Judiciales ⚖️
Procesaron con preventiva al narco «El Paisa» Aquino
El fallo del juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, quien lo halló responsable de «tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y tenencia ilegítima de arma de guerra» y le trabó un embargo por un millón y medio de pesos.
Joaquín «El Paisa» Aquino, el presunto narco investigado por la procedencia de la cocaína adulterada con carfentanilo que provocó la muerte de 24 personas y la intoxicación de otras 80 en la zona noroeste del conurbano bonaerense, fue procesado este viernes con prisión preventiva en el marco de otra causa, al igual que otros seis presuntos integrantes de su banda, por «tráfico y comercialización» de estupefacientes, informaron fuentes judiciales.
La resolución fue dictada por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, quien lo halló responsable de «tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y tenencia ilegítima de arma de guerra» y le trabó un embargo por un millón y medio de pesos.
El magistrado, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público Fiscal, acusó a «El Paisa» y a los otros seis detenidos de integrar una banda narco que operaba en la zona de Villa Loyola, Villa Sarmiento y Villa 18, todas en el partido de San Martín, en una zona cercana a Puerta 8, donde se vendió la droga adulterada.
Ayer jueves, «El Paisa» fue trasladado desde la sede policial en la que estaba alojado a la alcaidía del Servicio Penitenciario Federal (SPF) del Palacio de Tribunales en un fuerte operativo policial.
La semana pasada, el presunto narco de nacionalidad paraguaya amplió su indagatoria ante el juez y afirmó que la droga hallada en su domicilio cuando lo detuvieron un día después de las muertes e intoxicaciones por cocaína adulterada, fue «plantada» por la Policía.
En la misma resolución quedaron imputados y detenidos por el mismo delito Aldana Benítez, pareja del «Paisa», a quien también se le trabó un embargo sobre sus bienes de un millón de pesos.
La medida también incluyó a Mónica Altamirano, hermana de Benítez y pareja de otro de los detenidos, Alberto Medina; Julio César Ferrari, Marcelo Canhue y Jonathan Granero, quienes también permanecen detenidos. Todos estos recibieron un embargo sobre sus bienes en 900 mil pesos, según lo determinó Culotta.
De acuerdo a los pesquisas, Ferrari quedó como imputado de ser «el cocinero» de la droga y ya estuvo preso por otras causas por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes. En tanto, a Canhue se lo acusó de ser uno de los que guardaba la droga antes de que fuera distribuida y comercializada.
Y respecto de Medina, los investigadores sospechan que actuaba como «chofer» de la banda para trasladar los estupefacientes y el dinero producto de la comercialización de los mismos. Todos los imputados en este expediente afrontan los mismos cargos aunque con distintos grados de responsabilidad, siendo «El Paisa» el presunto «organizador» de la banda.
El de Culotta se trata de un expediente paralelo al que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín y en el que se investigan las 24 muertes y más de 80 intoxicaciones por la ingesta de cocaína adulterada con carfentanilo ocurridas el 2 de febrero pasado.
En esa causa, el juez de Garantías 3 de San Martín, Mariano Grammatico Mazzari, se declaró hoy incompetente y decidió girar el expediente al juez federal Culotta, por la complejidad de la causa.
El magistrado coincidió con el pedido del fiscal Germán Martínez y explicó que «la gran cantidad de droga incautada excede la que comúnmente suele manejar el último peldaño de tráfico o venta al menudeo» lo que «denota la presencia de una organización vinculada al narcotráfico».
«Nos encontramos frente a una investigación que reviste una complejidad tal, que excede la lógica de aquellas causas donde se pesquisa el último escalón de la cadena de tráfico y que por definición y recursos, son propias del fuero de excepción», expresó el juez.
Además, Grammatico Mazzari consideró que es necesario que la causa sea llevada adelante por la justicia federal ya que «se identificó que quienes proveían, distribuían y vendían la droga desarrollaban la actividad en distintas jurisdicciones», por lo que instó a que «la investigación quede a cargo de un único tribunal».
