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Era Milei: el Gobierno más represor desde la última dictadura

Según datos de la Correpi los primeros días de gobierno del libertario están viendo “el impacto de políticas represivas” con más de 60 muertes por violencia desde el Estado.

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Fuente: SomosTelam.com.ar

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció este viernes que en los primeros días de gobierno de Javier Milei están viendo “el impacto de políticas represivas” con más de 60 muertes por violencia desde el Estado y advirtió que “los intentos de censura sobre los medios públicos van a afectar la recopilación de casos”.

Al realizar el acto anual de presentación del Archivo de personas asesinadas por el Estado, Correpi advirtió que el gobierno de Milei podría convertirse en el más represor desde la última dictadura, con más de 60 casos desde que comenzó la actual gestión.

“Ya estamos viendo el impacto de las políticas represivas del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), que en los primeros 70 días lleva 60 muertes en manos del Estado”.María del Carmen Verdú, referente de Correpi

Verdú explicó que llegaron a esa cifra en base a denuncias de familiares y hechos difundidos en medios de comunicación, pero todavía no realizaron el informe oficial.

En ese sentido, Verdú repudió “los intentos de censura del actual gobierno sobre los medios públicos” que afecta “de manera central esta tarea de recopilación de casos porque no es precisamente la prensa comercial de donde obtenemos información, sino de los medios públicos que cubren todo el país”.

Las dos administraciones anteriores

Asimismo, comparó los casos de violencia institucional durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y Alberto Fernández (2109-2023).

Juntos por el Cambio tuvo un “incremento significativo de casos respecto de años anteriores”, indicó y manifestó que “no es menor la intervención de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en esa gestión”.

La presidencia de Macri “se consolidó como el gobierno más represor desde la última dictadura cívico militar eclesiástica, aunque la proyección que podemos hacer con los datos recolectados durante los primeros 70 días del gobierno de LLA indica que la gestión de Milei y Victoria Villarruel los va a dejar en el segundo escalón del podio”, aseveró la referente de Correpi.

“Inmediatamente irrumpe la pandemia y las medidas sanitarias fueron dejadas en manos de las fuerzas de seguridad para garantizar su implementación”, lo que generó “crecimiento de casos gatillo fácil a pesar de que bajó mucho la cantidad de gente circulando en la calle”, señaló.

Y recordó que “nuevamente tuvimos que salir a denunciar desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad como la de Facundo Astudillo Castro”, ocurrida en 2020 cerca de Bahía Blanca.

Finalmente, destacó la necesidad de que se prohíba la portación del arma reglamentaria fuera de servicio, el cumplimiento de la sentencia Bulacio sobre detenciones arbitrarias y el cese del abuso de la prisión preventiva, entre otras medidas.

“Sabemos que reclamarle el cumplimiento de cualquiera de estas medidas al gobierno del ajuste, del gatillo fácil, de la represión es absurdo pero no por eso vamos a bajar las banderas ni dejar de decir lo mismo que venimos diciendo hace décadas. El objetivo es que estos reclamos tomen encarnadura en el cuerpo social y se conviertan en una demanda social”, expresó.

En tanto, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman indicó que “mientras hablamos están reprimiendo en el Gaumont”, donde había una protesta contra el desfinanciamiento del cine nacional y aseveró: “El ajuste no pasa sin represión”.

Además, llamó a que el 24 de marzo haya una “enorme movilización, que discutamos las ideas negacionistas del Gobierno, contra la represión permanente, porque la única medida efectiva contra la represión que tenemos es la masividad”.

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho cuestionó la ausencia del Estado en los barrios: “¿Qué pasa cuando los pibes no están en los clubes, en las escuelas, cuando sufren violencia en sus casa, quién los abraza? Las organizaciones sociales que están en el territorio”.

“Nosotros no podemos discutir si el Estado sí o el Estado no, necesitamos el Estado presente. Cuando esos pibes no van a la escuela, a un club, a un centro cultural, a una organización, no tiene muchas mas opciones. Cuando el estado no está presente, aparece el narco”, completó.

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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