Judiciales ⚖️
Condenaron a Echegaray y absolvieron a Cristóbal López en la causa Oil Combustibles
El empresario Fabián De Sousa también fue absuelto. El 17 de marzo de 2022 a las 16 se darán a conocer los fundamentos. Por su parte, López recalcó la persecución sufrida por el gobierno de Mauricio Macri.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de esta capital condenó este jueves al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray a 4 años y 8 meses de prisión y absolvió, por mayoría, a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el juicio por supuesta defraudación al Estado en el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a la petrolera Oil Combustibles.
El veredicto fue leído por el presidente del tribunal, Fernando Machado Pelloni, quien, acompañado por sus colegas Andrés Basso y Javier Ríos, anunció que el 17 de marzo de 2022 a las 16 se darán a conocer los fundamentos.
El juicio, que duró dos años y medio, demandó 81 jornadas de debate que abarcaron unas 280 horas, las declaraciones de 42 testigos y las participaciones de 8 peritos. Los magistrados entendieron que el exfuncionario de los gobiernos kirchneristas, quien apelará la medida y por lo tanto no irá a la cárcel, cometió delitos al habilitar el otorgamiento de determinados planes de pagos a la empresa Oil Combustibles, pero desligaron de responsabilidades a los empresarios.
En la parte resolutiva del fallo el TOF dispuso condenar a Echegaray a «cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública», al hallarlo «autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública».
A la vez, por mayoría (Machado Pelloni y Ríos a favor, Basso en disidencia), el TOF absolvió a López y De Sousa y dispuso «levantar las medidas cautelares» dictadas contra ambos, «como así también de todas las personas jurídicas en la que tienen participación».
El fallo fue leído esta tarde, minutos después de las 19, tras dos años y seis meses de debate oral que concluyeron esta mañana con las últimas palabras de los tres imputados, que reclamaron su absolución y declamaron su inocencia ante el tribunal.
«No hubo ningún perjuicio fiscal», sostuvo Echegaray ante el TOF 3, al que reclamó un «pronunciamiento absolutorio», porque -según dijo- se trató de una causa «armada» con «prueba falsa» que atribuyó a la AFIP cuando era dirigida por Alberto Abad.
Echegaray sostuvo que los planes de pago otorgados a Oil Combustibles fueron «iguales» a los otros 1.648 que hubo durante su gestión en el organismo recaudador, y que durante el juicio -suspendido durante varios meses por la pandemia de coronavirus- no se produjo «ninguna prueba» que avalara la acusación.
Durante la mañana también, en el marco de lo que se conoce como «últimas palabras» antes del fallo, el empresario Cristóbal López señaló que la causa judicial en su contra fue parte de una persecución pergeñada por el Gobierno de Mauricio Macri, luego de que él se negara a poner a disposición del expresidente los medios de comunicación del Grupo Indalo.
«Nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con Macri entregarle los medios para que él los use a gusto», aseveró el empresario. Antes había hablado su socio, De Sousa, para quien «la finalidad (de la AFIP de Juntos por el Cambio) no era cobrar impuestos, era quebrar a las empresas del Grupo Indalo. Querían quebrar a los medios que daban una visión de país distinto al que ellos querían mostrar».
El juicio
El juicio había comenzado el 13 de junio de 2019 con López y De Sousa detenidos con prisión preventiva en la causa, con audiencias presenciales en Comodoro Py 2002 y dos acusadores, la fiscalía y la AFIP en su rol de querellante.
Dos años y medio más tarde y pandemia de Covid-19 mediante, terminó de manera virtual, con los dos empresarios en libertad y con una única acusación, la del fiscal Juan García Elorrio, tras el desistimiento de la AFIP.
La AFIP desistió de su rol de querella penal y civil luego que Oil Combustibles adhirió este año a un plan de pagos para regularizar la deuda del ITC y se levantó su quiebra.
El debate estuvo suspendido casi cinco meses desde el inicio del aislamiento social por el coronavirus en marzo de 2020 y pudo reanudarse en forma remota por la plataforma Zoom en agosto de ese año.
Judiciales ⚖️
Parrilla de lujo, cascada y pileta: las excentricidades de Adorni que el Gobierno quiere ocultar
Desde el Ejecutivo intentan desacreditar al contratista que reveló pagos por US$ 245 mil en efectivo para refaccionar la casa del jefe de Gabinete, pero el arquitecto entregó documentación que prueba obras de alta gama en el country Indio Cuá.
El Gobierno niega los montos de las refacciones de Adorni, pero la cascada y el quincho de lujo no se pueden ocultar
★ El Gobierno nacional inició una contraofensiva para intentar contener el impacto de la declaración judicial de Matías Tabar, el contratista que confesó ante la Justicia haber recibido 245.000 dólares en efectivo por parte de Manuel Adorni. Mientras el jefe de Gabinete calificó de «exagerados» los costos ante su círculo íntimo, el profesional de la construcción se presentó en los tribunales de Comodoro Py con un arsenal de documentación que incluye presupuestos, contratos y facturas que respaldan sus dichos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Excentricidades en medio del ajuste
La declaración de Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, detalló que las reformas en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz) convirtieron una propiedad estándar en una residencia de lujo. Las obras, que se extendieron durante diez meses entre septiembre de 2024 y julio de 2025, incluyeron la construcción de un quincho, una pileta con cascada en el jardín y una parrilla de lujo valuada en 15.000 dólares.
El monto destinado únicamente a las refacciones duplicó el valor de compra original de la vivienda, estimado en 120.000 dólares. Esta desproporción es el eje central de la causa por enriquecimiento ilícito, ya que los investigadores intentan determinar cómo un funcionario público pudo costear semejantes excentricidades con un sueldo que, hasta enero de este año, era de 3,5 millones de pesos. Según fuentes judiciales consultadas, los documentos aportados por el contratista son «consistentes» y complican la estrategia de defensa del ministro coordinador.
La defensa oficial: pericias e inspecciones
Ante la contundencia de la declaración testimonial, el entorno de Adorni dejó trascender que solicitarán una pericia técnica y una inspección ocular para demostrar que la casa «no vale ese dinero». La estrategia del oficialismo apunta ahora a desacreditar al arquitecto, sugiriendo incluso posibles denuncias por falta de facturación, a pesar de que el propio Tabar entregó comprobantes en la fiscalía. «Cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero», dijo Adorni según allegados, intentando minimizar el peso de la prueba recolectada por Pollicita.
Este nuevo capítulo de opacidad patrimonial se suma a la investigación por el departamento de Caballito, financiado por jubiladas, y a los gastos superiores a 800.000 dólares que el funcionario acumuló en menos de dos años de gestión. Mientras el Gobierno nacional aplica un severo programa de austeridad sobre el resto de la sociedad, los detalles sobre la cascada y la parrilla de lujo del jefe de ministros refuerzan la percepción de una administración que no logra explicar el origen de su propia riqueza.
Puntos clave:
- El contratista Matías Tabar aportó facturas y contratos que prueban el cobro de US$ 245 mil.
- Las obras incluyeron una cascada, una pileta y una parrilla de 15.000 dólares.
- El costo de la refacción duplicó el valor de compra de la propiedad en el country Indio Cuá.
- El Gobierno pedirá una pericia técnica para intentar bajarle el precio a la vivienda.
- La Justicia investiga la desproporción entre estos gastos y el salario oficial de Adorni.
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