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Diputados: avanza el tratamiento en comisión del Presupuesto

Los puntos centrales que generan mayor debate son los subsidios al transporte de pasajeros del interior del país, la facultad para que el Gobierno pueda aumentar las retenciones agropecuarios, el artículo que permite el blanqueo de capitales destinado a la compra y construcción de viviendas, y la disminución de algunas partidas sociales como el Programa Becas Progresar, y para el Fondo de Integración socio urbana.

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La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó en el análisis del proyecto de gastos y recursos del 2023 y decidió pasar a cuarto intermedio hasta el jueves en busca de los acuerdos entre los bloques parlamentarios que se tratarán plasmar en el dictamen que se emitirá ese día.

La comisión deliberó entre las 13 y las 16.30 cuando a instancias de diputados oficialistas y opositores se decidió suspender la reunión de mañana y directamente volver a tener el plenario de comisión este jueves desde la 10 para discutir el dictamen que se emitirá esa jornada, y que se debatirá en una sesión en el recinto de sesiones el próximo 26 de octubre.

La decisión se adoptó para permitirle al presidente de la comisión Carlos Heller recibir todas las propuestas y dialogar con los legisladores de diferentes bloques políticos y así acercar las posiciones para tener un dictamen con el mayor consenso político.

El oficialismo defendió las variables macroeconómicas del proyecto de Presupuesto pero dejó abierta la posibilidad de incluir algunos cambios en la iniciativa, siempre que no alteren el déficit fiscal que buscan descender del 2,5 al 1,9 por ciento.

El texto diseñado por el Ministerio de Economía, encabezado por Sergio Massa, estima un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, que se busca con reducción de gastos y de subsidios, con un gasto total de casi $ 29 billones, recaudación de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.

Los puntos centrales que generan mayor debate son los subsidios al transporte de pasajeros del interior del país, la facultad para que el Gobierno pueda aumentar las retenciones agropecuarios, el artículo que permite el blanqueo de capitales destinado a la compra y construcción de viviendas, y la disminución de algunas partidas sociales como el Programa Becas Progresar, y para el Fondo de Integración socio urbana.

En ese contexto, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, dijo que si los bloques «van acercando sus propuestas se podrá ver hasta donde se puede llegar en los acuerdos».

«Sabemos -agregó- que en el debate del Presupuesto debemos manejarnos con flexibilidad. Hay muchos aspectos que hacen al funcionamiento de la economía y a la administración de los recursos. La idea es lograr los consensos políticos que necesitamos».

El radical Víctor Hugo Romero dijo que «es muy difícil que en términos de la macro economía nos pongamos de acuerdo, pero podemos llevar nuestros aportes y achicar diferencias sobre determinados temas».

Fuentes parlamentarias señalaron que seguramente habrá una mejora sobre el subsidio del transporte de pasajeros del interior del país como reclaman diputados del oficialismo y la oposición aunque descartó que pueda subir desde $66.000 millones a $100.000 millones como piden algunos legisladores, y también que haya incrementos para Universidades y algunas partidas sociales como la beca Progresar.

Sobre los subsidios al transporte de pasajeros, el presidente de la comisión de Transporte el radical Jorge Rizotti dijo que «en el artículo 81, de la prórroga de compensación del Fondo de Transporte Público, hay una asignación de $66.000 millones».

En este sentido, Rizotti pidió que la asignación para el Transporte del interior pase de los $66.053 millones presupuestados a una cifra cercana a los $110.000 millones».

El mismo reclamo fue realizado la semana pasada por los diputados del FDT Jorge Romero e Ignacio Garcia Aresca de Córdoba Federal.

En cambio, el oficialismo mantiene hoy su postura sobre el artículo que permite autorizar al Gobierno para cambiar las retenciones y dijo que aún no tiene ninguna propuesta sobre el pedido de JXC para incluir una cláusula que si aumenta la recaudación por un incremento de la inflación se enviará una corrección del Presupuesto.

Al respecto, el titular de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaille, dijo que se debe buscar una redacción diferente del artículo 96 sobre las retenciones ya que «hoy está en litigio y hay algunos fallos respecto a la constitucionalidad o no del cobro de retenciones por la caída de las facultades delegadas del año pasado».

«Mi vocación es que se pueda abordar de forma seria y razonable este punto, tanto desde lo económico como lo legal. No estamos dispuestos a convalidar suba de derechos de exportación, lo que queda habilitado en ese artículo», señaló

En el primer tramo de la reunión se debatieron las variables macroeconómicas y rol del Banco Central así como el tratamiento de las leliqs y como impactaban en los depósitos y el proceso inflacionario y la actuación que tuvieron sobre estas herramientas financieras, tanto el macrismo y el actual Gobierno Nacional, así como las decisiones adoptadas en la Pandemia,

El primero en hablar hoy en la reunión de la Comisión de Presupuesto fue el diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy, quien destacó el mecanismo de tratamiento que está teniendo el Presupuesto, cuestionó el funcionamiento del Banco Central y se preguntó con «qué se va a pagar las leliqs».

«Tenemos un diseño institucional que nos lleva a una mega inflación permanente, porque endeudamos a alguien que no tiene recursos propios, que lo único que hace es emitir dinero y sería un milagro que funcionara de otra manera», agregó.

Al respecto, Heller dijo que López Murphy tuvo «errores cuando se refirió a las leliqs y el manejo del Banco Central porque cuando asumió el Gobierno anterior las lebacs pudieron ser utilizadas por inversores privados» y ese sistema generó el «carry trade» con «ganancias a instancias del Banco Central».

