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Nuevas pruebas: la AFI brindó audios donde Revolución Federal proponía «infiltrarse» para matar a Cristina

Morel y Castelli hablaban de matar al diputado Máximo Kirchner y de «hacer patria» con el Presidente. Uno de ellos es soldado voluntario.

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El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, presentó esta tarde una denuncia en el juzgado federal 5 de María Eugenia Capuchetti en la que aportó material sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos miembros del grupo Revolución Federal que incluyeron amenazas e incitaciones a cometer delitos y que, a juicio del funcionario, podrían vincularse con el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Rossi acompañó las pruebas recolectadas por la AFI en el marco de la ley de inteligencia 25.520 y sus modificatorias, que facultan al organismo a presentarse ante la Justicia para velar por la seguridad nacional y el orden democrático ante la convicción de que hubo quien pretendió ponerlas en riesgo.

La denuncia presentada por el organismo de inteligencia, contiene los audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de Twitter que fue convocada bajo el título «hay que pudrirla?» y en la que participaron dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.

Morel, registrado en el fisco como monotributista, es quien concedió varias entrevistas radiales en los últimos días para presentarse como el principal referente de Revolución Federal; Castelli es soldado voluntario del Ejército argentino y tiene domicilio en la provincia de Santa Cruz, según lo manifestado en la presentación.

En uno de los audios desgrabados que forman parte de la denuncia y que la AFI presentó en el juzgado se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la Vicepresidenta para hacerla «pasar a la historia», en referencia a la intención de cometer un magnicidio.

«Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque sino sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje… Pero yo te juro… si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia», intervino uno de los miembros de Revolución Federal.

Otro tramo de la transmisión pública que fue incluido como prueba muestra que uno de los participantes «tiene conocimiento del domicilio del diputado nacional e hijo de la señora vicepresidenta, Máximo Kirchner», según la denuncia interpuesta esta tarde, a las 19, en el juzgado de Comodoro Py que investiga el intento de asesinato de Fernández de Kirchner.

De acuerdo a la desgrabación que la AFI adjuntó como material de prueba, Morel y Castelli mantuvieron el siguiente diálogo:

Morel: «¿Pasás todos los días por la casa de Máximo?»

Castelli: «Sí, soy de Santa Cruz, de acá».

Morel: «Uhh, como no lo mataste, boludo?»

Los dos integrantes de la organización antikirchnerista que organizó intervenciones violentas de acción directa contra el oficialismo y que instaló guillotinas y horcas en las manifestaciones de la oposición intercambiaron también insultos y amenazas contra el presidente Alberto Fernández.

En la transmisión en vivo de Twitter del 26 de agosto, uno de los individuos se lamentó porque el jefe de Estado utilice habitualmente helicóptero y no auto, según dijo, porque si llegara a encontrarse con él en un vehículo «se lo abollo todo, se lo cago tanto a patadas, se lo prendo fuego», amenazó.

«Lamentablemente, a Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años, en algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a hacer patria».

De acuerdo a la presentación de la AFI, «tanto las manifestaciones vertidas como los ataques perpetrados dan cuenta de un accionar ilícito que amerita la pertinente denuncia toda vez que podría constituir los delitos de instigación a cometer delitos (artículo 209 del Código Penal); intimidación pública (artículo 212); apología del crimen y otros atentados contra el orden público (213 y 213 bis); amenaza de deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional (artículo 226 bis), y alentar o incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas políticas (artículo 3, segundo párrafo, de la ley 23.592)».

El grupo Revolución Federal realizó la Marcha de las Antorchas del 18 de agosto, cuando se concentraron frente a la Casa Rosada bajo la consigna «cárcel o bala», protesta violenta que obligó a arrojar agua desde el interior de la sede gubernamental y en la que participó Brenda Uliarte según una foto que ella misma posteó en sus redes sociales y que luego borró.

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Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.

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Sin habilitación, sin cuerdas y sin Estado: la cadena de negligencias que mató a María Eduarda.

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.

Más arrestos en una causa que suma imputados

La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.

El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.

Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva

Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.

Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.

La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación

La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.

María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.

Un negocio sin habilitación y sin controles

La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.

La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.

Puntos clave

  • La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
  • Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
  • La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
  • El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
  • La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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