Por Ariel Zak

La Justicia federal busca determinar por estas horas si detrás del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el pasado 1 de setiembre, hubo autores intelectuales o instigadores distintos a aquellos que finalmente oficiaron de mano de obra.

Con la causa amesetada en términos de resultados, los investigadores trabajan con total hermetismo sobre una serie de pistas aportadas por la querella que está convencida que detrás del ataque fallido hubo instigadores que podrían tener nexos con la política.

Para la querella, los detenidos Fernando André Sabag Montiel y Brenda Ulliarte, procesados como coautores del intento de homicidio, y sus supuesto cómplices Agustina Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo, son solo parte de la banda de «autores materiales».

«Nadie puede pensar que esa banda planificó o ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron», resumió la propia Vicepresidenta semanas atrás cuando intervino en el juicio que se le sigue en la denominada causa vialidad.

Los cuatro detenidos por el caso ya fueron procesados: los procesamientos de Sabag Montiel, quien empuñó y gatilló una pistola frente a la cabeza de Fernández de Kirchner, están firmes porque no fueron apelados por sus respectivos defensores oficiales.

Distinto es el caso de Díaz, amiga íntima de Uliarte, y Carrizo, jefe de la denominada banda de los copitos: están procesados con prisión preventiva como supuestos partícipes secundarios del intento de magnicidio, pero esa decisión fue apelada por sus abogados defensores.

En ese contexto, la Cámara Federal porteña convocó para el próximo miércoles a una audiencia para escuchar a los defensores de Díaz y Carrizo, antes de resolver si confirma sus procesamientos con prisión preventiva.

Cuando los procesó, la jueza María Eugenia Capuchetti valoró una serie de conversaciones de WhatsApp en las que supuestamente quedaba evidenciados que tanto Díaz como Carrizo estuvieron al tanto de los planes magnicidas y hasta pudieron haber colaborado.

Los cuatro procesamientos dispuestos en la causa constituyen para los investigadores y para la querella el resumen de la primera parte de la investigación, aquella enfocada en el «primer círculo», mientras que ahora los esfuerzos se enfocan en determinar si hay algo detrás.

Existen, en ese marco, líneas de investigación con datos muy sensibles que se trabajan en legajos reservados, según pudo saber Télam de fuentes con acceso al expediente que explicaron que la filtración de cualquier dato podría frustrar la pesquisa.

Con el cuidado necesario para no revelar datos que se trabajan en secreto, el abogado de la querella José Manuel Ubeira, sostuvo el último lunes en un reportaje radial que de confirmarse algunas sospechas «estaremos ante un problema grave desde el punto de vista político».

«Al principio era una hipótesis, pero ahora va tomando cuerpo», dijo el abogado y habló de los posibles vínculos políticos de los atacantes «con grupos de la derecha» que podrían haber estado interesados en generar situaciones de violencia política.

«Esperemos que no se confirme nuestra hipótesis. Tenemos una idea de cómo esto se pudo haber pergeñado y esperemos que no se constate porque si llega a ser así estaremos ante un problema grave desde el punto de vista político», remató Ubeira en el diálogo que mantuvo con Radio 10.

La jueza Capuchetti, el fiscal Carlos Rívolo y los investigadores policiales que colaboran con la justicia en este caso continuaban, además, por estas horas analizando la información extraída del teléfono celular que se le secuestró a Sabag Montiel el día del atentado fallido: no detectaron aún elementos directamente vinculados al ataque pero si algunos contenidos de interés.

Se trata del celular secuestrado en el lugar del hecho, supuestamente sin batería y que se reinició la primera madrugada de la investigación cuando la Policía Federal intentaba extraer información en una maniobra realizada, por orden de la jueza, con peritos que se trasladaron hasta los tribunales federales de Comodoro Py.

De ese teléfono, la Policía de Seguridad Aeroportuaria logró recuperar 50 gigas de información que incluyen datos extraídos de la actividad del atacante en la plataforma de mensajería instantánea encriptada Telegram como así también de tres cuentas de correos electrónicos.

De su Whatsapp, aplicación que hasta el momento aportó las pistas más resonantes de la investigación, solo lograron recuperarse algunos mensajes que recibió el atacante minutos después del intento de asesinato de la Vicepresidenta.

La justicia sabe, de todas formas, que ese no era el único teléfono celular con el que se comunicaba Sabag Montiel: el día del ataque utilizó otro, con otra línea, que se apagó cerca de las 19 por la zona del barrio porteño de Abasto.

En el expediente existe, además, un informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que le atribuye una tercera línea telefónica a Sabag Montiel y dos a Brenda Uliarte. Aunque los aparatos no se recuperen, la justicia podrá trabajar con las listas de llamadas entrantes y salientes.