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Legislativo

Escándalo: piden nulidad del DNU de Milei por la presunta participación de abogados privados

«Un DNU debe ser confeccionado, dictaminado y firmado por funcionarios públicos», aseguró la ex secretaria Legal y Técnica. «Si se comprueba que el DNU no lo trabajaron funcionarios sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad», completó Ibarra.

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La exsecretaria Legal y Técnica (SLYT) Vilma Ibarra cuestionó este miércoles la «validez» del DNU 70/23 por haberse dictado «sin informes técnicos» de los ministerios y consideró que si «se comprueba que el DNU no lo trabajaron funcionarios, sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad».

«En el DNU 70/23 no participaron los ministerios, no emitieron informes técnicos que expliquen el interés público comprometido ni hicieron dictámenes jurídicos», explicó Ibarra en un extenso mensaje en la red social X y consideró que saber quiénes lo redactaron es «central porque se pone en juego la validez del DNU como acto administrativo».

Ibarra retoma un pedido de información pública, realizado el 22/12/2013 por la Coordinadora de Abogades de Interés Público (CAIP) en la cual «el PEN está admitiendo que se violó la ley de Procedimientos Administrativos 19.549 (art. 7)» porque el DNU 70/23 «se dictó sin informes técnicos ni dictámenes jurídicos de los ministerios ni de la SLYT».

«Un DNU debe ser confeccionado, dictaminado y firmado por funcionarios públicos», aseguró la ex secretaria Legal y Técnica porque «estos están sometidos a los controles de la ley de Ética Pública y deben presentar cada año una declaración jurada patrimonial pública y esto nos permite conocer su evolución patrimonial», apuntó.

Ante la respuesta del PEN a la solicitud de información pública, Ibarra deduce que «si se comprueba que el DNU no lo trabajaron funcionarios sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad», porque «los estudios jurídicos privados están para asesorar a los privados y no para redactar decretos del PEN».

Si ese fuera el caso, alentó a «investigar posibles hipótesis delictivas por corrupción ¿Quién les paga o les pagó? ¿Les retribuyen con los beneficios que algunos obtendrán con la aplicación del DNU? También deberá investigarse el posible incumplimiento de deberes de funcionarios».

Ibarra destacó que los procedimientos administrativos «no son meras formalidades, sino que son requisitos exigidos para que los actos administrativos estén avalados con la firma de funcionarios responsables de su legalidad, con informes técnicos que los sustentan y justifican».

«Estas violaciones legales graves traen aparejada la nulidad del DNU conforme nuestra ley de Procedimientos Administrativos Nro. 19.549 (art. 14)», explicó Ibarra y agregó que además «existen muchos motivos que también determinan su inconstitucionalidad: Ni necesidad ni urgencia, avasallamiento de la división de poderes y sometimiento total del Congreso de la Nación al PEN», concluyó.

El DNU70/23, según la CAIP y el CELS

Al respecto, la Coordinadora de Abogades de Interés Público explicó en su cuenta de X que el «Ejecutivo Nacional confirmó que el DNU 70/23 no se respalda en ningún informe técnico ni dictamen jurídico y que no existe ninguna vinculación entre la Administración pública y Federico Sturzenegger, quien se jacta de ser autor del proyecto», según recibió la respuesta a su consulta de información pública por parte del Gobierno nacional.

El decreto «que analiza la Comisión Bicameral del Congreso es NULO, de nulidad absoluta», aseguran desde CAIP e informaron de esto al plenario de comisiones y jefes de bloque del Congreso de la Nación que están analizando el documento y «a quienes reclamamos que de inmediato le pongan un freno a la barbarie rechazando este decreto».

En el mismo sentido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se hizo eco de esta información y aseguró en la misma red social que «saber quiénes escribieron el DNU 70/23 de Milei es central para determinar si hubo participación de privados que tengan algún conflicto de interés. La falta de informes técnicos y dictámenes es otra irregularidad que podría derivar en la nulidad del decreto».

