el precio escriturado por Adorni.
- La martillera Natalia Rucci calificó de «poco frecuente» la compra en 12 cuotas sin interés pactada por el jefe de Gabinete.
- Pablo Feijoo, quien habría articulado la operación entre su madre, otra jubilada y Adorni, deberá declarar el miércoles 22 y entregar su celular y comprobantes.
- El viernes 25 declara el contratista que refaccionó la casa del country Indio Cuá, propiedad de la esposa de Adorni.
- El 27 de abril cierra la ronda de testimonios con el vendedor de la propiedad en el barrio privado.
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