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Judiciales ⚖️

Atentado contra Cristina: la Justicia está detrás de posibles instigadores

Los investigadores trabajan con total hermetismo sobre una serie de pistas aportadas por la querella, que sostiene que detrás del ataque hubo instigadores con nexos políticos.

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Por Ariel Zak

La Justicia federal busca determinar por estas horas si detrás del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el pasado 1 de setiembre, hubo autores intelectuales o instigadores distintos a aquellos que finalmente oficiaron de mano de obra.

Con la causa amesetada en términos de resultados, los investigadores trabajan con total hermetismo sobre una serie de pistas aportadas por la querella que está convencida que detrás del ataque fallido hubo instigadores que podrían tener nexos con la política.

Para la querella, los detenidos Fernando André Sabag Montiel y Brenda Ulliarte, procesados como coautores del intento de homicidio, y sus supuesto cómplices Agustina Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo, son solo parte de la banda de «autores materiales».

«Nadie puede pensar que esa banda planificó o ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron», resumió la propia Vicepresidenta semanas atrás cuando intervino en el juicio que se le sigue en la denominada causa vialidad.

Los cuatro detenidos por el caso ya fueron procesados: los procesamientos de Sabag Montiel, quien empuñó y gatilló una pistola frente a la cabeza de Fernández de Kirchner, están firmes porque no fueron apelados por sus respectivos defensores oficiales.

Distinto es el caso de Díaz, amiga íntima de Uliarte, y Carrizo, jefe de la denominada banda de los copitos: están procesados con prisión preventiva como supuestos partícipes secundarios del intento de magnicidio, pero esa decisión fue apelada por sus abogados defensores.

En ese contexto, la Cámara Federal porteña convocó para el próximo miércoles a una audiencia para escuchar a los defensores de Díaz y Carrizo, antes de resolver si confirma sus procesamientos con prisión preventiva.

Cuando los procesó, la jueza María Eugenia Capuchetti valoró una serie de conversaciones de WhatsApp en las que supuestamente quedaba evidenciados que tanto Díaz como Carrizo estuvieron al tanto de los planes magnicidas y hasta pudieron haber colaborado.

Los cuatro procesamientos dispuestos en la causa constituyen para los investigadores y para la querella el resumen de la primera parte de la investigación, aquella enfocada en el «primer círculo», mientras que ahora los esfuerzos se enfocan en determinar si hay algo detrás.

Existen, en ese marco, líneas de investigación con datos muy sensibles que se trabajan en legajos reservados, según pudo saber Télam de fuentes con acceso al expediente que explicaron que la filtración de cualquier dato podría frustrar la pesquisa.

Con el cuidado necesario para no revelar datos que se trabajan en secreto, el abogado de la querella José Manuel Ubeira, sostuvo el último lunes en un reportaje radial que de confirmarse algunas sospechas «estaremos ante un problema grave desde el punto de vista político».

«Al principio era una hipótesis, pero ahora va tomando cuerpo», dijo el abogado y habló de los posibles vínculos políticos de los atacantes «con grupos de la derecha» que podrían haber estado interesados en generar situaciones de violencia política.

«Esperemos que no se confirme nuestra hipótesis. Tenemos una idea de cómo esto se pudo haber pergeñado y esperemos que no se constate porque si llega a ser así estaremos ante un problema grave desde el punto de vista político», remató Ubeira en el diálogo que mantuvo con Radio 10.

La jueza Capuchetti, el fiscal Carlos Rívolo y los investigadores policiales que colaboran con la justicia en este caso continuaban, además, por estas horas analizando la información extraída del teléfono celular que se le secuestró a Sabag Montiel el día del atentado fallido: no detectaron aún elementos directamente vinculados al ataque pero si algunos contenidos de interés.

Se trata del celular secuestrado en el lugar del hecho, supuestamente sin batería y que se reinició la primera madrugada de la investigación cuando la Policía Federal intentaba extraer información en una maniobra realizada, por orden de la jueza, con peritos que se trasladaron hasta los tribunales federales de Comodoro Py.

De ese teléfono, la Policía de Seguridad Aeroportuaria logró recuperar 50 gigas de información que incluyen datos extraídos de la actividad del atacante en la plataforma de mensajería instantánea encriptada Telegram como así también de tres cuentas de correos electrónicos.

De su Whatsapp, aplicación que hasta el momento aportó las pistas más resonantes de la investigación, solo lograron recuperarse algunos mensajes que recibió el atacante minutos después del intento de asesinato de la Vicepresidenta.

La justicia sabe, de todas formas, que ese no era el único teléfono celular con el que se comunicaba Sabag Montiel: el día del ataque utilizó otro, con otra línea, que se apagó cerca de las 19 por la zona del barrio porteño de Abasto.

En el expediente existe, además, un informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que le atribuye una tercera línea telefónica a Sabag Montiel y dos a Brenda Uliarte. Aunque los aparatos no se recuperen, la justicia podrá trabajar con las listas de llamadas entrantes y salientes.

