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Judiciales ⚖️

Excarcelan a nueve policías acusados de encubrir el crimen de un joven

Ya suman 14, de un total de 18, los policías que quedaron en libertad luego de que el juez de Garantías 3 de La Matanza considerara que «no hay elementos de prueba suficientes como para mantenerlos detenidos», en el marco de la causa por el homicidio agravado de Lucas Acosta, de 21 años.

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El-Argentino-Patrulla Policía bonaerense

Nueve policías bonaerenses que permanecían detenidos por el encubrimiento del homicidio de un joven de 21 años durante una persecución policial ocurrida el 4 de enero último en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza, fueron liberados por «falta de mérito», mientras que otros cuatro continúan presos por el crimen y posterior ocultamiento de pruebas, informaron hoy fuentes judiciales.

De esta manera, ya suman 14 -de un total de 18 investigados- los policías que quedaron en libertad luego de que el juez de Garantías 3 de La Matanza, Jorge Occhipinti, considerara que no hay elementos de prueba suficientes como para mantenerlos detenidos en el marco de la causa por el «homicidio agravado» de Lucas Acosta (21) y el posterior encubrimiento agravado» del hecho, que lleva adelante el fiscal Carlos Arribas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de ese distrito.

Los policías que quedaron con «falta de mérito» fueron identificados por las fuentes como los sargentos Alfredo Alderete, Daniel Loira, Norma Vegas, Nurie Elizabeth Ottone y Verónica Cristina Fernández, y los oficiales José Daniel Sequeira, Lázaro Samuel Ledesma, Brisa Pérez y Agustina Lomma.

Los voceros judiciales confirmaron a Télam que el fiscal Arribas apelará la decisión tomada por el juez de Garantías.

Anteriormente habían sido excarcelados las sargentos Cecilia Celeste Carballo, Rocío Micaela González y Débora Giselle Reales; el oficial Lázaro Samuel Ledesma y el teniente primero Lucas Lorenzo Pereyra, por considerar el juez que no hay elementos que acrediten que hayan participado de la maniobra.

En tanto, como presunto autor del «homicidio agravado por el uso de arma y por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad» de Acosta, se encuentra bajo prisión preventiva el sargento Federico Gabriel Schianini.

Por su parte, el comisario inspector Albino Martínez, jefe del Comando de Patrullas Centro; el sargento Brian Sebastián Martínez, y el oficial Alexander Natanael Suárez, de la comisaría local, también permanecen bajo prisión preventiva pero acusados del delito de «encubrimiento agravado».

«Los policías fueron liberados porque se comprobó a base de filmaciones y testimonios que no tuvieron el mismo rol que los que quedaron detenidos», informó a Télam un investigador con acceso al expediente.

Las fuentes aclararon que los nueve policías que recibieron ahora la «falta de mérito», si bien quedaron en libertad, continúan siendo investigados.

Los mismos voceros añadieron que ni los nueve liberados ahora ni los cinco excarcelados con anterioridad, volverán a desempeñarse en la fuerza de seguridad, de donde fueron desafectados por orden de la Auditoria General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense.

En tanto, en el marco de la pesquisa, el fiscal Arribas continúa analizando las imágenes de cámaras de seguridad de la zona, las geolocalizaciones de los patrulleros y las modulaciones con el fin de determinar los roles a atribuir a cada uno de los acusados.

Los investigadores judiciales creen que, de acuerdo al análisis de al menos una cámara de seguridad particular ubicada en las inmediaciones que captó la secuencia del hecho, los policías asesinaron a Acosta y luego le «plantaron» un arma, tras perseguirlo cuando se trasladaba en una camioneta con una patente adulterada por Isidro Casanova.

«El arma era una réplica de plástico que funciona a gas. En apariencia es como una 9 milímetros o una calibre 11.25», detalló un pesquisa.

El hecho se inició la madrugada del pasado jueves 4 de enero, cuando efectivos policiales quisieron identificar al ocupante de una camioneta Ford EcoSport blanca, patente NVM110, quien al advertir la presencia policial ingresó al barrio Puerta de Hierro y fue perdido de vista.

