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Judiciales ⚖️

Localizan en estado de coma a un tercer sospechoso de la masacre de González Catán

En tanto, los dos sospechosos aprehendidos ayer no brindaron mayores precisiones del hecho al ser indagados ante el fiscal de la causa, Carlos Arribas, y se desligaron de las imputaciones.

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Los investigadores de la masacre de la localidad bonaerense de González Catán, en que cinco personas fueron asesinadas a tiros tras una discusión en un predio de tierras tomadas, localizaron a un tercer sospechoso que esta tarde permanecía internado en grave estado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), informaron fuentes judiciales.

En tanto, los dos sospechosos aprehendidos ayer no brindaron mayores precisiones del hecho al ser indagados ante el fiscal de la causa, Carlos Arribas, y se desligaron de las imputaciones.

Voceros judiciales informaron que el tercer sospechoso, de nacionalidad paraguaya, fue localizado en las últimas horas en el hospital Rivadavia del barrio porteño Recoleta, donde ésta tarde permanecía internado en coma y en grave estado.

El hombre, que es indocumentado por lo que su identidad aun no fue confirmada, resultó herido de bala en el enfrentamiento ocurrido en el predio de González Catán y luego permaneció oculto en un domicilio, al cuidado de sus familiares, quienes finalmente decidieron llevarlo a dicho centro de salud.

El fiscal Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, aguardaba la evolución del cuadro de salud del sospechoso para así poder proceder a su aprehensión, dijeron los informantes.

Por su parte, Arribas también indagó esta tarde al acusado Walter Escobar (40), quien se encuentra internado en el hospital Paroissien tras sufrir heridas en una pierna; y a Wilson Escobar, apodado «El Chino» (36), a los que les imputó el delito de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas (cinco hechos)» y las tentativas de homicidio.

Según los voceros consultados, ambos se desligaron de la acusación atribuida por el fiscal y no aportaron mayores precisiones sobre el hecho.

De acuerdo con la información policial, Escobar fue señalado como uno de los agresores por uno de los heridos en ese ataque, que se encuentra internado en el mismo centro asistencial, y quien relató a los pesquisas que se hacía pasar por víctima cuando en realidad fue un atacante.

El otro aprehendido, en tanto, fue localizado en una de las casas del predio donde se produjo la balacera, por policías que estaban tras sus pasos.

Los voceros consultados al respecto dijeron que cuando los efectivos recorrían ayer la zona en busca de testimonios, los lugareños les advirtieron que un hombre apodado «El Chino» y vinculado al hecho estaba en una de las precarias construcciones cercanas al lugar de la balacera.

Al ir hasta el lugar, los pesquisas vieron a un hombre que tenía en su poder una mochila gris y que, al advertir la presencia policial, entró a una vivienda tomándose la cintura.

El sospechoso fue reducido y detenido y en su poder se secuestró un revólver calibre 32 con la numeración suprimida, municiones y efectos personales.

En tanto, a pedido del fiscal Arribas, la Justicia de Garantías de La Matanza ordenó anoche la captura nacional e internacional, con código rojo de Interpol, de otros dos imputados, ambos de nacionalidad paraguaya.

Se trata de dos personas señaladas por los vecinos como autores de los disparos y relacionadas con la venta ilegal de los terrenos.

El hecho se registró el domingo pasado, cerca de las 15.30, en inmediaciones de una tosquera abandonada del barrio 8 de Diciembre, cercana al cruce de Debussy y Vega, de González Catán, partido de La Matanza.

Según especificaron las fuentes, allí se llevaba adelante una reunión barrial de la que participaban personas asentadas de forma irregular en esos terrenos con los llamados «delegados» de la zona, quienes al parecer les habían vendido esas tierras tomadas a unas 500 familias.

Siempre de acuerdo con lo determinado por el momento por los pesquisas, en esa reunión se produjo una discusión por dinero entre los habitantes del barrio y los «delegados», en medio de la cual se empezaron a amenazar.

«Estaban los delegados en la reunión en la que se hablaba sobre la venta de un espacio público, más precisamente de una plaza. Allí comenzó la discusión», explicó a Télam un investigador.

