Elecciones
La Rural, escaparate de la oligarquía: Milei, Pino y Bullrich blindan la ley de tierras
En la apertura de la 138° Exposición Rural, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, respaldó el proyecto oficial de ley de tierras bajo la bandera del «pleno respeto al derecho de propiedad». La senadora Patricia Bullrich fue más lejos: culpó a una ley impulsada por el kirchnerismo de la caída del valor de los campos y prometió «retenciones cero» junto a un modelo de libre comercio con control de fronteras.
El predio de Palermo volvió a funcionar este domingo como el gran escaparate del poder terrateniente argentino. En la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural, los grandes propietarios de la tierra recibieron el espaldarazo político que esperaban: el respaldo explícito al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el oficialismo, de la mano de dos de sus figuras más representativas. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y la senadora nacional Patricia Bullrich coincidieron en blindar la iniciativa, cada uno desde su rol, en un escenario que históricamente ha sido el territorio privilegiado de las elites agropecuarias del país.
Pino: «el pleno respeto al derecho de propiedad»
En su tradicional discurso de apertura, Pino fijó la postura institucional de la entidad que conduce ante el proyecto de ley que el Gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso. La consigna fue precisa: «Toda regulación debe asentarse sobre un principio esencial: el pleno respeto al derecho de propiedad, que comprende la libertad de cada propietario para decidir el destino y uso de su tierra», afirmó el dirigente rural.
Con un tono que buscó presentarse como moderado, Pino aclaró que ese ejercicio debe producirse «siempre dentro del marco de la ley y procurando que no ocasione perjuicios a terceros ni afecte el interés común». Pero a continuación deslizó una crítica directa a las compras de campos patagónicos por parte de fondos o inversores que los destinan a reservas ecológicas privadas, señalando que «no es bueno, como sucede en la Patagonia, que compradores que destinan áreas a creaciones de reservas ecológicas no estén obligados a establecer resguardos que protejan a los vecinos».
El dirigente también argumentó que la ley proyectada debe reconocer las «diversas realidades productivas, ambientales y geográficas» del territorio argentino y concluyó que «es posible armonizar el ejercicio del derecho de propiedad con la protección del ambiente y la seguridad nacional», presentando ese equilibrio como «el mejor camino para cuidar nuestros recursos, fortalecer la producción y generar confianza para invertir».
El mensaje central fue, sin embargo, inequívoco: la SRA quiere una ley que garantice la libertad irrestricta de los terratenientes sobre sus propiedades, sin las limitaciones que hoy establece la normativa vigente sobre la extranjerización de la tierra. Lo que Pino llama «confianza para invertir», en la práctica, se traduce en la apertura de la venta de suelo productivo argentino sin mayores restricciones.
Bullrich apunta al kirchnerismo y promete «retenciones cero»
Antes de que comenzara el acto oficial, la senadora Patricia Bullrich llegó al predio de Palermo y marcó un tono aún más confrontativo. La exministra de Seguridad aprovechó el espacio para apoyar el proyecto de ley de propiedad privada que impulsa junto al bloque oficialista, y construyó su argumento central sobre una comparación histórica que presentó como irrefutable.
«Desde la ley de Máximo Kirchner hemos perdido un 233% del valor de nuestra tierra. Lo queremos recuperar porque la tierra tiene que valer más de lo que vale. Esa ley fue un verdadero desastre», afirmó la senadora. Para ilustrar la supuesta degradación, comparó el precio de la tierra argentina con el mercado canadiense: «En el mismo momento una hectárea valía lo mismo en la zona núcleo argentina que en Ontario. Hoy nosotros aumentamos el valor apenas un 25%, mientras ellos crecieron un 250%».
La ley a la que Bullrich apunta es la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en 2011, que estableció límites a la extranjerización del suelo productivo y a la concentración de la propiedad en pocas manos. Para los grandes propietarios y sus aliados políticos, esa norma fue siempre un obstáculo; para quienes defienden la soberanía sobre los recursos estratégicos del país, representó un piso mínimo de protección que el actual proyecto gubernamental busca desmantelar.
Bullrich también vinculó el proyecto con una visión más amplia de política económica. Definió al campo como «el lugar de mayor producción de dólares del país» y planteó un modelo de libre comercio combinado con control de fronteras para combatir el narcotráfico. «Vamos a cuidar las fronteras, vamos a cuidar todo el territorio fronterizo porque siempre ahí hay riesgo de narcotráfico», sostuvo. Y al ser consultada sobre la eliminación de los derechos de exportación, fue categórica: «Retenciones cero es posible«, respondió.
Una ley para los dueños de la tierra
El proyecto que tanto Pino como Bullrich respaldaron en La Rural busca reformar el régimen de propiedad privada para facilitar la libre disposición de los inmuebles, incluyendo los rurales, y combatir las usurpaciones. Sin embargo, los sectores críticos advierten que, bajo esa retórica, se esconde la intención de derogar o vaciar de contenido la normativa que hoy limita la concentración y extranjerización de la tierra.
En un país donde la estructura de la propiedad agraria es históricamente concentrada, donde el latifundio ha sido una constante desde la época colonial y donde la reforma agraria nunca fue una política de Estado sostenida, la Exposición Rural de Palermo funciona cada año como el escenario donde los grandes propietarios marcan la agenda política que esperan que el Gobierno ejecute. Este domingo no fue la excepción.