Horas después, alrededor de las 7.30, el mismo fue divisado por los efectivos en la esquina de Guatemala y avenida Crovara, de la localidad de San Justo, por lo que éstos volvieron a intentar identificar a sus ocupantes, quienes emprendieron la huida.

En ese marco, se dispuso un operativo cerrojo y un patrullero del Comando Patrullas Centro, en el cual se desplazaban Schianini y Suárez, le cerró el paso a la camioneta en el barrio San Alberto, provocando que chocara de frente contra el móvil.

Según la versión inicial de los efectivos, el joven que manejaba les apuntó con un arma de fuego, por lo que se le impartió la voz de «alto policía» y luego Schianini le efectuó un disparo con su pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros reglamentaria, que impactó en el tórax de la víctima y le provocó la muerte.

Tras constatar el fallecimiento de Acosta, los agentes dieron intervención al fiscal Arribas, quien dispuso que las actuaciones del caso fueran realizadas por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

Si bien en ese momento el fiscal no adoptó ningún temperamento en cuanto al sargento que mató a Acosta, tras obtener las imágenes de las cámaras y los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima dispuso las detenciones de 13 policías, y luego de cinco más.

De las pesquisas surgió que la numeración del chasis de la camioneta que tripulaba Acosta no coincidía con el dominio del vehículo, que tenía pedido de secuestro activo por el delito de «robo automotor», aunque tampoco se pudo probar que el joven, que no tenía antecedentes penales, haya cometido un delito, agregaron los informantes.

Judiciales ⚖️

Concejal libertario pagará $12 millones a una trabajadora por abuso sexual

El concejal Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido en una dependencia pública. Aunque pactó una indemnización de $12 millones en el fuero civil, la investigación penal continúa y podría llegar a juicio oral.

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Lo que tenés que saber

  • Un concejal de La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo económico con una denunciante.
  • La compensación fue establecida en el marco de una causa civil.
  • La investigación penal continúa abierta y sigue su curso judicial.
  • La Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
  • El expediente podría avanzar hacia una instancia de juicio oral.

Un acuerdo económico en paralelo a la investigación judicial

El concejal de San Isidro Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido dentro de una dependencia pública cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito del municipio.

Según trascendió, el entendimiento fue formalizado en el ámbito civil y contempla el pago de una indemnización de $12 millones a la denunciante. El acuerdo fue establecido de manera paralela a la causa penal que continúa en trámite.

La denuncia y las imágenes incorporadas al expediente

La denuncia fue presentada a fines de 2023 y está vinculada a un episodio registrado por cámaras de seguridad de una dependencia municipal.

De acuerdo con la acusación, las imágenes muestran el momento en que Montes ingresa a una oficina y mantiene un contacto físico con una trabajadora sin su consentimiento.

Tras el episodio, la mujer decidió acudir a la Justicia y promover las acciones correspondientes.

La causa penal continúa abierta

Más allá del acuerdo alcanzado en el fuero civil, especialistas recuerdan que este tipo de convenios no implica el cierre automático de una investigación penal.

En este caso, la causa continúa bajo la figura de abuso sexual y ya superó una instancia relevante luego de que la Justicia rechazara un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del edil.

La decisión permitió que el expediente siga avanzando dentro del proceso judicial.

Posible juicio oral durante este año

Según información vinculada al caso, la investigación se encuentra en una etapa avanzada y podría llegar a juicio oral durante el segundo semestre.

En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas por la fiscalía y los argumentos de las partes para determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.

Mientras tanto, la imputación permanece vigente y el proceso continúa bajo supervisión judicial.

Repercusiones políticas en San Isidro

El caso también generó repercusiones dentro del ámbito político local. Distintos sectores expresaron cuestionamientos respecto de la continuidad de Montes en el Concejo Deliberante mientras se desarrolla la investigación.

El edil sigue ejerciendo su banca y aguarda la evolución del expediente judicial, que podría convertirse en uno de los procesos de mayor impacto institucional en el distrito durante este año.

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