Judiciales ⚖️
Procesaron con preventiva al narco «El Paisa» Aquino
El fallo del juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, quien lo halló responsable de «tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y tenencia ilegítima de arma de guerra» y le trabó un embargo por un millón y medio de pesos.
Joaquín «El Paisa» Aquino, el presunto narco investigado por la procedencia de la cocaína adulterada con carfentanilo que provocó la muerte de 24 personas y la intoxicación de otras 80 en la zona noroeste del conurbano bonaerense, fue procesado este viernes con prisión preventiva en el marco de otra causa, al igual que otros seis presuntos integrantes de su banda, por «tráfico y comercialización» de estupefacientes, informaron fuentes judiciales.
La resolución fue dictada por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, quien lo halló responsable de «tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y tenencia ilegítima de arma de guerra» y le trabó un embargo por un millón y medio de pesos.
El magistrado, junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público Fiscal, acusó a «El Paisa» y a los otros seis detenidos de integrar una banda narco que operaba en la zona de Villa Loyola, Villa Sarmiento y Villa 18, todas en el partido de San Martín, en una zona cercana a Puerta 8, donde se vendió la droga adulterada.
Ayer jueves, «El Paisa» fue trasladado desde la sede policial en la que estaba alojado a la alcaidía del Servicio Penitenciario Federal (SPF) del Palacio de Tribunales en un fuerte operativo policial.
La semana pasada, el presunto narco de nacionalidad paraguaya amplió su indagatoria ante el juez y afirmó que la droga hallada en su domicilio cuando lo detuvieron un día después de las muertes e intoxicaciones por cocaína adulterada, fue «plantada» por la Policía.
En la misma resolución quedaron imputados y detenidos por el mismo delito Aldana Benítez, pareja del «Paisa», a quien también se le trabó un embargo sobre sus bienes de un millón de pesos.
La medida también incluyó a Mónica Altamirano, hermana de Benítez y pareja de otro de los detenidos, Alberto Medina; Julio César Ferrari, Marcelo Canhue y Jonathan Granero, quienes también permanecen detenidos. Todos estos recibieron un embargo sobre sus bienes en 900 mil pesos, según lo determinó Culotta.
De acuerdo a los pesquisas, Ferrari quedó como imputado de ser «el cocinero» de la droga y ya estuvo preso por otras causas por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes. En tanto, a Canhue se lo acusó de ser uno de los que guardaba la droga antes de que fuera distribuida y comercializada.
Y respecto de Medina, los investigadores sospechan que actuaba como «chofer» de la banda para trasladar los estupefacientes y el dinero producto de la comercialización de los mismos. Todos los imputados en este expediente afrontan los mismos cargos aunque con distintos grados de responsabilidad, siendo «El Paisa» el presunto «organizador» de la banda.
El de Culotta se trata de un expediente paralelo al que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín y en el que se investigan las 24 muertes y más de 80 intoxicaciones por la ingesta de cocaína adulterada con carfentanilo ocurridas el 2 de febrero pasado.
En esa causa, el juez de Garantías 3 de San Martín, Mariano Grammatico Mazzari, se declaró hoy incompetente y decidió girar el expediente al juez federal Culotta, por la complejidad de la causa.
El magistrado coincidió con el pedido del fiscal Germán Martínez y explicó que «la gran cantidad de droga incautada excede la que comúnmente suele manejar el último peldaño de tráfico o venta al menudeo» lo que «denota la presencia de una organización vinculada al narcotráfico».
«Nos encontramos frente a una investigación que reviste una complejidad tal, que excede la lógica de aquellas causas donde se pesquisa el último escalón de la cadena de tráfico y que por definición y recursos, son propias del fuero de excepción», expresó el juez.
Además, Grammatico Mazzari consideró que es necesario que la causa sea llevada adelante por la justicia federal ya que «se identificó que quienes proveían, distribuían y vendían la droga desarrollaban la actividad en distintas jurisdicciones», por lo que instó a que «la investigación quede a cargo de un único tribunal».
«No se debe olvidar que el fuero federal es la jurisdicción originaria para este tipo de delitos y tiene preeminencia si hay conflicto de competencias», agregó el juez.
Por otro lado, Grammatica Mazzari argumentó su incompetencia en la causa por «los delitos cometidos contra la vida» en el hecho, por los que fallecieron 24 personas y causaron más de 80 intoxicaciones.
«Tales delitos no pueden escindirse de la competencia federal, dado que como denominador común se constató preliminarmente que la sustancia ilícita comercializada -con presencia de carfentanilo- ha sido la que causó el resultado lesivo a las víctimas», fundamentó.