Heller insistió en que «el problema es que hay un déficit fiscal que tienen más demandas que recursos y eso es lo que tenemos que encarar y ver cómo se resuelve».

Por su parte, Martin Tetaz de Evolución Radical señaló que «hay una situación preocupante del déficit fiscal que se va financiando con la emisión monetaria. Los pasivos remunerados del Banco Central son un Ahora 30 de la inflación; un plan inflacionario en cuotas».

El diputado del FDT-Patria Grande- Itaí Hagman, dijo que la Argentina «tiene un déficit fiscal que está buscando de resolver» y que «en buena medida fue financiado con adelantos del tesoro y eso no fue porque queríamos tener déficit fiscal, sino porque fue la manera que nos tocó actuar en la pandemia, sin ningún tipo de acceso al financiamiento».

Resaltó que Cambiemos «dejó una bomba con una deuda en dólares impagable y una deuda perfilada que estaba defaulteada. Estamos muy lejos de la situación en la que dejó el Gobierno de Mauricio Macri.

Seguridad social

Congelado hace dos años: el bono de $70.000 para jubilados y pensionados sigue sin actualización

El Gobierno oficializó mediante el Decreto 292/2026 el pago del bono extraordinario de $70.000 para mayo, el mismo monto que se abona desde marzo de 2024 sin ningún ajuste por inflación. Mientras el Ejecutivo justifica la medida en los «efectos adversos» de la fórmula previsional vigente, los jubilados ven cómo ese complemento se deprecia mes a mes en términos reales.

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El bono previsional de $70.000 cumple dos años sin actualización

★ El Poder Ejecutivo publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto 292/2026, que oficializa el otorgamiento del bono extraordinario previsional de $70.000 para el mes de mayo a jubilados que perciben el haber mínimo y pensionados a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida se repite, con el mismo importe, por vigésimo sexto mes consecutivo.

El decreto establece que las jubilaciones mínimas durante mayo quedarán en un total superior a $463.000, contemplando la actualización del haber base en línea con la inflación de marzo, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) midió en el 3,4%.

El argumento oficial y la trampa del diagnóstico

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo vuelve a recurrir al mismo argumento de siempre: la culpa la tiene la Ley N° 27.609, sancionada en 2021, cuya fórmula de movilidad, según el texto oficial, «presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario» y «presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes».

La contradicción del argumento es evidente: el propio gobierno reconoce que la fórmula no resguarda el poder adquisitivo de los jubilados, pero en lugar de modificarla o reemplazarla, elige mantenerla y compensar sus efectos con un bono que, a su vez, tampoco se actualiza. Más aún: en 2024, el Congreso aprobó por amplia mayoría una ley que establecía una movilidad más favorable para los adultos mayores, y el presidente Javier Milei la vetó.

El bono que se derrite

El complemento de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. Antes de esa fecha, los primeros dos meses del gobierno de Milei se pagaron bonos de $55.000. Desde entonces, el monto no registró ninguna actualización, mientras la inflación acumulada entre marzo de 2024 y abril de 2026 erosionó significativamente su valor real.

Como informó este medio en una cobertura reciente sobre el poder adquisitivo jubilatorio, la consultora Analytica estimó que, para recuperar el poder de compra inicial, el bono debería más que duplicarse y alcanzar los $144.000. En el mismo relevamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que los jubilados de la mínima acumulan una caída real del 13,1% si se compara el primer trimestre de 2026 con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, medida con la canasta del Índice de Precios al Consumidor actualizada.

A quiénes alcanza el decreto

El Decreto 292/2026 precisa que el bono extraordinario corresponde a:

  • Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
  • Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y demás pensiones graciables cuyo pago realiza ANSES.

El texto oficial además aclara que el bono «no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto», y que en los casos de pensiones con copartícipes, el conjunto de beneficiarios será considerado «como un único titular».

Un parche que no alcanza

El escenario previsional que describe el decreto es, en sí mismo, una confesión de fracaso. El Ejecutivo lleva más de dos años justificando la necesidad del bono como compensación por los efectos de una ley que decidió no reformar. En ese tiempo, el complemento perdió una porción significativa de su valor real, y el haber total de quienes cobran la mínima se ubica, según el CEPA, un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, último mes completo de la gestión anterior.

Más del 60% de los jubilados del sistema contributivo cobra el haber mínimo. Para ellos, la suma de ese haber más el bono congelado resulta insuficiente frente a cualquier medición de canasta básica. Según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, una pareja de adultos mayores con vivienda propia necesitó $1.548.360 en febrero de 2026, equivalente a más de tres jubilaciones mínimas con bono incluido.

Puntos clave:

  • El Decreto 292/2026 oficializa el bono previsional de $70.000 para mayo, sin actualización por vigésimo sexto mes consecutivo desde marzo de 2024.
  • La jubilación mínima total en mayo superará los $463.000, tras una actualización del haber base del 3,4% por la inflación de marzo.
  • El Ejecutivo atribuye el bono a los efectos adversos de la Ley N° 27.609, pero vetó en 2024 una ley del Congreso que establecía una movilidad más favorable.
  • La consultora Analytica estimó que el bono debería subir a $144.000 para recuperar el poder adquisitivo original.
  • Más del 60% de los jubilados cobra el haber mínimo, que se ubica un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, según el CEPA.
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