«No se debe olvidar que el fuero federal es la jurisdicción originaria para este tipo de delitos y tiene preeminencia si hay conflicto de competencias», agregó el juez.
Por otro lado, Grammatica Mazzari argumentó su incompetencia en la causa por «los delitos cometidos contra la vida» en el hecho, por los que fallecieron 24 personas y causaron más de 80 intoxicaciones.
«Tales delitos no pueden escindirse de la competencia federal, dado que como denominador común se constató preliminarmente que la sustancia ilícita comercializada -con presencia de carfentanilo- ha sido la que causó el resultado lesivo a las víctimas», fundamentó.
CABA
Mano dura como bandera: Jorge Macri suma 600 policías y se burla de sus críticos
El jefe de Gobierno porteño llevó a más de 28.000 la dotación de la Policía de la Ciudad y usó el acto para ironizar contra quienes cuestionaron el operativo Tormenta Negra, denunciado por el CELS por violencia policial y detenciones arbitrarias en los barrios populares.
Frente a 600 nuevos policías formados en el Patio de Armas, Jorge Macri no se limitó a dar la bienvenida a la tropa. Eligió responder, con sorna, a los organismos de derechos humanos y a los sectores de la oposición que denunciaron los megaoperativos en las villas porteñas: «Hace unos meses, cuando se hizo el operativo Tormenta Negra en las villas, algunos pusieron el grito en el cielo. Nos acusaron de hacer operativos ‘fachos’ y estigmatizantes. Quiero mandarles un saludo para ellos: entre 2023 y 2026, los homicidios en las villas bajaron 70%. Salvamos 7 de cada 10 vidas que en 2023 se perdían. Sin ley y orden no hay progreso ni libertad».
El jefe de Gobierno porteño encabezó este martes el acto de incorporación de los nuevos efectivos en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Los agentes egresaron de los cursos NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia), un programa de la Policía de la Ciudad destinado a sumar personal que ya trabajó en otras fuerzas federales o provinciales, con una capacitación de 240 horas cátedra en formación técnica, legal y táctica, más entrenamiento físico. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia; el secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, Francisco Quintana; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zabaleta.
Las cifras que exhibe la gestión
Con esta camada, la Policía de la Ciudad superó los 28.000 efectivos. Según el Gobierno porteño, desde diciembre de 2023 se incorporaron 6.803 nuevos policías: 4.260 formados como cadetes en el ISSP y 2.543 llegados a través del programa NICE. Es decir, más de un tercio de los ingresos de la gestión llegó por la vía de la formación abreviada para agentes que provienen de otras fuerzas.
La administración porteña sostiene que la tasa de homicidios se ubicó en 2,5 casos cada 100.000 habitantes, la más baja de su serie histórica, y atribuye ese resultado a la incorporación constante de personal. Sin embargo, el comunicado oficial no detalló la metodología ni la fuente del cálculo sobre la caída del 70% en las villas que Macri esgrimió en su discurso.
Hay, además, una inconsistencia en el argumento del jefe de Gobierno. El período que Macri usó para responder a sus críticos arranca en 2023, mucho antes del primer operativo Tormenta Negra, desplegado en mayo de 2026. La baja que invoca, por lo tanto, no puede atribuirse a esos megaoperativos que eligió defender con ironía.
Tormenta Negra y las denuncias que Macri prefiere ridiculizar
El primer operativo Tormenta Negra se realizó el 14 de mayo, con más de 1.500 efectivos desplegados en simultáneo en 15 barrios populares, entre ellos la Villa 31, Zavaleta y Ciudad Oculta, con helicópteros y un vehículo blindado. Los balances oficiales difundidos entonces hablaron de entre 20 y 27 detenidos y cuatro búnkeres cerrados. En septiembre, la Ciudad repitió la misma modalidad en una segunda edición.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un documento sobre esa segunda edición, titulado «Una tormenta negra contra nuestrxs pibxs», en el que afirmó haber registrado episodios de violencia policial, detenciones arbitrarias y el retiro de pertenencias y herramientas de trabajo de vecinos y vecinas. Ya tras el primer despliegue, la coordinadora del equipo de Violencia Institucional del organismo, Victoria Darraidou, advirtió que «este tipo de intervenciones policiales identifican como enemigo a las personas que viven en las villas».