Legislativo

Con votos a cuenta: el Gobierno logró quórum y evitó el debate sobre Adorni

El Gobierno de Javier Milei llegó con los votos justos a la sesión especial del miércoles en la Cámara de Diputados, que debate cambios al régimen de zona fría para el consumo de gas y la denominada Ley Hojarasca, en una jornada atravesada por acusaciones cruzadas y maniobras de cronograma que mantuvieron bajo tensión al recinto hasta el inicio formal de la sesión.

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El Argentino Diario-Martín Menem.

El oficialismo consiguió quórum en Diputados y sesiona sobre zona fría con acuerdos de último momento

★ El oficialismo logró completar el quórum de 129 voluntades necesario para habilitar la sesión gracias a la colaboración de legisladores que no integran el bloque de La Libertad Avanza. Entre ellos, la diputada radical monobloquista Karina Banfi, las representantes de Provincias Unidas María Inés Zigarán y Lourdes Arrieta, y la neuquina Karina Maureira.

La composición de ese quórum mínimo revela la fragilidad estructural de un oficialismo que, a más de dos años de gobierno, sigue sin construir mayorías propias en la Cámara baja y depende de acuerdos puntuales y volátiles para avanzar en su agenda legislativa.

La maniobra del horario y la acusación de «mala fe parlamentaria»

El episodio más tenso de la mañana se produjo antes del inicio de la sesión. El bloque oficialista convocó al recinto para una hora más tarde que la citación impulsada por la oposición, que buscaba habilitar un espacio parlamentario para abordar los escándalos judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la justicia federal ante el juez Ariel Lijo.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, acusó al oficialismo de «mala fe parlamentaria» por lo que calificó como «la trampa» de haber superpuesto una convocatoria una hora antes de la citación opositora, y presentó una moción de orden para resolver la superposición de sesiones.

La respuesta llegó de parte de la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, quien sostuvo: «La mayoría de este recinto expresamos la voluntad de seguir con esta sesión. Por lo tanto la moción atípica que acaba de plantearse no debe votarse.»

La maniobra del horario no fue casual. La oposición venía presionando para instalar en el recinto el debate sobre el patrimonio de Adorni, cuya situación procesal acumula semanas de exposición pública. La diputada Marcela Pagano llegó a solicitar la captura del funcionario por presunto entorpecimiento de la justicia. El oficialismo prefirió evitar ese escenario y lo hizo con un recurso de procedimiento: disputar el horario de inicio.

El acuerdo con las provincias: subsidios a cambio de votos

Para asegurarse los votos sobre el régimen de zona fría, el Gobierno selló un acuerdo de último momento con seis provincias aliadas, que se comprometieron a votar a favor del esquema reducido de subsidios para usuarios de gas a cambio de beneficios por «zona cálida» aplicados al consumo de energía eléctrica.

La operación revela con claridad la lógica del intercambio legislativo en el que se apoya el gobierno libertario: ajuste para unos, compensaciones para los aliados que garantizan los números. Una metodología que, en la práctica, desmiente el discurso oficial de «fin de los privilegios» y reproduce exactamente el esquema de negociación que el oficialismo denunció durante años desde la oposición.

El temario completo

Además de los cambios al régimen de zona fría para el consumo de gas y la Ley Hojarasca, el temario de la sesión especial incluyó la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de guerra de Malvinas.

Puntos clave

  • El oficialismo completó el quórum con votos de diputados ajenos al bloque de LLA, entre ellos Karina Banfi, Zigarán, Arrieta y Maureira.
  • El Gobierno convocó deliberadamente una hora después que la oposición para evitar el debate sobre los escándalos judiciales de Adorni.
  • Germán Martínez (Unión por la Patria) acusó al oficialismo de «mala fe parlamentaria».
  • El Gobierno cerró un acuerdo con seis provincias aliadas: subsidios de zona cálida a cambio de votos para la zona fría.
  • La sesión también incluyó tratados internacionales y la medalla de honor a veteranos de Malvinas.
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