Educación
La motosierra ahoga a los hospitales de la UBA mientras el Gobierno ensaya un nuevo relato trucho
El oficialismo busca desmentir la parálisis de los hospitales universitarios con una transferencia de fondos que la casa de altos estudios sostiene que se trata de deuda acumulada.
El Gobierno prepara un relato de números truchos para asfixiar aún más a la UBA
★ La administración de Javier Milei prepara un comunicado oficial para responder a la Universidad de Buenos Aires (UBA) tras la denuncia sobre la posible parálisis de sus hospitales por falta de fondos. Según trascendió, funcionarios del área de Educación trabajan en un texto que intenta exhibir que el Presupuesto 2026 contempla 79 mil millones de pesos para los centros de salud universitarios y que dichos montos ya fueron transferidos.
La estrategia de la caja única y el manejo federal
Desde el entorno libertario indicaron que las partidas se distribuyeron bajo un criterio federal hacia hospitales de todo el país y no exclusivamente para los de la UBA. Las fuentes oficiales consultadas afirmaron que la universidad pretende que la totalidad del presupuesto quede en sus manos para un manejo a discreción, buscando así desacreditar el reclamo porteño.
En paralelo, el oficialismo inició contactos con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para intentar fisurar el frente universitario y obtener testimonios que avalen la vigencia del flujo de dinero. Esta maniobra ocurre en un contexto donde el propio Gobierno prioriza el cumplimiento de compromisos financieros externos, como el pago de 171 millones de dólares a fondos buitre anunciado recientemente.
La deuda real: insumos y mantenimiento bajo amenaza
Por su parte, las autoridades de la UBA aseguraron que la gestión de Milei no transfirió los fondos de enero, febrero, marzo y abril, lo que generó una deuda acumulada de 20.000 millones de pesos. Este bache financiero afecta directamente la compra de insumos, el mantenimiento edilicio y la prestación de servicios básicos en entidades críticas como el Hospital de Clínicas.
Desde la universidad señalaron que el Ejecutivo está incumpliendo su propio presupuesto y la Ley de Financiamiento Universitario, transformando un conflicto administrativo en una crisis sanitaria. El ajuste sobre el sistema científico y educativo contrasta con la celeridad del ministro Luis Caputo para captar 700 millones de dólares en bonos destinados a pagar a acreedores privados, evidenciando un orden de prioridades que relega la salud pública.
Un conflicto que escala hacia la Marcha Federal
La crisis en los hospitales universitarios se suma al deterioro estructural de otros servicios públicos auditados por la propia universidad. Un informe reciente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA documentó que el sistema de transporte del AMBA opera con 2.500 unidades menos que en 2019, mientras el boleto sufrió aumentos superiores al 1.200% bajo la actual gestión.
Este martes a las 8.30, las autoridades universitarias brindarán una conferencia de prensa en las escalinatas del Hospital de Clínicas para detallar la gravedad de la situación. El conflicto estalla a solo una semana de la Marcha Federal Universitaria, donde se espera un rechazo masivo al ajuste salarial y a la nueva normativa de financiamiento, en un clima social donde el 64,5% de los argentinos reprueba la gestión libertaria según sondeos recientes.
Puntos clave:
- El Gobierno afirma que transfirió 79 mil millones de pesos para hospitales universitarios en 2026.
- La UBA denuncia una deuda acumulada de 20.000 millones de pesos por falta de giros desde enero.
- Autoridades de la salud brindarán una conferencia de urgencia en el Hospital de Clínicas.
- El oficialismo presiona a los rectores del CIN para validar su postura sobre el reparto de fondos.
- El conflicto se enmarca en un ajuste general que ya afecta al transporte y los salarios docentes.
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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