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Cocaína adulterada: la causa pasa al juzgado federal de San Martín

Según el último reporte oficial, durante la primera semana de febrero, 24 personas fallecieron -21 de ellas dentro de hospitales y las tres restantes en domicilios o en la vía pública- tras consumir cocaína adulterada, mientras que 84 personas terminaron internadas por intoxicación en distintos hospitales de la zona noroeste.

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La Justicia Federal de San Martín se hará cargo de la investigación por la muerte de 24 personas que consumieron cocaína adulterada en los partidos de San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham a principios de febrero pasado, por el que hay cinco sospechosos con prisión preventiva, acusados de haber cometido homicidios «agravados por el uso de veneno como método insidioso», informaron este jueves fuentes judiciales.

De esta manera, la causa tramitará en el Juzgado Federal 2, a cargo de Alicia Vence, y el fiscal del mismo fuero, Paul Starc, los mismos que investigan al líder narco Miguel Ángel «Mameluco» Villalba, quien ahora podría ser vinculado con la cocaína cortada con carfentanilo que causó los decesos.

Fuentes judiciales informaron que el juez Mariano Grammático Mazzari ya se había declarado «incompetente» en febrero último para que la causa pasara al fuero federal, lo cual fue validado en las últimas horas.

Ese magistrado había dictado la prisión preventiva en contra de Iván David Avalos (21), Nicolás Matías Campos (18), Luis Alberto Rodríguez (26), Mauricio Adrián Balcarce (29) y Héctor Gabriel Faundez (47).

A los cinco les imputó el delito de «tráfico ilegal de sustancia estupefaciente en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, agravada por la pluralidad de intervinientes en forma organizada, en concurso real con homicidio agravado por el uso de veneno como método insidioso y homicidio agravado en grado de tentativa».

Para el juez, por el momento existen evidencias para imputarles 11 de las 24 muertes y más de una veintena de heridos por el consumo de la cocaína adulterada con carfentanilo, una sustancia usada para dormir elefantes.

Por otra parte, Grammático Mazzari justificó la prisión preventiva de los cinco imputados al considerar que «la sanción prevista para los delitos endilgados a los causantes permite inferir un peligro de fuga por parte de todos ellos».

Además, el juez añadió: «Con la convicción de que los imputados forman parte de una organización criminal vinculada al narcotráfico (…) es dable presumir que éstos, en libertad, podrían ponerse en connivencia para provocar el entorpecimiento de la investigación».

Durante la investigación, estableció que los imputados «cumplían diferentes roles en los estratos inferiores de la cadena de comercialización de estupefacientes prohibidas, de la cual sus jefes u organizadores hasta la fecha no fueron identificados».

Por ejemplo, Campos y Rodríguez fueron sindicados por cumplir funciones de seguridad y de «satélite», al dar aviso de la llegada de las diferentes fuerzas del orden.

A su vez, Avalos y Balcarce fueron acusados de vender los estupefacientes en los pasillos internos del asentamiento Puerta 8.

En tanto, Faundez es señalado como el encargado de ocultar los estupefacientes en un domicilio ubicado en la calle El Gaucho, esquina Río Cuarto, en la localidad bonaerense de Loma Hermosa.

Grammático Mazzari avaló así la pesquisa llevada adelante por el fiscal de instrucción de San Martín Germán Martínez, en el marco de la cual se identificaron los lugares donde las víctimas compraron la droga adulterada en el interior del asentamiento Puerta 8, del partido de Tres de Febrero.

Los sitios fueron allanados y en ellos se secuestraron dosis de estupefacientes listas para la venta que, al ser analizadas, al igual que las aportadas por las víctimas, arrojaron que contenían como sustancia de corte carfentanilo, letal para los seres humanos.

Según el último reporte oficial, durante la primera semana de febrero, 24 personas fallecieron -21 de ellas dentro de hospitales y las tres restantes en domicilios o en la vía pública- tras consumir cocaína adulterada, mientras que 84 personas terminaron internadas por intoxicación en distintos hospitales de la zona noroeste.