La presencia de Milei, Bullrich y el conjunto del gabinete en el acto inaugural confirma que el Gobierno ve en la SRA y en los grandes terratenientes uno de sus pilares de apoyo más sólidos. Y que la ley de tierras, lejos de ser una política de soberanía, apunta en sentido contrario: a facilitar que el suelo argentino, con todo lo que produce y lo que guarda bajo tierra, sea un bien de mercado sin restricciones.
Puntos clave
- Nicolás Pino respaldó el proyecto de ley de tierras del Gobierno con la consigna del «pleno respeto al derecho de propiedad» para «generar confianza» a los inversores.
- Bullrich responsabilizó a la Ley 26.737 de protección de tierras, impulsada durante el kirchnerismo, de una caída del 233% en el valor de los campos argentinos.
- La senadora oficialista volvió a defender la meta de «retenciones cero» para el sector agropecuario.
- Pino cuestionó las compras de campos patagónicos destinados a reservas ecológicas privadas sin obligación de proteger a los vecinos linderos.
- La apertura de la 138° Exposición Rural concentró a toda la cúpula del Gobierno de Milei y al bloque del PRO como respaldo al sector terrateniente.
Elecciones
Presupuesto 2027: el Gobierno lleva la “ley de leyes” al Congreso sin los votos asegurados
El oficialismo espera que este martes ingrese el proyecto de ley de Presupuesto 2027, en plena campaña electoral y con una negociación que se prevé difícil. El Gobierno necesita votos que todavía no tiene, mientras sus aliados empiezan a mirar más sus propios intereses que los de la coalición libertaria.
Para aprobar el Presupuesto 2027, el Gobierno de Javier Milei necesita 129 votos en la Cámara de Diputados. Hoy no los tiene. El oficialismo cuenta con el PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo, pero esos bloques aliados no alcanzan por sí solos para garantizar la aprobación del proyecto, y varios de ellos ya comenzaron a tomar distancia a medida que se acercan las elecciones legislativas de 2027.
Según fuentes parlamentarias del oficialismo que participaron de la reunión entre el presidente Milei y los bloques libertarios de ambas cámaras en la Casa Rosada, el ingreso formal del proyecto estaba previsto para este martes 16 de septiembre, en cumplimiento del plazo que fija la Ley de Administración Financiera. La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado Bertie Benegas Lynch, ya empezó a organizar su agenda de cara al tratamiento de la denominada «ley de leyes», aunque tiene comprometidas las sesiones del 16 y del 23 de septiembre para tratar los proyectos vinculados a la emergencia en discapacidad.
Un equilibrio fiscal que no se negocia
Los ejes centrales del proyecto de Presupuesto 2027 serán, según anticipó el propio Ejecutivo, el mantenimiento del equilibrio fiscal, la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la continuidad del proceso de reducción de la inflación. En julio, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó ante Diputados un adelanto de 17 páginas con las proyecciones macroeconómicas para el período 2027-2029, que contemplaban crecimiento del PIB impulsado por la inversión, recuperación del consumo privado, reducción del desempleo y descenso de la pobreza.
El problema político es que el Gobierno no parece dispuesto a flexibilizar los lineamientos que sostienen su programa económico, en particular el equilibrio fiscal, justamente cuando los gobernadores y bloques aliados empiezan a priorizar la distribución de recursos con mirada electoral. La negociación promete ser áspera.
Los aliados que se alejan
El deterioro de los apoyos parlamentarios es uno de los datos más relevantes del escenario legislativo. Los espacios de Argentina Federal, vinculados a los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta), y el espacio Independencia, referenciado en el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, ya marcaron diferencias con el oficialismo en debates recientes, como los proyectos de endeudamiento y la emergencia en discapacidad.
Esa tensión podría profundizarse cuando llegue el momento de discutir la distribución de recursos prevista en el Presupuesto y su impacto sobre las cuentas provinciales. Los mandatarios provinciales, cualquiera sea su alineamiento, tienen incentivos para presionar por más coparticipación y transferencias antes de una elección, y el Gobierno no parece en condiciones de ofrecer demasiado en ese sentido.
El proyecto sobre Malvinas se demora
En paralelo al debate presupuestario, la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada a las Islas Malvinas «se demoraría unos días más», según indicaron las mismas fuentes parlamentarias. El proyecto, destinado a endurecer las penas contra las empresas que operen ilegalmente en las Islas sin autorización del Gobierno argentino, aún estaba siendo terminado de pulir y su ingreso se esperaba para fines de esta semana o comienzos de la próxima.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo espera que el Presupuesto 2027 ingrese al Congreso este martes 16 de septiembre.
- El Gobierno necesita 129 votos en Diputados para garantizar el quórum y la aprobación, una cifra que hoy no está asegurada.
- Bloques aliados como Argentina Federal e Independencia ya comenzaron a marcar distancia con el oficialismo de cara a las elecciones de 2027.
- Los ejes del proyecto son equilibrio fiscal, reducción de la inflación y crecimiento económico; el Gobierno no prevé ceder en esos puntos.
- El proyecto sobre Malvinas, que endurecería las penas a empresas que operen ilegalmente en las Islas, se demoraría hasta fines de esta semana o principios de la próxima.
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