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Diputados: avanza el tratamiento en comisión del Presupuesto

Los puntos centrales que generan mayor debate son los subsidios al transporte de pasajeros del interior del país, la facultad para que el Gobierno pueda aumentar las retenciones agropecuarios, el artículo que permite el blanqueo de capitales destinado a la compra y construcción de viviendas, y la disminución de algunas partidas sociales como el Programa Becas Progresar, y para el Fondo de Integración socio urbana.

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La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó en el análisis del proyecto de gastos y recursos del 2023 y decidió pasar a cuarto intermedio hasta el jueves en busca de los acuerdos entre los bloques parlamentarios que se tratarán plasmar en el dictamen que se emitirá ese día.

La comisión deliberó entre las 13 y las 16.30 cuando a instancias de diputados oficialistas y opositores se decidió suspender la reunión de mañana y directamente volver a tener el plenario de comisión este jueves desde la 10 para discutir el dictamen que se emitirá esa jornada, y que se debatirá en una sesión en el recinto de sesiones el próximo 26 de octubre.

La decisión se adoptó para permitirle al presidente de la comisión Carlos Heller recibir todas las propuestas y dialogar con los legisladores de diferentes bloques políticos y así acercar las posiciones para tener un dictamen con el mayor consenso político.

El oficialismo defendió las variables macroeconómicas del proyecto de Presupuesto pero dejó abierta la posibilidad de incluir algunos cambios en la iniciativa, siempre que no alteren el déficit fiscal que buscan descender del 2,5 al 1,9 por ciento.

El texto diseñado por el Ministerio de Economía, encabezado por Sergio Massa, estima un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, que se busca con reducción de gastos y de subsidios, con un gasto total de casi $ 29 billones, recaudación de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.

Los puntos centrales que generan mayor debate son los subsidios al transporte de pasajeros del interior del país, la facultad para que el Gobierno pueda aumentar las retenciones agropecuarios, el artículo que permite el blanqueo de capitales destinado a la compra y construcción de viviendas, y la disminución de algunas partidas sociales como el Programa Becas Progresar, y para el Fondo de Integración socio urbana.

En ese contexto, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, dijo que si los bloques «van acercando sus propuestas se podrá ver hasta donde se puede llegar en los acuerdos».

«Sabemos -agregó- que en el debate del Presupuesto debemos manejarnos con flexibilidad. Hay muchos aspectos que hacen al funcionamiento de la economía y a la administración de los recursos. La idea es lograr los consensos políticos que necesitamos».

El radical Víctor Hugo Romero dijo que «es muy difícil que en términos de la macro economía nos pongamos de acuerdo, pero podemos llevar nuestros aportes y achicar diferencias sobre determinados temas».

Fuentes parlamentarias señalaron que seguramente habrá una mejora sobre el subsidio del transporte de pasajeros del interior del país como reclaman diputados del oficialismo y la oposición aunque descartó que pueda subir desde $66.000 millones a $100.000 millones como piden algunos legisladores, y también que haya incrementos para Universidades y algunas partidas sociales como la beca Progresar.

Sobre los subsidios al transporte de pasajeros, el presidente de la comisión de Transporte el radical Jorge Rizotti dijo que «en el artículo 81, de la prórroga de compensación del Fondo de Transporte Público, hay una asignación de $66.000 millones».

En este sentido, Rizotti pidió que la asignación para el Transporte del interior pase de los $66.053 millones presupuestados a una cifra cercana a los $110.000 millones».

El mismo reclamo fue realizado la semana pasada por los diputados del FDT Jorge Romero e Ignacio Garcia Aresca de Córdoba Federal.

En cambio, el oficialismo mantiene hoy su postura sobre el artículo que permite autorizar al Gobierno para cambiar las retenciones y dijo que aún no tiene ninguna propuesta sobre el pedido de JXC para incluir una cláusula que si aumenta la recaudación por un incremento de la inflación se enviará una corrección del Presupuesto.

Al respecto, el titular de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaille, dijo que se debe buscar una redacción diferente del artículo 96 sobre las retenciones ya que «hoy está en litigio y hay algunos fallos respecto a la constitucionalidad o no del cobro de retenciones por la caída de las facultades delegadas del año pasado».

«Mi vocación es que se pueda abordar de forma seria y razonable este punto, tanto desde lo económico como lo legal. No estamos dispuestos a convalidar suba de derechos de exportación, lo que queda habilitado en ese artículo», señaló

En el primer tramo de la reunión se debatieron las variables macroeconómicas y rol del Banco Central así como el tratamiento de las leliqs y como impactaban en los depósitos y el proceso inflacionario y la actuación que tuvieron sobre estas herramientas financieras, tanto el macrismo y el actual Gobierno Nacional, así como las decisiones adoptadas en la Pandemia,

El primero en hablar hoy en la reunión de la Comisión de Presupuesto fue el diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy, quien destacó el mecanismo de tratamiento que está teniendo el Presupuesto, cuestionó el funcionamiento del Banco Central y se preguntó con «qué se va a pagar las leliqs».