En tanto, la jueza Vence tenía una serie de escuchas en la que la principal escucha tiene de un lado la voz de «Mameluco» desde su celda del penal federal de Rawson y del otro a uno de los detenidos el martes último en el megaoperativo bautizado por la policía como «Droga Salvaje», identificado por la policía como Matías Pare y Ruiz, alias «Mocho».

En esa charla telefónica, Villalba, sin nombrar la cocaína adulterada admite -según consideran los investigadores judiciales y policiales- conocer sobre ese cargamento y dice «tiraron todo a la cancha lo que estaba para descartar. Hicieron todas cagadas».

América Latina

Un periodista asesinado a balazos expone el avance del narco en Costa Rica

Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, fue atacado por dos hombres en moto sobre la ruta 32 y los peritos hallaron entre nueve y diez casquillos. Había denunciado amenazas de muerte y la Fiscalía incluyó sus denuncias entre las líneas de investigación.

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Retrato del periodista costarricense Camilo Rodríguez con un lazo negro

Un periodista que denunciaba en redes sociales a abogados, empresarios y figuras de la política a quienes vinculaba con el narcotráfico fue asesinado a balazos en plena tarde, mientras conducía su camioneta.

El hecho ocurrió el lunes 16 de noviembre, pasadas las 15, sobre la ruta 32, en el distrito de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, unos 10 kilómetros al norte de San José. La víctima, Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, periodista y escritor, fue interceptado por dos hombres en motocicleta que dispararon y huyeron. Los peritos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hallaron entre nueve y diez casquillos en la escena, y el director de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, informó que se busca a los dos atacantes.

Las denuncias y las amenazas

Rodríguez había contado públicamente en abril que recibía amenazas de muerte tras difundir mensajes sobre el avance del narcotráfico y el crimen organizado. Después del homicidio se supo que había sido derivado a un programa de atención y protección para víctimas, pero no llegó a incorporarse.

El fiscal general, Carlo Díaz, anunció una investigación exhaustiva para identificar a los autores materiales e intelectuales, y señaló que las denuncias que formuló el periodista forman parte de las líneas de investigación.

El repudio y un contexto que no es lineal

La presidenta Laura Fernández expresó “indignación y repudio” por el crimen, ordenó a los cuerpos policiales colaborar con la investigación y lo definió como “una mancha contra la libertad de expresión”. El Colegio de Periodistas de Costa Rica exigió una investigación rápida y exhaustiva y pidió máxima prioridad para el caso.

El cuadro tiene matices que la propia crónica local registra: Fernández había denunciado penalmente a Rodríguez en febrero por mencionar supuestos vínculos de ella con el narcotráfico, acusaciones que la mandataria rechazó, y el periodista figuraba como imputado en una causa penal propia, según informó la prensa local. Ninguna de esas circunstancias cambia lo central: un periodista fue ejecutado y el Estado debe esclarecer quién lo mató y por qué.

Un país que dejó de ser la excepción

Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios, el tercer año más violento de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, según el OIJ. En ese escenario, la reforma constitucional de 2025 permitió por primera vez extraditar a ciudadanos costarricenses, y entre los primeros casos figura el de Celso Gamboa, exministro de Seguridad y exmagistrado detenido en junio de 2025 a pedido de la DEA y extraditado a Estados Unidos, donde la fiscalía lo acusa de ayudar a narcotraficantes internacionales a fabricar, distribuir y transportar cocaína.

Lo que tenés que saber

  • El periodista Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, fue asesinado a balazos el lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia.
  • Dos hombres en motocicleta lo atacaron y los peritos hallaron entre nueve y diez casquillos.
  • Había denunciado amenazas de muerte en abril y no llegó a incorporarse a un programa de protección.
  • El fiscal general Carlo Díaz anunció una investigación exhaustiva e incluyó las denuncias del periodista entre las líneas de trabajo.
  • Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes.
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