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Pueblos Originarios rechazan el “Día de la Raza” de Milei y van a la casa de Cristina

Organizaciones indígenas convocan a una concentración este lunes frente al edificio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en rechazo a la restitución del «Día de la Raza» dispuesta por el gobierno de Javier Milei. La movida choca con la Ley 27.399, que desde 2017 establece legalmente la fecha como Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

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La restitución del "Día de la Raza": el decreto de Milei contra una ley que el Congreso no derogó.

El gobierno de Javier Milei restableció el nombre «Día de la Raza» para el feriado del 12 de octubre, dejando sin efecto en sus comunicaciones institucionales la denominación «Día del Respeto a la Diversidad Cultural» que había instaurado un decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2010. La medida reactiva un debate político y legal de fondo: el cambio por decreto colisiona con la Ley Nacional 27.399, votada por el Congreso en 2017, que consagra la denominación inclusiva con rango de ley y no puede ser modificada por el Ejecutivo de manera unilateral.

La respuesta de los pueblos originarios no tardó en llegar. Este lunes, distintas organizaciones indígenas convocaron a una concentración a partir de las 15 horas frente al edificio ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde reside la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La elección del lugar no es casual: las organizaciones convocantes reivindican el decreto que Fernández de Kirchner firmó en 2010 durante su primera presidencia como el acto fundacional del cambio de paradigma que el gobierno libertario ahora intenta desandar.

Un decreto que choca con una ley

El Ejecutivo Nacional oficializó por decreto la restitución del «Día de la Raza», retomando la narrativa que enmarca la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 como el inicio de un «proceso de intercambio profundo entre Europa y América». Esa visión, que durante décadas fue cuestionada por historiadores, activistas y organizaciones de derechos humanos como un relato funcional al colonialismo, vuelve así al calendario oficial del Estado argentino.

El problema central es que el decreto presidencial no puede, por sí solo, derogar una ley del Congreso. La Ley 27.399, sancionada en 2017 con respaldo parlamentario, establece en su texto que el 12 de octubre es el «Día del Respeto a la Diversidad Cultural». Modificar esa denominación requiere que el Congreso sancione una nueva norma. Mientras eso no ocurra, el cambio impulsado por el gobierno convive con una contradicción jurídica: el Estado nacional celebrará institucionalmente una fecha con un nombre distinto al que le asigna la ley vigente.

La jornada en San José 1111

La concentración de este lunes en la puerta de la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner reunirá una serie de actividades culturales y políticas. El programa incluye la realización de un mural en vivo, una ceremonia ancestral, coplas dedicadas a la ex presidenta, una muestra de danza folclórica paraguaya y música en vivo. El acto tiene una doble dimensión: la reivindicación identitaria de los pueblos indígenas y el posicionamiento explícito contra la política cultural del gobierno de Milei.

«Los Pueblos Originarios y de la Patria Grande nos unimos para reafirmar nuestro compromiso con la justicia, la libertad y la integración de nuestros pueblos. Reivindicamos el Decreto del 2010 de Cristina Fernández de Kirchner que, como Presidenta, establecía esta fecha como el Día del respeto a la Diversidad cultural, cambiando el paradigma colonizador histórico de nuestro Estado», expresaron las organizaciones convocantes. Y agregaron: «Defendemos nuestra madre Tierra y decimos ‘NO’ a la extranjerización de nuestro territorio. Basta de perseguir a los pueblos Originarios».

La «batalla cultural» libertaria en perspectiva

La restitución del «Día de la Raza» no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de decisiones del gobierno de Milei que apuntan a desmantelar denominaciones y políticas asociadas a los gobiernos kirchneristas y a una perspectiva de derechos que el oficialismo rechaza de manera sistemática. El mismo patrón se observó en la restitución del «Día del Niño» en reemplazo del «Día de las Infancias», también por decreto, también revirtiendo un cambio de denominación que buscaba visibilizar diversidades.

En ambos casos, la operación política tiene una doble función: enviar una señal ideológica a la base electoral libertaria y erosionar el legado simbólico del kirchnerismo. Pero también en ambos casos, el instrumento elegido por el Ejecutivo, el decreto presidencial, tiene un límite concreto cuando enfrenta normas con jerarquía legal superior. El gobierno puede cambiar el rótulo institucional de la fecha, pero no puede borrar lo que dice la ley mientras el Congreso no la modifique.

Lo que tenés que saber:

  • Organizaciones de Pueblos Originarios convocaron para este lunes, desde las 15 hs., a una concentración en San José 1111 (CABA), en rechazo a la restitución del «Día de la Raza» por parte del gobierno de Milei.
  • El Ejecutivo Nacional oficializó por decreto el cambio de denominación del feriado del 12 de octubre, retomando la figura del «Día de la Raza» que la gestión Kirchner había dejado sin efecto en 2010.
  • La Ley Nacional 27.399, sancionada en 2017, establece al 12 de octubre como «Día del Respeto a la Diversidad Cultural» y tiene rango superior al decreto presidencial.
  • El programa del acto incluye mural en vivo, ceremonia ancestral, danza folclórica paraguaya y música en vivo frente a la residencia de Cristina Fernández de Kirchner.
  • La medida se suma al patrón de reversiones simbólicas del gobierno de Milei, que también restableció el «Día del Niño» en lugar del «Día de las Infancias».
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