La discusión también llegó a la Legislatura porteña, donde legisladores presentaron un proyecto para que la Auditoría General de la Ciudad revise el operativo de mayo: los recursos utilizados, las inspecciones, los decomisos, el retiro de vehículos, las derivaciones de personas en situación de calle y los procedimientos policiales. La legisladora Vanina Biasi cuestionó que el despliegue golpeara a comerciantes y vecinos de los sectores más vulnerables bajo el argumento de combatir el delito.
Desde adentro de los barrios, el periodista y comunicador popular de la Villa 21-24 Nelson Santacruz describió en el programa de streaming Ronda de Investigación un hostigamiento que no se detiene: «Para nosotros la tormenta nunca terminó, el operativo Tormenta Negra, porque desde la primera vez a la fecha viene sucediendo todo el tiempo». Lo que el jefe de Gobierno presenta como un éxito, en los pasillos se vive como una presencia policial permanente y sin rendición de cuentas.
Trapitos, manteros y «pseudo progres»: el discurso del enemigo interno
El tono del acto confirmó una estrategia que Macri viene sosteniendo desde hace meses. «Durante años les dedicaron tiempo, recursos y teorías a entender al delincuente. Lo romantizaron tanto que algunos pseudo progres parecen haberse enamorado de la delincuencia. En nuestra gestión, eso se terminó», afirmó, antes de agrupar en una misma enumeración a usurpadores, trapitos, manteros y a quienes agreden a policías: «Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada».
También dividió a la sociedad en dos bandos: «Un Estado tiene que saber de qué lado está. Hay dos maneras de entender la Ciudad. Están los que siempre encuentran una excusa para el delincuente y terminan desamparando a la gente de bien. Y estamos los que creemos que la primera obligación del Estado es estar del lado del que trabaja, estudia, cumple las reglas y quiere vivir en paz». En ese esquema, quien denuncia abusos policiales queda automáticamente del lado del delito, y el trabajador informal que vende en la vereda pasa a compartir lista con el violento.
No es la primera vez que una ceremonia policial se convierte en tribuna política. En junio, ante 650 nuevos efectivos en el mismo instituto, Macri apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof: «Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof». Con la mira puesta en 2027, la seguridad se consolida como el eje de campaña de un PRO que compite con La Libertad Avanza por el mismo electorado de mano dura.
El jefe de Gobierno cerró con una definición de identidad: «Defender a la Ciudad es defender la convicción de que se puede vivir mejor. Que el progreso no es una mala palabra. Que el esfuerzo vale. Que las reglas importan». Queda pendiente que esas mismas reglas alcancen a los procedimientos que el CELS documentó y que la Legislatura pidió auditar, porque la ley también rige para quienes visten uniforme.
Lo que tenés que saber:
- La Ciudad incorporó 600 policías provenientes del programa NICE y la fuerza superó los 28.000 efectivos.
- Desde diciembre de 2023 ingresaron 6.803 agentes; 2.543 llegaron por la vía NICE, con formación de 240 horas cátedra.
- Macri ironizó contra los críticos del operativo Tormenta Negra y atribuyó a su gestión una caída del 70% en los homicidios en las villas entre 2023 y 2026.
- El CELS denunció violencia policial, detenciones arbitrarias y retiro de herramientas de trabajo durante la segunda edición del operativo.
- Legisladores porteños pidieron que la Auditoría General de la Ciudad revise el despliegue realizado en mayo.
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