Al parecer, en el grupo había tres personas de nacionalidad paraguaya armadas que, cuando la discusión subió de tono, comenzaron primero a disparar al aire y luego contra las personas del barrio que fueron hacia ellos para rodearlos.

«La gente comenzó a correr a estos tres hombres, tirándoles piedras y palos, hasta que en un momento lograron darse vuelta y les dispararon», señaló la fuente.

Un vocero policial indicó que los atacantes escaparon tras efectuar al menos 40 disparos con pistolas calibre 9 milímetros, por lo que posteriormente los peritos que trabajaron en la zona pudieron recoger algunas vainas servidas.

Como consecuencia de la balacera, cinco personas fueron asesinadas y al menos ocho quedaron heridas.

Voceros judiciales y policiales confirmaron que los fallecidos fueron identificados como Tomás Waldo Velázquez Chávez (28), Eduardo Rivera (23), Gregorio Mamani, Leonel Enzo Tuco Tapia (29) y Luis Fernando Bascope (16).

Córdoba

El TSJ de Córdoba liberó a Paola Ortiz tras 13 años presa por parir sola

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba redujo la condena de prisión perpetua a 13 años y nueve meses, tiempo que la mujer ya cumplió, al incorporar perspectiva de género y reconocer el contexto de violencia, pobreza extrema y desprotección en que ocurrió el parto. El fallo marca un precedente en la justicia cordobesa y fue impulsado por más de diez organizaciones de derechos humanos y feministas.

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La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó la libertad de Paola Verónica Ortiz, quien cumplía una condena a prisión perpetua desde 2015 por la muerte de su hija recién nacida. El máximo tribunal provincial fijó una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, período que la mujer ya cumplió en detención, y resolvió su liberación inmediata. El hecho que motivó la causa ocurrió el 31 de octubre de 2012 en la localidad de Villa Nueva, Córdoba, cuando Ortiz atravesó un parto en absoluta soledad y sin asistencia médica.

Una condena perpetua ignoró el contexto

En el juicio original, la causa fue recalificada como homicidio calificado por el vínculo y derivó en la máxima pena prevista por el Código Penal. Sin embargo, el TSJ determinó que aquella sentencia ignoró las múltiples condiciones de vulnerabilidad que atravesaba la mujer al momento del hecho.

Las pericias incorporadas al expediente revelaron que Ortiz, que tenía 29 años en ese momento, presentaba un nivel intelectual inferior al promedio para su edad, antecedentes de abuso y abandono, y que al momento del parto se encontraba en un estado de desubjetivización que la llevó a actuar sin plena conciencia de sus actos.

El fallo también ponderó la violencia psicológica y económica que ejercía sobre ella su expareja, y el sometimiento al que la sometía su exsuegro, quien le exigía relaciones sexuales a cambio de un techo y la amenazaba ante la posibilidad de un embarazo con otro hombre. El TSJ cuestionó además que el juicio original la juzgara desde el mandato idealizado de la «buena madre» y que se le exigiera responsabilidad penal sin considerar que dio a luz sola, sin red de apoyo ni acceso al sistema de salud.

Perspectiva de género y estándares internacionales

Al reconsiderar la condena, el Tribunal aplicó un enfoque integral de género y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre emergencias obstétricas en contexto de pobreza. El fallo no implicó una absolución, sino una reducción de la pena que, al coincidir con el tiempo ya cumplido, habilitó la liberación. El TSJ estableció así un precedente judicial relevante para el tratamiento de casos en que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad enfrentan consecuencias penales derivadas de partos no asistidos.

Más de diez organizaciones impulsaron la revisión

La causa por la libertad de Paola Ortiz fue sostenida durante años por una articulación amplia de organizaciones feministas y de derechos humanos que se presentaron como amicus curiae ante el tribunal. Entre ellas figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil Abogadas por Chaco, la Asociación Civil El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras. La campaña por su liberación se sostuvo bajo la denominación Mesa por la Libertad de Paola Ortiz y logró instalar el caso en la agenda pública como un paradigma de la criminalización de las mujeres pobres en el sistema judicial.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

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