La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) cuestionó los recientes incrementos en las listas de precios de proveedores, advirtiendo que no existen fundamentos económicos sólidos para justificar las subas tras la apertura del mercado cambiario.

El rechazo de CADAM y la polémica por los aumentos

La liberación del cepo cambiario, anunciada por el Gobierno nacional a fines de marzo de 2025, generó una ola de incertidumbre en el sector mayorista. CADAM denunció que las empresas proveedoras enviaron listas con aumentos de precios “injustificados”, y remarcó que la apertura del mercado no implicó una devaluación brusca, sino una convergencia de los tipos de cambio. “Ya de por sí las empresas operaban con el dólar MEP o Contado con Liqui, que incluso registraron una baja tras la apertura del dólar oficial, lo que refuerza la idea de que no hay fundamentos para remarcar precios”, sostuvo la entidad en un comunicado.

Según datos del Banco Central y de la consultora Ecolatina, el dólar financiero retrocedió un 8% en la primera semana tras la medida, mientras que el dólar oficial se estabilizó en torno a los 1.050 pesos. Sin embargo, la inflación mayorista de marzo superó el 12%, según el INDEC, y los precios en góndola reflejaron subas de hasta el 18% en productos básicos, de acuerdo a un relevamiento de la ONG Consumidores Libres.

Impuestos y costos ocultos: el otro lado de la ecuación

CADAM también apuntó contra la estructura impositiva y los “costos ocultos” que, según la entidad, distorsionan los precios finales. “El verdadero problema de la economía no es el dólar sino los impuestos (especialmente los distorsivos como son los IIBB y tasas municipales) y los costos ocultos que se trasladan a precios”, afirmó la cámara. Un informe de la Fundación Mediterránea calculó que la carga tributaria sobre alimentos y bebidas en Argentina supera el 40% del precio final, sumando IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales y contribuciones sociales.

El economista Santiago Manoukian, de Ecolatina, explicó a Página 12 que “la presión fiscal y la falta de previsibilidad en los costos logísticos y energéticos generan un terreno fértil para la remarcación preventiva, más allá de la evolución del tipo de cambio”. Por su parte, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) denunció que “los aumentos llegan antes de que se produzcan cambios reales en los costos”, y advirtió sobre el impacto en el consumo popular.

Especulación, incertidumbre y el rol del Estado

El llamado de CADAM a la “responsabilidad” de los proveedores se inscribe en un contexto de alta volatilidad y desconfianza. El Gobierno, a través de la Secretaría de Comercio, inició inspecciones en cadenas mayoristas y supermercados para detectar prácticas especulativas, aunque hasta el momento no se anunciaron sanciones concretas. Según la consultora LCG, la dispersión de precios en alimentos y bebidas alcanzó niveles récord en abril, con diferencias de hasta el 30% entre comercios de una misma zona.

El antecedente inmediato es la crisis de precios de diciembre de 2023, cuando la devaluación post-electoral disparó remarcaciones generalizadas y desabastecimiento en algunos rubros. Organizaciones de defensa del consumidor, como la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), reclamaron mayor intervención estatal y transparencia en la formación de precios.

Claves para entender la disputa en la cadena comercial:

• La liberación del cepo cambiario no implicó una devaluación abrupta, pero sí generó movimientos especulativos en la cadena de abastecimiento.
• CADAM rechazó los aumentos de precios de proveedores y pidió evitar “distorsiones” que afecten al comercio y al consumidor final.
• La presión impositiva y los costos ocultos explican parte de la suba de precios, pero la especulación y la falta de controles también juegan un rol central.
• El Gobierno inició inspecciones, pero persiste la incertidumbre sobre la evolución de los precios y el abastecimiento en los próximos meses.