«Tenemos un diseño institucional que nos lleva a una mega inflación permanente, porque endeudamos a alguien que no tiene recursos propios, que lo único que hace es emitir dinero y sería un milagro que funcionara de otra manera», agregó.

Al respecto, Heller dijo que López Murphy tuvo «errores cuando se refirió a las leliqs y el manejo del Banco Central porque cuando asumió el Gobierno anterior las lebacs pudieron ser utilizadas por inversores privados» y ese sistema generó el «carry trade» con «ganancias a instancias del Banco Central».

Heller insistió en que «el problema es que hay un déficit fiscal que tienen más demandas que recursos y eso es lo que tenemos que encarar y ver cómo se resuelve».

Por su parte, Martin Tetaz de Evolución Radical señaló que «hay una situación preocupante del déficit fiscal que se va financiando con la emisión monetaria. Los pasivos remunerados del Banco Central son un Ahora 30 de la inflación; un plan inflacionario en cuotas».

El diputado del FDT-Patria Grande- Itaí Hagman, dijo que la Argentina «tiene un déficit fiscal que está buscando de resolver» y que «en buena medida fue financiado con adelantos del tesoro y eso no fue porque queríamos tener déficit fiscal, sino porque fue la manera que nos tocó actuar en la pandemia, sin ningún tipo de acceso al financiamiento».

Resaltó que Cambiemos «dejó una bomba con una deuda en dólares impagable y una deuda perfilada que estaba defaulteada. Estamos muy lejos de la situación en la que dejó el Gobierno de Mauricio Macri.

Gremiales

Paro judicial de 24 horas paraliza los tribunales este viernes

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación convocó una huelga nacional de 24 horas para el viernes 9 de octubre en reclamo de un aumento salarial del 10% retroactivo al 1° de septiembre, en defensa de la obra social judicial y en rechazo al traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

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Con el fin de semana largo por el feriado del lunes 12, la actividad judicial se retomará recién el martes 13.

Los tribunales federales y nacionales de todo el país quedarán paralizados este viernes 9 de octubre durante 24 horas. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) oficializó el paro en continuidad con el plan de lucha que lleva adelante a lo largo del año, con tres ejes que se mantienen sin resolución: recomposición salarial, representación en la obra social y defensa de la estructura de la Justicia Nacional frente al proceso de traspaso al ámbito porteño.

Julio Piumato, secretario general de la UEJN, presentó una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en la que el gremio solicitó formalmente una recomposición salarial del 10% con retroactividad al 1° de septiembre. La medida comenzará a regir desde las 0 horas del viernes y se extenderá durante toda la jornada. Con el fin de semana y el feriado del lunes 12 de octubre, la actividad judicial no se normalizará hasta el martes 13.

Tres reclamos sin respuesta

El conflicto acumula meses de medidas de fuerza sin solución de fondo: los ingresos de los trabajadores judiciales arrastran una pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023 que el gremio busca empezar a compensar con el incremento reclamado. A ese eje salarial se suman las demandas por la situación de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), donde el gremio reclama representación, y el rechazo al traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, un proceso que ya motivó paros y movilizaciones durante todo el año.

La Federación Judicial Argentina (FJA) expresó su adhesión a la medida, lo que extiende el alcance del paro a múltiples jurisdicciones del interior del país. La paralización abarcará los fueros de la justicia federal: civil, penal, laboral, comercial y de seguridad social.

Alcance nacional y movilizaciones en el sur

El paro rige en todo el país: empleados de Mendoza, Tierra del Fuego y Formosa anticiparon su adhesión, y en Ushuaia y Río Grande se prevén movilizaciones callejeras.

Un plan de lucha que se extiende sin solución

El paro de este viernes no es un hecho aislado sino el eslabón más reciente de un conflicto sostenido a lo largo de 2026. La UEJN ya había parado el viernes 2 de octubre y el viernes 4 de septiembre, esta última vez en respuesta a la aprobación del traspaso de la Justicia Laboral Nacional por parte de la Legislatura porteña. Los ejes se repiten en cada convocatoria: salarios que no recuperan terreno frente a la inflación, una obra social en deterioro y una transferencia de competencias que el gremio rechaza de plano.

Lo que tenés que saber

  • La UEJN, conducida por Julio Piumato, convocó un paro nacional de 24 horas para el viernes 9 de octubre de 2026, desde las 0 horas.
  • El reclamo central es un 10% de aumento retroactivo al 1° de septiembre, solicitado formalmente a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.
  • El gremio también reclama representación en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
  • La UEJN rechaza el traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Con el fin de semana largo por el feriado del lunes 12, la actividad judicial se retomará recién el martes 13.
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