DDHH
Cristina lleva su condena al mundo: sumó al abogado de Lula y a ex juez de Tribunal Europeo
Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva durante el Lava Jato, y al español Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cuestionar su condena ante organismos internacionales. La estrategia apunta a denunciar violaciones a garantías fundamentales en la causa Vialidad, cuya sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para la etapa internacional de la causa Vialidad, según confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por distintos medios. La información fue publicada originalmente por los medios brasileños Folha de São Paulo y CNN Brasil, y luego ratificada por fuentes del entorno de CFK. Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España.
El propio Valim anticipó los lineamientos de la estrategia al medio brasileño Metrópoles: «En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta». El jurista sostuvo además que está «firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto» que intentarán «revertir en los tribunales».
Una estrategia construida desde antes de la condena firme
El recurso a las instancias internacionales no es una novedad en la hoja de ruta de la defensa de CFK: la estrategia viene siendo elaborada desde mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, en junio de 2025. Durante el juicio oral en la causa Vialidad, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional sobre el que se apoyó la acusación, y la aplicación de la figura de «asociación ilícita» al caso. La propia expresidenta calificó al tribunal como un «pelotón de fusilamiento» y acusó a los fiscales de prevaricato.
Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que la sentencia quedara firme, la defensa advirtió que si el máximo tribunal lo rechazaba recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo. Tras la confirmación de la condena, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria. En paralelo, se activó una vía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses para presentar una petición formal.
Quién es Rafael Valim: el jurista que convirtió el lawfare en doctrina
Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor. Fue docente visitante en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y en la Université Le Havre Normandie (Francia). Su trayectoria incluye litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.
En 2017, junto a Cristiano Zanin, actual magistrado de la Corte Suprema brasileña, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London. Los tres conformaron además la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, con presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Juntos escribieron el libro «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021), una referencia académica de consulta frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Valim es también socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.
Borrego: el hombre que conoce los códigos de la justicia europea
El jurista español Javier Borrego completa un equipo de defensa internacional de peso inusual. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera ligada a los organismos europeos de protección de derechos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de España. Su incorporación al equipo de CFK amplía el alcance geográfico y jurídico de la estrategia, proyectándola también hacia el sistema europeo de derechos humanos.
La situación procesal: cuatro frentes y una condena firme
La expresidenta enfrenta actualmente uno de los momentos procesales más complejos de su historia judicial. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025, lo que la dejó firme. En las últimas semanas, el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a 111 propiedades, un monto que la defensa cuestionó judicialmente sin éxito. Por esta causa, Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.
A ese expediente se suman otros tres frentes elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública.
El precedente Lula: cuando la justicia internacional torció el rumbo
La elección de Rafael Valim no es casual ni caprichosa. El mismo equipo que conformó junto a Zanin y Teixeira Zanin Martins logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución señalando violaciones al debido proceso en el caso Lula, lo que contribuyó al proceso que derivó en la anulación de las condenas contra el dirigente brasileño y en su posterior restitución de derechos políticos. Esa hoja de ruta, aplicada con éxito en Brasil, es ahora el modelo que la defensa de CFK busca replicar en el sistema internacional, denunciando lo que considera el lawfare más feroz de la historia judicial argentina.
Puntos clave
- Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim y al español Javier Borrego para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales de derechos humanos.
- Valim integró la defensa de Lula da Silva durante el Lava Jato y es coautor del libro académico «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021).
- Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
- La condena de CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025 por la Corte Suprema; la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
- El equipo internacional anunció que en los próximos días presentará oficialmente en Buenos Aires la estrategia para la nueva fase judicial.
-
Fútbol & Goles!5 díasCinco argentinos en el 11 ideal del Mundial: Messi, el Dibu y la promesa de la votación FIFA
-
Fútbol & Goles!6 díasLa caída de Argentina “tras la estúpida tarjeta roja a Enzo Fernández”: los medios del mundo analizaron la victoria española
-
Celebridades2 días“Te comemos el hígado”: el contundente mensaje que eligió Antonela para responder a los anti Argentina
-
Fútbol & Goles!5 díasConspiraciones en la final: qué hay detrás de los rumores que inundaron las redes
-
Buenos Aires3 díasUn fondo (buitre) alemán demandó a la Provincia de Buenos Aires en Nueva York por el canje de deuda de 2021
-
Fútbol & Goles!5 díasLa final más sombría: las estadísticas convierten a la derrota ante España en el peor partido de la historia de la Scaloneta
-
Goles! ⚽5 díasLa burla se les volvió en contra: españoles quemaron una bandera argentina y el cohete les explotó encima
-
Fintech4 díasEl mayor misterio del siglo XXI: quién es Satoshi Nakamoto
