La Justicia Federal de San Martín se hará cargo de la investigación por la muerte de 24 personas que consumieron cocaína adulterada en los partidos de San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham a principios de febrero pasado, por el que hay cinco sospechosos con prisión preventiva, acusados de haber cometido homicidios «agravados por el uso de veneno como método insidioso», informaron este jueves fuentes judiciales.

De esta manera, la causa tramitará en el Juzgado Federal 2, a cargo de Alicia Vence, y el fiscal del mismo fuero, Paul Starc, los mismos que investigan al líder narco Miguel Ángel «Mameluco» Villalba, quien ahora podría ser vinculado con la cocaína cortada con carfentanilo que causó los decesos.

Fuentes judiciales informaron que el juez Mariano Grammático Mazzari ya se había declarado «incompetente» en febrero último para que la causa pasara al fuero federal, lo cual fue validado en las últimas horas.

Ese magistrado había dictado la prisión preventiva en contra de Iván David Avalos (21), Nicolás Matías Campos (18), Luis Alberto Rodríguez (26), Mauricio Adrián Balcarce (29) y Héctor Gabriel Faundez (47).

A los cinco les imputó el delito de «tráfico ilegal de sustancia estupefaciente en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, agravada por la pluralidad de intervinientes en forma organizada, en concurso real con homicidio agravado por el uso de veneno como método insidioso y homicidio agravado en grado de tentativa».

Para el juez, por el momento existen evidencias para imputarles 11 de las 24 muertes y más de una veintena de heridos por el consumo de la cocaína adulterada con carfentanilo, una sustancia usada para dormir elefantes.

Por otra parte, Grammático Mazzari justificó la prisión preventiva de los cinco imputados al considerar que «la sanción prevista para los delitos endilgados a los causantes permite inferir un peligro de fuga por parte de todos ellos».

Además, el juez añadió: «Con la convicción de que los imputados forman parte de una organización criminal vinculada al narcotráfico (…) es dable presumir que éstos, en libertad, podrían ponerse en connivencia para provocar el entorpecimiento de la investigación».

Durante la investigación, estableció que los imputados «cumplían diferentes roles en los estratos inferiores de la cadena de comercialización de estupefacientes prohibidas, de la cual sus jefes u organizadores hasta la fecha no fueron identificados».

Por ejemplo, Campos y Rodríguez fueron sindicados por cumplir funciones de seguridad y de «satélite», al dar aviso de la llegada de las diferentes fuerzas del orden.

A su vez, Avalos y Balcarce fueron acusados de vender los estupefacientes en los pasillos internos del asentamiento Puerta 8.

En tanto, Faundez es señalado como el encargado de ocultar los estupefacientes en un domicilio ubicado en la calle El Gaucho, esquina Río Cuarto, en la localidad bonaerense de Loma Hermosa.

Grammático Mazzari avaló así la pesquisa llevada adelante por el fiscal de instrucción de San Martín Germán Martínez, en el marco de la cual se identificaron los lugares donde las víctimas compraron la droga adulterada en el interior del asentamiento Puerta 8, del partido de Tres de Febrero.

Los sitios fueron allanados y en ellos se secuestraron dosis de estupefacientes listas para la venta que, al ser analizadas, al igual que las aportadas por las víctimas, arrojaron que contenían como sustancia de corte carfentanilo, letal para los seres humanos.

Según el último reporte oficial, durante la primera semana de febrero, 24 personas fallecieron -21 de ellas dentro de hospitales y las tres restantes en domicilios o en la vía pública- tras consumir cocaína adulterada, mientras que 84 personas terminaron internadas por intoxicación en distintos hospitales de la zona noroeste.

En tanto, la jueza Vence tenía una serie de escuchas en la que la principal escucha tiene de un lado la voz de «Mameluco» desde su celda del penal federal de Rawson y del otro a uno de los detenidos el martes último en el megaoperativo bautizado por la policía como «Droga Salvaje», identificado por la policía como Matías Pare y Ruiz, alias «Mocho».

En esa charla telefónica, Villalba, sin nombrar la cocaína adulterada admite -según consideran los investigadores judiciales y policiales- conocer sobre ese cargamento y dice «tiraron todo a la cancha lo que estaba para descartar. Hicieron todas cagadas».