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ONGs judiciales y feministas pidieron que una mujer ocupe la vacante de la Corte

El texto fue enviado al presidente Alberto Fernández, con copia al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

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Organizaciones no gubernamentales, vinculadas a la justicia y cuestiones de género, solicitaron hoy al Poder Ejecutivo que postule una candidata para la Corte Suprema de Justicia, ante la vacante existente desde noviembre del año pasado tras la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco.

«Las organizaciones firmantes nos dirigimos a usted a fin de manifestarle nuestra honda preocupación por las demoras en la postulación de una mujer para la vacante producida en la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina con fecha 1° de noviembre del año 2021», comienza el texto que enviaron las organizaciones al presidente Alberto Fernández, con copia al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

La carta fue firmada por Abofem Argentina, Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Poder Ciudadano y GQUAL.

En el texto, las organizaciones destacaron que «el plazo de 30 días establecidos en el artículo 4° del Decreto 222/03» para la publicación de un pliego para el cargo vacante «se encuentra ampliamente superado» y que el hecho de que no se haya establecido un reemplazo «obstaculiza el correcto desarrollo del proceso de deliberación que rige a todas las decisiones y resoluciones del máximo tribunal, y afecta su legitimidad e impacto».

Además, remarcaron la importancia de que el rol sea ocupado por una mujer, ya que actualmente «el órgano de justicia de mayor jerarquía» carece de representación femenina y esa situación viola «los compromisos internacionales que nuestro país tiene en materia de igualdad de género».

«La candidata propuesta debe reunir, como cualquier integrante de la Corte, requisitos imprescindibles para satisfacer las exigencias del cargo», como la idoneidad técnico-jurídica, la independencia de criterio y un compromiso con el Estado de derecho, los valores democráticos y los derechos humanos, detallaron.

«Resulta imperioso completar la integración de este órgano e incorporar nuevamente a una mujer, a efectos de garantizar la legitimidad de las decisiones de nuestro máximo tribunal y la igualdad de género en la justicia», concluye el texto.

Gremiales

Emova despidió a una trabajadora del subte por denunciar acoso sexual

La protesta, organizada por Metrodelegados junto al Comité por la Reincorporación de Araceli Pintos, integrado por organizaciones sociales, políticas y feministas, permitió el ingreso gratuito de los pasajeros durante la mañana de este lunes.

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Metrodelegados liberaron molinetes en la Línea B por el despido de una trabajadora que denunció acoso

★ Los trabajadores del subte liberaron este lunes los molinetes en la estación Federico Lacroze de la Línea B en una contundente medida de fuerza que exige la reincorporación inmediata de Araceli Pintos, empleada del área de limpieza de la concesionaria Emova S.A. que fue despedida luego de haber denunciado una situación de acoso sexual por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad durante su horario laboral.

La protesta, organizada por la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro (Metrodelegados) junto al Comité por la Reincorporación de Araceli, integrado por organizaciones sociales, políticas y feministas, permitió el ingreso gratuito de los pasajeros durante la mañana de este lunes, una herramienta habitual del sindicato para visibilizar sus reclamos sin afectar el bolsillo de los usuarios.

Un despido que huele a represalia

Según el comunicado firmado por el referente gremial Claudio Dellecarbonara, Pintos fue desvinculada luego de denunciar el acoso perpetrado por un policía de la Ciudad durante su jornada laboral, hecho que derivó además en episodios de violencia laboral por parte del personal jerárquico de la empresa. El gremio calificó el despido como «persecutorio, ilegal y discriminatorio» y advirtió que continuará peleando por la reincorporación de la trabajadora, exigiendo que Emova deje de encubrir a acosadores y violentos, según palabras del propio Dellecarbonara.

De acuerdo a datos publicados por el medio feminista Feminacida, Pintos tiene 27 años, es mamá soltera de dos hijas y trabajaba en el turno nocturno, de las 23.30 a las 5.30 de la madrugada, en la estación Federico Lacroze. Cuando fue despedida llevaba cuatro de los seis meses del período de prueba que exigía la empresa para quedar efectiva, y había esperado ocho años en la bolsa de trabajo para acceder al empleo.

La abogada Andrea Forgueras, que patrocina a Pintos, señaló que Emova tomó «la salida más fácil y cruel»: en lugar de investigar y sancionar al policía acosador y al superior jerárquico que ejerció violencia laboral, optó por despedir a la víctima durante el período de prueba, sin tomar medidas contra los responsables. Forgueras remarcó además que la empresa protegió con impunidad al agente acosador, negándose incluso a brindar su nombre, y que al intentar radicar una denuncia ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, le informaron a la trabajadora que no podían tomarla porque ya estaba despedida.

La empresa habla de «incumplimientos» y esquiva la denuncia

En un comunicado difundido este lunes, Emova rechazó cualquier vinculación del despido con la denuncia de acoso y aseguró que la medida de fuerza del gremio «responde a la decisión de no incorporar de manera efectiva a una empleada tras su período de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas», añadiendo que «la empresa cumplió con todas las instancias posibles para evitar dicha situación». La versión de la empresa contrasta con la del sindicato y con el contenido de las denuncias penales que ya tramitan ante la Justicia.

Proyectos legislativos y escalada del conflicto

El caso trascendió los límites del subte. Según publicó Feminacida, en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña se presentaron proyectos de repudio al accionar de Emova e impulsados por las diputadas Myriam Bregman y Andrea D’Atri, en los que se señaló el carácter ilegal y discriminatorio del despido y se exigió la reincorporación inmediata de la trabajadora.

Desde el gremio también recordaron que el caso de Pintos no es aislado: la delegada de la Línea D, Agustina Chávez, cuestionó que Emova sea la misma empresa que viene siendo denunciada por exponer a trabajadores y usuarios al asbesto, un material cancerígeno, señalando que la concesionaria antepone sus ganancias a la integridad de quienes trabajan o viajan en el subterráneo.

La medida de este lunes se suma a un historial de reclamos de los Metrodelegados por mejores condiciones de seguridad y la implementación de protocolos efectivos ante situaciones de violencia de género en la red de transporte. Los trabajadores advirtieron que, si no hay respuestas por parte de la concesionaria, el conflicto podría escalar con nuevas medidas de mayor alcance.

Puntos clave

  • Araceli Pintos, empleada de limpieza de Emova en la Línea B, fue despedida durante el período de prueba luego de denunciar acoso sexual por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad.
  • Los Metrodelegados liberaron los molinetes en Federico Lacroze este lunes 27 de abril, con apoyo de organizaciones feministas y sociales nucleadas en el Comité por la Reincorporación de Araceli.
  • El gremio calificó el despido como «persecutorio, ilegal y discriminatorio«; hay denuncias penales en curso ante la Justicia.
  • Emova sostiene que la desvinculación se debió a «incumplimientos» laborales y niega vinculación con la denuncia de acoso.
  • Diputadas Myriam Bregman y Andrea D’Atri presentaron proyectos de repudio al accionar de la empresa en el Congreso y la Legislatura porteña.
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