Política 📢
Francos apuesta al tratamiento en Diputados para “salvar” el DNU
El ministro además apuntó al senador Lousteau por señalar la inconstitucionalidad del decreto de Milei.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo este jueves que luego del traspié en el Senado, el tratamiento del mega DNU en Diputados será diferente y que allí «hay serias chances» de sostenerlo.
«En Diputados vamos a pelear la vigencia del DNU, hay otros números ahí, tenemos serias chances de sostener el DNU», evaluó el funcionario en el canal Todo Noticias (TN).
Al respecto, Francos dijo que lo del Senado fue el triunfo «de los que no quieren avanzar con un cambio», y planteó: «Esto no es una sola estación, es un viaje de varias estaciones».
«No me parece tan preocupante, es lógico que se debatan los temas y que quienes están en contra de cambiar, lo expresen. Luego la gente verá quienes son los que obstaculizan», insistió.
En tanto proyectó que a La Libertad Avanza le irá bien en las elecciones legislativas del año próximo, por lo cual «habrá un Congreso diferente».
Por último, fue consultado por el voto en contra del radical Martín Lousteau: “Es una cosa particular disputa, no puede tolerar que un economista rupturista haya ganado la Presidencia. Su gestión en el Banco Provincia fue un desastre y yo la recuperé durante la gestión de Daniel Scioli. Fue además el autor de la 125 durante el kirchnerismo”.
Judiciales ⚖️
Pagano denunció penalmente a Milei por no ir a la justicia por un supuesto intento de golpe y una coima
La diputada y ex integrante del bloque libertario, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal contra el jefe de Estado luego de que él mismo relatara en Neura dos hechos que, según la legisladora, configuran delitos graves y que el mandatario no denunció pese a su obligación como funcionario público.
Milei fue denunciado tras hablar de un intento de golpe y de coimas en un streaming y no ir a la Justicia
★ En política, las palabras propias suelen ser el peor enemigo, y el presidente Javier Milei lo confirmó este jueves cuando, durante una entrevista en un canal de streaming, relató dos episodios que no solo encendieron el debate político sino que derivaron este viernes en una denuncia penal en su contra, presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, ex libertaria. Según la denuncia, Pagano sostiene que Milei incumplió su deber de funcionario público al no denunciar ante la justicia dos hechos que él mismo narró públicamente.
El «golpe de Estado» que Milei conocía y calló
El primero de los episodios gira en torno a una afirmación del propio Presidente: Milei declaró en la entrevista que, desde el momento en que el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ganó las elecciones porteñas de medio término, se intentó un golpe de Estado contra su gobierno.
Para Pagano, la declaración del mandatario «configuraría prima facie el delito previsto y reprimido por el artículo 226 del Código Penal«, que tipifica el atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, y señaló también los artículos 227 bis y concordantes del mismo cuerpo legal.
La legisladora fue categórica en su presentación judicial: «Se trata, en cualquier caso, de delitos de acción pública, de gravedad institucional máxima, cuya investigación es indelegable». La lógica jurídica es precisa: si Milei sabía de ese intento de golpe y no lo denunció, incurrió en encubrimiento. Si lo inventó, podría incurrir en falsedad.
El dato tiene además una carga política particular. El nombre de Adorni aparece en este contexto en medio de una investigación judicial por enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, con un patrimonio bajo sospecha que ya supera los 840.000 dólares y refacciones de lujo pagadas en efectivo por 245.000 dólares sin respaldo documental. Que el Presidente elija presentar a Adorni como figura central de una conspiración golpista justo cuando el jefe de Gabinete enfrenta la lupa judicial resulta, cuanto menos, llamativo.
La coima que el Presidente no denunció
El segundo hecho denunciado por Pagano también fue relatado por el propio Milei en la misma entrevista: el Presidente describió un intento de coima por parte de un empresario.
Pagano indicó que «la conducta del empresario», tal como la describió el jefe de Estado, «encuadra prima facie en el delito de cohecho activo previsto y reprimido por el artículo 258 del Código Penal, en función del artículo 256 del mismo cuerpo legal», con la posible agravante del artículo 259 bis dado que quien recibió la oferta era el propio Presidente de la Nación.
La legisladora no cuestiona que Milei haya rechazado la coima, sino que no haya denunciado el hecho ante la justicia, tal como lo exige la ley para cualquier funcionario público que tome conocimiento de la comisión de un delito.
Un patrón que no sorprende
La denuncia de Pagano se inscribe en un patrón más amplio de tensiones institucionales que el gobierno de Milei arrastra desde hace meses. La propia diputada también solicitó la detención de Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia, al sostener que el jefe de Gabinete intentó presionar a testigos antes de sus declaraciones en la causa por enriquecimiento ilícito.
El cuadro que emerge no es menor: el Presidente que promete combatir la corrupción relata en televisión un intento de golpe de Estado y una oferta de coima, sin haber acudido a la justicia en ninguno de los dos casos. Y la denuncia no la presenta la oposición tradicional, sino una diputada que hasta hace poco formaba parte del mismo espacio político.
Puntos clave:
- Pagano presentó una denuncia penal contra Milei por no haber denunciado dos hechos que el propio Presidente relató en una entrevista de streaming.
- El primer hecho: Milei afirmó que se intentó un golpe de Estado contra su gobierno, lo que configuraría delitos bajo los artículos 226 y 227 bis del Código Penal.
- El segundo hecho: Milei describió una oferta de coima por parte de un empresario, que encuadraría en cohecho activo bajo el artículo 258 del Código Penal.
- Pagano también solicitó la detención de Adorni, quien enfrenta una investigación judicial por enriquecimiento ilícito con un patrimonio bajo sospecha superior a los 840.000 dólares.
- La denuncia proviene de una ex legisladora del propio espacio libertario.
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